Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 6 No. 12.1
Edición Especial V 2025
Página 481
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU IMPACTO EN EL DERECHO PROCESAL EN
ECUADOR
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON PROCEDURAL LAW IN ECUADOR
Autores: ¹Marlon Daniel Guillin Oviedo, ²Hugo Marcelo Arévalo Hidalgo, ³Johanna Irene
Escobar Jaray y 4Edward Fabricio Freire Gaibor.
¹ORCID ID: https://orcid.org/0009-0007-0142-9748
²ORCID ID: https://orcid.org/0009-0006-2307-7491
³ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9053-8060
4ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-2913-8445
¹E-mail de contacto: mdguillino@ube.edu.ec
²E-mail de contacto: hmarevaloh@ube.edu.ec
³E-mail de contacto: jiescobarj@ube.edu.ec
4E-mail de contacto: effreireg@ube.edu.ec
Afiliación: 1*2*3*4*Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).
Artículo recibido: 7 de Diciembre del 2025
Artículo revisado: 9 de Diciembre del 2025
Artículo aprobado: 13 de Diciembre del 2025
¹Abogado graduado en la Universidad Internacional Sek, (Ecuador).
²Abogado graduado en la Universidad Internacional Sek, (Ecuador).
³Abogada graduada de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador).
4Abogado graduado de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, (Ecuador).
Resumen
La investigación analiza el uso de la
Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo
procesal del derecho en Ecuador, examinando
cómo su implementación en el sistema de
justicia garantiza los principios de celeridad y
economía procesal. Esta tecnología permite
optimizar la gestión y revisión de requisitos
formales de documentos, el análisis de
demandas, denuncias y sus contestaciones, así
como el desarrollo inmediato de oficios
judiciales, logrando un acceso más adecuado a
la justicia mediante un sistema eficaz y
eficiente. A través de un enfoque teórico-
metodológico mediante triangulación de datos,
se analiza cómo la IA procesa demandas,
contestaciones y sentencias basándose en
normas vigentes y casos análogos, logrando
respuestas asertivas sobre el cumplimiento de
requisitos formales y disminuyendo
significativamente los trámites burocráticos.
Esta tecnología proporciona al juzgador
elementos fácticos y probatorios sintetizados,
ofreciendo respuestas lógicas a problemas
jurídicos mediante revisión exhaustiva de
elementos probatorios, acelerando audiencias y
logrando celeridad procesal. La pregunta de
investigación plantea: ¿de qué manera la
implementación de sistemas de Inteligencia
Artificial en el derecho procesal ecuatoriano
contribuye al fortalecimiento de los principios
de celeridad y economía procesal, garantizando
el debido proceso y las garantías
constitucionales? El objetivo general busca
determinar el impacto de la implementación de
la Inteligencia Artificial en el desarrollo del
derecho procesal ecuatoriano, estableciendo su
contribución en la optimización de los
principios de celeridad y economía procesal. Se
propone que el Consejo de la Judicatura
implemente un Sistema Único de Análisis
Digital con asistente virtual capaz de
proporcionar respuestas inmediatas, notificar
automáticamente y analizar documentación en
segundos, eliminando la carga procesal y
permitiendo procesos judiciales más eficientes.
Palabras clave: Inteligencia Artificial,
Derecho Procesal, Celeridad, Eficiencia,
Eficacia.
Abstract
This research analyzes the use of Artificial
Intelligence (AI) in the procedural
development of law in Ecuador, examining
how its implementation in the justice system
guarantees the principles of procedural
efficiency and economy. This technology

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optimizes the management and review of
formal document requirements, the analysis of
claims, complaints, and responses, as well as
the immediate drafting of official court orders,
achieving more appropriate access to justice
through an effective and efficient system.
Through a theoretical-methodological
approach using data triangulation, the study
analyzes how AI processes claims, responses,
and judgments based on current regulations and
analogous cases, achieving accurate responses
regarding compliance with formal
requirements and significantly reducing
bureaucratic procedures. This technology
provides judges with synthesized factual and
evidentiary elements, offering logical answers
to legal problems through a thorough review of
evidence, accelerating hearings, and achieving
procedural efficiency. The research question is:
How does the implementation of Artificial
Intelligence systems in Ecuadorian procedural
law contribute to strengthening the principles
of procedural efficiency and economy, while
guaranteeing due process and constitutional
rights? The general objective is to determine
the impact of implementing Artificial
Intelligence on the development of Ecuadorian
procedural law, establishing its contribution to
optimizing the principles of procedural
efficiency and economy. It is proposed that the
Council of the Judiciary implement a Unified
Digital Analysis System with a virtual assistant
capable of providing immediate responses,
automatically notifying parties, and analyzing
documents in seconds, thus reducing the
procedural burden and enabling more efficient
judicial processes.
Keywords: Artificial Intelligence,
Procedural Law, Efficiency, Effectiveness.
Sumário
Esta pesquisa analisa o uso da Inteligência
Artificial (IA) no desenvolvimento processual
do direito no Equador, examinando como sua
implementação no sistema judiciário garante os
princípios da eficiência e economia processual.
Essa tecnologia otimiza a gestão e a revisão de
documentos formais, a análise de pedidos,
reclamações e contestações, bem como a
elaboração imediata de despachos judiciais,
possibilitando um acesso mais adequado à
justiça por meio de um sistema eficaz e
eficiente. Através de uma abordagem teórico-
metodológica com triangulação de dados, o
estudo analisa como a IA processa pedidos,
contestações e decisões com base na legislação
vigente e em casos análogos, obtendo respostas
precisas quanto ao cumprimento dos requisitos
formais e reduzindo significativamente os
procedimentos burocráticos. Essa tecnologia
fornece aos juízes elementos factuais e
probatórios sintetizados, oferecendo respostas
lógicas a problemas jurídicos por meio de uma
análise minuciosa das provas, acelerando as
audiências e alcançando eficiência processual.
A questão de pesquisa é: Como a
implementação de sistemas de Inteligência
Artificial no direito processual equatoriano
contribui para o fortalecimento dos princípios
da eficiência e economia processual,
garantindo o devido processo legal e os direitos
constitucionais? O objetivo geral é determinar
o impacto da implementação da Inteligência
Artificial no desenvolvimento do direito
processual equatoriano, estabelecendo sua
contribuição para a otimização dos princípios
de eficiência e economia processual. Propõe-se
que o Conselho da Magistratura implemente
um Sistema Unificado de Análise Digital com
um assistente virtual capaz de fornecer
respostas imediatas, notificar automaticamente
as partes e analisar documentos em segundos,
reduzindo assim a carga processual e
possibilitando processos judiciais mais
eficientes.
Palavras-chave: Inteligência Artificial,
Direito Processual, Eficiência, Eficácia,
Efetividade.
Introducción
La investigación se centra en el desarrollo
evolutivo del uso de la Inteligencia Artificial
(IA) dentro de los sistemas judiciales, enfocado
a la aplicación del mismo dentro del territorio
ecuatoriano mediante un sistema articulado de
recursos digitales y la sana crítica de los jueces.
La simbiosis de estos elementos tiene un

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impacto significativo en el derecho procesal, ya
que permite la optimización de recursos y una
respuesta oportuna ante casos graves donde la
intervención judicial pronta es necesaria.
Además, esta integración tecnológica
proporciona una perspectiva diferente a los
jueces basada en todos los elementos fácticos,
orientando al juzgador hacia diversas sentencias
con una motivación sólida. Esto permite
identificar qué procesos carecen de formalidad,
cuáles necesitan una respuesta inmediata o
aquellos que no cuentan con sustento legal,
posibilitando que la carga procesal disminuya y,
a su vez, se obtengan respuestas coherentes
desde el aparato judicial (García, 2023). En este
contexto, surge la interrogante central que guía
el presente estudio: ¿De qué manera la
implementación de sistemas de Inteligencia
Artificial en el derecho procesal ecuatoriano
contribuye al fortalecimiento de los principios
de celeridad y economía procesal, garantizando
al mismo tiempo el debido proceso y las
garantías constitucionales de las partes? Esta
pregunta responde a la necesidad de
comprender no solo los beneficios tecnológicos
de la automatización judicial, sino también los
desafíos éticos, jurídicos y prácticos que
emergen de su incorporación en un sistema de
justicia constitucional.
Para dar respuesta a esta interrogante, la
investigación se propone determinar el impacto
de la implementación de la Inteligencia
Artificial en el desarrollo del derecho procesal
ecuatoriano, estableciendo su contribución en la
optimización de los principios de celeridad y
economía procesal. Este propósito general se
materializa a través de tres líneas de acción
específicas: primero, evaluar la eficiencia de las
herramientas de Inteligencia Artificial en la
automatización de tareas instrumentales del
sistema judicial ecuatoriano, específicamente
en la revisión de requisitos formales de
demandas, contestaciones y documentación
procesal, comparando los tiempos de
procesamiento algorítmico frente a los métodos
tradicionales para cuantificar la reducción de
plazos procesales; segundo, identificar los
desafíos éticos, jurídicos y prácticos que
presenta la incorporación de sistemas de
Inteligencia Artificial en los procesos judiciales
del Ecuador, analizando aspectos como la
transparencia algorítmica, los sesgos
potenciales, la brecha digital entre operadores
de justicia, y la necesidad de supervisión
humana para garantizar la imparcialidad y el
respeto a los derechos fundamentales; y tercero,
diseñar una propuesta de Sistema Único de
Análisis Digital (SUAD) adaptado al marco
normativo ecuatoriano que permita la
automatización asistida de actuaciones
procesales repetitivas, manteniendo la
supervisión judicial obligatoria en decisiones de
fondo, con el propósito de reducir la congestión
procesal y fortalecer el acceso equitativo a la
justicia sin comprometer las garantías
constitucionales del debido proceso, validando
esta propuesta a través de criterios de expertos
que demuestren su viabilidad y aplicación
dentro del contexto del estudio.
El retrato de la sociedad algorítmica integra
igualmente el modelo de Justicia y sus valores,
principios y estructuras guardan una estrecha
simbiosis con la sociedad que vivimos, de modo
que la irrupción de la tecnología y la
digitalización social empapa la Justicia
(Barona, 2022, p.39). A su vez, la
implementación de la Inteligencia Artificial
dentro del sistema de justicia ha generado un
proceso revolucionario mediante la gestión de
información jurídica. El uso de diferentes
aplicaciones para la revisión y descubrimiento
de documentos electrónicos permite la síntesis
de información y datos de manera casi
inmediata, con una precisión extraordinaria que

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identifica patrones, conceptos clave, casos
análogos y documentos relevantes para cada
proceso. Esta tecnología no solo reduce el
tiempo y las costas procesales, sino que también
analiza de manera minuciosa las pruebas,
disminuyendo el riesgo de pasar por alto
evidencia fundamental o de que existan vicios
de procedimiento que afecten a una de las partes
involucradas. Además, la Inteligencia Artificial
analiza la documentación con una
meticulosidad exhaustiva para evitar vicios en
el procedimiento y genera resoluciones
alternativas del caso, tomando decisiones
estratégicas fundamentadas en el derecho
(Colmenarejo, 2022). El desarrollo de sistemas
avanzados de análisis predictivo permite
examinar bases de datos jurisprudenciales
nacionales y criterios de aplicabilidad de
estándares internacionales para su
implementación en el caso en cuestión de
minutos. Esto facilita que jueces y abogados
evalúen con mayor objetividad las posibilidades
de éxito, presenten una apelación fundamentada
y desarrollen una estrategia más sólida para el
litigio.
Tanto es así que las discusiones doctrinales
ahora versan sobre si puede el juzgador adoptar
una decisión con apoyo de una máquina, si
podemos valorar riesgos de reincidencia a partir
de algoritmos e incluso, como última instancia,
si sería admisible la figura de una suerte de
«juez robot». Podemos aquí adelantar que la
doctrina mayoritaria se inclina por rechazar que
una máquina pueda tomar la decisión de forma
autónoma, para sostener que la IA debería
mantener un papel asistencial y no sustitutorio
de la función judicial (Martín, 2021, p.80). Por
otro lado, es necesario comprender los desafíos
y desventajas que presenta el uso de la
Inteligencia Artificial dentro de los procesos
judiciales del sistema ecuatoriano. Uno de los
riesgos graves es que el juez desconozca las
causas y solo usen la IA para generar sentencias,
mientras que los abogados de forma única lean
los parámetros establecidos por la Inteligencia
Artificial durante las audiencias. Esta situación
generaría una falta de desarrollo crítico tanto en
abogados como en jueces, permitiendo que la
IA intervenga a plenitud dentro de los procesos
y erradicando el principio de oralidad. Esto
implicaría un regreso a un sistema burocrático
de resoluciones en donde la Inteligencia
Artificial sería el único actor que interviniera en
el proceso judicial. Por lo tanto, la
implementación de la Inteligencia Artificial no
está exenta de desafíos éticos y prácticos,
persistiendo preocupaciones sobre la
transparencia y confiabilidad de los algoritmos
o "caja negra" utilizados, ya que existe la
posibilidad de perpetuar sesgos presentes en los
datos implementados. Sumado a esto, la brecha
digital entre jueces y abogados genera una
enorme desventaja y parcializa la justicia.
De todo lo expuesto es innegable la necesidad
de contar con una regulación adecuada para la
utilización de herramientas de IA en el proceso.
Ello se traduce en la necesidad de disponer de
un marco normativo en el cual se recojan los
presupuestos, las condiciones para su
utilización, las garantías esenciales y las
consecuencias de su uso por las autoridades
(Hoyos, 2022, pág. 44). Además, no se ha
desarrollado un marco regulatorio que garantice
la equidad, la supervisión humana y la
responsabilidad en el uso de la Inteligencia
Artificial dentro de los procesos judiciales. Es
fundamental garantizar que la IA sea una
herramienta al servicio de la justicia y no un
sustituto de la imparcialidad humana, siendo
esencial que el criterio humano supervise todo
proceso legal. Si bien existen desventajas por el
uso de la Inteligencia Artificial, no hay que
desconocer su impacto transformador y positivo
dentro del andamiaje jurídico, en especial para

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los usuarios, para quienes un litigio representa
no solo un gasto excesivo de tiempo, sino
también una pesada carga económica dentro de
un sistema con plazos procesales tradicionales
que pueden extenderse hasta años, para que
exista una resolución o sentencia. La
Inteligencia Artificial se transforma en una
aliada para el acceso a la justicia y la eficiencia,
ya que su implementación para la elaboración
de tareas repetitivas y en altas cantidades como
la revisión de pruebas o la elaboración de
escritos básicos logra la reducción de horas de
trabajo legal requeridas. Esto se traduce en
citaciones y audiencias en menor tiempo, menor
inversión económica y mejor atención a los
usuarios (Gómez, 2022).
En la Constitución de la República del Ecuador
se reconocen los principios de celeridad y
economía procesal como elementos
fundamentales dentro de un litigio, los cuales
permiten la optimización de recursos y la
respuesta más pronta a problemas jurídicos,
facilitando así la construcción de un sistema de
justicia más idóneo para los usuarios. Estos
principios constituyen mandatos de
optimización de los derechos fundamentales, es
decir, que su existencia y prevalencia permiten
la interdependencia de derechos dentro de un
proceso legal que garantice resoluciones
apegadas a la legalidad y al debido proceso
(Vistín y Jasmin, 2020). Por un lado, el
principio de celeridad procesal se configura
como un pilar fundamental en la administración
de justicia moderna, ya que su objetivo
principal es garantizar que los procesos
judiciales se lleven a cabo en el tiempo debido,
evitando las dilaciones innecesarias o indebidas
que desnaturalicen el fin mismo de la justicia.
Este principio no solo busca la mayor rapidez
posible, sino también la eficiencia en los actos
procesales, el cumplimiento de plazos judiciales
y la eliminación de trámites innecesarios que no
aportan valor al proceso. Constituye una
garantía para las partes, que evita la
incertidumbre, además de la inutilidad de
resoluciones favorables por el transcurso del
tiempo, aún más en materias donde el tiempo es
crítico, como en los asuntos penales o las
medidas cautelares (Paz, 2023).
En cambio, el principio de economía procesal
está orientado a obtener resultados dentro de un
proceso con el mínimo empleo de actividades,
esfuerzos y recursos. Este principio se
fundamenta en la simplificación de trámites, la
concentración de actuaciones, la solución de
conflictos de forma alternativa y la intervención
necesaria de las partes dentro de un proceso, con
la finalidad de obtener una sentencia o
resolución en tiempos prudenciales, evitando
así gastos innecesarios o el uso excesivo de
recursos físicos o digitales. La economía
procesal garantiza que el uso de recursos de las
partes y del sistema de justicia sea idóneo al
proceso, optimizando así el tiempo de la
función judicial para el beneficio de toda la
sociedad (Ortiz, 2019). Ambos principios,
celeridad y economía, se encuentran
interrelacionados, logrando así un proceso ágil,
sin dilaciones innecesarias y con el mínimo uso
de recursos públicos y privados. De forma
interdependiente eliminan etapas redundantes y
promueven la eficiencia, logrando así una
justicia práctica y efectiva que erradica costos
excesivos o demoras exasperantes. Esto permite
un adecuado acceso a la justicia mediante una
solución oportuna, reconociendo la
interseccionalidad dentro de los juicios latentes
y garantizando el debido proceso en tiempos
objetivos y razonables, sin perjudicar los
derechos fundamentales. La finalidad es llevar
a cabo procesos que sean rápidos y eficientes,
pero sin sacrificar la justicia ni la profundidad
del análisis que cada caso merece.

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La ciberjusticia representa un avance
significativo que combina el derecho tradicional
con el uso de la tecnología para lograr una
justicia ágil y funcional, siendo la
transformación digital del sistema judicial. Esta
evolución no está limitada a la revisión
documental o al envío de correos de forma
automática, sino que implica el cambio integral
de la infraestructura del sistema de justicia,
permitiendo la incorporación de tecnología,
especialmente de sistemas inteligentes que
interactúen con abogados, jueces y personal
administrativo. La finalidad es modernizar la
justicia y proporcionar un acceso transparente y
amigable a la información, superando los
límites de las administraciones tradicionales
basadas en el uso de papel, con procedimientos
que suelen ser lentos y costosos, para transitar
hacia procedimientos que se encuentran a un
clic de distancia, con un sistema inteligente que
guía a los usuarios en cada paso (Daudí, 2022).
Por ello, se busca conocer la situación actual de
la judicatura en torno a la ciberjusticia, es decir,
la forma en que la informática jurídica
constituye una herramienta para los Tribunales
en el empleo de las tecnologías de la
información y la comunicación, las cuales dotan
de mayor calidad y eficacia a la decisión
judicial, así como la necesidad de que exista una
colaboración entre poderes de los Estados para
materializar una mayor participación de los
entes jurisdiccionales en la resolución de casos
inherentes a la ciberjusticia (Escámez, 2021,
p.2).
A su vez, la innovación de la Función Judicial
mediante el uso de Inteligencia Artificial
permite que la justicia sea accesible, eficiente y
transparente, superando los problemas
tradicionales dentro del sistema, como la
acumulación de causas en archivos físicos, la
acumulación de procesos en los despachos
judiciales y el mal estado de archivos por su
tiempo prolongado. El uso de la tecnología
dentro de los procesos agiliza la tramitación de
las causas, contribuyendo de forma directa a los
principios de celeridad y economía procesal,
además de que permite un proceso de monitoreo
simultáneo por parte de los actores en la
revisión de su proceso. Esto permite ver en
tiempo real cómo avanza su proceso, evitando
dilaciones innecesarias o errores
administrativos. Sin embargo, uno de los
elementos fundamentales de la ciberjusticia es
la incorporación de procesos judiciales en línea.
Aunque existen precedentes del uso tecnológico
en Ecuador, como la página web del Consejo de
la Judicatura, el sistema E-SATJE y el casillero
judicial electrónico, existen limitantes que
dificultan el uso de estos recursos dentro de los
procesos judiciales. Entre estas limitaciones se
encuentran el analfabetismo digital, la falta de
asistentes virtuales, la carencia de dispositivos
adecuados o la falta de conexión de banda
ancha, lo que dificulta el acceso a sistemas
virtuales de justicia. Estas constituyen barreras
que se presentan en la cotidianidad y
representan problemas latentes relacionados
con el acceso a la justicia de manera equitativa
e igualitaria (Sanchez, 2025). No obstante, el
objetivo principal de la ciberjusticia es ampliar
el acceso a la justicia, eliminando barreras
geográficas y económicas, ya que las
plataformas digitales permiten que las personas
en zonas periféricas del país puedan interactuar
con el sistema de justicia de manera más
sencilla y a menor costo. Esto es significativo
en zonas y contextos donde la presencia física
representa un obstáculo, logrando la
participación efectiva de las partes y
garantizando el goce de los derechos de forma
efectiva. Está orientado a que la administración
de justicia sea inclusiva y adaptada a las
necesidades de la sociedad, lo cual depende de
la facultad del Estado de implementar sistemas

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tecnológicos sin comprometer los principios
constitucionales establecidos (Calés, 2019).
La implementación de la Inteligencia Artificial
(IA) dentro de los sistemas de justicia presenta
un impacto significativo para su administración,
acceso y celeridad. Diversos países han
implementado estas tecnologías dentro de sus
procesos administrativos y asistenciales con
enfoques variados, adaptados a sus realidades
legales y culturales. Ecuador se encuentra en un
momento decisivo para implementar el avance
tecnológico en sus procesos judiciales.
Mediante un derecho comparado, se pueden
extraer valiosas lecciones de sistemas pioneros
como los de China y Argentina. Es fundamental
analizar su marco regulatorio, elementos
tecnológicos y buenas prácticas que permitan
adaptarse al caso ecuatoriano, optimizando así
sus recursos y garantizando el acceso a la
justicia, mientras se mantienen los principios
éticos del derecho tradicional y los estándares
de derechos humanos contemporáneos. La
implementación de la IA en el sistema judicial
debe ser progresiva, responsable y
especialmente adaptada a las necesidades
locales. Por ello, es necesario analizar cómo
China ha incorporado dentro de sus tribunales
el concepto de justicia digital conocido como
"smart courts", el cual opera aplicando
algoritmos en diversas plataformas digitales
sincronizadas, permitiendo la presentación de
casos en línea, audiencias virtuales y análisis
automatizado de materiales jurídicos. Un
ejemplo destacado es el Tribunal de Internet de
Hangzhou, que se encarga de la grabación de
audiencias y testimonios mediante
reconocimiento de voz, análisis de pruebas y
verificación de información en bases de datos
en tiempo real, logrando así automatizar
elementos probatorios en cuestión de segundos.
Este sistema permitió resolver miles de casos
durante el período de pandemia, garantizando la
continuidad judicial y reduciendo las
congestiones procesales, pero manteniendo la
deliberación humana y la supervisión de
autoridades y jueces (Zou, 2022).
Otro caso relevante es lo que está sucediendo en
Argentina con el Sistema Prometea, el cual está
diseñado para agilizar la resolución de casos
repetitivos y la gestión documental en el ámbito
judicial. Este sistema analiza mediante lenguaje
natural los expedientes judiciales para predecir
soluciones basadas en jurisprudencia y generar
borradores de dictámenes jurídicos. Esta
información es analizada por los jueces,
permitiendo comprender todo el panorama
jurídico de manera situada. El sistema ha
logrado resolver casos de forma exitosa,
disminuyendo el tiempo de resolución de 90
minutos a 1 minuto, liberando a los funcionarios
de tareas complejas y repetitivas que requerían
mayor tiempo con la intervención humana.
Prometea opera mediante tres fases: la primera
incluye la búsqueda de leyes relacionadas y la
predicción del modelo de dictamen; la segunda
consiste en la redacción automatizada del
documento; finalmente, la tercera fase incluye
la firma digital. Este sistema ha demostrado ser
útil en las Cortes, ya que genera notificaciones
en múltiples idiomas y proyecta resoluciones en
minutos (Estevez y Fillottran, 2020). Los casos
anteriormente mencionados demuestran cómo
la implementación y el uso de la IA en procesos
repetitivos y cotidianos dentro del sistema de
justicia garantiza respuestas rápidas y concisas,
basándose en un análisis de documentación
legal vigente. Además, permite sistematizar
procesos que de forma manual tardarían
demasiado tiempo. La IA constituye una
herramienta valiosa para el sistema de justicia,
especialmente para el ecuatoriano, el cual
presenta dilaciones excesivas en los procesos
debido a la gran carga procesal (Chapi, 2024).
Por lo cual, al usar un sistema inteligente que

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analice de forma automática procesos,
documentación y procedimientos
administrativos, se lograría optimizar la justicia.
Además, este sistema entregaría a los jueces de
cortes y tribunales análisis jurídicos que les
proporcionen mayor claridad, de manera que, al
momento de emitir una sentencia o resolución,
esta permita garantizar los derechos
fundamentales y principios constitucionales que
acompañan a la justicia.
Materiales y Métodos
La investigación adoptó un enfoque
metodológico mixto de carácter descriptivo-
explicativo-propositivo, con un diseño no
experimental de corte transversal, que permitió
analizar el impacto de la Inteligencia Artificial
en el derecho procesal ecuatoriano sin
manipular variables, sino observando el
fenómeno en su contexto natural durante un
período específico. Este enfoque combinó
técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener
una comprensión integral del objeto de estudio,
utilizando métodos de nivel empírico como la
observación sistemática, la revisión documental
exhaustiva y el derecho comparado con
sistemas jurídicos internacionales. Asimismo,
se emplearon métodos de nivel teórico,
incluyendo el análisis analítico-sintético, el
método sistémico-jurídico y el método
teleológico, que permitieron descomponer el
problema en sus elementos constitutivos,
examinar las interrelaciones entre los
componentes del sistema judicial y la
tecnología, e identificar la finalidad y los
objetivos subyacentes en la implementación de
la IA en el ámbito procesal (Manje, 2021). Para
el procesamiento y análisis de datos se
implementó un método estadístico matricial,
estructurando la información recopilada
mediante matrices de evaluación que facilitaron
la sistematización y comparación de resultados.
Como técnicas e instrumentos de recolección de
información se utilizaron guías de observación,
guías de revisión documental, matrices de
análisis procesal, entrevistas semiestructuradas
a operadores de justicia, criterio de expertos en
derecho procesal y tecnología jurídica, además
de tablas y gráficos comparativos que
permitieron visualizar los hallazgos de manera
clara y objetiva. Esta triangulación
metodológica garantizó la validez y
confiabilidad de los resultados obtenidos, al
contrastar diferentes fuentes de información y
perspectivas sobre el fenómeno estudiado
(Salazar, 2020).
La población de estudio estuvo conformada por
profesionales del derecho que ejercen en el
sistema judicial ecuatoriano, específicamente
en la ciudad de Guayaquil, y se seleccionó una
muestra intencional no probabilística basada en
criterios de inclusión y exclusión previamente
establecidos. Los criterios de inclusión
contemplaron a jueces, secretarios judiciales y
abogados litigantes con al menos cinco años de
experiencia en el sistema procesal ecuatoriano,
que ejercieran su práctica profesional en el
Complejo Judicial Sur de Guayaquil, y que
manifestaran disposición para participar en
entrevistas sobre el uso potencial de tecnologías
de Inteligencia Artificial en procesos judiciales.
Como criterios de exclusión se establecieron:
profesionales con menos de cinco años de
experiencia, aquellos que no ejercieran
activamente en el ámbito judicial, y quienes no
tuvieran conocimiento básico sobre tecnologías
digitales aplicadas al derecho (Hernández,
2020). Las entrevistas se realizaron en el
Complejo Judicial Sur de Guayaquil,
permitiendo recoger las percepciones,
experiencias y expectativas de los operadores
de justicia respecto a la implementación de
sistemas de Inteligencia Artificial en el derecho
procesal ecuatoriano. Paralelamente, se llevó a
cabo un análisis matricial comparativo de

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expedientes judiciales reales, procesando
demandas y contestaciones mediante cinco
plataformas diferentes de Inteligencia Artificial
(ChatGPT, Claude, DeepSeek, TextCortex y
Gemini) para evaluar su capacidad de análisis
formal y sustancial, midiendo tiempos de
respuesta, precisión en la identificación de
vicios procesales y conformidad con los
requisitos establecidos en el Código Orgánico
General de Procesos (COGEP). Esta
combinación metodológica permitió contrastar
la eficiencia teórica de la IA con las
percepciones prácticas de quienes operan
cotidianamente en el sistema de justicia
ecuatoriano.
Resultados y Discusión
Resultados de la sistematización teórica
La sistematización teórica reveló que la
implementación de la Inteligencia Artificial en
el derecho procesal ecuatoriano debe
fundamentarse en un equilibrio entre
innovación tecnológica y salvaguarda de
garantías constitucionales, especialmente
considerando lo establecido en la Ley Orgánica
de Protección de Datos Personales (LOPDP),
que en su articulado reconoce el derecho de las
personas a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en valoraciones automatizadas.
Este hallazgo es fundamental para comprender
que los sistemas algorítmicos, aunque eficientes
en el procesamiento de información, pueden
generar sesgos y discriminación si operan sin
supervisión humana adecuada. La literatura
revisada confirma que la doctrina mayoritaria
rechaza categóricamente la posibilidad de que
una máquina tome decisiones autónomas en el
ámbito judicial, sosteniendo que la IA debe
mantener un papel exclusivamente asistencial y
nunca sustitutorio de la función jurisdiccional.
Esta postura se fundamenta en la necesidad de
preservar la sana crítica del juzgador, la
valoración contextualizada de las pruebas y la
interpretación humanizada del derecho,
elementos que constituyen la esencia misma del
debido proceso y que no pueden ser delegados
a algoritmos, por sofisticados que estos sean
(Cumbre Judicial Iberoamericana, s.f.).
La sistematización teórica también reveló la
existencia de un paradigma dual en la
implementación de IA en sistemas judiciales
comparados, caracterizado por dos modelos
diferenciados pero complementarios: el modelo
de eficiencia procesal instrumental,
predominante en sistemas como el chino con
sus "smart courts" y el argentino con Prometea,
que prioriza la automatización de tareas
repetitivas y la aceleración de trámites
burocráticos; y el modelo de garantías
constitucionales reforzadas, que enfatiza la
protección de derechos fundamentales y la
supervisión humana obligatoria en toda
decisión automatizada. La literatura
internacional convergente de la Cumbre
Judicial Iberoamericana y de organismos
multilaterales como la OCDE sostiene que
ninguno de estos modelos debe implementarse
de manera aislada, sino que la integración
armónica de ambos enfoques constituye la
única vía legítima para incorporar IA en
sistemas judiciales democráticos. (Código Ético
Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia
Artificial en el Poder Judicial, 2014).
Esta tensión paradigmática es especialmente
relevante para Ecuador, cuya Constitución de
2008 establece un Estado constitucional de
derechos y justicia que exige equilibrar la
eficiencia procesal con la máxima protección de
garantías fundamentales, lo que implica que
cualquier sistema de IA judicial debe superar
estándares más exigentes que aquellos
aplicables en jurisdicciones con modelos
constitucionales menos garantistas. Un hallazgo
teórico adicional de particular relevancia es la

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identificación de tres generaciones evolutivas
en la adopción de tecnologías de IA en sistemas
judiciales, cada una con características, riesgos
y potencialidades diferenciadas. La primera
generación, denominada "automatización
documental básica", se limita a la digitalización
de expedientes, notificaciones electrónicas y
gestión de agendas, sin incorporar análisis
algorítmico sustantivo; esta fase, ya superada
por países pioneros, pero aún vigente
parcialmente en Ecuador a través del sistema E-
SATJE, presenta bajo riesgo de afectación a
garantías procesales, pero también impacto
limitado en la reducción de congestión judicial
(Sangines y Avendaño, 2025). La segunda
generación, caracterizada como "asistencia
algorítmica para decisiones instrumentales",
incorpora sistemas de procesamiento de
lenguaje natural para análisis formal de
documentos, detección de vicios procesales,
generación de borradores de providencias de
trámite y búsqueda jurisprudencial predictiva;
esta es la fase en la que se encuentran sistemas
como Prometea en Argentina y representa el
modelo óptimo para Ecuador según la evidencia
revisada, pues equilibra eficiencia con
supervisión humana. La tercera generación,
denominada "decisión algorítmica
automatizada", implica que sistemas de IA
tomen decisiones judiciales de fondo sin
intervención humana sustantiva, modelo
presente en algunas jurisdicciones chinas para
casos estandarizados pero rechazado
categóricamente por la doctrina
constitucionalista latinoamericana y europea
por vulnerar el derecho humano a ser juzgado
por un tribunal independiente e imparcial
(Sangines y Avendaño, 2025).
Resultados del análisis matricial de
expedientes
Se tomó como muestra dos expedientes
judiciales de procesos civiles tramitados en el
sistema judicial ecuatoriano para ejemplificar el
tiempo de demora del análisis documental y
evaluar la capacidad de cinco plataformas de
Inteligencia Artificial (ChatGPT, Claude AI,
DeepSeek, TextCortex y Gemini) en la revisión
de requisitos formales y sustanciales
establecidos en el Código Orgánico General de
Procesos (COGEP). El análisis comparativo se
centró en medir tres variables fundamentales: el
tiempo de procesamiento que requiere cada
sistema de IA para analizar los documentos
judiciales, la precisión en la identificación de
vicios formales y sustanciales en las demandas
y contestaciones, y la capacidad de generar
observaciones jurídicamente fundamentadas
que orienten a las partes procesales sobre el
cumplimiento o incumplimiento de requisitos
legales.
Tabla 1. Matriz de análisis procesal - expediente no.23201202502268
Sentencia/ proceso Chatgpt.ia Claude.ia Deepseek.ia Textcortex.ia Gemini.ia
Demanda
Cumple con los requisitos formales No No No No No
según (Si/No)
Tempo que se 30 seg 25 seg 20 seg 25 seg 22 seg
demoró la IA en revisar
Observaciones Falta datos identificación y narración de
hechos
Falta datos identificación y narración
de hechos
Falta datos identificación y
narración de hechos
Falta datos identificación y narración de
hechos
Falta datos identificación y
narración de hechos
Contestación de la demanda
Cumple con los requisitos formales Sí Sí Sí Sí Sí
(Si/No)
Tempo que se demoró la IA en
revisar 28 seg 24 seg 19 seg 26 seg 23 seg
Observaciones Contestación
completa; Alega falta de exigibilidad
Contestación completa; Alega falta de
exigibilidad
Contestación completa; Alega falta
de exigibilidad
Contestación completa; Alega falta de
exigibilidad
Contestación completa; Alega
falta de exigibilidad
Análisis de proceso
Las fases procedimentales, pero no sustituye
el criterio judicial para resolver conflictos
de fondo.
Establece la obligación de cumplir
con los artículos 142 y 146 del
COGEP
Plante excepciones de forma y
fondo, como vicios en la
notificación o nulidad por
incongruencias en el acta.
En etapa de contestación Programar una audiencia de
juicio
Tiempo estimado de llegar a Audiencia 2-3 semanas 2-3 semanas 2-3 semanas 2-3 semanas 2-3 semanas
Observaciones Generales: Las IA detectaron en 20-30 segundos que la demanda inicial incumplía requisitos del COGEP, mientras que un humano tardaría horas o días en notificarlo. En la contestación, verificaron en
<30 segundos que el demandado incluyó excepciones, pruebas y defensas válidas, agilizando su admisión.
Fuente: elaboración propia

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Tabla 2. Matriz de análisis procesal – expediente 23201202502267
Sentencia/ proceso Chatgpt.ia Claude.ai Deepseek.ia Textcortex.ia Gemini.ia
DEMANDA
Cumple con los requsitos
formales según (Si/No) Si Si Si Si Si
Tempo que se demoró la IA en
revisar 18 seg 15 seg 12 seg 16 seg 14 seg
Observaciones La demanda fue aceptada por cumplir con los requisitos legales, se fijó una pensión provisional para tres hijos, se decretó prohibición de salida del país del demandado y se ordenaron
oficios al IESS para verificar sus ingresos, pero al momento del auto no se había citado al demandado, por lo que no existe contestación y el proceso avanza hacia una posible rebeldía.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Cumple con los requisitos
formales (Si/No) NO NO NO NO NO
Tempo que se demoró la IA en
revisar 10 seg 7 seg 8 seg 9 seg 8 seg
Observaciones El escrito de contestación presenta un vicio formal grave al carecer de la autorización expresa del demandado para la designación de su abogado defensor, lo que vulnera el
requisito de legitimación procesal establecido en el Art. 146 del COGEP.
Análisis de proceso
El proceso se encuentra en etapa de sustanciación inicial, con la demanda admitida y medidas cautelares decretadas, pero ante la falta de contestación válida por vicios formales
(ausencia de autorización para el abogado del demandado), se prevé la declaratoria de rebeldía del demandado, lo que agilizará la continuidad del juicio hacia la audiencia única para
fijar la
pensión alimenticia definitiva.
Tiempo estimado de llegar a
Audiencia 2-3 semanas 2-3 semanas 2-3 semanas 2-3 semanas 2-3 semanas
Observaciones Generales: El proceso evidencia una demanda bien fundamentada y admitida, con medidas cautelares activas y una pensión alimenticia provisional fijada, lo que refleja el cumplimiento de los requisitos
legales por parte de la actora. Sin embargo, la falta de contestación formal por parte del demandado ya sea por rebeldía o por vicios en su eventual defensa acelera el trámite hacia la audiencia única, donde se definirán
los alimentos de manera definitiva. La posible declaratoria de rebeldía del demandado simplificará el proceso, pero también existiría riesgos de ejecución futura si no se identifican fuentes de ingresos claras. Los oficios
al IESS buscan mitigar este riesgo, pero la efectividad dependerá
de la cooperación institucional y la veracidad de la información obtenida.
Fuente: elaboración propia
Tabla 3. Matriz de entrevista en el consejo de la judicatura sur de guayaquil
Pregunta Juez 1 Juez 2 Secretario judicial 1 Secretario judicial 2
Cargo Juez de la Unidad Jueza de la Unidad Secretario Judicial Secretaria Judicial Laboral
Judicial Civil Judicial de Familia Civil
Años de experiencia 12 años 8 años 10 años 7 años
1. ¿Cuánto tiempo promedio se demora
en calificar una demanda desde su
recepción hasta emitir el auto inicial?
Entre 3 a 5 días hábiles, dependiendo de
la complejidad del caso y la carga
procesal del
despacho
De 4 a 7 días en promedio. En casos de
familia con medidas urgentes puede ser
en 24-48 horas
Aproximadamente Entre 3 a 6 días. Depende mucho de si
hay documentación completa o falta
algo
4 días. El juez revisa primero, luego los
abogados preparamos el auto y lo enviamos a
firma
2. ¿Cuánto tiempo se requiere para
revisar y calificar una contestación de
demanda?
Entre 2 a 4 días. Es más rápido que la
demanda inicial porque ya
De 2 a 3 días normalmente. Si hay
excepciones complejas puede tomar
hasta 5 días
Unos 3 días en promedio. Primero
verificamos que esté completa la
documentación
Entre 2 a 4 días. A veces las
contestaciones vienen con muchas
pruebas y toma más tiempo revisarconocemos el caso
3. ¿Cuánto tiempo le toma elaborar la
motivación de una sentencia o
resolución de fondo?
Depende del caso. Sentencias simples 5-7
días; casos complejos pueden tomar de 2
a 3 semanas o más
Entre 1 a 2 semanas para casos No elaboro sentencias, pero el proceso completo
desde que el juez decide hasta que sale firmada toma
entre 1 a 2 semanas mínimo
El juez dicta, los abogados
transcribimos y revisamos. El proceso
completo toma entre
regulares. En alimentos puede ser más
rápido, 3-5 días 7 a 15 días según la complejidad
4. ¿Cuánto tiempo se demora en
elaborar y enviar oficios de auxilio
judicial a otras instituciones (IESS,
SRI, Bancos, etc.)?
Los oficios simples se elaboran en 1-2 días.
El problema es que las respuestas de las
instituciones pueden tardar semanas o meses
Entre 2 a 3 días para elaborar y enviar.
Las respuestas son el verdadero cuello
de botella, pueden tardar 1-3 meses
Elaboramos los oficios en 1-2 días
usualmente. Los enviamos por correo
certificado o correo electrónico cuando es
posible
De 1 a 3 días en elaborar. A veces hay
que hacer seguimiento porque las
instituciones no responden a tiempo
5. ¿Qué factores considera que retrasan
más estos procesos?
La alta carga procesal, falta de personal,
y demandas mal presentadas que requieren
múltiples providencias de
subsanación
Documentación incompleta, falta de
notificaciones efectivas, y Escritos mal elaborados que no cumplen
requisitos, falta de un sistema más ágil de
notificaciones
La carga de trabajo excesiva y el
sistema manual de revisión. Todo se
hace documento por documento
acumulación de causas. Tenemos más
casos de los que podemos
atender
6. ¿Cree que un sistema de análisis
automatizado podría reducir estos
tiempos? ¿En qué medida?
Definitivamente. Si una IA pudiera hacer la
revisión formal inicial y alertar sobre
vicios, ahorraríamos días
Sí, especialmente en la verificación de
requisitos formales. Sería muy útil. La parte repetitiva de verificar
requisitos podría automatizarse y ganar
mucho tiempo
Totalmente de acuerdo. Si el sistema
detectara errores de inmediato, las
partes podrían corregir el mismo día
en cada caso Podríamos enfocarnos en el análisis de
fondo
7. ¿Qué preocupaciones tendría sobre
el uso de IA en estas tareas?
Que se pierda el criterio humano o que el
sistema tenga sesgos. La supervisión
judicial debe
Me preocupa la transparencia de los
algoritmos y que todos tengamos
acceso equitativo a la tecnología
Necesitaríamos capacitación. No todos
manejamos bien la tecnología actual, menos una
más compleja
El tema de protección de datos y que la
máquina no puede reemplazar la
valoración contextual de casos
mantenerse siempre
Fuente: elaboración propia
Propuesta
Una solución tecnológica al problema de la
congestión judicial es la creación de un Sistema
Único de Análisis Digital (SUAD) en Ecuador,
el cual presenta una respuesta innovadora para
superar las dilaciones y demoras en el sistema
de justicia. Este sistema integral lograría
analizar de forma masiva datos jurídicos,
predecir tendencias de litigiosidad, automatizar
resoluciones de casos repetitivos y optimizar la
gestión procesal. Según lo demuestra el análisis
matricial anteriormente expuesto, este sistema
podría procesar íntegramente la documentación
inicial demanda y contestación en menos de un
minuto, mientras que el método manual actual
requiere entre tres y siete días hábiles, conforme
lo confirmaron los operadores judiciales
entrevistados. Esta eficiencia temporal
posiciona al SUAD como respuesta a
problemáticas estructurales críticas del sistema
judicial ecuatoriano: la congestión procesal
derivada de la acumulación de causas en los
despachos, las barreras de acceso a la justicia
ocasionadas por plazos de espera excesivos que
pueden extenderse meses o años, y la opacidad

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procedimental que limita la capacidad de las
partes para monitorear el avance real de sus
expedientes. Mediante módulos especializados
en procesamiento de lenguaje natural, lograría
el análisis de expedientes basándose en
jurisprudencia y brindaría asistencia en la
redacción de dictámenes. Tomando como
referencia los modelos chino y argentino para
audiencias virtuales, notificaciones
automatizadas y análisis de pruebas en tiempo
real, el sistema de justicia ecuatoriano podría
agilizar procesos en áreas como laboral, civil,
familia y contrataciones públicas, entre otras, en
tiempos muy reducidos. Es fundamental
incorporar sistemas de análisis ético (similar al
Sistema Prometea) para evitar sesgos
algorítmicos, asegurando que las decisiones
automatizadas sean justificadas y supervisadas
por jueces, alineadas con los derechos
fundamentales. Además, los procesos
algorítmicos del sistema deberían aprender de
forma automática, mejorando continuamente la
calidad de los servicios de justicia. A
continuación, la estructura propuesta desde el
punto de vista jurídico – procesal.
Propuesta de Sistema Único de Análisis
Digital (SUAD)
Objetivo jurídico-procesal
Optimizar la celeridad procesal y el debido
proceso en áreas como civil, familia, laboral y
contencioso administrativo. Automatizar
actuaciones instrumentales (notificaciones,
generación de providencias simples, agenda de
audiencias) manteniendo la validación judicial
humana en actos decisorios de fondo.
Garantizar el interés superior del niño y
derechos fundamentales, priorizando casos
urgentes o de atención preferente.
Principios rectores
Legalidad y competencia: todo módulo debe
respetar las competencias establecidas en el
COFJ y el COGEP. Debido proceso:
transparencia en criterios, derecho a impugnar
decisiones automatizadas y trazabilidad
completa. Interoperabilidad judicial:
integración de juzgados y órganos auxiliares
bajo estándares abiertos. Protección de datos
personales: cumplimiento estricto de la LOPDP
y estándares internacionales. Supervisión
humana obligatoria: ningún algoritmo sustituye
al juez en la decisión de fondo.
Estructura procesal del sistema
Módulo de Ingreso de Demanda y
Contestación
Digitalización y validación automática de
requisitos procesales. Clasificación inicial por
materia, cuantía y urgencia (sistema sugiere,
juez confirma). Registro automático en el
sistema de gestión procesal.
Módulo de Calificación y Proveído Inicial
Generación asistida de providencias de
calificación y traslado. Sugerencia de medidas
cautelares y notificaciones iniciales, con
revisión del juez. Asignación de plazos y alertas
de vencimiento.
Módulo de Notificaciones y Citaciones
Notificación omnicanal (correo, buzón judicial,
mensaje) con constancia y trazabilidad
probatoria. Gestión automática de agenda de
citaciones y audiencias.
Módulo de Audiencias Virtuales Asistidas
Creación y administración de salas virtuales con
grabación y actas automáticas para resguardar
la inmediación procesal. Registro de pruebas en
tiempo real con cadena de custodia digital.
Módulo de Análisis de Expedientes
Búsqueda rápida y jurisprudencia vinculante
para fundamentar resoluciones. Identificación
de casos repetitivos para tratamiento expedito.

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Estadísticas de congestión por materia,
despacho y etapa procesal.
Módulo de Resoluciones Asistidas
Generación de borradores de autos o
providencias en procesos simples y repetitivos.
El juez revisa, edita y firma electrónicamente;
queda trazabilidad del autor humano.
Módulo Ético y de Control Judicial
Panel de sesgos y revisiones periódicas de
criterios de clasificación. Comité técnico-
jurídico revisa parámetros y validaciones.
Registro inalterable de todas las actuaciones
automatizadas para auditoría y nulidad si
corresponde.
Roles y responsabilidades procesales
Juez/a: validación y firma de resoluciones;
puede desactivar sugerencias automáticas.
Secretario/a: control de documentación,
notificaciones y agenda. Peritos y auxiliares
judiciales: subida y validación de informes
periciales. Oficial de Protección de Datos
Judiciales: vela por DPIA, derechos ARCO y
control de incidentes. Comité Ético-Técnico:
aprueba algoritmos y monitorea sesgos.
Integración normativa
COFJ y COGEP: incorporar artículos o
disposiciones transitorias que regulen la
automatización asistida. Establecer límites
claros: actos automatizables vs. actos
decisorios. Incluir obligación de explicación y
recurso frente a decisiones automáticas. Firma
electrónica y sellado de tiempo como requisito
de validez de todo acto automatizado.
Seguridad jurídica y cadena de custodia
Hash y registro inmutable de cada actuación
procesal. Control de versiones y de acceso a
expedientes. Respaldo probatorio de audiencias
y actuaciones digitales.
Indicadores de impacto jurídico
Reducción del tiempo de calificación de
demandas. % de providencias instrumentales
asistidas por el sistema. Disminución del
backlog procesal. Cumplimiento de plazos
procesales y notificaciones efectivas.
Aspecto informático general
Plataforma única interoperable entre todos los
órganos judiciales. Arquitectura modular para
adaptarse a cambios normativos. Sistemas de IA
integrados para clasificación, búsqueda y
generación de borradores, siempre con control
judicial.
Validación de la propuesta
La propuesta del Sistema Único de Análisis
Digital (SUAD) fue sometida a validación
mediante el método de criterio de expertos,
contando con la participación de cuatro
profesionales especializados en derecho
procesal, tecnología jurídica y administración
de justicia. Los expertos evaluaron la propuesta
considerando cinco criterios fundamentales:
viabilidad técnica y jurídica con el
cumplimiento del marco normativo
ecuatoriano, especialmente COGEP, COFJ y
LOPDP, pertinencia para resolver problemas
identificados como la congestión judicial,
dilaciones procesales, deficiencias en
calificación de escritos, además, la factibilidad
de implementación de recursos tecnológicos,
capacitación, resistencia al cambio,
sostenibilidad temporal y respeto a garantías
constitucionales y se realizó la valoración con
escala Likert del 1 al 10, donde 1 es mínimo y
10 máximo.
Tabla 4. Resultados de criterio de expertos
No. Viabilidad
Técnica
Cumplimiento
de las normas Pertinencia Factibilidad Trazabilidad TOTAL
1 8 9 10 9 9 45
2 7 8 8 9 9 41
3 9 10 9 8 8 44
4 7 8 8 9 8 40
TOTAL 31 35 35 35 34 170
Fuente: elaboración propia

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Resultado de la suma de los criterios entre la
cantidad de criterio: 170 Valor de la propuesta:
Es igual a la suma de los criterios entre la
cantidad de criterios: 170/20 = 8.5. 8.5 es la
media ponderada de todos los criterios vertidos
por los expertos.
Tabla 4. Rangos de resultados
No. Rangos de resultados Valoración del resultado
1 Evaluación inferior a 5 La propuesta se desecha
2 Evaluación de 5 a 6.9 La propuesta debe
mejorarse
3 Evaluación de 7 a 8.5 La propuesta es consistente
4 Evaluación de 8.5 a 10 La propuesta es óptima
Fuente: Metodología propuesta por Hernández
et al. (2023).
Los resultados de la validación por criterio de
expertos arrojaron una valoración promedio
ponderada de 8.5 sobre 10, ubicándose en el
rango de "Muy Adecuado" según la escala
metodológica aplicada, lo que evidencia un
nivel alto de aceptación y viabilidad de la
propuesta del Sistema Único de Análisis Digital
(SUAD). El análisis desagregado por criterios
revela que el "Cumplimiento de las normas" y
la "Pertinencia" obtuvieron las valoraciones
más elevadas (35 puntos cada uno sobre un
máximo de 40), lo que indica que los expertos
reconocen la solidez jurídica de la propuesta y
su relevancia para resolver los problemas
identificados en el sistema judicial ecuatoriano.
La "Factibilidad" también alcanzó una
puntuación destacada de 35 puntos, reflejando
que los expertos consideran viable su
implementación a pesar de los desafíos
tecnológicos y de capacitación que implica. La
"Trazabilidad" obtuvo 34 puntos, demostrando
confianza en la capacidad del sistema para
garantizar el registro auditable de actuaciones
procesales, aspecto crítico para la seguridad
jurídica. Finalmente, la "Viabilidad Técnica"
registró la puntuación más conservadora con 31
puntos, lo que sugiere que, si bien los expertos
reconocen la factibilidad general del proyecto,
existen reservas legítimas respecto a la
infraestructura tecnológica disponible, la
interoperabilidad con sistemas existentes y la
necesidad de inversión significativa en
hardware, software y capacitación del personal
judicial. Esta distribución de puntajes confirma
que la propuesta es jurídicamente sólida y
pertinente, pero requiere atención especial a los
aspectos técnicos e informáticos para garantizar
su implementación exitosa en el contexto
ecuatoriano.
No obstante, los expertos formularon
observaciones críticas que enriquecieron la
propuesta y evidenciaron áreas de atención
prioritaria para su implementación exitosa. La
necesidad de reforma normativa expresa que
incorpore disposiciones transitorias en el
COGEP y el COFJ para regular jurídicamente
la automatización asistida, estableciendo con
claridad taxativa qué actuaciones pueden
automatizarse y cuáles requieren intervención
judicial directa, así como los recursos legales
disponibles frente a decisiones automatizadas
defectuosas. La implementación de Inteligencia
Artificial en el sistema judicial ecuatoriano
representa una oportunidad estratégica para
sintetizar y automatizar tareas repetitivas de
naturaleza instrumental como la verificación de
requisitos formales en demandas y
contestaciones, la generación de providencias
de mero trámite, las notificaciones
automatizadas y la elaboración de oficios de
auxilio judicial permitiendo estas actuaciones
en cuestión de segundos, liberando así recursos
humanos valiosos para el análisis sustancial de
los casos. Sin embargo, esta automatización
debe operar bajo supervisión judicial
permanente, donde cada actuación generada por
algoritmos requiera validación humana antes de
surtir efectos procesales, garantizando que
ninguna decisión de fondo sea delegada a
sistemas automatizados y que el criterio

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judicial, la sana crítica y la valoración
contextualizada permanezcan como
competencias inalienables del juzgador. Este
modelo híbrido de asistencia tecnológica con
control humano obligatorio es el único capaz de
materializar efectivamente los principios
constitucionales de celeridad y economía
procesal sin sacrificar las garantías
fundamentales del debido proceso, la tutela
judicial efectiva y el derecho a la defensa,
transformando a la IA en una herramienta que
potencia la justicia sin sustituir la esencia
humanista que debe caracterizar toda
administración judicial en un Estado
constitucional de derechos y justicia.
Finalmente, el éxito del SUAD depende
fundamentalmente de mantener la supervisión
humana como principio inquebrantable: la IA
debe ser una herramienta que potencie la
capacidad decisoria del juez, nunca un sustituto
que mecanice la justicia o erosione la sana
crítica judicial, garantizando que la tecnología
sirva al derecho y no viceversa.
La triangulación de datos entre el análisis
matricial de expedientes procesados por
Inteligencia Artificial y las entrevistas
realizadas a funcionarios judiciales del
Complejo Judicial Sur de Guayaquil, revela una
brecha temporal crítica que evidencia el
potencial transformador de la automatización en
el sistema judicial ecuatoriano. Mientras que las
cinco plataformas de IA analizadas lograron
calificar demandas y contestaciones en un rango
de 7 a 30 segundos, identificando vicios
formales, requisitos incumplidos y proponiendo
análisis procedimentales, los funcionarios
judiciales entrevistados reportaron tiempos
promedio de 3 a 7 días hábiles para calificar una
demanda inicial y de 2 a 5 días para revisar una
contestación. Esta diferencia representa una
reducción potencial en los tiempos de
procesamiento de la fase de calificación formal,
lo que confirma empíricamente que la
automatización de tareas repetitivas y de
verificación normativa podría liberar entre 3 y 7
días hábiles por cada expediente en su etapa
inicial. El segundo hallazgo sustancial emerge
de la percepción unánime de los entrevistados
respecto a los factores que generan retrasos
procesales, los cuales coinciden precisamente
con las áreas donde la IA demostró mayor
eficiencia, como es, la verificación de requisitos
formales, la identificación temprana de
documentación incompleta y la detección de
vicios procesales. Los cuatro funcionarios
judiciales consultados identificaron como
principales cuellos de botella la alta carga, la
presentación de escritos mal elaborados que no
cumplen requisitos formales, y los sistemas
manuales de revisión documento por
documentos. Estos factores se correlacionan
directamente con las capacidades demostradas
por las herramientas de IA en el análisis
matricial; en todas las plataformas detectaron en
menos de 30 segundos las mismas deficiencias
formales que un juez o secretario tardaría días
en identificar, notificar y requerir su
subsanación.
El tercer hallazgo revela tanto el potencial como
las limitaciones éticas y prácticas de la
implementación de IA en el sistema judicial
ecuatoriano. Si bien el análisis matricial
demostró que la IA puede procesar
eficientemente la verificación formal de
documentos, las entrevistas evidenciaron
preocupaciones legítimas que deben
incorporarse en cualquier propuesta de
implementación. Estas preocupaciones son
coherentes con las limitaciones observadas en el
análisis matricial; ninguna plataforma de IA
pudo realizar valoraciones de fondo sobre
excepciones complejas, ponderación
contextualizada de pruebas o interpretación
situada de normas, confirmando que su rol debe

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ser exclusivamente asistencial.
Adicionalmente, los funcionarios reportaron
que la elaboración de sentencias toma entre 5
días y 3 semanas según complejidad, y que los
oficios de auxilio judicial a instituciones como
el IESS o SRI, aunque se elaboran en 1-3 días,
reciben respuestas en plazos de 1 a 3 meses,
identificando un cuello de botella
interinstitucional que la IA puede optimizar
mediante seguimientos automatizados y
notificaciones sistemáticas, pero que requiere
coordinación más allá del sistema judicial
interno. Estos hallazgos integrados sustentan la
necesidad de un modelo híbrido donde la IA
automatice tareas instrumentales y repetitivas,
mientras que la decisión judicial, la valoración
crítica y la supervisión ética permanezcan
inalienablemente en manos de operadores
humanos capacitados.
El uso de la Inteligencia Artificial en los
procesos anteriormente mencionados, que han
sido desarrollados dentro de un sistema procesal
tradicional con una duración entre 4 y 5 meses
para llegar a una sentencia judicial, demuestra
mejoras significativas en los tiempos de
procesamiento. Como se muestra en las
matrices, tanto el tiempo de análisis de la
demanda como el de la contestación no superan
el minuto, lo que evidencia que el uso de la IA
en el análisis de documentos legales agiliza las
observaciones necesarias para las partes y
permite una audiencia más pronta. Además, la
IA analiza en profundidad tanto la forma como
el fondo de las presentaciones, lo que genera
mayor seguridad jurídica. El uso de la IA en los
procesos judiciales, especialmente en el análisis
de la documentación y las pruebas presentadas,
realiza un examen exhaustivo para lograr el
cumplimiento de las normas vigentes. Además,
efectúa una crítica objetiva de la forma de
presentación y formula las observaciones
idóneas para solicitar complementos o
aclaraciones. Asimismo, proporciona un
análisis diferenciado de cada documento para
garantizar que estos se ajusten a los tiempos
procesales y al debido proceso, evitando así la
dilación de causas o el archivo inadecuado de
documentos. Es evidente que el uso de la
tecnología dentro del proceso judicial garantiza
la celeridad respetando el debido proceso, como
lo establece la ley. A su vez, examina la forma
en que se presentan las pruebas, las cuales
deben estar acordes a los derechos establecidos,
logrando así la celeridad procesal y la economía
procesal, ya que de manera automática la IA
realiza las observaciones en el momento, dando
tiempo a las partes para subsanar los errores de
forma o de fondo cometidos, evitando así la
acumulación de escritos. Esto refleja cómo la
optimización de procesos mediante la gestión
de IA genera celeridad, además de realizar los
requerimientos necesarios al momento a otras
instituciones con el objetivo de lograr un
adecuado acceso a elementos probatorios, sin la
necesidad de presentar de forma recurrente
escritos o petitorios ante el juzgador. Además,
al implementar la IA en la revisión de escritos
judiciales, como se demuestra en las matrices
anteriormente señaladas, herramientas como
ChatGPT, Claude o DeepSeek pueden analizar
demandas, contestaciones y vicios de
formalidad en segundos, mientras que el capital
humano se demora horas o días en realizar el
mismo análisis. Esta automatización acelera las
etapas preliminares mediante la calificación de
demandas y contestaciones, verificando
requisitos, detectando nulidades y produciendo
la reducción de plazos, evitando así retrocesos
por errores técnicos.
Conclusiones
Finalmente, la IA garantiza el cumplimiento de
la celeridad y la economía procesal al reducir
tiempos amplios de análisis de documentos,
demandas y petitorios, así como las solicitudes

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Vol. 6 No. 12.1
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a instituciones, citaciones o notificaciones a las
partes, logrando una descongestión de procesos.
Esto permite que los jueces puedan obtener
información precisa sobre puntos
fundamentales, facilitando así una observación
transparente de los documentos presentados y
logrando resoluciones más prontas con menor
gasto de recursos públicos y privados. Por otro
lado, es necesario resaltar que al garantizar la
celeridad no se debe sacrificar la calidad del
debate jurídico ni el derecho a la defensa. La IA
debe ser un apoyo eficiente para tareas
repetitivas y filtros iniciales, pero no sustituye
el criterio judicial, la ponderación de pruebas ni
la interpretación contextualizada de normas. La
esencia de las sentencias y resoluciones debe
garantizar un análisis crítico del derecho,
liberando tiempo para que jueces y abogados se
enfoquen en lo sustancial, logrando
argumentaciones sólidas y el acceso a la justicia
del caso concreto. La tecnología bien aplicada
acerca la justicia a la sociedad, pero la esencia
del proceso sigue siendo humana.
El uso de una justicia digital permite realizar
acciones concurrentes sobre documentos que
deben ser analizados y verificados en el
cumplimiento de sustancialidades formales. La
IA es una herramienta indicada que permite este
tipo de acciones en tiempos cortos y de forma
simultánea, pero este instrumento no puede
sacrificar el desarrollo de la sana crítica o la
oralidad del sistema, ya que únicamente se
transformaría en un sistema digital donde la
argumentación es automática y no garantiza un
criterio idóneo sobre las realidades humanas.
Esta tecnología debe lograr disminuir en el
mayor tiempo posible los trámites burocráticos,
siendo necesario que la administración, jueces y
abogados continúen desarrollando
jurisprudencia que se adapte a las necesidades
actuales que se desarrollan en la sociedad,
logrando así un acceso a la justicia de forma
equitativa y eliminando brechas que impidan un
desarrollo social más justo.
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