DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y ACCESO EQUITATIVO: DESAFÍOS PARA
SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL EN ECUADOR
RIGHT TO HIGHER EDUCATION AND EQUITABLE ACCESS: CHALLENGES TO ITS
CONSTITUTIONAL GUARANTEE IN ECUADOR
Autor
es
:
¹
Pedro Ecuador Zambrano Zambrano
.
¹
ORCID ID:
https://orcid.org/
0009
-
0002
-
5956
-
2780
¹
E
-
mail de contacto:
pedrizam.z@hotmail.com
Afiliación: ¹*Universidad Técnica Particular de Loja, (Ecuador
)
.
Artículo recibido: 15 de Septiembre del 2026.
Artículo revisado: 25 de Septiembre del 2026.
Artículo aprobado: 25 de Septiembre del 2026.
1
Abogado, graduado de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador
)
, con experiencia profesional en el ámbito jurídico. Magíster
en Derecho Procesal y Litigación Oral, graduado de la Universidad Internacional SEK, (Ecuador). Magistratura y Derecho Judicial por la
Universidad de Génova, (Italia). Doctorante en Derecho de la Universidad Central de Querétaro, (México)
Resumen
El objetivo del presente estudio fue analizar el
derecho a la educación superior y los desafíos
para
garantizar
un
acceso
equitativo
en
Ecuador,
considerando
las
disposiciones
constitucionales,
las
políticas
públicas
y
las
condiciones que inciden en el ejercicio efectivo
de este derecho. Se desarrolló una investigación
con
enfoque
cualitativo,
de
tipo
jurídico
y
descriptivo, bajo un diseño no experimental. La
metodología
se
sustentó
en
la
revisión
documental
de
leyes,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
publicaciones
académicas
y
disposiciones
relacionadas
con
la
educación
superior;
además,
se
aplicaron
los
métodos
deductivo
y
analítico
para
examinar
el
marco
normativo y la realidad del sistema educativo
ecuatoriano.
Los
resultados
evidenciaron
una
persistente brecha entre la oferta y la demanda
de educación superior; en 2022 se registraron
270.745
aspirantes
frente
a
una
oferta
de
129.583
cupos.
Asimismo,
se
identificaron
limitaciones vinculadas con el financiamiento,
la
capacidad
institucional
y
las
desigualdades
socioeconómicas que afectan principalmente a
estudiantes de bajos recursos y de zonas rurales.
Los cambios en los mecanismos de admisión y
la
autonomía
otorgada
a
las
instituciones
también
plantean
la
necesidad
de
garantizar
procesos
transparentes,
inclusivos
y
no
discriminatorios.
Se
concluye
que
el
reconocimiento constitucional de la educación
superior requiere complementarse con políticas
públicas
orientadas
a
ampliar
la
oferta
académica,
fortalecer
el
financiamiento
y
reducir
las
desigualdades,
de
manera
que
el
acceso equitativo se materialice efectivamente
como un derecho social en Ecuador.
Palabras clave: Educación superior, Derecho
social,
Acceso
equitativo,
Garantía
constitucional,
Políticas
públicas,
Igualdad
de oportunidades.
Abstract
The objective of this study was to analyze the
right
to
higher
education
and
the
challenges
involved
in
ensuring
equitable
access
in
Ecuador, considering constitutional provisions,
public
policies,
and
the
conditions
that
influence the effective exercise o
f this right. A
qualitative
study
with
a
legal
and
descriptive
approach
was
conducted
using
a
non
-
experimental
design.
The
methodology
was
based
on
a
documentary
review
of
laws,
regulations,
decrees,
agreements,
academic
publications,
and
provisions
relate
d
to
higher
education. In addition, deductive and analytical
methods were applied to examine the regulatory
framework
and
the
reality
of
the
Ecuadorian
education
system.
The
results
revealed
a
persistent
gap
between
the
supply
of
and
demand for higher educ
ation; in 2022, 270,745
applicants
were
registered,
compared
with
an
offer of 129,583 available places. Furthermore,
limitations
related
to
funding,
institutional
capacity, and socioeconomic inequalities were
identified,
particularly
affecting
low
-
income
s
tudents and those from rural areas. Changes in
admission
mechanisms
and
the
autonomy
granted to institutions also highlight the need to
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ensure
transparent,
inclusive,
and
non
-
discriminatory
processes.
It
is
concluded
that
the
constitutional
recognition
of
higher
education
must
be
complemented
by
public
policies
aimed
at
expanding
academic
offerings, strengthening funding, and reducing
ineq
ualities,
so
that
equitable
access
can
be
effectively realized as a social right in Ecuador.
Keywords:
Higher
education,
Social
right,
Equitable
access,
Constitutional
guarantee,
Public policy, Equal opportunities.
Sumário
O
objetivo
do
presente
estudo
foi
analisar
o
direito à educação superior e os desafios para
garantir
um
acesso
equitativo
no
Equador,
considerando as disposições constitucionais, as
políticas públicas e as condições que incidem no
exercício
efetivo
desse
d
ireito.
Foi
desenvolvida
uma
pesquisa
de
abordagem
qualitativa, de caráter jurídico e descritivo, sob
um desenho não experimental. A metodologia
baseou
-
se
na
revisão
documental
de
leis,
regulamentos,
decretos,
acordos,
publicações
acadêmicas
e
disposições
relacionadas
à
educação superior; além disso, foram aplicados
os métodos dedutivo e analítico para examinar
o
marco
normativo
e
a
realidade
do
sistema
educacional
equatoriano.
Os
resultados
evidenciaram
uma
persistente
lacuna
entre
a
oferta e a demanda de
educação superior; em
2022,
foram
registrados
270.745
candidatos
diante
de
uma
oferta
de
129.583
vagas.
Da
mesma
forma,
foram
identificadas
limitações
relacionadas
ao
financiamento,
à
capacidade
institucional
e
às
desigualdades
socioeconômicas,
que
afetam
principalmente
estudantes
de
baixa
renda
e
provenientes
de
áreas rurais. As mudanças nos mecanismos de
admissão
e
a
autonomia
concedida
às
instituições também evidenciam a necessidade
de garantir processos transparentes, inclusivos e
não
discriminatórios.
Conclui
-
se
que
o
reconhecimento
constitucional
da
educação
superior deve ser complementado por políticas
públicas
voltadas
à
ampliação
da
oferta
acadêmica, ao fortalecimento do financiamento
e à redução das desigualdades, de modo que o
acesso
equitativo
se
concretize
efetivamente
como um direito social no Equador.
Palavras
-
chave:
Ensino
superior,
Direito
social,
Acesso
equitativo,
Garantia
constitucional, Políticas públicas, Igualdade
de oportunidades.
Introducción
La educación superior desempeña una función
relevante en la construcción de sociedades más
inclusivas,
al
favorecer
la
formación
profesional, la generación de conocimiento y la
ampliación
de
oportunidades
individuales
y
colectivas.
Su
importancia
trasciende
la
obtención
de
una
titulación,
puesto
que
sus
beneficios
alcanzan
ámbitos
sociales,
económicos
y
culturales.
Desde
esta
perspectiva, garantizar este derecho implica no
solamente disponer de instituciones educativas,
sino
establecer condiciones que permitan a la
población
acceder
a
ellas
bajo
principios
de
igualdad y equidad. En el caso ecuatoriano, esta
relación adquiere especial importancia debido a
que
la
educación
superior
forma
parte
de
un
sistema
cuya
configuración
y
funcionamiento
han
estado
estrechamente
vinculados
con
las
decisiones y políticas adoptadas por el Estado
(Beltrán, 2021).
El
ordenamiento
constitucional
ecuatoriano
otorga una protección expresa a la educación. El
artículo 26 de la Constitución de la República
del Ecuador la reconoce como un derecho de las
personas durante toda su vida y como un deber
ineludible e inexcusable del Estado; además, la
vincula con la igualdad, la inclusión social y la
inversión pública. A ello se suma el artículo 28,
que
determina
la
gratuidad
de
la
educación
pública hasta el tercer nivel. Estas disposiciones
configuran
un
marco
jurídico
orientado
a
generar
oportunidades
de
formación
para
la
población.
Sin
embargo,
la
existencia
de
garantías
constitucionales
no
significa
necesariamente que el acceso se materialice en
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condiciones
equivalentes
para
todos
los
aspirantes, particularmente cuando intervienen
factores
económicos,
territoriales
e
institucionales
que
pueden
limitar
el
ejercicio
efectivo del derecho.
La
materialización
de
estos
principios
constitucionales depende también de la forma
en que la equidad es incorporada en las políticas
que regulan la educación superior. El análisis
realizado por Parra (2024) identifica diferencias
en la manera en que este principio es concebido
dentro de los distintos instrumentos de política
educativa.
Mientras
algunos
enfatizan
elementos
relacionados
con
la
autonomía,
la
identidad y la igualdad, otros conceden mayor
relevancia
a
aspectos
vinculados
con
la
competitividad
y
la
globalización.
Esta
diversidad de enfoques evidencia la importancia
de mantener coherencia entre la formulación de
la equidad y su aplicación efectiva dentro del
sistema universitario.
Desde una perspectiva integral, la garantía del
derecho a la educación no depende únicamente
de su reconocimiento normativo. Rodino (2015)
identifica cuatro dimensiones fundamentales: la
asequibilidad o disponibilidad, relacionada con
la
existencia
suficiente
de
instituciones
y
programas
educativos;
la
accesibilidad,
vinculada
con
la
eliminación
de
barreras
económicas
y
discriminatorias;
la
aceptabilidad,
asociada
con
la
calidad
e
idoneidad de la educación; y la adaptabilidad,
entendida
como
la
capacidad
del
sistema
educativo
para
responder
a
las
necesidades
sociales
y
culturales.
Este
enfoque
permite
analizar el acceso a la educación superior más
allá del ingreso formal, considerando también
las
condiciones
materiales
e
institucionales
necesarias
para
su
ejercicio
efectivo.
Esta
problemática adquiere mayor relevancia cuando
la
educación
superior
es
examinada
como
un
bien
cuyos
beneficios
no
se
restringen
exclusivamente
a
quienes
acceden
a
ella.
Beltrán (2021) plantea que las restricciones que
impiden
el
acceso
de
determinados
grupos
también
reducen
los
beneficios
que
la
educación puede generar para el conjunto de la
sociedad.
Bajo
esta
perspectiva,
la
equidad
requiere
superar
una
concepción
exclusivamente formal del ingreso y considerar
las
condiciones
reales
que
enfrentan
los
aspirantes, especialmente aquellos provenientes
de
contextos
socioeconómicos
o
territoriales
desfavorables.
De
esta
manera,
el
acceso
equitativo se relaciona tanto con la existencia de
oportunidades
educativas
como
con
la
capacidad
del
sistema
para
evitar
que
determinadas
circunstancias
sociales
se
conviertan en mecanismos de exclusión.
Por
su
parte,
Rincón
(2026),
al
examinar
las
desigualdades
en
el
acceso
a
la
educación
superior
latinoamericana,
plantea
que
la
exclusión
educativa
responde
a
factores
estructurales
de
carácter
socioeconómico,
territorial
y
étnico
que
condicionan
las
oportunidades
de
formación.
Estas
desigualdades
pueden
extenderse
desde
el
ingreso hasta la permanencia y culminación de
los
estudios
universitarios.
Esta
perspectiva
permite situar la problemática ecuatoriana en un
contexto
regional,
donde
el
reconocimiento
jurídico
del
derecho
a
la
educación
requiere
acompañarse
de
medidas
que
atiendan
las
condiciones
particulares
de
los
grupos
históricamente desfavorecidos.
En la misma línea, las desigualdades dentro del
ámbito
universitario
pueden
expresarse
mediante
diferentes
formas
de
exclusión
y
discriminación. Brito et al. (2020) advierten que
estas
prácticas
pueden
afectar
derechos
fundamentales de los estudiantes y manifestarse
a
partir
de
factores
sociales,
económicos
o
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culturales. Por ello, la garantía del derecho a la
educación
superior
no
puede
limitarse
al
ingreso formal a una institución, sino que debe
vincularse
con
políticas
y
condiciones
que
favorezcan
la
inclusión
y
la
igualdad
de
oportunidades.
En este sentido, Vázquez et al.
(2022) señalan que el entorno educativo debe
constituirse como un espacio libre de prácticas
discriminatorias y de
exclusión, debido
a que
estas
pueden
afectar
tanto
el
rendimiento
académico
como
el
desarrollo
integral
de
los
estudiantes. Esta perspectiva amplía el análisis
de la equidad, pues evidencia que garantizar el
derecho
a
la
educación
superior
no
implica
únicamente
facilitar
el
ingreso,
sino
también
generar
condiciones
que
favorezcan
la
permanencia y el desenvolvimiento académico
de quienes acceden al sistema.
En
esta
misma
línea,
Filippou
et
al.
(2025),
mediante
una
revisión
sistemática
de
la
literatura sobre políticas y prácticas inclusivas
en
la
educación
superior,
examinan
las
condiciones
institucionales
que
favorecen
la
participación
de
estudiantes
pertenecientes
a
grupos
subrepresentados.
Su
investigación
aporta una perspectiva que vincula la inclusión
con las prácticas educativas y los apoyos que
reciben
los
estudiantes
durante
su
formación.
Este
enfoque
complementa
el
análisis
del
derecho a la educación superior, al considerar
que
la
equidad
debe
expresarse
tanto
en
las
oportunidades
de
ingreso
como
en
las
condiciones que facilitan la continuidad de los
estudios.
Las
desigualdades
que
condicionan
el
acceso
también pueden manifestarse en las decisiones
que
adoptan
los
aspirantes
dentro
del
propio
sistema
universitario.
La
investigación
realizada por Bustamante et al. (2026) evidencia
que
los
estudiantes
de
menor
nivel
socioeconómico, con trayectorias educativas no
tradicionales
o
con
desventajas
educativas
previas
presentan
condiciones
menos
favorables
en
los
procesos
de
admisión
y
elección de estudios. Estos hallazgos muestran
que las oportunidades educativas no dependen
exclusivamente del mérito académico, sino que
también
pueden
estar
condicionadas
por
factores
sociales
y
por
las
trayectorias
educativas acumuladas previamente.
En
una
investigación
desarrollada
en
Chile,
Espinoza et al. (2023) analizan la segmentación
de
la
educación
superior
y
muestran
que
la
ampliación
de
la
cobertura
universitaria
no
implica
necesariamente
una
distribución
equitativa de las oportunidades educativas. Las
diferencias
asociadas
al
origen
social
y
a
las
condiciones
económicas
de
los
estudiantes
pueden mantenerse dentro de sistemas que han
experimentado procesos de masificación. Este
antecedente
internacional
resulta
pertinente
para el caso ecuatoriano, pues permite distinguir
entre el incremento de la oferta académica y la
posibilidad efectiva de acceder a instituciones y
programas
educativos
en
condiciones
de
equidad.
Lino et al., (2024) señalan que las reformas de
los mecanismos de admisión y el incremento de
la oferta académica no han sido suficientes para
garantizar el
acceso equitativo a la educación
superior
ecuatoriana.
Su
investigación
identifica
que
las
limitaciones
de
infraestructura,
financiamiento
y
recursos
institucionales,
junto
con
las
desigualdades
socioeconómicas,
dificultan
el
ejercicio
efectivo
de
este
derecho.
Estos
hallazgos
evidencian
la
necesidad
de
analizar
conjuntamente las garantías constitucionales y
las condiciones materiales que determinan las
oportunidades
de
ingreso.
Desde
una
perspectiva
complementaria,
Cabrera
(2025)
sostiene que,
la gestión académica universitaria
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debe articular la formación profesional con la
responsabilidad
social
y
el
desarrollo
integral
del
estudiante.
Desde
esta
perspectiva,
las
instituciones
de
educación
superior
no
deben
limitarse
a
transmitir
conocimientos,
sino
incorporar
estrategias
que
respondan
a
las
necesidades de aprendizaje y al contexto social
de
su
comunidad
estudiantil.
Este
planteamiento
complementa
el
análisis
del
acceso a la educación superior en Ecuador, al
destacar que la garantía de este derecho también
requiere
una
gestión
institucional
capaz
de
favorecer
la
inclusión,
la
participación
y
la
permanencia estudiantil.
Las
condiciones
de
acceso
también
se
relacionan
con
la
trayectoria
educativa
previa
de
los
aspirantes.
La
preparación
adquirida
durante el bachillerato constituye un elemento
relevante para la transición hacia la educación
superior;
sin
embargo,
la
igualdad
de
oportunidades
exige
considerar
no
solo
las
capacidades
académicas,
sino
también
las
características individuales y el contexto social
de
procedencia.
Desde
esta
perspectiva,
las
desigualdades acumuladas en etapas educativas
anteriores
pueden
proyectarse
sobre
las
posibilidades
posteriores
de
ingreso
y
adaptación al sistema universitario.
En
Ecuador,
el
modelo
de
ingreso
a
la
educación superior ha experimentado diversas
modificaciones.
Durante
los
últimos
años
se
sucedieron
mecanismos
nacionales
de
evaluación
hasta
la
implementación
del
Test
Transformar en 2021 y su posterior eliminación
en 2022. A partir del Decreto Ejecutivo número
494 se trasladó a las universidades y escuelas
politécnicas
una
mayor
responsabilidad
en
la
organización
de
sus
procedimientos
de
admisión.
Este
cambio
buscó
modificar
la
gestión
del
acceso
y
ampliar
la
autonomía
institucional;
sin
embargo,
las
dificultades
vinculadas
con
la
equidad
y
la
capacidad
del
sistema
para
atender
la
demanda
no
desaparecieron
con
la
transformación
del
mecanismo de evaluación.
Las
reformas
implementadas
en
la
educación
superior ecuatoriana permiten comprender que
los
mecanismos
de
admisión
forman
parte
de
transformaciones
más
amplias
del
sistema
universitario. La investigación desarrollada por
Latorre
(2020)
muestra
que
las
políticas
aplicadas
durante
el
período
2010–2017
incorporaron
procesos
de
evaluación,
categorización
institucional
y
gestión
de
la
calidad
orientados
al
fortalecimiento
de
un
sistema
basado
en
el
mérito.
Sin
embargo,
el
estudio
identifica
tensiones
entre
el
mejoramiento
de
la
calidad
y
la
democratización del acceso, evidenciando una
relación
compleja
entre
calidad,
selección
y
equidad.
Dentro
de
estas
transformaciones,
los
mecanismos específicos utilizados para regular
el
ingreso
también
han
sido
objeto
de
cuestionamiento.
El
estudio
desarrollado
por
Mila
et
al.
(2020
)
sobre
la
incidencia
del
Reglamento
Nacional
de
Nivelación
y
Admisión
señala
que
un
proceso
sustentado
principalmente en un examen de ingreso puede
no
considerar
integralmente
las
aptitudes,
vocaciones
y
condiciones
territoriales
de
los
aspirantes. Desde esta perspectiva, la igualdad
formal establecida mediante los mecanismos de
admisión
no
necesariamente
se
traduce
en
igualdad
material
frente
a
las
diferencias
socioeconómicas y educativas existentes entre
quienes aspiran a ingresar al sistema.
De
manera
complementaria,
Mardones
y
Campos
(2020)
examinan
alternativas
para
incorporar
mayor
equidad
en
los
procesos
de
admisión
universitaria,
considerando
el
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(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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Edición Especial X 2026
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rendimiento
académico
relativo
de
los
estudiantes.
Su
investigación
plantea
la
importancia de valorar los resultados educativos
en
relación
con
el
contexto
escolar
del
aspirante, en lugar de depender exclusivamente
de criterios estandarizados. Este enfoque aporta
elementos para analizar los procedimientos de
ingreso
a
la
educación
superior
ecuatoriana,
particularmente
respecto
de
la
necesidad
de
reconocer las diferencias en las oportunidades
de
preparación
académica
que
presentan
los
postulantes.
La
relación
entre
la
demanda
estudiantil
y
la
disponibilidad
de
cupos
permite
dimensionar
las
dificultades
de
acceso
a
la
educación
superior. Durante el segundo semestre de 2022
se registraron 270.745 inscritos frente a 129.583
cupos
ofertados,
lo
que
representó
una
diferencia
de
141.162
plazas,
equivalente
al
52,14
%
de
los
aspirantes.
Estos
datos
evidencian
que
las
dificultades
de
acceso
no
dependen
exclusivamente
de
los
procedimientos de admisión, sino también de la
capacidad
institucional
y
de
los
recursos
disponibles para ampliar la oferta académica
.
Desde
otra
perspectiva,
De
Brito
(2026)
examina
las
políticas
de
cuotas
y
acción
afirmativa aplicadas en la Universidad de São
Paulo,
Brasil,
como
mecanismos
orientados
a
ampliar
la
participación
de
grupos
históricamente
excluidos
de
la
educación
superior. El estudio aborda las diferencias en las
oportunidades de admisión relacionadas con el
origen racial y la procedencia de instituciones
públicas
de
educación
secundaria.
Esta
experiencia
constituye
un
antecedente
comparado para examinar cómo los criterios de
admisión pueden
incorporar medidas destinadas
a
atender
desigualdades
previas,
sin
que
sus
resultados
deban
extrapolarse
directamente
al
contexto
ecuatoriano.
Según
El
Comercio
(2022),
la
oferta
de
cupos
para
el
primer
semestre de ese año aumentó un 25 % respecto
de
2021,
hasta
alcanzar
aproximadamente
122.000
plazas.
Sin
embargo,
frente
a
una
demanda de 215.000 postulantes, más de 85.000
jóvenes quedaron sin posibilidades de acceder a
una institución de educación superior.
Estas cifras evidencian que, pese al incremento
de
la
oferta
académica,
persistía
una
brecha
considerable
entre
los
aspirantes
y
los
cupos
disponibles,
lo
que
plantea
desafíos
para
garantizar el
acceso equitativo a la educación
superior
en
Ecuador.
Para
2023
continuaron
registrándose
dificultades
para
absorber
la
demanda, aun cuando se reportó un crecimiento
de la oferta. Estos antecedentes muestran que la
discusión sobre el acceso no puede concentrarse
únicamente
en
el
procedimiento
de
admisión,
debido a que también intervienen la capacidad
institucional, la disponibilidad de recursos y el
número de plazas que el sistema puede ofrecer.
Las
dificultades
observadas
permiten
considerar que el acceso a la educación superior
responde a múltiples factores que trascienden la
disponibilidad
de
cupos.
La
investigación
realizada
por
Bolaños
(2025)
al
analizar
las
tendencias registradas en Ecuador entre 2017 y
2022,
aborda
el
acceso
como
un
fenómeno
condicionado
por
transformaciones
institucionales y por la persistencia de brechas
socioeconómicas
y
territoriales.
Aunque
se
identifican avances en cobertura y esfuerzos de
inclusión
dirigidos
a
poblaciones
históricamente marginadas, el estudio advierte
que
la
gratuidad
no
elimina
por
sí
sola
las
barreras
relacionadas
con
el
acceso
y
la
permanencia, lo que evidencia la necesidad de
considerar las desigualdades estructurales que
continúan
presentes
en
el
sistema.
En
el
contexto
ecuatoriano,
Moreno
et
al.
(2023)
abordan
las
políticas
públicas
de
acceso,
Ciencia y Educación
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financiamiento
y
gestión
de
la
calidad
de
la
educación superior, destacando la necesidad de
examinar
estas
dimensiones
de
manera
articulada.
Su
planteamiento
permite
comprender que la ampliación de oportunidades
educativas también depende de las condiciones
de gestión y de los recursos con los que cuentan
las
instituciones.
En
consecuencia,
el
análisis
del
acceso equitativo debe considerar no solo
los
procedimientos
de
ingreso
y
la
disponibilidad
de
cupos,
sino
también
las
condiciones
financieras
e
institucionales
que
permiten sostener la oferta académica.
El
financiamiento
representa
otra
dimensión
vinculada con la garantía efectiva del derecho.
Los
recursos
disponibles
condicionan
la
posibilidad
de
ampliar
infraestructura,
fortalecer
la
planta
docente,
diversificar
la
oferta académica y desarrollar mecanismos de
apoyo
para
estudiantes
en
condiciones
de
vulnerabilidad. La información examinada en el
estudio muestra que el presupuesto destinado a
las
universidades
y
escuelas
politécnicas
públicas
alcanzó
aproximadamente
1.275,56
millones
de
dólares
en
2024,
aumentó
a
1.596,97
millones
en
2025
y
se
situó
en
1.516,59 millones en 2026. Estas variaciones,
frente a las necesidades crecientes del sistema,
plantean
interrogantes
sobre
la
suficiencia
de
los recursos para responder simultáneamente a
las exigencias de cobertura, calidad y equidad.
El análisis de estas condiciones evidencia que la
discusión
sobre
el
derecho
a
la
educación
superior
no
puede
reducirse
a
su
reconocimiento
constitucional.
El
desafío
consiste
en
determinar
hasta
qué
punto
las
condiciones
institucionales
y
las
políticas
implementadas
permiten
transformar
esa
garantía normativa en oportunidades efectivas
de acceso. Esta cuestión resulta especialmente
relevante
cuando
la
demanda
supera
la
oferta
disponible
y
persisten
diferencias
socioeconómicas
y
geográficas
que
pueden
afectar de manera desigual a los aspirantes. En
consecuencia,
estudiar
conjuntamente
la
dimensión jurídica y las condiciones materiales
de acceso permite aproximarse de manera más
integral
a
la
distancia
existente
entre
el
reconocimiento
del
derecho
y
su
ejercicio
efectivo.
Para
abordar
esta
problemática,
se
desarrolló
una
investigación
de
enfoque
cualitativo,
de
carácter jurídico y descriptivo, bajo un diseño
no
experimental.
De
acuerdo
con
Acosta
(2023), la elección del enfoque de investigación
orienta
los
procedimientos
empleados
para
responder
al
problema
planteado;
bajo
este
criterio,
el
estudio
se
sustentó
en
la
revisión
documental
de
normativa,
documentos
institucionales
y
literatura
académica
relacionada
con
la
educación
superior
en
Ecuador.
Asimismo,
mediante
los
métodos
deductivo
y
analítico,
se
examinaron
las
disposiciones constitucionales y las condiciones
institucionales y socioeconómicas que inciden
en el acceso equitativo a la educación superior.
En
este
contexto,
el
objetivo
del
presente
estudio
es
analizar
el
derecho
a
la
educación
superior y los desafíos para garantizar un acceso
equitativo en Ecuador, considerando el marco
constitucional,
las
políticas
públicas
y
las
condiciones institucionales y socioeconómicas
que
inciden
en
su
ejercicio
efectivo.
En
Ecuador, el derecho a la educación posee una
protección
constitucional
expresa.
La
Constitución de la República lo reconoce como
un derecho de las personas a lo largo de su vida
y como un deber ineludible e inexcusable del
Estado, además de vincularlo con la igualdad y
la
inclusión
social.
Asimismo,
establece
la
gratuidad de la educación pública hasta el tercer
nivel. Estas disposiciones configuran un marco
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jurídico
orientado
a
garantizar
el
acceso
a
la
educación superior; sin embargo, su efectividad
depende de que el reconocimiento normativo se
traduzca
en
condiciones
reales
de
ingreso,
permanencia
y
culminación
de
los
estudios,
particularmente
frente
a
las
limitaciones
de
capacidad
institucional,
financiamiento
y
desigualdades socioeconómicas
.
La
investigación
desarrollada
por
Cabrera
(2025)
destaca
la
importancia
de
articular
la
gestión
académica
universitaria
con
la
responsabilidad
social
y
el
desarrollo
integral
del
estudiante.
Desde
esta
perspectiva,
las
instituciones
de
educación
superior
deben
implementar
estrategias
que
respondan
a
las
necesidades de aprendizaje y a las condiciones
sociales
de
su
comunidad
estudiantil.
Este
planteamiento
complementa
el
análisis
del
acceso a la educación superior en Ecuador, al
evidenciar
que
el
reconocimiento
de
este
derecho
debe
acompañarse
de
una
gestión
institucional orientada a favorecer la inclusión,
la participación y la permanencia estudiantil.
El sistema ecuatoriano
de acceso, además, ha
experimentado sucesivas transformaciones. Los
mecanismos
nacionales
de
evaluación
fueron
modificándose
hasta
la
eliminación
del
Test
Transformar
en
2022
y
la
transferencia
de
mayores responsabilidades a las universidades
y
escuelas
politécnicas
para
establecer
sus
procesos
de
admisión.
Esta
descentralización
amplió
la
autonomía
institucional,
pero
simultáneamente
introdujo
el
desafío
de
asegurar
que
los
procedimientos
aplicados
respeten
los
principios
de
transparencia,
igualdad de oportunidades y no discriminación.
A
estas
transformaciones
se
añade
una
dificultad estructural: la capacidad de respuesta
del
sistema
frente
a
la
demanda.
Los
datos
examinados en la investigación muestran que la
demanda
de
educación
superior
continuó
superando la disponibilidad de cupos entre 2020
y 2022. Para el año 2024 se registraron 394.000
aspirantes frente a 146.000 cupos según datos
del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura,
evidenciando una diferencia considerable entre
quienes
pretendían
ingresar
y
la
capacidad
disponible.
Paralelamente,
las
variaciones
presupuestarias
condicionan
las
posibilidades
institucionales
de
ampliar
infraestructura,
incorporar
docentes,
diversificar
carreras
y
desarrollar programas de apoyo estudiantil.
Aunque algunas instituciones han diversificado
su oferta mediante modalidades presenciales, en
línea,
a
distancia
y
otros
formatos
flexibles,
estas alternativas todavía no permiten responder
completamente al crecimiento de la demanda ni
eliminar las brechas que afectan a determinados
grupos de población. La evidencia examinada
en
el
estudio
muestra,
por
tanto,
una
tensión
entre
el
amplio
reconocimiento
jurídico
del
derecho
a
la
educación
superior
y
las
condiciones materiales necesarias para ejercerlo
efectivamente.
En
este
contexto,
resulta
necesario abordar conjuntamente la dimensión
normativa y las condiciones efectivas de acceso,
evitando
limitar
el
análisis
al
reconocimiento
constitucional
o,
en
sentido
contrario,
exclusivamente a la disponibilidad de cupos.
Materiales y Métodos
La investigación según Hernández et al. (2018)
se
desarrolló
bajo
un
enfoque
cualitativo,
de
tipo jurídico y descriptivo, orientado al análisis
del
derecho
a
la
educación
superior
y
de
las
condiciones que inciden en su acceso equitativo
en Ecuador. De acuerdo con Acosta (2023), el
enfoque
de
investigación
determina
los
procedimientos
que
orientan
el
estudio
y
permiten responder al problema planteado. El
componente
jurídico
permitió
examinar
el
marco
normativo
aplicable
a
la
educación
superior,
mientras
que
el
alcance
descriptivo
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facilitó caracterizar las
condiciones de
acceso
mediante
información
documental
y
datos
estadísticos
secundarios.
Se
adoptó
un
diseño
no
experimental
y
documental,
dado
que
los
fenómenos fueron examinados en su contexto,
sin manipulación deliberada de variables. Esta
orientación
es
consistente
con
la
metodología
jurídica, descriptiva y no experimental utilizada
en el estudio precedente.
La población documental estuvo constituida por
normativa,
documentos
institucionales,
publicaciones
académicas
y
registros
estadísticos
relacionados
con
el
acceso
a
la
educación
superior
en
Ecuador.
La
muestra
correspondió
a
un
corpus
documental
seleccionado
mediante
muestreo
no
probabilístico e intencional, considerando como
criterios de inclusión: documentos relacionados
directamente con el derecho, acceso, equidad,
oferta
académica
y
financiamiento
de
la
educación
superior
ecuatoriana;
normativa
y
disposiciones
oficiales
aplicables
al
período
analizado;
publicaciones
académicas
pertinentes al objeto de estudio; y estadísticas
provenientes
de
fuentes
institucionales
oficiales.
Se
excluyeron
documentos
duplicados, fuentes sin relación directa con el
objeto
de
investigación
e
información
estadística
que
no
permitiera
establecer
comparaciones
consistentes
entre
los
indicadores examinados.
Como técnica de recolección de datos se utilizó
la
revisión
documental.
Las
fuentes
comprendieron la Constitución de la República
del Ecuador, legislación, reglamentos, decretos,
disposiciones
institucionales,
publicaciones
científicas
y
documentación
emitida
por
las
autoridades
competentes
en
materia
de
educación
superior.
Esta
técnica
fue
complementada
con
la
recopilación
de
datos
estadísticos
secundarios,
principalmente
de
registros oficiales de la Secretaría de Educación
Superior,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
(SENESCYT) y del Ministerio de Economía y
Finanzas.
El
estudio
precedente
también
recurrió
a
leyes,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
publicaciones
académicas
y
disposiciones de las autoridades de educación
superior.
Como
instrumento
de
recolección
y
organización de la información se empleó una
matriz
de
registro
documental,
en
la
que
se
sistematizaron
las
fuentes
normativas,
académicas e institucionales y los indicadores
estadísticos de interés. Los datos cuantitativos
fueron organizados considerando los inscritos,
cupos
ofertados,
brecha
de
acceso,
oferta
académica
por
institución
y
presupuesto
asignado
a
universidades
y
escuelas
politécnicas
públicas.
Para
el
análisis
presupuestario
se
consideraron
las
proformas
correspondientes
a
2024,
2025
y
2026,
expresadas
en
dólares
estadounidenses
y
bajo
un criterio homogéneo de comparación.
La
técnica
de
análisis
de
datos
combinó
el
análisis
jurídico-documental
con
estadística
descriptiva. Para la información cuantitativa se
utilizaron
frecuencias
absolutas,
diferencias,
porcentajes
y
variaciones
interanuales.
La
brecha
entre
inscritos
y
cupos
ofertados
se
examinó
tanto
en
términos
absolutos
como
porcentuales, mientras que la oferta académica
se
organizó
según
el
número
de
carreras
registradas
por
institución.
Los
resultados
fueron
sistematizados
mediante
tablas
y
representaciones
gráficas
para
facilitar
la
comparación entre períodos e instituciones.
Se
emplearon
los
métodos
deductivo
y
analítico. El método deductivo permitió partir
de
los
principios
constitucionales
y
jurídicos
relativos al derecho a la educación, igualdad y
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equidad para examinar su materialización en el
sistema ecuatoriano de educación superior. El
método
analítico
permitió
estudiar
de
manera
diferenciada
la
normativa,
las
políticas
educativas,
la
literatura
académica
y
los
indicadores de acceso, oferta y financiamiento,
para posteriormente relacionarlos e identificar
las
condiciones
que
inciden
en
el
ejercicio
efectivo
del
derecho
a
la
educación
superior.
Ambos
métodos
formaron
parte
del
planteamiento
metodológico
del
estudio
precedente.
Resultados y Discusión
La
Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos (1948), en su artículo 26, reconoce la
educación
como
un
derecho
fundamental
y
establece que el acceso a los estudios superiores
debe garantizarse en condiciones de igualdad,
atendiendo a los méritos de cada persona. Este
reconocimiento implica que los Estados deben
promover
oportunidades
educativas
sin
discriminación. En Ecuador, tales principios se
encuentran incorporados en la Constitución de
la República, que reconoce la educación como
un
derecho
de
las
personas
y
una
responsabilidad ineludible del Estado.
Desde esta perspectiva, la educación constituye
un instrumento para el desarrollo integral de la
sociedad, al favorecer la formación personal y
profesional,
la
participación
ciudadana
y
el
progreso
económico
y
cultural.
Su
garantía
exige no solamente ampliar las oportunidades
de ingreso, sino también asegurar condiciones
de
equidad
e
inclusión
durante
las
diferentes
etapas formativas. Por consiguiente, el acceso a
la
educación
superior
debe
examinarse
considerando
las
obligaciones
estatales
y
las
circunstancias que pueden limitar el ejercicio de
este
derecho.
El
análisis
del
derecho
a
la
educación
permite
identificar
cuatro
dimensiones
complementarias:
disponibilidad,
accesibilidad,
aceptabilidad
y
adaptabilidad.
Estas constituyen un marco para examinar las
responsabilidades del Estado y las condiciones
necesarias
para
garantizar
una
educación
inclusiva y de calidad, como se presenta en la
figura 1.
Figura
1.
Dimensiones
fundamentales
para
garantizar el derecho a la educación.
Fuente: Elaboración propia a partir de Rodino
(2015).
La
disponibilidad
supone
contar
con
instituciones, programas y recursos educativos
suficientes
para
atender
a
la
población.
La
accesibilidad
exige
eliminar
las
barreras
económicas, territoriales y discriminatorias que
dificultan el ingreso y la permanencia. Por su
parte, la aceptabilidad comprende la calidad y
pertinencia
de
los
procesos
formativos,
mientras
que
la
adaptabilidad
se
refiere
a
la
capacidad
del
sistema
para
responder
a
las
necesidades sociales, culturales y educativas de
sus
estudiantes.
Estas
dimensiones
permiten
analizar
el
derecho
a
la
educación
superior
desde
una
perspectiva
que
supera
su
reconocimiento
exclusivamente
normativo.
El
acceso a la educación superior ecuatoriana ha
experimentado
diversas
transformaciones
en
sus
mecanismos
de
evaluación
y
admisión.
Aunque históricamente la elección de estudios
universitarios
estuvo
vinculada
con
las
condiciones
académicas
y
económicas
de
los
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aspirantes,
las
reformas
educativas
incorporaron
progresivamente
procedimientos
estandarizados
de
evaluación.
Con
la
Constitución
de
2008
y
las
posteriores
disposiciones normativas, el sistema de ingreso
adquirió nuevas características relacionadas con
la evaluación de conocimientos, la asignación
de
cupos
y
la
regulación
institucional.
Los
principales
mecanismos
de
evaluación
aplicados
en
Ecuador,
así
como
sus
modificaciones
durante
el
período
examinado
en el artículo original, se presentan en la tabla
1.
Tabla
1.
Evolución
de
los
mecanismos
de
evaluación
para
el
acceso
a
la
educación
superior
en
Ecuador.
Mecanismo de evaluación
Descripción
Aprendo 2007
Este proyecto, iniciado en 1996 y adoptado oficialmente por el Ministerio de Educación, buscaba mejorar las
habilidades fundamentales de lectura, escritura y matemáticas en los estudiantes. Aunque no era un requisito
para el ingreso a la educación superior, representaba un sistema de evaluación educativa nacional.
Ser Ecuador 2008
Este mecanismo analizaba los factores intra y extraescolares que influían en el rendimiento académico de los
estudiantes. Inicialmente dirigido a la educación primaria, en 2008 se extendió a estudiantes de tercer año de
bachillerato.
Ser Estudiante 2013
Examina el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes al concluir la educación secundaria, utilizando
dos herramientas de evaluación estandarizadas de amplia escala, con el propósito de informar la creación de
políticas públicas que mejoren los procesos educativos.
ENES 2014
Fue introducido alterando el proceso de admisión a la educación superior en el Ecuador. Evaluaba habilidades
esenciales en razonamiento abstracto, matemático y verbal, siendo supervisado por la Senescyt.
Ser Bachiller 2015
En este año el ENES se convierte en un examen obligatorio para estudiantes de tercer año de bachillerato. Al
mismo tiempo, se implementa el Ser Bachiller, una evaluación a escala nacional del Ineval (Instituto Nacional
de Evaluación Educativa) que buscaba promover la equidad en el acceso a la educación universitaria.
Examen Unificado 2016 (ENES y
Ser Bachiller)
El propósito de esta unificación era mejorar el acceso de los estudiantes mediante métodos inclusivos, además
de promover la coherencia entre los niveles medio y superior. Buscaba asegurar que los estudiantes tuvieran las
habilidades y conocimientos esenciales para su éxito profesional.
EAES 2020
Reemplazó al Ser Bachiller, utilizado hasta enero de 2020 para el ingreso a la educación superior pública en el
Ecuador. Este nuevo mecanismo evaluaba habilidades y competencias para la educación superior, no
obligatorio, solo para aquellos estudiantes que aspiraban a una carrera universitaria o técnica-tecnológica.
Test Transformar 2021
Se suprime el EAES y las pruebas de ingreso universitario, reemplazándolos con un nuevo sistema de
evaluación que se encarga de evaluar las competencias y habilidades, junto con un test vocacional para orientar
a los estudiantes en la elección de su carrera.
Eliminación de examen de la
Senescyt 2022
Se retira el Test Transformar y se otorga a las universidades y escuelas politécnicas la libertad de establecer sus
propios métodos de admisión.
2023
La Senescyt asume únicamente la responsabilidad de los institutos tecnológicos y conservatorios, mientras que
14 universidades reciben apoyo de esta entidad para sus procesos de admisión.
2024
Los institutos tecnológicos y conservatorios están bajo la jurisdicción de la Senescyt, mientras que cada
universidad y escuela politécnica tiene autonomía para establecer su propio proceso de admisión.
Fuente: Elaboración propia.
La
sucesión
de
mecanismos
de
evaluación
refleja
los
cambios
experimentados
por
el
sistema
ecuatoriano
en
la
organización
del
acceso universitario. La aplicación de exámenes
estandarizados
buscó
establecer
criterios
comunes
para
evaluar
a
los
aspirantes;
sin
embargo,
su
funcionamiento
también
planteó
interrogantes sobre la correspondencia entre los
resultados
obtenidos,
las
preferencias
vocacionales y la disponibilidad de cupos. En
este contexto, las diferencias en la preparación
académica
y
en
las
condiciones
socioeconómicas de los estudiantes constituyen
aspectos relevantes para examinar la igualdad
de
oportunidades.
La
sustitución
del
Test
Transformar en 2022 modificó la organización
de
los
procesos
de
ingreso
y
amplió
las
responsabilidades
de
las
universidades
y
escuelas
politécnicas
en
la
definición
de
sus
mecanismos de admisión. Esta transformación
exige
examinar
no
solo
la
autonomía
institucional, sino también la transparencia de
los procedimientos, la igualdad de condiciones
entre aspirantes y la existencia de mecanismos
que
permitan
prevenir
prácticas
discriminatorias.
La
descentralización
de
los
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procesos de admisión plantea, además, nuevas
responsabilidades
para
las
instituciones
de
educación
superior.
La
organización
de
evaluaciones
propias
requiere
capacidades
administrativas,
infraestructura
tecnológica,
personal
especializado
y
procedimientos
de
seguimiento.
Por
ello,
la
autonomía
institucional debe acompañarse de condiciones
que permitan desarrollar procesos de selección
transparentes y accesibles, especialmente para
los
aspirantes
que
enfrentan
desventajas
económicas, académicas o territoriales.
El
financiamiento
constituye
otra
dimensión
relacionada con la garantía efectiva del derecho
a
la
educación
superior.
La
ampliación
de
la
oferta
académica
y
el
fortalecimiento
de
la
capacidad
institucional
requieren
recursos
destinados
a
infraestructura,
equipamiento
tecnológico,
contratación
docente,
programas
de
apoyo
estudiantil
y
desarrollo
de
nuevas
carreras.
En
consecuencia,
el
análisis
presupuestario
permite
examinar
las
condiciones materiales con las que cuentan las
instituciones
públicas
para
responder
a
la
demanda
educativa.
Como
se
observa
en
la
figura
2,
el
presupuesto
destinado
a
las
universidades y escuelas politécnicas públicas
registró
variaciones
durante
el
período
2024–
2026.
En
2024,
la
asignación
alcanzó
los
USD
1.275,56
millones,
mientras
que
en
2025
aumentó
a
USD
1.596,97
millones,
lo
que
representó
un
incremento
del
25,20
%,
equivalente
a
USD
321,41
millones.
Sin
embargo, para 2026 se situó en USD 1.516,59
millones, registrando una disminución del 5,03
% respecto al año anterior, equivalente a USD
80,38
millones.
Pese
a
esta
reducción,
el
presupuesto de 2026 se mantuvo por encima del
correspondiente
a
2024.
Estas
variaciones
evidencian
que
el
financiamiento
de
la
educación superior no mantuvo una trayectoria
de
crecimiento
sostenido
durante
el
período
examinado.
El
incremento
registrado
en
2025
amplió
los
recursos
presupuestados
para
el
sistema,
mientras
que
la
reducción
de
2026
modificó
esa
tendencia.
No
obstante,
las
asignaciones globales no permiten determinar,
por
sí
solas,
sus
efectos
sobre
la
calidad
educativa o el acceso universitario, debido a que
estos
también
dependen
de
la
distribución
institucional de los recursos, su ejecución y las
necesidades
específicas
de
cada
establecimiento.
Figura
1.
Presupuesto
asignado
para
la
educación superior (2024-2026).
Fuente: Elaboración propia.
Desde la perspectiva del derecho a la educación
superior, los resultados ponen de manifiesto la
importancia de examinar el financiamiento en
relación con la demanda de cupos, la capacidad
institucional y las condiciones de equidad. La
disponibilidad
de
recursos
constituye
un
elemento
necesario
para
ampliar
la
cobertura
educativa y sostener los servicios universitarios;
sin embargo, su contribución efectiva al acceso
requiere
considerar
cómo
se
distribuyen
y
utilizan
las
asignaciones
presupuestarias.
Por
consiguiente,
resulta
pertinente
complementar
el
análisis
general
con
la
comparación
de
los
presupuestos de las instituciones públicas, a fin
de identificar las diferencias en la distribución
de
recursos
y
su
relación
con
la
oferta
académica.
La
evolución
del
presupuesto
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nacional
permite
identificar
las
variaciones
generales
del
financiamiento
de
la
educación
superior;
sin
embargo,
resulta
necesario
examinar su distribución entre las instituciones
públicas.
Para
ello,
la
figura
3
presenta
las
asignaciones
correspondientes
a
quince
universidades
y
escuelas
politécnicas
ecuatorianas durante el período 2024–2026, de
acuerdo
con
las
respectivas
proformas
presupuestarias.
Figura
3
.
IES
con
el
mayor
Presupuesto
asignado año (2024-2026).
Fuente: Elaboración propia.
El análisis de la figura 3 evidencia diferencias
en
la
distribución
de
recursos
entre
las
instituciones
examinadas.
La
Universidad
Central del Ecuador registró una asignación de
USD 136,11 millones en 2024, que aumentó a
USD 153,43 millones en 2025 y disminuyó a
USD 137,93 millones en 2026. Por su parte, la
Universidad
de
Guayaquil
presentó
una
evolución
más
estable,
con
asignaciones
de
USD 130,94 millones, USD 134,12 millones y
USD 134,26 millones, respectivamente. Ambas
instituciones concentraron los mayores montos
presupuestarios
dentro
del
grupo
analizado.
Asimismo,
se
observaron
incrementos
importantes
en
determinadas
instituciones
durante 2025, seguidos de reducciones en 2026.
La Universidad de Cuenca pasó de USD 73,36
millones
en
2024
a
USD
93,00
millones
en
2025,
para
posteriormente
situarse
en
USD
81,55 millones. Una tendencia similar presentó
la
Escuela
Superior
Politécnica
del
Chimborazo,
cuyo
presupuesto
aumentó
de
USD 63,35 millones a USD 84,49 millones y
luego disminuyó a USD 73,98 millones. Estas
variaciones
muestran
que
el
comportamiento
presupuestario
no
fue
uniforme
entre
las
instituciones examinadas.
En contraste, algunas universidades registraron
incrementos sostenidos durante el período. La
Universidad Técnica de Machala pasó de USD
35,14 millones en 2024 a USD 42,99 millones
en
2025
y
USD
44,66
millones
en
2026.
De
igual manera, la Universidad Estatal de Milagro
incrementó
sus
asignaciones
de
USD
37,18
millones a USD 44,73 millones y USD 45,78
millones,
respectivamente.
Estos
resultados
evidencian
diferencias
en
las
trayectorias
presupuestarias
institucionales,
incluso
en
un
contexto de reducción del presupuesto agregado
durante 2026.
Desde la perspectiva del acceso equitativo a la
educación superior, las diferencias observadas
plantean
la
necesidad
de
examinar
la
distribución de los recursos en relación con las
características
y
necesidades
de
cada
institución. Si bien el financiamiento constituye
un
elemento
necesario
para
sostener
la
oferta
académica,
fortalecer
la
infraestructura
y
atender
la
demanda
estudiantil,
los
montos
asignados no permiten determinar por sí solos
la
suficiencia
presupuestaria
ni
sus
efectos
sobre la calidad educativa. Para establecer estas
relaciones
sería
necesario
considerar
indicadores complementarios, como matrícula,
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número de docentes, infraestructura, ejecución
presupuestaria y cobertura territorial.
En
consecuencia,
el
análisis
institucional
complementa
los
resultados
generales
del
financiamiento público y permite reconocer la
heterogeneidad
de
las
asignaciones
durante
2024–2026.
Esta
información
constituye
una
base
para
examinar
la
relación
entre
disponibilidad
de
recursos,
capacidad
institucional y condiciones de acceso, aspectos
vinculados con la garantía efectiva del derecho
a la educación superior en Ecuador.
Tabla 2
. Implementación de políticas públicas
a
través
de
programas
de
becas
y
ayudas
económicas.
Programa
Descripción
Becas Tec Saudi
2024
Orientadas a potenciar habilidades técnicas en
el ámbito tecnológico.
Becas Nuevo
Ecuador 2024
Dirigidas a estudiantes con capacidad para
generar impacto en sectores estratégicos de
desarrollo.
Ayudas
Económicas
Santa Elena
Asistencia económica dirigida
exclusivamente a la región de Santa Elena.
Becas Futuro
Femenino
Dedicadas a fomentar la inclusión y el
liderazgo de mujeres en áreas de estudio de
alta demanda.
Becas TIC
Ecuador
Becas orientadas a las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), con el
fin de promover la innovación digital en el
país.
Fuente: Elaboración propia.
Aunque
los
programas
de
becas
y
ayudas
económicas
presentados
en
la
tabla
2
están
orientados
a
disminuir
las
desigualdades
educativas, estimular el rendimiento académico
y fortalecer áreas estratégicas para el desarrollo
nacional,
su
alcance
no
necesariamente
comprende
todas
las
necesidades
de
la
población
estudiantil.
Estas
iniciativas
constituyen mecanismos de apoyo para facilitar
el acceso a la educación superior; sin embargo,
su
orientación
hacia
determinados
sectores,
territorios
y
campos
de
formación
plantea
interrogantes
sobre
la
cobertura
de
los
diferentes
grupos
sociales.
En
particular,
las
ayudas
económicas
dirigidas
a
Santa
Elena
evidencian una focalización territorial que debe
analizarse considerando las necesidades de los
estudiantes de otras provincias del Ecuador.
Por
otra
parte,
las
becas
destinadas
a
la
formación tecnológica responden a la creciente
importancia de las competencias digitales y de
la innovación para el desarrollo económico del
país.
No
obstante,
la
concentración
de
determinados programas en áreas tecnológicas
puede dejar fuera de su cobertura a estudiantes
interesados
en
otras
disciplinas
universitarias.
Desde esta perspectiva, la diversificación de las
oportunidades de financiamiento constituye un
aspecto
relevante
para
atender
distintas
vocaciones
académicas
y
condiciones
socioeconómicas. En consecuencia, el análisis
de
estas
iniciativas
permite
reconocer
la
importancia de articular los programas de apoyo
estudiantil con criterios de equidad territorial,
inclusión
social
y
diversidad
de
la
oferta
educativa,
a
fin
de
contribuir
al
ejercicio
efectivo del derecho a la educación superior.
La
relación
entre
la
demanda
estudiantil
y
la
disponibilidad de cupos constituye un elemento
fundamental para examinar las condiciones de
acceso a la educación superior ecuatoriana. En
este
sentido,
el
análisis
de
los
registros
semestrales correspondientes al período 2020–
2022 permite identificar las diferencias entre el
número de inscritos y las plazas ofertadas, así
como
dimensionar
el
déficit
de
cobertura
del
sistema. La tabla 3 presenta estos resultados en
términos absolutos
y porcentuales. La tabla 3
muestra los resultados evidencian que, durante
los
seis
períodos
académicos
examinados,
la
demanda de ingreso superó sistemáticamente la
oferta de cupos. La mayor diferencia se registró
en el primer semestre de 2021, cuando 312.934
personas se inscribieron frente a 95.241 plazas
disponibles,
lo
que
representó
un
déficit
de
217.693
cupos,
equivalente
al
69,57
%.
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Asimismo,
el
primer
semestre
de
2022
concentró
el
mayor
número
de
inscritos,
con
333.248
aspirantes,
de
los
cuales
la
oferta
disponible
solo
permitía
cubrir
aproximadamente el 36,80 %.
Tabla
3.
Evolución
de
los
inscritos
y
cupos
ofertados
para
el
acceso
a
la
educación
superior en Ecuador, 2020–2022.
Año
Período
académico
Inscritos
Cupos
ofertados
2020
I semestre
309.321
114.241
2020
II semestre
213.979
107.112
2021
I semestre
312.934
95.241
2021
II semestre
290.025
120.948
2022
I semestre
333.248
122.623
2022
II semestre
270.745
129.583
Fuente: Elaboración propia.
Al comparar ambos semestres de cada año, se
observa
que
el
déficit
porcentual
fue
sistemáticamente
mayor
durante
los
primeros
períodos académicos. En 2020 alcanzó el 63,07
%, en 2021 ascendió al 69,57 % y en 2022 se
situó
en
el
63,20
%.
Aunque
durante
los
segundos
semestres
estas
diferencias
disminuyeron,
la
disponibilidad
de
plazas
continuó siendo insuficiente frente al número de
inscritos.
Particularmente,
en
el
segundo
semestre
de
2022
se
ofertaron
129.583
cupos
para 270.745 aspirantes, lo
que representó
un
déficit del 52,14 %.
Desde la perspectiva del derecho a la educación
superior,
estos
resultados
permiten
identificar
una
brecha
persistente
entre
la
demanda
estudiantil y la capacidad de oferta del sistema
ecuatoriano.
Esta
situación
adquiere
especial
relevancia al considerar que las desigualdades
socioeconómicas y territoriales pueden generar
dificultades
adicionales
para
determinados
grupos
de
aspirantes.
En
consecuencia,
el
análisis
de
la
cobertura
debe
complementarse
con el estudio de los mecanismos de admisión,
el financiamiento institucional y las condiciones
de
inclusión,
aspectos
que
intervienen
en
las
oportunidades
de
acceso
a
la
formación
universitaria.
La diferencia entre inscritos y cupos ofertados
constituye
una
medida
de
la
demanda
no
cubierta por la oferta inicial, pero no equivale
necesariamente
al
número
definitivo
de
personas
excluidas
de
la
educación
superior.
Para
establecer
este
último
indicador
sería
necesario
disponer
de
información
sobre
la
asignación y aceptación de cupos, así como de
la matrícula efectiva. No obstante, la magnitud
y
persistencia
de
las
diferencias
observadas
ponen de manifiesto la importancia de examinar
la
capacidad
institucional
para
responder
a
la
demanda educativa y las condiciones necesarias
para materializar el acceso equitativo como un
derecho social.
Los resultados evidencian una distancia entre el
reconocimiento constitucional del derecho a la
educación superior y las condiciones materiales
necesarias
para
garantizar
su
ejercicio
equitativo en Ecuador. Este hallazgo coincide
con
Beltrán
(2021),
quien
señala
que
las
restricciones
de
acceso
no
solo
afectan
las
oportunidades
individuales,
sino
también
los
beneficios
sociales
derivados
de
la
formación
universitaria. Asimismo, desde las dimensiones
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad propuestas por Rodino (2015), se
observa
que
la
garantía
del
derecho
exige
considerar tanto la existencia de cupos como las
condiciones
económicas,
institucionales
y
sociales de los aspirantes.
La
brecha
entre
oferta
y
demanda
constituye
uno
de
los
principales
resultados
del
estudio.
Durante
los
seis
períodos
académicos
examinados
entre
2020
y
2022,
los
inscritos
superaron
los
cupos
disponibles.
El
mayor
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déficit se registró en el primer semestre de 2021,
con 217.693 plazas de diferencia, equivalentes
al 69,57 % de los inscritos. Estos resultados son
consistentes
con
Bolaños
(2025),
quien
identifica
la
persistencia
de
desigualdades
socioeconómicas y territoriales en el acceso a la
educación
superior
ecuatoriana.
También
guardan relación con Bustamante et al. (2026),
quienes muestran que las condiciones sociales y
las trayectorias educativas previas influyen en
las
oportunidades
de
admisión
y
elección
de
estudios.
Respecto
de
los
mecanismos
de
ingreso,
los
hallazgos
se
relacionan
con
Latorre
(2020),
quien identifica tensiones entre los procesos de
selección,
la
calidad
institucional
y
la
democratización
del
acceso.
De
manera
complementaria,
Mila
et
al.
(2020)
advierten
que
los
procedimientos
centrados
principalmente
en
evaluaciones
de
ingreso
pueden resultar insuficientes para considerar las
diferencias
educativas
y
territoriales
de
los
aspirantes. En consecuencia, la modificación de
los mecanismos de admisión debe examinarse
conjuntamente con la disponibilidad de plazas y
las condiciones de igualdad de oportunidades.
El
análisis
presupuestario
muestra
un
incremento
del
25,20
%
entre
2024
y
2025,
seguido de una disminución del 5,03 % en 2026.
Estas
variaciones
evidencian
la
necesidad
de
considerar
no
solamente
el
monto
global
asignado,
sino
también
su
distribución
institucional y su relación con la capacidad de
ampliar la oferta académica. Por otra parte, los
programas
de
becas
y
la
diversificación
de
modalidades
educativas
constituyen
mecanismos
de
apoyo
cuya
cobertura
debe
examinarse
frente
a
las
diferencias
socioeconómicas, territoriales y académicas. En
concordancia con Brito et al. (2020) y Vázquez
et
al.
(2022),
la
equidad
requiere,
además,
condiciones
institucionales
libres
de
discriminación que favorezcan tanto el ingreso
como la permanencia estudiantil.
Conclusiones
El
estudio
permitió
determinar
que
el
reconocimiento constitucional del derecho a la
educación superior en Ecuador constituye una
garantía jurídica fundamental, pero su ejercicio
efectivo
depende
de
condiciones
materiales,
institucionales
y
socioeconómicas
que
no
se
encuentran
plenamente
resueltas.
Los
principios
de
igualdad,
gratuidad
e
inclusión
establecidos en el ordenamiento constitucional
requieren
mecanismos
que
permitan
transformar
las
disposiciones
normativas
en
oportunidades reales de acceso, permanencia y
culminación de los estudios universitarios.
El
análisis
de
la
oferta
y
la
demanda
correspondiente
al
período
2020–2022
evidenció
una
brecha
persistente
en
los
seis
períodos
académicos
examinados.
El
mayor
déficit se registró en el primer semestre de 2021,
con una diferencia de 217.693 entre inscritos y
cupos
ofertados,
equivalente
al
69,57
%.
Aunque
durante
determinados
períodos
aumentó
la
disponibilidad
de
plazas,
esta
continuó
siendo
inferior
al
número
de
aspirantes. No obstante, el déficit calculado no
debe interpretarse como el número definitivo de
estudiantes excluidos, pues para establecerlo se
requiere
información
adicional
sobre
la
asignación,
aceptación
de
cupos
y
matrícula
efectiva.
En materia de financiamiento, las asignaciones
presupuestarias
para
las
universidades
y
escuelas
politécnicas
públicas
registraron
variaciones
durante
2024–2026,
sin
mantener
una
trayectoria
de
crecimiento
sostenido.
Si
bien el presupuesto de 2026 superó al de 2024,
la
reducción
respecto
de
2025
pone
de
Ciencia y Educación
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manifiesto
la
importancia
de
examinar
la
suficiencia,
distribución
y
ejecución
de
los
recursos
en
relación
con
las
necesidades
institucionales. Asimismo, la diversificación de
modalidades
académicas
y
los
programas
de
becas representan alternativas para ampliar las
oportunidades
educativas,
aunque
su
alcance
debe
considerar
las
diferencias
territoriales
y
socioeconómicas de la población.
Finalmente,
se
concluye
que
garantizar
el
acceso equitativo a la educación superior exige
una
articulación
entre
los
mecanismos
de
admisión, la ampliación de la oferta académica,
el financiamiento institucional y las políticas de
inclusión.
Las
condiciones
económicas,
la
procedencia
territorial
y
las
desigualdades
educativas
previas
deben
considerarse
para
evitar que el reconocimiento formal del derecho
coexista con barreras que dificulten su ejercicio.
Por
tanto,
la
garantía
constitucional
de
la
educación
superior
requiere
una
respuesta
integral que contemple no solo el ingreso, sino
también la permanencia y la culminación de los
estudios.
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Declaración de financiamiento
La presente investigación no recibió financiamiento específico de agencias públicas, comerciales o de organizaciones sin fines de lucro. En caso de
existir financiamiento institucional o externo, este deberá ser declarado explícitamente por los autores en esta sección.
Declaración del editor
El editor responsable certifica que el proceso editorial del presente artículo se desarrolló conforme a los principios de integridad científica, transparencia
y
buenas prácticas editoriales.
El
manuscrito
fue
sometido
a
un
proceso
de
evaluación
mediante
revisión
por
pares doble
ciego,
garantizando
la
confidencialidad de la identidad de los autores y revisores durante todo el proceso de dictamen académico. Asimismo, el editor declara que el artículo
cumple con los criterios científicos, metodológicos y éticos establecidos por la revista.
Declaración de los revisores
Los revisores externos que participaron en la evaluación del presente manuscrito declaran haber realizado el proceso de revisión de manera objetiva,
independiente y confidencial. Asimismo, manifiestan que no mantienen conflictos de interés con los autores ni con la investigación evaluada, y que sus
observaciones y recomendaciones se fundamentan exclusivamente en criterios científicos, metodológicos y académicos.
Declaración ética de la investigación
Los autores declaran que la investigación se desarrolló respetando los principios éticos de la investigación científica, garantizando la confidencialidad
de los datos y el respeto a los participantes del estudio. En los casos en que la investigación involucre seres humanos, los procedimientos deben ajustarse
a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y a las normativas institucionales correspondientes.
Declaración sobre el uso de inteligencia artificial
Los autores declaran que el uso de herramientas de inteligencia artificial, en caso de haberse utilizado durante el proceso de investigación o redacción
del manuscrito, se realizó únicamente como apoyo técnico para mejorar la claridad del lenguaje o el análisis de información, manteniendo siempre la
responsabilidad intelectual sobre el contenido del artículo. Las herramientas de inteligencia artificial no fueron utilizadas como autoras del manuscrito
ni sustituyen la responsabilidad académica de los investigadores.
Disponibilidad de datos
Los datos que respaldan los resultados de esta investigación estarán disponibles previa solicitud razonable al autor de correspondencia, respetando las
normas éticas y de confidencialidad establecidas por la investigación.
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 10.1
Edición Especial X 2026
Página 459
