Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 6.1
Edición Especial VI 2026
Página 654
PREVENCIÓN DELICTIVA COMUNITARIA E INTERCULTURAL FRENTE A LA
INEFICACIA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN GUAYAQUIL
COMMUNITY AND INTERCULTURAL CRIME PREVENTION AGAINST THE
INEFFECTIVENESS OF SECURITY POLICIES IN GUAYAQUIL
Autores: ¹Anahí Carolina Muñoz León, ²Lizeth Alexandra Revelo Barrionuevo y ³Wendy Pilar
Romero Noboa.
¹ORCID ID: https://orcid.org/0009-0000-6712-2836
²ORCID ID: https://orcid.org/0009-0007-4159-8220
3
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8550-2864
¹E-mail de contacto: anahi.muñoz@unach.edu.ec
²E-mail de contacto: lizeth.revelo@unach.edu.ec
³E-mail de contacto: wendy.romero@unach.edu.ec
Afiliación:
1*2*3*
Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas. (Ecuador).
Artículo recibido: 24 de Junio del 2026.
Artículo revisado: 26 de Junio del 2026.
Artículo aprobado: 26 de Junio del 2026.
1
Estudiante de octavo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo, (Ecuador).
²Estudiante de octavo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador).
3
Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República, egresada de la Universidad Nacional de Chimborazo, (Ecuador), con 9 años de
experiencia laboral. Magíster en Derecho mención Derecho Penal y Procesal Penal, egresada de la Universidad Técnica de Ambato
(Ecuador). Magíster en Derecho mención Procesal Constitucional egresada de la Universidad Estatal de Milagro, (Ecuador).
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo
analizar la eficacia de las estrategias
comunitarias e interculturales como
mecanismos de prevención delictiva en
adolescentes afrodescendientes del Suburbio
Oeste de Guayaquil, frente a las limitaciones
del enfoque punitivo y de militarización del
Estado ecuatoriano. La metodología se
desarrolló bajo un enfoque cualitativo con
diseño sociojurídico y documental, mediante la
aplicación de los métodos analítico sintético,
deductivo y dogmático jurídico,
complementados con entrevistas
semiestructuradas dirigidas a informantes clave
de los ámbitos académico y territorial. Como
resultados principales, se determinó que las
políticas estatales orientadas exclusivamente a
la coacción y al aumento de penas resultan
ineficaces y tienden a criminalizar la pobreza,
agravando la doble vulnerabilidad psicosocial
de los jóvenes frente al reclutamiento forzado
por parte de grupos delictivos. En contraste, se
demostró que las prácticas de autoprotección
comunitaria basadas en la recuperación de
saberes ancestrales, la etnoeducación y el arte
funcionan como escudos preventivos altamente
eficientes para neutralizar dicha captación
criminal y restablecer el sentido de pertenencia.
En conclusión, la pacificación sostenible y la
convivencia armónica en los sectores urbanos
marginales dependen de la superación del
centralismo coercitivo mediante la
reconstrucción del tejido social informal. Para
ello, resulta indispensable la implementación
técnica de Centros Palenque de Desarrollo
Integral, concebidos como espacios de
cogestión comunitaria que brinden apoyo
psicosocial, capacitación técnica y expresiones
culturales, devolviendo así la soberanía social
a la comunidad debidamente organizada.
Palabras clave: Prevención delictiva,
Interculturalidad, Cohesión comunitaria,
Adolescentes, Palenques, Política criminal.
Abstract
This article aims to analyze the effectiveness of
community and intercultural strategies as crime
prevention mechanisms for Afro-descendant
adolescents in the West Suburb of Guayaquil,
in light of the limitations of the punitive and
militarization approach of the Ecuadorian
State. The methodology was developed under a
qualitative approach with a socio-legal and
documentary design, through the application of
analytical-synthetic, deductive, and dogmatic-
legal methods, complemented by semi-
structured interviews directed at key
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informants from academic and territorial fields.
As main results, it was determined that state
policies oriented exclusively towards coercion
and the increase of penalties are ineffective and
tend to criminalize poverty, aggravating the
double psychosocial vulnerability of young
people to forced recruitment by criminal
groups. In contrast, it was demonstrated that
community self-protection practices based on
the recovery of ancestral knowledge, ethno-
education, and art function as highly efficient
preventive shields to neutralize such criminal
recruitment and restore a sense of belonging. In
conclusion, sustainable pacification and
harmonious coexistence in marginal urban
sectors depend on overcoming coercive
centralism through the reconstruction of the
informal social fabric. For this purpose, the
technical implementation of Palenque Centers
for Comprehensive Development is essential,
conceived as spaces for community co-
management that provide psychosocial
support, technical training, and cultural
expressions, thus returning social sovereignty
to a duly organized community.
Keywords: Crime prevention,
Interculturality, Community cohesion,
Adolescents, Palenques, Criminal policy.
Sumário
O presente artigo tem como objetivo analisar a
eficácia das estratégias comunitárias e
interculturais como mecanismos de prevenção
delitiva em adolescentes afrodescendentes do
Subúrbio Oeste de Guayaquil, diante das
limitações do enfoque punitivo e de
militarização do Estado equatoriano. A
metodologia desenvolveu-se sob uma
abordagem qualitativa com desenho
sociojurídico e documental, por meio da
aplicação dos métodos analítico-sintético,
dedutivo e dogmático-jurídico,
complementados com entrevistas
semiestruturadas dirigidas a informantes-chave
das áreas acadêmica e territorial. Como
resultados principais, determinou-se que as
políticas estatais orientadas exclusivamente à
coação e ao aumento de penas resultam
ineficazes e tendem a criminalizar a pobreza,
agravando a dupla vulnerabilidade psicossocial
dos jovens frente ao recrutamento forçado por
parte de grupos criminosos. Em contraste,
demonstrou-se que as práticas de autoproteção
comunitária baseadas na recuperação de
saberes ancestrais, na etnoeducação e na arte
funcionam como escudos preventivos
altamente eficientes para neutralizar tal
captação criminal e restabelecer o sentido de
pertencimento. Em conclusão, a pacificação
sustentável e a convivência harmônica nos
setores urbanos marginais dependem da
superação do centralismo coercitivo mediante a
reconstrução do tecido social informal. Para
isso, torna-se indispensável a implementação
técnica de Centros Palenque de
Desenvolvimento Integral, concebidos como
espaços de cogestão comunitária que ofereçam
apoio psicossocial, capacitação técnica e
expressões culturais, devolvendo assim a
soberania social à comunidade devidamente
organizada.
Palavras-chave: Prevenção do crime,
Interculturalidade, Coesão comunitária,
Adolescentes, Palenques, Política criminal.
Introducción
A nivel global, el debate contemporáneo sobre
la seguridad ciudadana ha experimentado un
cambio de paradigma, transitando desde
enfoques tradicionalmente policiales y
militares, hacia modelos integrales orientados a
la prevención del delito y la cohesión social. La
literatura internacional, particularmente los
estudios sobre community-based crime
prevention, evidencian que la desorganización
social y el debilitamiento de los mecanismos de
control social informal dentro de las
comunidades facilitan la apropiación de los
espacios públicos por parte del crimen
organizado (Oliveira y Rodrigues, 2013). En
concordancia, la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC,
2011) sostiene que las estrategias de prevención
son efectivas únicamente cuando abordan los
factores de riesgo estructurales que catalizan la
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criminalidad, en América Latina, este fenómeno
adquiere matices críticos, tal como sostienen
Castillo y Castro (2011), las expresiones de
violencia social y delincuencia se encuentran
íntimamente ligadas a condiciones de
vulnerabilidad común, tales como la pobreza
extrema y la exclusión socioeconómica.
Esta violencia estructural afecta de manera
desproporcionada a la población joven,
convirtiéndola en el principal blanco de los
grupos delictivos organizados debido a factores
psicosociales como la disfuncionalidad familiar
y la deserción escolar (Bravo Terán, 2024),
como consecuencia, las respuestas estatales
suelen inclinarse hacia un populismo penal que
históricamente ha fracasado en mitigar las
causas de fondo. Ecuador no ha sido ajeno a
esta dinámica en su política criminal. Ávila
(2018) explica que, si bien la Constitución de
2008 consolidó un modelo de Estado garantista
diseñado para ofrecer una protección integral y
limitar la privación de libertad a una medida de
última ratio, la realidad institucional evidencia
una marcada transición hacia el punitivismo
penal.
Autores ecuatorianos como López (2023) y
Zambrano (2025) advierten que las recientes
reformas y políticas de seguridad,
caracterizadas por la militarización y los
estados de excepción, no han logrado contener
el crecimiento de la criminalidad,
desatendiendo la autonomía local e
invisibilizando la prevención primaria. Esta
grave ineficacia estatal se palpa de manera
focalizada en el cantón Guayaquil, un punto
geoestratégico disputado por el crimen
organizado transnacional donde la escasez
crónica de servicios básicos ha erosionado el
tejido social local. A pesar de la existencia de
literatura sobre la crisis de seguridad en
Ecuador, la gran mayoría de los estudios
contemporáneos se enfocan en la crisis
penitenciaria o en la dogmática penal del Estado
central, es por ello que se puede denotar que
existe un notable vacío en la literatura respecto
a la efectividad de los mecanismos socio
jurídicos de autoprotección comunitaria con
enfoque intercultural en poblaciones urbano-
marginales.
Por consiguiente, este artículo es necesario para
superar la visión estrictamente coercitiva de la
literatura clásica y demostrar que la
pacificación depende del fortalecimiento del
tejido social autónomo mediante la
revalorización de los saberes ancestrales. Frente
a las limitaciones de la intervención militar, el
presente artículo científico se plantea como
objetivo analizar la eficacia de las estrategias
comunitarias e interculturales como
mecanismos de prevención delictiva en
adolescentes afrodescendientes del Suburbio
Oeste de Guayaquil. Para alcanzar este objetivo,
se empleó una metodología cualitativa con
diseño socio jurídico y documental, aplicando
métodos analítico-sintéticos y dogmático-
jurídicos, complementados con entrevistas
semiestructuradas a actores clave del ámbito
académico y territorial. Los resultados de este
estudio demuestran que las prácticas de
autoprotección basadas en el modelo de los
"Palenques", la etnoeducación y el arte,
configuran un escudo preventivo
sustancialmente más eficaz para neutralizar la
captación criminal que las políticas punitivas
del Estado, validando la necesidad de
implementar modelos de cogestión como los
Centros Palenque de Desarrollo Integral.
Materiales y Métodos
La presente investigación se desarrolló bajo un
enfoque cualitativo con un diseño documental y
socio jurídico, orientado a contrastar la
efectividad del aparato punitivo estatal frente a
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las alternativas de prevención comunitaria en el
Suburbio Oeste de Guayaquil. La población de
estudio para el abordaje territorial estuvo
conformada por jóvenes habitantes de zonas
urbano-marginales de Guayaquil, y para el
abordaje dogmático, por especialistas en
derecho penal ecuatoriano, dentro de lo cual se
seleccionó una muestra de dos informantes
clave que cumplen con perfiles diametralmente
complementarios.
Los criterios de inclusión fueron: a) para el
perfil académico, poseer título de cuarto nivel y
publicaciones comprobables en Criminología y
Política Criminal (cumplido por el Abg. Adrián
Alejandro Alvaracín Jarrín Mg.); y b) para el
perfil comunitario, ser adolescente o joven
adulto afrodescendiente, habitante activo del
Suburbio Suroeste de Guayaquil e involucrado
en la dinámica barrial (cumplido por el joven
J.A.C.V.). Los criterios de exclusión
descartaron a funcionarios públicos activos para
evitar sesgos institucionales. En cuanto a las
técnicas e instrumentos de recolección de datos,
se utilizaron dos vías: primero, la técnica de
revisión documental, empleando como
instrumentos matrices de registro y fichas
bibliográficas para examinar la Constitución, la
normativa penal, y los planes de seguridad
vigentes, y segundo, la técnica de la entrevista
semiestructurada, utilizando como instrumento
una guía de entrevista con preguntas abiertas
validadas previamente, orientada a capturar la
percepción de seguridad y los efectos
territoriales del punitivismo. La técnica de
análisis de datos empleada fue el análisis de
contenido cualitativo sistemático,
complementado con el método analítico-
sintético, deductivo y dogmático-jurídico. Esta
técnica permitió procesar los marcos teóricos
normativos y codificar las narrativas de las
entrevistas, facilitando una triangulación de
datos que garantizó la validez interna del
estudio al contrastar las fuentes jurídicas
secundarias con la realidad empírica de los
informantes.
Resultados y Discusión
A continuación, se presentan los resultados del
estudio.
Tabla 1. Principales resultados.
Categoría de análisis
Hallazgos principales
Interpretación
Política criminal ecuatoriana
Se evidencia una evolución desde un modelo
garantista hacia uno predominantemente punitivo,
caracterizado por el aumento de penas, el uso
frecuente de la prisión preventiva y el
fortalecimiento del poder sancionador del Estado.
La política criminal prioriza la reacción
frente al delito, sin resolver las causas
estructurales que originan la criminalidad.
Vulnerabilidad psicosocial
La delincuencia se relaciona con factores
estructurales como pobreza, exclusión social,
desigualdad, precariedad laboral, debilidad
institucional y limitadas oportunidades educativas.
La conducta delictiva responde a un
fenómeno multicausal que requiere
intervenciones preventivas e integrales,
más allá del enfoque represivo.
Interculturalidad y saberes ancestrales
Los saberes ancestrales fortalecen la identidad
cultural, la cohesión comunitaria y la convivencia
social, constituyéndose en factores protectores
frente a la violencia.
La interculturalidad representa una
estrategia de prevención social del delito
mediante el fortalecimiento del tejido
comunitario.
Limitaciones del enfoque punitivo y la
militarización
El incremento de medidas represivas y la
militarización no han reducido significativamente
la criminalidad y han profundizado problemas
como el hacinamiento penitenciario y la
desconfianza ciudadana.
Las políticas centradas exclusivamente en
la sanción resultan insuficientes para
enfrentar la inseguridad en contextos
urbano-marginales.
Palenques, autonomía y autoprotección
comunitaria
Los palenques constituyen espacios de
organización, resistencia y protección colectiva
que fortalecen la identidad afroecuatoriana y
promueven mecanismos comunitarios de
prevención.
La organización comunitaria emerge como
una alternativa para fortalecer la seguridad
desde un enfoque participativo,
intercultural y basado en derechos
colectivos.
Fuente: Elaboración propia.
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La política criminal ha sido entendida
doctrinariamente como el conjunto de
estrategias, lineamientos y decisiones estatales
orientadas a prevenir, controlar y sancionar la
delincuencia, mediante la implementación de
mecanismos jurídicos, sociales y políticos
destinados a enfrentar el fenómeno criminal.
Por ello, Aguaguiña Criollo (2023, citado por
López, 2023) sostiene que la política criminal
busca reestructurar aquellos factores sociales e
individuales que influyen en las conductas
delictivas; es decir, constituye una
manifestación del poder público a través de la
cual el Estado diseña y ejecuta acciones
destinadas a controlar la criminalidad conforme
al modelo político y social que pretende
proteger.
En el caso ecuatoriano, la política criminal ha
estado marcada por una constante tensión entre
el modelo garantista instaurado con la
Constitución de 2008 y el posterior
fortalecimiento del poder punitivo del Estado.
De acuerdo con Ávila Santamaría (2018), la
Constitución de Montecristi consolidó un
modelo ampliamente garantista, reconocido por
incorporar derechos y garantías orientadas a la
protección integral de las personas dentro del
proceso penal. En este sentido, la Constitución
desarrolló de manera más amplia el contenido
del debido proceso, estableció la
excepcionalidad de la privación de libertad,
reconoció derechos específicos para las
víctimas y las personas privadas de libertad,
creó la Defensoría Pública y dispuso que los
procesos penales se sujeten a los principios de
oportunidad y mínima intervención penal. De
igual forma, se reconoció a la justicia indígena
en igualdad jerárquica con la justicia penal
estatal y redefinió los fines de la pena,
incorporando no solo la rehabilitación, sino
también la garantía de derechos, el desarrollo de
capacidades y la reinserción social de las
personas privadas de libertad. No obstante, la
reforma procesal de 2010 convirtió
determinadas contravenciones en delitos,
amplió los criterios para dictar prisión
preventiva y restringió garantías procesales.
Posteriormente, con la expedición del Código
Orgánico Integral Penal en 2014, se consolidó
un modelo que, aunque mantenía un discurso de
reconocimiento de derechos, incorporó
simultáneamente un aumento de penas, un
incremento de tipos penales y una disminución
de alternativas a la privación de libertad. Pese al
incremento de recursos destinados a la
administración de justicia y al aumento del
número de jueces, fiscales y defensores
públicos, las reformas no fortalecieron
plenamente la independencia judicial ni la
protección de garantías, sino que estuvieron
orientadas principalmente a incrementar la
eficiencia cuantitativa del sistema penal. Según
el autor, la evaluación judicial comenzó a
centrarse en criterios de productividad,
celeridad y número de sentencias, bajo una
lógica de combate a la delincuencia medida en
términos cuantitativos.
Además, el sistema penal ecuatoriano presenta
varios problemas estructurales, como la presión
ejercida sobre los jueces, el uso excesivo de la
prisión preventiva, las falencias en las
investigaciones penales y la permanencia de
prácticas muy formalistas dentro de los
procesos judiciales. Aunque los procedimientos
abreviados y directos permitieron reducir el
tiempo de los procesos, también provocaron que
muchas personas procesadas aceptaran su
responsabilidad para recibir penas menores, lo
que terminó afectando garantías propias del
debido proceso. Por otra parte, López Torres
(2023) ha indicado que la política criminal
ecuatoriana constituye un eje fundamental en la
protección de la seguridad ciudadana, debido a
que no solo comprende un análisis de las
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normas penales, sino también el estudio de las
acciones desarrolladas por el sistema judicial,
los organismos policiales y el sistema
penitenciario. Las reformas penales
implementadas en los últimos años han
derivado en un endurecimiento progresivo de
las penas y en el fortalecimiento de un modelo
orientado prioritariamente hacia la sanción; sin
embargo, estas medidas no han logrado
contener el crecimiento de la criminalidad ni
resolver los problemas estructurales del sistema
penal ecuatoriano, el cual refleja una de sus
principales crisis caracterizada por
hacinamiento, violencia intracarcelaria,
infraestructura deficiente y limitaciones de
recursos que impiden el cumplimiento efectivo
de la rehabilitación y reinserción social.
La comprensión de la delincuencia en las
sociedades contemporáneas exige superar
enfoques reduccionistas que la conciben
exclusivamente como el resultado de decisiones
individuales aisladas. Por ello, resulta
imprescindible analizarla dentro del marco de la
violencia social y estructural, entendida como el
conjunto de condiciones históricas, económicas
y políticas que generan desigualdades
persistentes y limitan el acceso equitativo a
derechos, recursos y oportunidades. Es así que
la vulnerabilidad psicosocial se configura como
un elemento central para explicar la conducta
delictiva, en tanto refleja la interacción entre
factores individuales y estructuras sociales que
condicionan las trayectorias de vida de las
personas. Desde esta perspectiva, la relación
entre pobreza y delincuencia no debe
interpretarse en términos de causalidad directa.
Tal como señalan Castillo y Castro (2011),
ambos fenómenos constituyen manifestaciones
diferenciadas de una misma estructura de
vulnerabilidad social; en consecuencia, la
criminalidad no puede atribuirse únicamente a
la carencia de recursos económicos, sino que
responde a un entramado complejo de
exclusión, desigualdad y limitaciones en el
acceso a oportunidades que afectan el desarrollo
integral de los individuos.
De esta manera, la delincuencia debe entenderse
como una manifestación de condiciones
estructurales más amplias, tales como la
desigual distribución de la riqueza, la
precariedad laboral, la debilidad institucional y
la insuficiente garantía de derechos
fundamentales. Estas condiciones generan
entornos de riesgo que incrementan la
probabilidad de involucramiento en conductas
delictivas, no como una decisión plenamente
libre, sino como resultado de restricciones
estructurales que limitan las alternativas de
vida. Sin embargo, es importante destacar que
la vulnerabilidad no implica determinismo, sino
una mayor exposición a riesgos sociales que
pueden derivar en trayectorias de exclusión.
La vulnerabilidad psicosocial constituye una
condición en la que las personas o grupos
sociales se encuentran expuestos a diversos
factores de riesgo que afectan su estabilidad
emocional, psicológica y social, limitando su
capacidad de adaptación e integración dentro de
la sociedad. Diversos estudios sostienen que
dicha vulnerabilidad surge como consecuencia
de la interacción de factores sociales,
económicos, familiares, culturales e
individuales que influyen directamente en el
comportamiento humano y en la forma en que
las personas enfrentan su entorno. Desde esta
perspectiva, la delincuencia ha sido entendida
como un fenómeno social multicausal, en el
cual intervienen distintos elementos
psicosociales que pueden influir en la aparición
de conductas antisociales. La doctrina
psicológica señala que determinados contextos
sociales y familiares pueden propiciar patrones
de comportamiento caracterizados por la falta
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de adaptación a las normas sociales, conductas
agresivas, actitudes impulsivas, escasa empatía
y dificultades para establecer relaciones
sociales adecuadas. La Asociación Americana
de Psiquiatría, a través del Manual Diagnóstico
y Estimación de los Trastornos Mentales DSM-
5, sostiene que los comportamientos
antisociales suelen estar relacionados con
antecedentes persistentes de conductas
disociales y con la presencia de factores
psicológicos y sociales que afectan el desarrollo
integral de las personas.
En consecuencia, la vulnerabilidad psicosocial
debe entenderse como una problemática
compleja y multidimensional, vinculada no solo
con condiciones individuales, sino también con
factores estructurales de desigualdad, exclusión
y violencia social. Por ello, su análisis requiere
un enfoque integral que permita comprender
cómo determinadas condiciones sociales
pueden influir en la aparición de conductas
antisociales y en la afectación de derechos
fundamentales, especialmente dentro de
contextos marcados por pobreza, marginalidad
y falta de acceso a oportunidades sociales y
educativas. La interculturalidad constituye un
principio orientado al reconocimiento y respeto
de la diversidad cultural dentro de una sociedad,
promoviendo el diálogo y la convivencia entre
los distintos pueblos y nacionalidades. En el
caso ecuatoriano, este principio adquiere
especial relevancia debido al reconocimiento
constitucional del Estado como plurinacional e
intercultural, lo cual implica la protección de las
identidades culturales, las tradiciones y los
conocimientos ancestrales de los pueblos
indígenas y afroecuatorianos. De acuerdo con
Martínez et al. (2024), los saberes ancestrales
comprenden el conjunto de conocimientos,
prácticas y formas de organización transmitidas
de generación en generación dentro de las
comunidades. Estos saberes abarcan ámbitos
relacionados con la medicina tradicional, la
agricultura, la espiritualidad, las prácticas
comunitarias y la relación armónica con la
naturaleza. Asimismo, constituyen elementos
fundamentales para la preservación de la
identidad cultural y el fortalecimiento de la
memoria colectiva de los pueblos y
nacionalidades.
De igual manera, el reconocimiento de los
saberes ancestrales se encuentra vinculado al
principio del Sumak Kawsay o Buen Vivir, el
cual plantea una convivencia equilibrada entre
las personas, la comunidad y la naturaleza.
Desde esta perspectiva, los conocimientos
ancestrales no solo representan prácticas
culturales tradicionales, sino también formas
alternativas de organización social y de
construcción colectiva del bienestar. Es por esto
que la interculturalidad y los saberes ancestrales
constituyen elementos esenciales dentro del
Estado constitucional de derechos y justicia,
debido a que promueven la preservación
cultural, el fortalecimiento comunitario y el
reconocimiento de la diversidad como parte
fundamental de la sociedad ecuatoriana.
En Ecuador, a pesar de contar con un marco
constitucional originariamente garantista, las
sucesivas reformas penales han consolidado un
modelo orientado casi exclusivamente hacia la
sanción y el aumento de penas. Este enfoque
reactivo ataca las manifestaciones superficiales
del delito, pero omite la intervención sobre las
condiciones estructurales de fondo, tales como
la exclusión socioeconómica, la precariedad
laboral y la falta de oportunidades. En contextos
urbano-marginales como los del cantón
Guayaquil, donde históricamente diversos
barrios han sido vulnerados por la escasez de
servicios básicos y la ausencia integral del
Estado, la militarización del espacio público no
logra contener el crecimiento de la criminalidad
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ni mermar el poder de las estructuras delictivas.
Pese al incremento de recursos destinados al
aparato represivo y a la administración de
justicia, la lógica de combatir a la delincuencia
midiendo la eficacia en términos cuantitativos y
punitivos ha demostrado ser insuficiente para
resolver los problemas de inseguridad.
La política de seguridad ciudadana no puede
depender exclusivamente de la fuerza
coercitiva; de hecho, los propios instrumentos
de planificación local reconocen que para
pacificar la ciudad se requiere reconstruir el
tejido social roto, asumiendo que "no todo son
balas". Las consecuencias de sostener un
enfoque predominantemente punitivo se
reflejan, en primera instancia, en la grave crisis
penitenciaria del país, la cual se caracteriza por
el hacinamiento y la violencia intracarcelaria,
factores que anulan cualquier posibilidad de
rehabilitación y reinserción social efectiva. En
segunda instancia, en los sectores periféricos, la
respuesta armada del Estado profundiza la
desconfianza ciudadana y tiende a criminalizar
la pobreza.
En este escenario, los adolescentes y jóvenes
afrodescendientes enfrentan una
estigmatización que agrava su situación de
doble vulnerabilidad. Para esta población,
atrapada entre la marginalidad y la coacción de
los grupos de delincuencia organizada, la
represión estatal no representa un factor
disuasivo real, sino que evidencia el
agotamiento de un modelo de seguridad que
ignora sistemáticamente la prevención primaria
y social. Es ahí donde la ineficacia de la
militarización en zonas urbano-marginales
subraya la urgencia de abandonar la visión
estrictamente sancionadora. Es imperativo que
el Estado transite hacia políticas integrales que
reconozcan a las comunidades no como simples
escenarios de operativos tácticos, sino como
actores estratégicos capaces de ejercer una
autoprotección efectiva mediante la
revalorización de su identidad, el pluralismo
jurídico y la gestión comunitaria de sus propios
territorios.
Los palenques han sido históricamente formas
de organización y resistencia construidas por las
poblaciones afrodescendientes frente a
contextos de esclavitud, exclusión y
dominación. En el caso ecuatoriano, los
palenques representan espacios vinculados a la
preservación cultural, la organización
comunitaria y la defensa de los derechos
colectivos. Incluso, diversos estudios
relacionan a los palenques con procesos de
autonomía territorial y autodeterminación de los
pueblos afroecuatorianos. De acuerdo con el
Consejo Regional de Palenques, la autonomía
de los pueblos afroecuatorianos comprende el
derecho al autogobierno conforme a sus
tradiciones, costumbres y manifestaciones
culturales, así como la capacidad de decidir
sobre sus prioridades de planificación,
administración de justicia, uso de recursos
naturales y formas de organización comunitaria.
En este sentido, los palenques se configuran
como mecanismos de fortalecimiento
identitario y protección colectiva dentro de los
territorios ancestrales afroecuatorianos.
Asimismo, la Constitución ecuatoriana
reconoce derechos colectivos a los pueblos
afroecuatorianos, entre ellos el derecho a
mantener y fortalecer su identidad cultural,
conservar sus tradiciones, proteger sus
territorios ancestrales y desarrollar formas
propias de organización social. Estos derechos
se encuentran vinculados al reconocimiento del
Ecuador como un Estado plurinacional e
intercultural, orientado a garantizar la
participación y protección de los pueblos y
nacionalidades históricamente excluidos. Desde
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esta perspectiva, Tapia (2018) manifiesta que
los palenques también pueden entenderse como
mecanismos de autoprotección comunitaria
frente a procesos de discriminación, violencia y
vulneración de derechos. Diversas
investigaciones sostienen que estas formas
organizativas permiten fortalecer la cohesión
social, preservar prácticas ancestrales y
promover la defensa colectiva del territorio, la
cultura y la identidad afrodescendiente.
Al examinar la realidad sociodemográfica del
Suburbio Oeste de Guayaquil, se observa que la
población adolescente afrodescendiente
experimenta una doble vulnerabilidad: a la
carencia estructural de oportunidades
socioeconómicas se suma la erosión sistemática
de su memoria histórica y cohesión identitaria.
Esta desprotección estatal es capitalizada por
los grupos de delincuencia organizada (GDO),
quienes asumen un rol pseudolegitimador al
ofrecer a los jóvenes un sentido distorsionado
de pertenencia, estatus e ingresos económicos
inmediatos a través del reclutamiento forzado.
Los datos recolectados demuestran de manera
unánime que las intervenciones estatales
basadas en la fuerza de coacción resultan
ineficaces para quebrar esta dinámica. Al
respecto, el testimonio de J.A.C.V. expone de
forma cruda que cuando el Estado ingresa al
Suburbio con fusiles, tanquetas y toques de
queda, patea puertas y criminaliza a los jóvenes
y afrodescendientes bajo un sesgo de
presunción delictiva por el mero hecho de
habitar en una zona vulnerable. Esta incursión
eminentemente represiva es percibida con
impotencia y coraje, transformando al barrio en
lo que los habitantes consideran un campo de
batalla en lugar de un territorio residencial
familiar. Esta desconexión entre el diseño
constitucional y la operatividad policial es
evaluada en el plano normativo por el docente
Adrián Alejandro Alvaracín Jarrín, quien
califica el abandono del modelo garantista en
favor de estrategias militarizadas como un
grave equívoco.
Las garantías constitucionales y la mínima
intervención penal representan límites formales
e indispensables al ejercicio del poder; por
tanto, cuando el Estado se desentiende de ellas,
propicia escenarios de arbitrariedad y abuso
institucionalizado. La insistencia ciudadana y
mediática en el endurecimiento penal, pese a
que la evidencia empírica demuestra su fracaso
en detener la captación delictiva de menores, es
explicada por el académico a través de la
categoría de la "demagogia vindicativa".
Amparados en los postulados de Neuman, se
devela que detrás del discurso del populismo
penal se articulan marcados intereses de
carácter electoral y económico que lucran
políticamente con la división social entre los
transgresores y "los otros".
Esta manipulación ideológica invisibiliza que la
verdadera seguridad ciudadana, desde la óptica
territorial compartida por J.A.C.V., no consiste
en saturar las esquinas de policías uniformados,
lo cual suele incrementar el temor a detenciones
arbitrarias y balaceras, sino en dotar de
oportunidades reales a los jóvenes para que
asistan al sistema educativo o accedan a un
empleo digno, neutralizando la oferta
económica de las bandas que actualmente
dominan el mercado laboral informal de la
periferia. Frente a la inoperancia del sistema
represivo tradicional, emerge el debate en torno
a la optimización e impacto de los flujos de
recursos destinados al sector. La discusión de
los hallazgos determina que la pacificación del
Suburbio Oeste requiere una reorientación
radical en la procedencia y el destino de los
capitales de inversión social. Resulta
indispensable complementar los recursos
económicos que devienen del Estado central y
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municipal con las capacidades orgánicas de
autogestión de la propia comunidad, así como
con el soporte estratégico y técnico aportado por
el proyecto mediante la vinculación de
entidades externas, tales como universidades,
organizaciones no gubernamentales y agencias
de cooperación internacional.
Esta articulación tripartita de recursos permite
superar el asistencialismo inerte, garantizando
que el financiamiento público e institucional se
traduzca en procesos formativos sostenibles. Al
dotar a las organizaciones barriales de
infraestructura, insumos y herramientas
pedagógicas, se les está proporcionando un
capital cognitivo y organizativo de largo
alcance. Este enfoque integral asegura una
transferencia efectiva de capacidades a los
jóvenes del sector, dotándolos de
conocimientos técnicos, habilidades digitales y
competencias de emprendimiento que le
servirán a futuro para insertarse de manera
competitiva en el entramado productivo formal
y romper de forma definitiva los ciclos
intergeneracionales de exclusión y
criminalidad. Las experiencias de
autoprotección comunitaria articuladas bajo el
concepto de los "Palenques" contemporáneos
demuestran que las iniciativas basadas en el
arte, la cultura y la etnoeducación operan como
escudos preventivos de alta eficiencia.
El entrevistado J.A.C.V. valida plenamente esta
premisa al afirmar que las artes cubren el vacío
identitario y la necesidad de pertenencia que los
adolescentes buscan erróneamente en las redes
de las bandas. La recuperación de la historia
afrodescendiente de los Palenques, el uso del
tambor, el teatro y la danza infunden un sentido
de dignidad y resistencia pacífica que
transforma la mentalidad de los menores,
orientándolos a levantar su comunidad en lugar
de destruirla. Esta reconstrucción del control
social informal requiere, como señala el joven
del Suburbio, perder el miedo a dialogar entre
vecinos, recuperar la calle y restablecer las
redes comunitarias solidarias de antaño para
cuidar colectivamente a los hijos de las madres
trabajadoras y dictar talleres autogestionados.
Para institucionalizar esta práctica, se plantea la
viabilidad de la propuesta técnica de los
"Centros Palenque de Desarrollo Integral", los
cuales deben edificarse en las zonas de mayor
conflictividad y basarse en tres ejes
fundamentales: salud mental y apoyo
psicosocial para procesar los traumas de la
violencia; capacitación técnica rápida
conectada a bolsas de empleo del sector
privado; y programas deportivos y culturales
nocturnos administrados autónomamente por
los líderes barriales. Esta estructura operativa se
complementa con la visión jurídica del Abg.
Alvaracín Jarrín, quien sostiene que la
protección constitucional efectiva de las
poblaciones vulnerabilizadas se concreta
mediante políticas públicas redistributivas en
salud y educación, instando al diseño de una
política criminal orientada hacia modelos
alternativos de gestión de conflictos que
privilegien la reparación integral del daño
social, una cualidad que el derecho penal
punitivo es incapaz de ofrecer.
Conclusiones
La investigación realizada permite derivar las
siguientes conclusiones fundamentales respecto
al fenómeno de la prevención delictiva y la
realidad social en el Suburbio Oeste de
Guayaquil: En primera instancia, la política
criminal ecuatoriana, al haber optado por un
modelo orientado casi exclusivamente hacia la
coacción y el aumento punitivo, demuestra una
ineficacia estructural crítica al momento de
abordar la realidad de los sectores periféricos.
Esta aproximación reactiva no solo ha fracasado
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en la contención del reclutamiento de menores,
sino que ha institucionalizado una forma de
criminalización de la pobreza que estigmatiza a
la población afrodescendiente. Por tanto, es
imperativo que el Estado reconsidere la
viabilidad de un modelo que, bajo el pretexto de
la seguridad, desatendió la prevención primaria
y fracturó la confianza institucional en los
territorios más vulnerables.
Asimismo, se concluye que el concepto de
seguridad ciudadana debe ser resignificado
desde la perspectiva de las comunidades
urbano-marginales. Para la población
adolescente del Suburbio Oeste, la seguridad no
es equivalente a la militarización del espacio
público, la cual es percibida como una amenaza
de arbitrariedad, sino que depende directamente
de la existencia de trayectorias de vida
alternativas. La neutralización del poder de las
estructuras delictivas, que hoy operan como los
únicos oferentes de sustento económico,
requiere políticas públicas afirmativas que
garanticen el acceso real a la educación técnica,
a la salud integral y a un mercado laboral digno
que proteja la niñez en riesgo. Por otra parte,
los resultados confirman que la reconstrucción
del tejido social informal mediante prácticas de
base intercultural constituye una herramienta
preventiva de alta eficacia que supera el valor
ornamental o folclórico. El rescate de la
memoria histórica afrodescendiente,
vehiculizado a través de la etnoeducación, el
teatro, el tambor y la danza, actúa como un
escudo protector que dota a los jóvenes de
dignidad y sentido de pertenencia. Al fortalecer
estas expresiones culturales, la comunidad no
solo logra sanar los traumas colectivos
derivados de la violencia estructural, sino que
también recupera el ejercicio autónomo de su
control social frente a las dinámicas delictivas.
Se determina que el modelo organizativo de los
"Palenques" contemporáneos posee una solidez
dogmática respaldada por el marco
constitucional ecuatoriano de derechos
colectivos y pluralismo jurídico. Este diseño no
debe limitarse a una iniciativa de autogestión
aislada, sino que debe institucionalizarse
mediante la creación de "Centros Palenque de
Desarrollo Integral". Estos espacios representan
una alternativa de cogestión socio jurídica
capaz de articular eficazmente los recursos
públicos con la gobernanza barrial, siendo la vía
más expedita para devolver la soberanía social
a la comunidad y garantizar una pacificación
duradera frente a la criminalidad organizada.
Agradecimientos (opcional)
Este artículo es el resultado de un esfuerzo
colectivo, agradecemos profundamente a los
líderes barriales y jóvenes del Suburbio Oeste
de Guayaquil por su apertura, confianza y
valiosa contribución al conocimiento de las
dinámicas comunitarias. De igual manera,
extendemos nuestro reconocimiento al Abg,
Adrián Alejandro Alvaracín Jarrín Mg. y
especialistas que, mediante su mentoría y
reflexión crítica, permitieron consolidar el
sustento dogmático de este estudio, así como a
la revista Ciencia y Educación por facilitar el
espacio para la difusión de este conocimiento.
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Muñoz León, Lizeth Alexandra Revelo
Barrionuevo y Wendy Pilar Romero Noboa.
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Contribución de los autores (Taxonomía CRediT).
Anahí Carolina-Muñoz León: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de los
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