RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR

NOTARIAL LIABILITY FOR MONEY LAUNDERING IN ECUADOR

Autores:
¹Jazmin
Valeria
García
Saltos
y
²Leonel
Libardo
Lomas
Revelo
y
3
Noadis
Milán
Morales.

¹ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0008-3227-5160

²ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0001-3092-4701

3
ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0003-0417-932X

¹E-mail de contacto:
jvgarcias@ube.edu.ec

²E-mail de contacto:
lllomasr@ube.edu.ec

3
E-mail de contacto:
nmilanm@ube.edu.ec

Afiliación:
1*2*3*
Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

Artículo recibido: 15 de Septiembre del 2026.

Artículo revisado: 1 de Octubre del 2026.

Artículo aprobado: 1 de Octubre del 2026.

¹Estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

²Abogado, graduado de la Universidad Tecnológica Indoamérica, (Ecuador). Magíster en Derecho Procesal y Litigación Oral, graduado
de la Universidad Tecnológica Indoamérica, (Ecuador).

3
Doctora en Ciencias Jurídicas Comisión Nacional de Grados Científicos, graduado de la Universidad de Oriente, (Cuba). Actualmente,
Docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

Resumen

El
artículo
examina
el
alcance
de
la
responsabilidad del notario frente al lavado de
activos en Ecuador y los límites que preservan
la
naturaleza
jurídica
de
su
función.
El
problema nace de una tensión concreta: la ley
reconoce al notariado como sujeto obligado y
establece deberes de identificación, diligencia,
registro y reporte, pero su aplicación uniforme
depende todavía del desarrollo sectorial y de la
coordinación entre el Consejo de la Judicatura y
la UAFE. El objetivo es precisar el contenido de
esa
responsabilidad
y
proponer
criterios
para
atribuirla de manera previsible y proporcional.
Se
empleó
un
enfoque
cualitativo
y
una
metodología
jurídico-dogmática,
apoyada
en
revisión
documental,
interpretación
normativa
y comparación funcional con Chile, España y
Perú. El corpus comprende la ley ecuatoriana
publicada
en
2024
y
vigente
desde
julio
de
2025,
su
Reglamento
General
de
2026,
normativa
administrativa,
jurisprudencia,
estándares del GAFI y doctrina especializada.
Los
resultados
muestran
una
base
legal
más
clara
que
la
del
régimen
anterior,
aunque
subsisten
dificultades
para
graduar
el
riesgo
según
el
acto,
documentar
la
diligencia
reforzada,
verificar
al
beneficiario
final
y
diferenciar
las
consecuencias
administrativas,
civiles y penales. La comparación confirma la
utilidad
de
las
instrucciones
sectoriales,
los
sistemas
centralizados
de
información
y
la
motivación escrita de las medidas adoptadas. Se
concluye que la
responsabilidad notarial debe
ser
funcional,
no
objetiva,
y
fundarse
en
un
deber
previo,
información
razonablemente
accesible y una omisión comprobable.

Palabras
clave:
Notariado,
Lavado
de
activos, Debida diligencia, Riesgos, Sujetos
obligados.

Abstract

This
article
examines
the
scope
of
notarial
liability
for
money
laundering
prevention
in
Ecuador and the limits required to preserve the
legal
nature
of
the
notarial
function.
The
problem arises from a specific tension: the law
recognizes
notaries
as
obliged
entities
and
imposes
identification,
due
diligence,
record-
keeping, and reporting duties, while consistent
implementation still depends on sector-specific
rules and coordination between the Council of
the Judiciary and the Financial and Economic
Analysis
Unit.
The
objective
is
to
define
the
content of such liability and propose criteria for
attributing it foreseeably and proportionately.
The
study
uses
a
qualitative,
legal-dogmatic
methodology
based
on
documentary
review,
statutory
interpretation,
and
functional
comparison with Chile, Spain, and Peru. The
corpus
includes
the
Ecuadorian
statute
published
in
2024
and
effective
since
July

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Edición Especial X 2026
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2025,
its
2026
General
Regulations,
administrative rules, case law, FATF standards,
and specialized scholarship. The findings show
a clearer statutory basis than under the previous
framework,
but
unresolved
issues
remain
concerning risk differentiation by notarial act,
documentation
of
enhanced
due
diligence,
beneficial
ownership
verification,
and
the
separation of administrative, civil, and criminal
consequences.
Comparative
analysis
supports
sector-specific
guidance,
centralized
information systems, and written justification
of the measures adopted. The article concludes
that
notarial
liability
should
be
functional
rather than objective and should rest on a prior
legal duty, information reasonably available at
the time of the act, and a verifiable omission.

Keywords:
notarial
practice,
money
laundering,
due
diligence,
risk-based
approach, obliged entities, Ecuador.

Sumário

O artigo examina o alcance da responsabilidade
do
notário
perante
a
lavagem
de
dinheiro
no
Equador e os limites que preservam a natureza
jurídica de sua função.
O problema nasce de
uma
tensão
concreta:
a
lei
reconhece
o
notariado como
sujeito
obrigado e estabelece
deveres de identificação, diligência, registro e
comunicação,
mas
sua
aplicação
uniforme
ainda
depende
do
desenvolvimento
setorial
e
da coordenação entre o Conselho da Judicatura
e a UAFE.
O objetivo
é precisar o conteúdo
dessa responsabilidade e propor critérios para
atribuí-la de maneira previsível e proporcional.
Empregou-se
uma
abordagem
qualitativa
e
uma metodologia jurídico-dogmática, apoiada
em
revisão
documental,
interpretação
normativa e comparação funcional com Chile,
Espanha
e
Peru.
O
corpus
compreende
a
lei
equatoriana publicada em 2024 e vigente desde
julho de 2025, seu Regulamento Geral de 2026,
normas
administrativas,
jurisprudência,
padrões do GAFI e doutrina especializada. Os
resultados mostram uma base legal mais clara
que
a
do
regime
anterior,
embora
persistam
dificuldades para graduar o risco conforme o
ato,
documentar
a
diligência
reforçada,
verificar
o
beneficiário
final
e
diferenciar
as
consequências administrativas, civis e penais.
A
comparação
confirma
a
utilidade
das
instruções setoriais, dos sistemas centralizados
de informação e da fundamentação escrita das
medidas
adotadas.
Conclui-se
que
a
responsabilidade
notarial
deve
ser
funcional,
não
objetiva,
e
fundamentar-se
em
um
dever
prévio, informação razoavelmente acessível e
uma omissão comprovável.

Palavras-chave:
notariado,
lavagem
de
dinheiro,
devida
diligência,
abordagem
baseada
em
riscos,
sujeitos
obrigados,
Equador.

Introducción

La formalización jurídica no elimina el riesgo
de que una operación responda a una finalidad
ilícita. En el lavado de activos, la apariencia de
regularidad permite incorporar bienes al tráfico
legítimo
mediante
compraventas,
aportes
societarios, fideicomisos, donaciones, cesiones
o garantías. El notario interviene justamente en
el
punto
en
que
la
voluntad
privada
adquiere
forma
pública;
de
ahí
que
la
literatura
contemporánea
lo
considere
un
profesional
capaz
de
obstaculizar
el
uso
abusivo
de
instrumentos
jurídicos,
y
no
un
testigo
indiferente del negocio (Gutiérrez, 2022; Grupo
de
Acción
Financiera
Internacional
[GAFI],
2019).

Esa función preventiva tiene límites. Autorizar
el
instrumento,
comprobar
identidad
y
capacidad,
controlar
la
legalidad
formal
y
conservar la información exigida no equivale a
auditar
íntegramente
el
patrimonio
de
los
comparecientes. El problema aparece cuando la
norma impone obligaciones amplias sin precisar
qué diligencia resulta razonable ante una alerta
concreta.
La
consecuencia
puede
ser
un
cumplimiento
puramente
defensivo
o,
en
el
extremo opuesto, una responsabilidad apoyada
en
deberes
poco
previsibles
(GAFI,
2019,
2025).

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Página 789

En
Ecuador,
el
escenario
cambió
con
la
Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Combate
del
Delito
de
Lavado
de
Activos
y
de
la
Financiación
de
Otros
Delitos,
publicada
en
julio de 2024 y vigente desde el 29 de julio de
2025.
La
ley
identifica
a
los
notarios
como
sujetos
obligados
no
financieros,
delimita
los
actos sujetos a reporte, exige registrar la forma
de pago en operaciones de determinada cuantía
y
atribuye
al
Consejo
de
la
Judicatura
la
supervisión del sector. El Reglamento General,
expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 298
en
febrero
de
2026,
desarrolló
el
programa
preventivo,
la
gestión
del
riesgo
y
la
coordinación con la UAFE (Asamblea Nacional
del
Ecuador,
2024,
arts.
28-29,
57-58
y
65;
Presidencia de la República del Ecuador, 2026).

Parte de la doctrina ecuatoriana advirtió, bajo el
régimen anterior, que ciertas cargas y sanciones
descansaban
en
reglas
administrativas
insuficientemente delimitadas. Esa crítica sigue
siendo útil, aunque debe releerse a la luz de la
nueva ley y del Reglamento: la cuestión ya no
es solo quién puede imponer obligaciones, sino
cómo
se
concreta
su
contenido
y
con
qué
garantías se supervisa. La función pública del
notario
refuerza
el
deber
de
cuidado,
pero
también
exige
seguridad
jurídica.
La
Corte
Constitucional ha subrayado ambos aspectos al
establecer
obligaciones
reforzadas
para
proteger
a
comparecientes
vulnerables
en
la
celebración de escrituras públicas (Bustamante
et
al.,
2025;
Marin
et
al.,
2025;
Corte
Constitucional del
Ecuador, 2021, párrs. 157-
158).

La
pregunta
de
investigación
es:
¿cuál
es
el
alcance de la responsabilidad del notario frente
al lavado de activos en Ecuador y qué límites
deben
observarse
para
que
sus
deberes
preventivos sean eficaces sin desnaturalizar la
función
notarial?
El
objeto
de
estudio
es
la
responsabilidad
jurídica
derivada
del
cumplimiento
o
incumplimiento
de
esos
deberes;
el
campo
se
circunscribe
a
su
regulación,
interpretación
y
aplicación
en
el
ordenamiento
ecuatoriano,
con
apoyo
en
modelos
comparables
del
notariado
latino.
El
objetivo
general
consiste
en
analizar
el
contenido,
alcance
y
límites
de
la
responsabilidad
notarial
a
partir
del
marco
vigente
y
de
la
experiencia
comparada.
Se
plantean tres objetivos específicos: sistematizar
las obligaciones y competencias de supervisión;
contrastar
el
diseño
ecuatoriano
con
los
regímenes de Chile, España y Perú; y formular
criterios
para
atribuir
responsabilidad
de
manera previsible y proporcional. La hipótesis
sostiene
que
existe
una
base
legal
suficiente,
pero
persiste
indeterminación
operativa
en
la
graduación de la diligencia, la documentación
de los controles, la coordinación institucional y
la diferenciación de consecuencias jurídicas.

El
notariado
latino
combina
asesoramiento
imparcial, control de legalidad y autenticación.
La fe pública no se limita a certificar una firma:
atribuye
autenticidad
al
instrumento
y
reduce
controversias
al
adecuar
jurídicamente
la
voluntad
de
las
partes.
La
Ley
Notarial
ecuatoriana define al notario como funcionario
investido
de
fe
pública,
mientras
la
jurisprudencia
constitucional
reconoce
que
ejerce una función pública sujeta a deberes de
protección
(Congreso
Nacional
del
Ecuador,
1966; Corte Constitucional del Ecuador, 2021;
López y Calle, 2022).

Esta
garantía
no
constituye
una
declaración
absoluta
sobre
el
origen
económico
de
los
bienes. El control notarial se ejerce dentro de la
competencia
asignada
y
con
información
razonablemente
accesible.
Los
deberes
antilavado amplían el conocimiento, registro y
reporte
exigibles,
pero
no
convierten
cada

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Página 790

autorización
en
una
investigación
financiera.
Confundir
ambos
planos
conduciría
a
una
responsabilidad
objetiva
incompatible
con
la
legalidad
y
la
proporcionalidad
(GAFI,
2019;
Gutiérrez, 2022). La expresión gatekeeper alude
a
profesionales
situados
en
la
entrada
del
circuito
formal.
Notarios
y
otros
operadores
jurídicos intervienen en negocios inmobiliarios,
societarios
o
fiduciarios
que
pueden
aportar
estabilidad
documental
a
activos
ilícitos.
Por
ello,
el
GAFI
exige
a
las
actividades
y
profesiones no financieras designadas medidas
de
identificación,
conservación
de
registros,
reporte
de
sospechas
y
supervisión
efectiva
cuando
participan
en
operaciones
de
riesgo
(GAFI, 2019, 2024, 2025).

El concepto no autoriza a tratar toda operación
como sospechosa. El enfoque basado en riesgos
obliga
a
graduar
el
control
según
factores
verificables: tipo y cuantía del acto, forma de
pago, complejidad societaria, participación
de
personas
expuestas
políticamente,
jurisdicciones
vinculadas,
beneficiario
final
e
inconsistencias
con
el
perfil
económico.
La
evaluación mutua de Ecuador también insistió
en la importancia de la supervisión efectiva de
las
actividades
no
financieras,
más
allá
del
cumplimiento
formal
(Grupo
de
Acción
Financiera
de
Latinoamérica
[GAFILAT],
2023; GAFI, 2025).

La identificación del beneficiario final ocupa un
lugar
central
en
esa
evaluación.
Una
persona
puede
comparecer
formalmente
en
nombre
propio
y,
sin
embargo,
actuar
dentro
de
una
cadena
societaria
o
fiduciaria
que
desplaza
el
control
económico
hacia
un
tercero.
La
diligencia
notarial
no
exige
desentrañar
estructuras
inaccesibles,
pero
sí
comprobar
la
información
disponible,
solicitar
aclaraciones
ante
inconsistencias
y
dejar
constancia
de
las
verificaciones
realizadas.
La
falta
de
transparencia
sobre
la
titularidad
real
es
una
señal
relevante,
especialmente
cuando
se
combina con pagos de terceros, jurisdicciones
de
riesgo
o
estructuras
sin
una
finalidad
económica clara (España, 2010; GAFI, 2025).
La
debida
diligencia
reúne
actuaciones
destinadas
a
conocer
al
usuario,
verificar
su
identidad, comprender la operación, identificar
al
beneficiario
final
cuando
corresponda,
conservar respaldos y reaccionar ante señales de
alerta.
Su
intensidad
depende
del
riesgo.
La
diligencia
reforzada
exige
profundizar
verificaciones,
no
alcanzar
certeza
absoluta
sobre
el
origen
de
los
fondos
(Asamblea
Nacional del Ecuador, 2024; Presidencia de la
República del Ecuador, 2026; GAFI, 2019).

Los
efectos
del
incumplimiento
deben
separarse.
La
responsabilidad
administrativa
requiere
una
obligación
tipificada
y
un
procedimiento
respetuoso
de
legalidad
y
proporcionalidad;
la
civil
añade
daño
y
nexo
causal; la penal exige que la conducta satisfaga
los
elementos
objetivos
y
subjetivos
del
tipo.
Una
falla
de
reporte
no
prueba,
por
sí
sola,
participación en lavado de activos. El artículo
317 del COIP sanciona conductas específicas y
exige
vincular
los
hechos
con
la
persona
procesada,
no
sustituir
la
prueba
por
la
mera
infracción regulatoria (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2014, arts. 317 y 455; Presidencia de
la República del Ecuador, 2026).

Materiales y Métodos

La
investigación
es
cualitativa
y
jurídico-
dogmática. Su alcance es descriptivo, al ordenar
el
marco
vigente;
explicativo,
al
examinar
la
relación entre deber, riesgo y responsabilidad; y
propositivo, al formular ajustes regulatorios. La
dogmática
y
la
revisión
documental
resultan
pertinentes
cuando
el
problema
exige
reconstruir normas, categorías y consecuencias

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(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 10.1
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jurídicas, no medir conductas mediante trabajo
de campo (Botero, 2003; Celis, 2024).

El
corpus
comprende
la
Ley
Notarial;
la
ley
antilavado de 2024; el Reglamento General de
2026; normativa y documentos institucionales
de
la
UAFE
y
del
Consejo
de
la
Judicatura;
jurisprudencia
constitucional;
legislación
comparada; estándares del GAFI y GAFILAT;
y
doctrina
especializada.
El
corte
de
actualización se fijó al 3 de agosto de 2026. Se
privilegiaron
fuentes
primarias
y
documentos
oficiales; la doctrina se utilizó para reconstruir
controversias
y
contrastar
la
interpretación
normativa
(Asamblea
Nacional
del
Ecuador,
2024; GAFILAT, 2023; GAFI, 2025).

Para
evitar
anacronismos,
las
fuentes
se
ordenaron
según
su
vigencia
y
función.
Las
resoluciones
anteriores
a
la
ley
de
2024
se
utilizaron
únicamente
para
explicar
el
desarrollo histórico o como referencia técnica,
no como fundamento autónomo de obligaciones
actuales.
También
se
distinguió
entre
normas
aprobadas y disposiciones cuya entrada en vigor
fue
diferida,
como
ocurrió
en
Perú
con
componentes del nuevo registro notarial. Este
criterio permitió contrastar el derecho vigente al
momento
del
corte
sin
atribuir
efectos
inmediatos a reglas todavía sujetas a transición.

El
método
exegético
permitió
identificar
sujetos, actos y obligaciones, con atención a los
artículos 28, 29, 57, 58, 62, 63 y 65 de la ley
antilavado. El método hermenéutico relacionó
esas
reglas
con
la
fe
pública,
la
seguridad
jurídica
y
la
distribución
de
competencias.
Mediante
análisis-síntesis
se
agruparon
los
deberes
en
identificación,
diligencia,
registro,
reporte, reserva y supervisión, y se precisaron
los requisitos de atribución de responsabilidad
(Asamblea
Nacional
del
Ecuador,
2024;
Presidencia de la República del Ecuador, 2026).

La
comparación
funcional
incluyó
Chile,
España
y
Perú,
tres
sistemas
de
tradición
continental
que
regulan
expresamente
la
prevención notarial mediante diseños distintos.
Los
criterios
comunes
fueron
condición
de
sujeto obligado, operaciones cubiertas, debida
diligencia,
reporte,
conservación
de
información,
autoridad
supervisora
y
apoyo
sectorial.
El
estudio
se
desarrolló
en
cuatro
fases:
depuración
del
marco
ecuatoriano;
sistematización de deberes y responsabilidades;
elaboración de la matriz comparada; y contraste
de
los
resultados
con
doctrina
y
estándares
internacionales
(Chile,
2003;
España,
2010;
SBS, 2024).

Resultados y Discusión

La condición del notario como sujeto obligado
ya no depende de una resolución administrativa.
La ley vigente lo incluye entre los sujetos no
financieros
y
enumera
los
actos
alcanzados:
compraventas
y
promesas
de
inmuebles,
hipotecas,
permutas,
operaciones
societarias,
negocios
fiduciarios,
consorcios,
donaciones,
cesiones
de
derechos
y
reconocimiento
de
firmas
en
ciertos
contratos
de
vehículos
y
maquinaria. La lista mejora la previsibilidad al
vincular el control con negocios de contenido
patrimonial
definido
(Asamblea
Nacional
del
Ecuador, 2024, arts. 28-29).

Cuando la operación alcanza o supera diez mil
dólares, el instrumento debe dejar constancia de
la forma de pago. La regla no acredita la licitud
del
dinero,
pero
facilita
su
trazabilidad.
También
rigen
el
reporte
de
operaciones
sospechosas y de operaciones sobre el umbral,
la reserva y la conservación de información. La
ley
protege,
además,
a
quien
reporta
en
cumplimiento
de
sus
obligaciones
frente
a
responsabilidades
derivadas
de
esa
comunicación
(Asamblea
Nacional
del
Ecuador, 2024, arts. 57-58, 62-63).

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La
supervisión
corresponde
al
Consejo
de
la
Judicatura;
la
UAFE
conserva
la
recepción
y
análisis
de
reportes,
la
retroalimentación
y
la
coordinación
del
sistema.
El
Reglamento
General exige programas preventivos ajustados
al
tamaño
y
al
riesgo
del
sujeto
obligado,
incorpora
criterios
de
proporcionalidad
sancionatoria
y
encarga
a
la
Unidad
Complementaria
Antilavado
del
Consejo
reglamentar
el
procedimiento
notarial
en
coordinación con la UAFE (Asamblea Nacional
del
Ecuador,
2024,
art.
65;
Presidencia
de
la
República del Ecuador, 2026).

La implementación está en curso. El Consejo de
la
Judicatura
informó
que
desarrolló
un
proyecto
de
normativa
complementaria,
una
matriz de riesgos para el sector, nuevos campos
de control en la plataforma notarial y formatos
para
manuales,
planes
e
informes
de
cumplimiento.
En
julio
de
2026
también
reconoció
la
necesidad
de
reglas
claras
para
identificar
beneficiarios
finales
y
detectar
operaciones inusuales. Estos avances reducen el
vacío
del
régimen
anterior,
aunque
todavía
requieren consolidación normativa y operativa
(Consejo de la Judicatura, 2026). La Resolución
UAFE-DG-2023-0689
sigue
siendo
útil
como
referencia
técnica
sobre
identificación,
beneficiario
final,
personas
expuestas
políticamente,
señales
de
alerta
y
diligencia
ampliada. No obstante, fue dictada para sujetos
bajo
supervisión
directa
de
la
UAFE.
Su
aplicación al notariado debe ser compatible con
la
competencia
sectorial
del
Consejo
de
la
Judicatura
y
con
el
marco
posterior
de
2024-
2026
(Unidad
de
Análisis
Financiero
y
Económico
[UAFE],
2023;
Presidencia
de
la
República del Ecuador, 2026).

Los sistemas comparados coinciden en incluir
al notariado dentro de la red preventiva, pero
difieren
en
el
apoyo
institucional.
Chile
combina
una
obligación
legal
de
reporte
con
instrucciones
sectoriales
de
la
Unidad
de
Análisis
Financiero.
España
articula
deberes
detallados
de
identificación
y
titularidad
real
con el Órgano Centralizado de Prevención. Perú
regula a los notarios y a un órgano centralizado,
aunque
parte
de
su
transición
tecnológica
ha
sido
postergada
hasta
2028
(Chile,
2003;
España,
2010;
Superintendencia
de
Banca,
Seguros y AFP [SBS], 2024).

Tabla 1
. Comparación de los modelos preventivos aplicables al notariado.

Criterio

Chile

España

Perú

Base jurídica

Ley 19.913: notarios obligados a
informar operaciones sospechosas.

Ley 10/2010: notarios y registradores
son sujetos obligados.

Ley 27693 y Resolución SBS 01754-
2024 para notarios y OCP LA/FT.

Debida diligencia

Conocimiento del cliente, registros y
manual sectorial.

Identificación, titular real, propósito,
seguimiento y graduación por riesgo.

Diligencia general y reforzada,
beneficiario final y registro de
operaciones.

Reporte

Comunicación a la UAF de
operaciones sospechosas.

Examen especial y comunicación al
SEPBLAC por indicio.

ROS a la UIF-Perú y registros
conforme a la regulación sectorial.

Supervisión y apoyo

UAF con instrucciones directas y
potestad sancionadora.

SEPBLAC y Órgano Centralizado de
Prevención notarial.

SBS/UIF-Perú y Órgano Centralizado
de Prevención.

Lección para Ecuador

Manual uniforme y alertas propias del
notariado.

Motivación escrita de la diligencia y
análisis centralizado.

Infraestructura común sin eliminar la
responsabilidad del notario.

Fuente: Elaboración propia.

En Chile, la Ley 19.913 obliga a los notarios a
informar operaciones sospechosas advertidas en
el
ejercicio
de
sus
funciones
y
a
conservar
registros.
La
Circular
42
exige
un
sistema
documentado
de
prevención,
con
manual,
conocimiento
del
cliente,
señales
de
alerta
y

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Vol. 7 No. 10.1
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Página 793

capacitación.
La
existencia
de
decisiones
sancionatorias muestra que las obligaciones no
permanecen
en
el
plano
declarativo
(Chile,
2003; Unidad de Análisis Financiero de Chile,
2008; Toso Milos, 2021). España desarrolla una
secuencia
más
precisa:
identificación
formal,
determinación del titular real, conocimiento del
propósito,
seguimiento
y
medidas
graduadas
por
riesgo.
El
sujeto
obligado
debe
poder
justificar
la
adecuación
de
la
diligencia
aplicada. A ello se suma el Órgano Centralizado
de
Prevención
del
Consejo
General
del
Notariado, que analiza información del índice
notarial
y
canaliza
comunicaciones
hacia
el
SEPBLAC
(España,
2010,
arts.
2-7;
España,
2014).

Perú
aporta
una
experiencia
distinta.
La
Resolución
SBS
01754-2024
regula
a
los
notarios
y
al
Órgano
Centralizado
de
Prevención,
mantiene
la
responsabilidad
individual del sujeto obligado y prevé registros
y
diligencia
graduada.
La
Resolución
SBS
01917-2026
aplazó
hasta
marzo
de
2028
la
entrada en vigor de determinados componentes
del
nuevo
registro,
de
modo
que
debe
diferenciarse
la
arquitectura
aprobada
de
su
implementación efectiva (SBS, 2024, 2026).

Para
Ecuador,
la
comparación
sugiere
una
combinación
razonable:
instrucciones
sectoriales semejantes a las chilenas, obligación
de
motivar
la
diligencia
como
en
España
y
herramientas centralizadas inspiradas en Perú.
El
propio
Consejo
de
la
Judicatura
ha
comenzado a trabajar con el modelo español y
con
esquemas
de
supervisión
basados
en
patrones
de
riesgo,
lo
que
vuelve
viable
esa
adaptación sin copiar íntegramente otro sistema
(Consejo de la Judicatura, 2026).

La
autorización
de
un
acto
que
después
se
vincule
con
lavado
de
activos
no
basta
para
responsabilizar
al
notario.
Debe
identificarse
una obligación vigente, precisar qué conducta
era
exigible
con
la
información
disponible
y
demostrar
una
omisión
concreta.
Juzgar
la
actuación con datos conocidos solo después del
negocio sustituiría el estándar de diligencia por
una reconstrucción retrospectiva (GAFI, 2019;
Presidencia de la República del Ecuador, 2026).
En sede administrativa conviene distinguir entre
defectos
formales,
omisiones
relevantes
y
conductas
deliberadas
de
ocultamiento.
La
gravedad
no
es
la
misma
si
existe
un
retraso
subsanable
que
si
se
autoriza
una
operación
pese
a
inconsistencias
graves
que
no
fueron
examinadas.
El
Reglamento
General
exige
atender, entre otros elementos, la gravedad, el
perjuicio,
la
reincidencia
y
las
medidas
correctivas;
la
supervisión
basada
en
riesgos
perdería coherencia si la sanción ignorara esos
factores
(Presidencia
de
la
República
del
Ecuador, 2026).

La
responsabilidad
civil
requiere
daño
y
relación causal, además del incumplimiento. En
materia penal, la falta de reporte o de diligencia
no reemplaza la prueba de una conducta típica
y
culpable.
La
participación
consciente,
el
encubrimiento o la falsedad deben acreditarse
según
el
COIP
y
el
grado
de
intervención.
Mantener separados estos planos no reduce la
prevención:
evita
que
una
obligación
administrativa
se
transforme,
sin
fundamento,
en
presunción
de
responsabilidad
penal
(Asamblea
Nacional
del
Ecuador,
2014,
arts.
317 y 455; Marín et al., 2025).

La exención prevista para reportes efectuados
de
buena
fe
equilibra
el
sistema.
Quien
comunica una sospecha
conforme a la ley no
debe responder por haber cumplido el deber de
informar; al mismo tiempo, la reserva impide
alertar
al
usuario
y
protege
la
inteligencia
financiera. La regulación sectorial debe explicar

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cómo documentar la diligencia sin incorporar al
protocolo
notarial
el
contenido
reservado
del
reporte (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024,
arts. 62-63). La coordinación institucional sigue
siendo
el
primer
punto
sensible.
La
ley
distribuye
funciones
entre
el
Consejo
de
la
Judicatura,
su
Unidad
Complementaria
Antilavado
y
la
UAFE,
pero
el
esquema
necesita
reglas
públicas
sobre
intercambio
de
información,
inspecciones,
retroalimentación,
capacitación y tratamiento de incumplimientos.
Los avances reportados en matrices de riesgo,
plataforma
notarial
y
auditorías
conjuntas
muestran una dirección definida, no un modelo
completamente
estabilizado
(Consejo
de
la
Judicatura,
2026;
Presidencia
de
la
República
del Ecuador, 2026).

También falta una diferenciación más fina por
tipo de acto. Una compraventa inmobiliaria, una
constitución
societaria
y
un
fideicomiso
no
exponen al mismo riesgo ni requieren idéntica
documentación. Las reglas sectoriales deberían
vincular alertas y medidas reforzadas con pagos
de
terceros,
estructuras
opacas,
transferencias
sucesivas,
incompatibilidad
con
el
perfil
económico,
jurisdicciones
de
alto
riesgo
o
negativa a identificar al beneficiario final. Ese
diseño
es
consistente
con
el
enfoque
proporcional del GAFI (GAFI, 2019, 2025).

La
trazabilidad
de
la
decisión
es
igualmente
importante.
Ante
una
alerta,
el
expediente
debería registrar la información solicitada, las
verificaciones realizadas y la razón de la medida
adoptada, sin revelar el reporte reservado. Una
plataforma
interoperable
puede
estandarizar
esos
datos
y
reducir
diferencias
injustificadas
entre
notarías,
pero
no
sustituye
el
juicio
profesional.
España
y
Perú
muestran
que
el
apoyo
centralizado
es
útil
cuando
mejora
el
análisis
y
no
diluye
la
responsabilidad
individual (España, 2010; Consejo General del
Notariado, s. f.; SBS, 2024).

Por
último,
el
régimen
sancionatorio
debe
describir con precisión las conductas, permitir
subsanaciones
cuando
procedan
y
garantizar
contradicción. La prevención no se fortalece por
acumular multas, sino por hacer previsibles los
controles
y
corregir
fallas
antes
de
que
se
vuelvan
prácticas
estructurales.
La
proporcionalidad
prevista
en
el
Reglamento
ofrece
una
base;
su
aplicación
dependerá
de
criterios
sectoriales
transparentes
(Presidencia
de la República del Ecuador, 2026).

La
nueva
legislación
modifica
el
punto
de
partida de la discusión ecuatoriana. Los trabajos
elaborados
bajo
el
régimen
anterior
cuestionaban que una resolución administrativa
definiera cargas y sanciones para el notariado.
Desde
julio
de
2025,
la
condición
de
sujeto
obligado,
los
actos
cubiertos
y
la
autoridad
supervisora tienen fundamento legal; en 2026,
el
Reglamento
General
incorporó
la
administración
del
riesgo
y
criterios
de
proporcionalidad.
Por
ello,
la
objeción
ya
no
puede centrarse en la inexistencia de una fuente
legal, sino en el grado de determinación de las
conductas exigibles y en la forma de hacerlas
operativas dentro de la función notarial (Marin-
Bejarano et al., 2025; Asamblea Nacional del
Ecuador, 2024; Presidencia de la República del
Ecuador, 2026).

La posición que se sostiene es que la ley y el
Reglamento
constituyen
una
base
necesaria,
pero todavía no suficiente para una atribución
previsible de responsabilidad. El mandato legal
debe
completarse
mediante
reglas
sectoriales
públicas
que
especifiquen
qué
verificaciones
corresponden
a
cada
clase
de
acto,
cómo
se
documenta la diligencia y cuándo una anomalía
justifica medidas reforzadas. Esa concreción no

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puede ampliar por vía administrativa el ámbito
de la ley ni convertir al notario en investigador
financiero; su función consiste en identificar y
valorar
señales
accesibles
en
el
ejercicio
profesional, conservar evidencia de su respuesta
y
reportar
cuando
concurran
los
presupuestos
legales
(GAFI,
2019;
Asamblea
Nacional
del
Ecuador,
2024).
El
primer
déficit
es
la
coordinación
institucional.
La
ley
asigna
la
supervisión
del
sector
al
Consejo
de
la
Judicatura y reserva a la UAFE la recepción, el
análisis y la retroalimentación de los reportes.
En consecuencia, la solución no es superponer
mandatos, sino aprobar un protocolo público de
coordinación
que
delimite
intercambio
de
información,
inspecciones,
capacitación,
retroalimentación
y
tratamiento
de
incumplimientos.
El
Consejo
debe
ejercer
la
potestad
sectorial
a
través
de
su
Unidad
Complementaria Antilavado, mientras la UAFE
aporta
metodología
e
inteligencia
financiera.
Esta distribución preserva la competencia legal
y reduce el riesgo de obligaciones duplicadas o
contradictorias
(Asamblea
Nacional
del
Ecuador, 2024, arts. 65 y 76; Presidencia de la
República
del
Ecuador,
2026;
Consejo
de
la
Judicatura, 2026a).

El segundo déficit es la aplicación uniforme de
controles
a
operaciones
heterogéneas.
Se
propone una matriz sectorial que cruce el tipo
de
acto
con
factores
relativos
al
usuario,
la
geografía, la
estructura jurídica, la
cuantía, la
forma de pago y el beneficiario final. La matriz
debe
establecer
un
núcleo
mínimo
de
identificación
y
conservación
para
las
operaciones cubiertas, y reservar la diligencia
reforzada
para
combinaciones
objetivas
de
riesgo, como pagos de terceros sin justificación,
estructuras
opacas,
transferencias
sucesivas,
incompatibilidad
con
el
perfil
económico,
jurisdicciones de mayor riesgo o resistencia a
identificar
al
beneficiario
final.
El
GAFI
rechaza
un
modelo
uniforme
porque
la
intensidad
de
la
diligencia
debe
responder
al
riesgo efectivamente identificado (GAFI, 2019,
2025). El tercer déficit es la falta de trazabilidad
de la decisión. Ante una alerta, el expediente de
cumplimiento debería registrar la información
solicitada,
las
fuentes
consultadas,
las
inconsistencias
detectadas,
las
aclaraciones
recibidas y la razón de la medida adoptada. Esa
constancia
debe
mantenerse
separada
del
contenido del reporte de operación sospechosa,
cuya reserva impide alertar al usuario y protege
la
inteligencia
financiera.
La
motivación
no
exige revelar el reporte ni alcanzar certeza sobre
el origen del dinero; permite demostrar que la
respuesta
fue
coherente
con
la
información
disponible y con el nivel de riesgo (Asamblea
Nacional
del
Ecuador,
2024,
arts.
62-63;
España, 2010; GAFI, 2019).

El
cuarto
déficit
corresponde
al
régimen
sancionatorio.
La
normativa
sectorial
debería
diferenciar
incumplimientos
formales
subsanables, omisiones relevantes y conductas
deliberadas
de
ocultamiento;
además,
debe
vincular
la
respuesta
con
gravedad,
perjuicio,
reiteración,
intencionalidad
y
medidas
correctivas.
Una
tipología
de
conductas
y
criterios
de
graduación
publicados
con
anterioridad
permitiría
anticipar
las
consecuencias del
incumplimiento y controlar
la motivación de la autoridad. La posibilidad de
subsanar debe operar respecto de defectos que
no hayan impedido el control ni comprometido
un
reporte,
pero
no
frente
a
ocultamientos
o
incumplimientos sustanciales (Presidencia de la
República del Ecuador, 2026).

El
derecho
comparado
ofrece
mecanismos
transferibles, no modelos para copiar de forma
íntegra. De Chile resulta pertinente la existencia
de
instrucciones
específicas
para
el
sector
notarial
y
de
un
sistema
documentado
de

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Página 796

prevención;
de
España,
la
obligación
de
justificar
la
adecuación
de
la
diligencia
y
el
análisis centralizado de información; de Perú, la
articulación
entre
obligaciones
individuales
y
una
infraestructura
común.
La
regla
de
adaptación
debe
ser
funcional:
incorporar
el
mecanismo
solo
si
resuelve
un
déficit
identificado, respeta la distribución ecuatoriana
de competencias y no traslada al notario tareas
ajenas
a
su
función
(Chile,
2003;
Unidad
de
Análisis
Financiero
de
Chile,
2008;
España,
2010, 2014; SBS, 2024).

Aplicada a Ecuador, esa experiencia respalda un
modelo de dos niveles. En el nivel individual,
cada
notaría
identifica
al
usuario
y
al
beneficiario final, valora el riesgo, documenta
la diligencia y reporta conforme a la ley. En el
nivel
sectorial,
la
Unidad
Complementaria
Antilavado
administra
criterios
uniformes,
consolida
información
no
reservada
para
detectar
patrones,
orienta
la
supervisión
y
canaliza la coordinación técnica con la UAFE.
Los
campos
incorporados
a
la
plataforma
notarial pueden servir a esta finalidad si recogen
variables estandarizadas y si su tratamiento se
somete
a
controles
de
acceso,
calidad
y
confidencialidad. Los avances informados por
el
Consejo
de
la
Judicatura
y
el
estudio
del
modelo español muestran que esta adaptación
es
institucionalmente
viable
(Consejo
de
la
Judicatura, 2026).

La
centralización,
sin
embargo,
no
debe
producir
responsabilidad
por
asociación.
Una
alerta
generada
por
la
plataforma
inicia
una
verificación,
pero no demuestra por sí
misma
incumplimiento ni ilicitud. Del mismo modo, el
apoyo
analítico
de
una
unidad
común
no
sustituye el examen de lo que el notario conocía,
podía conocer y estaba jurídicamente obligado
a hacer en el caso concreto. Esta cautela concilia
la detección de patrones con la prohibición de
una
responsabilidad
objetiva
(GAFI,
2019;
Consejo
General
del
Notariado,
s.
f.;
SBS,
2024).
La
atribución
debe
partir
de
una
obligación
vigente,
suficientemente
determinada
y
emitida
por
la
autoridad
competente.
Las
guías,
matrices
y
alertas
pueden
concretar
la
forma
de
cumplimiento,
pero no crear infracciones ni extender los actos
sujetos a control más allá de la ley. Este criterio
responde
a
la
seguridad
jurídica
y
permite
distinguir una orientación técnica de un deber
sancionable (Asamblea Nacional del Ecuador,
2024; Presidencia de la República del Ecuador,
2026).

Con respecto al criterio de valoración ex ante,
la diligencia debe juzgarse con la información
razonablemente
accesible
al
momento
de
la
actuación. El vínculo posterior del negocio con
lavado de activos no permite presumir que el
notario conocía ese resultado. La autoridad debe
identificar la señal que existía, explicar por qué
era
perceptible
y
precisar
la
conducta
que
un
profesional diligente habría desplegado frente a
ella (GAFI, 2019).

Con relación al criterio de riesgo diferenciado,
la intensidad del deber depende del riesgo del
acto y no de una sospecha genérica sobre toda
operación
patrimonial.
La
decisión
debe
mostrar
qué
factores
activaron
la
diligencia
reforzada
y
por
qué
las
medidas
adoptadas
fueron
adecuadas.
Este
criterio
evita
tanto
el
cumplimiento
meramente
defensivo
como
la
infra prevención y es coherente con el enfoque
proporcional
reforzado
en
los
estándares
del
GAFI (GAFI, 2019, 2025).

En cuanto al criterio de trazabilidad y omisión
verificable, no basta afirmar que el control fue
insuficiente,
debe
individualizarse
qué
información
faltó
solicitar,
qué
inconsistencia
no fue examinada o qué reporte no se efectuó.

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Página 797

El expediente documentado permite reconstruir
la
decisión
sin
incorporar
el
contenido
reservado del reporte. La ausencia de registro
puede
constituir
un
incumplimiento
propio,
pero no prueba automáticamente participación
en el delito precedente o en el lavado. Por otro
lado, con respecto al criterio de separación de
regímenes,
la
responsabilidad
administrativa
requiere infracción
tipificada y procedimiento
debido;
la
civil
exige,
además,
daño
y
nexo
causal; la penal demanda la realización culpable
de
los
elementos
del
tipo
y
prueba
individualizada. Una omisión administrativa no
puede
transformarse
en
presunción
de
responsabilidad
civil
o penal.
Esta
separación
no
debilita
la
prevención,
sino
que
impide
sustituir
la
prueba
por
la
mera
condición
de
sujeto
obligado
(Asamblea
Nacional
del
Ecuador,
2014,
arts.
317
y
455;
Marín
et
al.,
2025).

Con relación al criterio de proporcionalidad y
corrección, la consecuencia debe corresponder
a
la
gravedad
de
la
omisión,
el
perjuicio,
la
reiteración,
la
intencionalidad
y
la
respuesta
correctiva.
Cuando
el
defecto
sea
formal,
no
haya
frustrado
la
supervisión
y
admita
corrección,
la
subsanación
debe
ponderarse;
cuando
existan
ocultamiento
deliberado,
alteración
de
información
o
desatención
consciente de alertas graves, la respuesta puede
intensificarse.
La
autoridad
debe
motivar
expresamente esa graduación (Presidencia de la
República del Ecuador, 2026).

Los
criterios
anteriores
convierten
el
tercer
objetivo
específico en un resultado operativo:
ofrecen pautas para decidir si existía un deber,
qué
conducta
era
exigible,
qué
omisión
se
acreditó
y
cuál
consecuencia
resulta
proporcionada.
Su
incorporación
requiere
una
normativa
complementaria
del
Consejo
de
la
Judicatura,
coordinada
técnicamente
con
la
UAFE, que incluya una matriz por acto, reglas
de documentación, tratamiento del beneficiario
final, tipología de incumplimientos y criterios
de
subsanación.
La
propuesta
no
altera
las
competencias legales: las vuelve verificables y
reduce diferencias injustificadas entre notarías.
La efectividad del modelo debe evaluarse con
evidencia
distinta
de
la
sola
producción
normativa.
Son
indicadores
pertinentes
la
cobertura
y
calidad
de
la
supervisión,
la
consistencia
de
decisiones
ante
hechos
comparables,
la
calidad
y
utilidad
de
los
reportes,
los
tiempos
de
retroalimentación,
la
corrección de incumplimientos y la capacidad
para
detectar
patrones
sin
aumentar
indiscriminadamente la carga de operaciones de
bajo riesgo. El estudio no examina expedientes
sancionatorios ni recoge la experiencia directa
de
notarios
y
funcionarios;
por
ello,
estos
criterios constituyen una propuesta dogmática y
comparada
que
deberá
contrastarse
posteriormente
mediante
investigación
sociojurídica (Consejo de la Judicatura, 2026;
GAFI, 2024).

Conclusiones

El régimen ecuatoriano reconoce expresamente
al notario como sujeto obligado no financiero.
La ley vigente delimita actos, formas de pago,
reportes, reserva y conservación, y encarga la
supervisión
al
Consejo
de
la
Judicatura;
el
Reglamento
de
2026
desarrolla
la
administración del riesgo y la proporcionalidad
sancionatoria.
La
responsabilidad
cuenta,
por
tanto,
con
fundamento
legal
y
reglamentario
directo,
por
lo
que
la
discusión
actual
debe
centrarse en la concreción sectorial del deber y
no en su inexistencia.

El
principal
déficit
se
encuentra
en
la
implementación
uniforme.
Para
corregirlo,
el
Consejo de la Judicatura, con apoyo técnico de
la
UAFE,
debe
completar
una
normativa

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Página 798

sectorial que diferencie riesgos por acto, precise
la
diligencia
reforzada,
regule
la
verificación
del beneficiario final, estandarice la trazabilidad
de
las
decisiones
y
publique
criterios
de
graduación y subsanación. Esta solución respeta
la
distribución
legal
de
competencias
y
evita
mandatos
paralelos.
La
experiencia
de
Chile,
España y Perú confirma la utilidad de combinar
instrucciones
sectoriales,
motivación
documentada y apoyo analítico centralizado. Su
adaptación a Ecuador debe ser funcional: cada
mecanismo
debe
responder
a
un
déficit
identificado, preservar la reserva del reporte y
mantener
la
responsabilidad
individual
del
notario. La Unidad Complementaria Antilavado
y
la
plataforma
notarial
ofrecen
una
base
institucional para esa articulación, siempre que
operen
con
reglas
públicas,
datos
estandarizados y controles de confidencialidad.

La
atribución
previsible
de
responsabilidad
exige
seis
criterios
concurrentes:
legalidad
y
competencia;
valoración
ex
ante;
riesgo
diferenciado;
trazabilidad
y
omisión
verificable;
separación
de
los
regímenes
administrativo,
civil
y
penal;
y
proporcionalidad
de
la
consecuencia.
La
autorización
de
un
acto
posteriormente
vinculado con lavado de activos no basta. Debe
demostrarse qué deber existía, qué información
estaba disponible, qué conducta era exigible y
qué omisión concreta produjo la consecuencia
jurídica.

El
objetivo
general
se
cumple
al
precisar
el
contenido,
alcance
y
límites
de
la
responsabilidad
notarial;
los
objetivos
específicos
se
satisfacen
al
sistematizar
el
marco
vigente,
contrastar
tres
modelos
comparados y formular criterios operativos de
atribución.
La
hipótesis
se
confirma
con
una
precisión: la indeterminación ya no radica en la
existencia
del
deber
preventivo,
sino
en
su
traducción
sectorial,
documentación
y
aplicación
proporcional.
La
propuesta
debe
someterse
a
verificación
empírica.
Futuras
investigaciones deberían examinar expedientes
de
supervisión
y
sancionatorios,
prácticas
cotidianas
de
las
notarías,
calidad
de
los
reportes
y
consistencia
de
las
decisiones.
Ese
contraste
permitirá
determinar
si
las
reglas
adoptadas desde 2025 reducen riesgos reales o
permanecen como cumplimiento formal.

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dirigida
a
los
sujetos
obligados
a
reportar
bajo
supervisión
de
la
UAFE.
https://www.uafe.gob.ec/wp-content/

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©
Jazmin
Valeria
García
Saltos
y
Leonel
Libardo
Lomas
Revelo
y
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Declaraciones éticas y editoriales del artículo

Contribución de los autores (Taxonomía CRediT).

Jazmin Valeria García Saltos: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de los
datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio.

Leonel Libardo Lomas Revelo: curación y organización de los datos, participación en la recolección de información, validación de los resultados
obtenidos y elaboración de representaciones gráficas y visualización de los datos.

Noadis Milán Morales: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de los datos,
redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación con la investigación presentada, la autoría del manuscrito ni la publicación del
presente artículo.

Declaración de financiamiento

La presente investigación no recibió financiamiento específico de agencias públicas, comerciales o de organizaciones sin fines de lucro. En caso de
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Declaración del editor

El editor responsable certifica que el proceso editorial del presente artículo se desarrolló conforme a los principios de integridad científica, transparencia
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Declaración de los revisores

Los revisores externos que participaron en la evaluación del presente manuscrito declaran haber realizado el proceso de revisión de manera objetiva,
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Los autores declaran que la investigación se desarrolló respetando los principios éticos de la investigación científica, garantizando la confidencialidad
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a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y a las normativas institucionales correspondientes.

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del manuscrito, se realizó únicamente como apoyo técnico para mejorar la claridad del lenguaje o el análisis de información, manteniendo siempre la
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Disponibilidad de datos

Los datos que respaldan los resultados de esta investigación estarán disponibles previa solicitud razonable al autor de correspondencia, respetando las
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Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 10.1
Edición Especial X 2026
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