ESTÁNDARES PROBATORIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO: DEBATE ENTRE
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
EVIDENTIARY STANDARDS IN GENDER-BASED VIOLENCE: DEBATE BETWEEN THE
PRESUMPTION OF INNOCENCE AND GENDER PERSPECTIVE
Autores:
1
Nury Liliana Huilcarema García,
2
Luis Enrique Rugel Riofrio,
3
Holger Geovannny
García Segarra y
4
Luz Marina Castillo López.
¹ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0008-9675-1672
²ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0000-9465-8206
3
ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0009-2499-762X
4
ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0008-0588-4251
¹E-mail de contacto:
nlhuilcaremag@ube.edu.ec
²E-mail de contacto:
lerugelr@ube.edu.ec
3
E-mail de contacto:
hggarcias@ube.edu.ec
4
E-mail de contacto:
lmcastillol@ube.edu.ec
Afiliación:
1*2*3*4*
Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).
Artículo recibido: 1 de Octubre del 2026.
Artículo revisado: 13 de Octubre del 2026.
Artículo aprobado: 13 de Octubre del 2026.
¹Abogado, graduado de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Maestrante de la Maestría en Especialidad de Derecho Procesal, en la
Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).
²Abogado, graduado de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Maestrante de la Maestría en Especialidad de Derecho Procesal, en la
Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).
³Abogado, graduado de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Magíster en Derecho Procesal, graduado de la Universidad Tecnológica
ECOTEC, (Ecuador).
4
Abogado, graduado de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Magíster en Derecho Procesal, graduado de la Universidad Tecnológica
ECOTEC, (Ecuador). Magíster en Derecho, con mención en Derecho Procesal Constitucional, graduado de la Universidad Estatal de
Milagro, (Ecuador).
Resumen
El
presente
artículo
analiza
el
estándar
probatorio aplicable a la adopción de medidas
de protección frente a la violencia de género en
Ecuador,
en
relación
con
la
presunción
de
inocencia, para determinar si el marco legal y la
jurisprudencia
ecuatoriana
equilibran
la
protección
de
las
víctimas
con
las
garantías
procesales
de
la
persona
denunciada.
Se
desarrolló una investigación cualitativa jurídica
y normativa, analítico-descriptiva, basada en la
Constitución,
el
Código
Orgánico
Integral
Penal,
la
Ley
Orgánica
para
Prevenir
y
Erradicar
la
Violencia
contra
las
Mujeres,
el
Protocolo
del
Consejo
de
la
Judicatura,
y
jurisprudencia
de
las
cortes
Constitucional
y
Nacional
de
Justicia,
y
literatura
académica
sobre
presunción
de
inocencia,
género
y
estándares de prueba. Los resultados muestran
que
la
legislación
ecuatoriana
reconoce
la
presunción
de
inocencia,
pero
impone
obligaciones
reforzadas
de
protección
que
generan
tensiones
judiciales:
en
la
fase
de
adopción de medidas, los jueces suelen aplicar
un estándar cercano a la sospecha razonable o al
riesgo inminente, sustentado en el testimonio de
la víctima, sin motivación suficiente. El marco
jurídico
es
compatible
con
los
estándares
internacionales,
pero
su
aplicación
requiere
mayor
motivación
y
control
de
proporcionalidad,
por
lo
que
se
recomienda
fortalecer
los
lineamientos
técnicos
y
la
capacitación judicial.
Palabras
clave:
Medidas
de
protección,
Presunción
de
inocencia,
Violencia
de
género,
Estándares
probatorios,
Sospecha
razonable.
Abstract
This
article
analyzes
the
evidentiary
standard
applicable
to
the
adoption
of
protection
measures
against
gender-based
violence
in
Ecuador
in
relation
to
the
presumption
of
Innocence to determine whether the Ecuadorian
legal framework and case law strike a balance
between
victim
protection
and
the
procedural
guarantees
of
the
accused.
A
qualitative,
analytical-descriptive legal and normative study
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was conducted, drawing upon the Constitution,
the
Comprehensive
Organic
Penal
Code,
the
Organic
Law
on
Preventing
and
Eradicating
Violence
against
Women,
the
Judicial
Council’s
Protocol,
rulings
from
the
Constitutional Court and the National Court of
Justice,
and
academic
literature
on
the
presumption
of
innocence,
gender,
and
evidentiary standards. The results indicate that
while
Ecuadorian
legislation
recognizes
the
presumption
of
innocence,
it
imposes
heightened
protection
obligations
that
create
judicial
tensions:
when
adopting
measures,
judges often apply a standard akin to reasonable
suspicion or imminent risk based on the victim's
testimony
without
providing
sufficient
legal
reasoning. Although the legal framework aligns
with
international
standards,
its
application
requires
more
robust
reasoning
and
proportionality
analysis;
therefore,
strengthening technical guidelines and judicial
training is recommended.
Keywords:
Protection
measures,
Presumption
of
innocence,
Gender-based
violence, Evidentiary standards, Reasonable
suspicion.
Sumário
Este artigo analisa o padrão probatório aplicável
à
adoção
de
medidas
de
proteção
contra
a
violência de gênero no Equador, em relação à
presunção
de
inocência,
para
determinar
se
o
marco
legal
e
a
jurisprudência
equatoriana
equilibram
a
proteção
das
vítimas
com
as
garantias
processuais
da
pessoa
denunciada.
Realizou-se uma pesquisa qualitativa, jurídica e
normativa, de caráter analítico-descritivo, com
base
na
Constituição,
no
Código
Orgânico
Integral Penal, na Lei Orgânica para Prevenir e
Erradicar
a
Violência
contra
as
Mulheres,
no
Protocolo
do
Conselho
da
Magistratura,
na
jurisprudência
das
Cortes
Constitucional
e
Nacional
de
Justiça
e
na
literatura
acadêmica
sobre presunção de inocência, gênero e padrões
probatórios.
Os
resultados
mostram
que
a
legislação
equatoriana
reconhece
a
presunção
de inocência, mas impõe obrigações reforçadas
de proteção que geram tensões judiciais: na fase
de
adoção
de
medidas,
os
juízes
costumam
aplicar um padrão próximo à suspeita razoável
ou
ao
risco
iminente,
fundamentado
no
depoimento
da
vítima,
sem
fundamentação
suficiente. O marco jurídico é compatível com
os
padrões
internacionais,
mas
sua
aplicação
requer
maior
fundamentação
e
controle
de
proporcionalidade;
por
isso,
recomenda-se
fortalecer as diretrizes técnicas e a capacitação
judicial.
Palavras-chave:
Medidas
de
proteção,
Presunção de inocência, Violência de gênero,
Padrões probatórios, Suspeita razoável.
Introducción
La
violencia
de
género
constituye
una
problemática
que
trasciende
el
ámbito
estrictamente
privado
y
se
proyecta
sobre
el
sistema
de
administración
de
justicia,
particularmente en aquellos casos en los que el
Estado
debe
adoptar
medidas
orientadas
a
prevenir nuevos actos de violencia y garantizar
la protección de las personas afectadas. En este
contexto, el ordenamiento jurídico ecuatoriano
ha
desarrollado
mecanismos
específicos
de
protección
y
prevención,
acompañados
de
obligaciones
reforzadas
para
los
órganos
estatales
encargados
de
responder
frente
a
situaciones de violencia contra las mujeres.
Sin
embargo,
la
adopción
de
estas
medidas
plantea
un
problema
de
especial
relevancia
procesal y constitucional cuando las decisiones
judiciales generan restricciones sobre derechos
de
la
persona
denunciada
antes
de
que
exista
una
declaración
definitiva
de
responsabilidad.
La
presunción
de
inocencia
constituye
una
garantía fundamental dentro del proceso penal y
comprende, entre otras dimensiones, una regla
de tratamiento y una regla de juicio. Desde esta
última perspectiva, corresponde a quien acusa
acreditar
la
responsabilidad
del
procesado
mediante
prueba
suficiente,
mientras
que
la
condena únicamente resulta legítima cuando se
alcanza
el
grado
de
convicción
exigible
conforme al estándar probatorio aplicable. Higa
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(2013) sostiene que la presunción de inocencia
opera
como
una
garantía
constitucional
vinculada
con
la
exigencia
de
acreditar
la
responsabilidad
antes
de
imponer
una
consecuencia
penal,
mientras
que
Igartua
(2001)
destaca
su
relación
con
la
carga
de
la
prueba y con el estándar requerido para adoptar
una decisión condenatoria.
En una perspectiva garantista, Ferrajoli (2001)
diferencia
igualmente
la
presunción
de
inocencia
como
regla
de
tratamiento
y
como
regla de juicio, resaltando que la primera impide
anticipar
consecuencias
propias
de
la
culpabilidad
y
la
segunda
exige
que
la
responsabilidad sea acreditada mediante prueba
suficiente.
No
obstante,
la
problemática
adquiere
particular
complejidad
en
los
procedimientos
relacionados
con
violencia
de
género, debido a que la respuesta estatal no se
limita
a
la
determinación
posterior
de
responsabilidad
penal,
sino
que
también
comprende actuaciones preventivas destinadas
a neutralizar situaciones de riesgo.
La necesidad de brindar una protección efectiva
a
las
víctimas
ha
impulsado
el
desarrollo
de
mecanismos
que
pueden
adoptarse
en
etapas
preliminares,
incluso
antes
de
que
exista
una
decisión sobre la responsabilidad de la persona
denunciada.
En
consecuencia,
surge
la
necesidad
de
determinar
si
los
criterios
utilizados
para
justificar
estas
medidas
corresponden
propiamente
a
un
estándar
probatorio
o
si
responden
a
una
lógica
preventiva
diferente,
vinculada
con
la
existencia
de
elementos
que
permitan
identificar una situación de riesgo y justificar
una
intervención
estatal
inmediata.
Esta
distinción resulta relevante porque el estándar
probatorio
exigible
para
determinar
la
responsabilidad penal no necesariamente puede
trasladarse de manera automática a la adopción
de
una
medida
de
protección.
Mientras
la
decisión
condenatoria
pretende
establecer
la
responsabilidad
por
un
hecho
delictivo
y
requiere
superar
el
estándar
de
prueba
correspondiente,
las
medidas
de
protección
tienen una finalidad esencialmente preventiva y
buscan evitar la materialización o reiteración de
actos de violencia.
Por
ello,
la
utilización
de
expresiones
como
“duda
razonable”,
“sospecha
razonable”,
“riesgo
inminente”
o
“estándar
probatorio
reforzado”
requiere
una
delimitación
conceptual que permita determinar su función
específica dentro de cada momento procesal y
evitar
que
categorías
jurídicamente
diferentes
sean utilizadas como equivalentes. En el ámbito
de
la
violencia
de
género,
esta
cuestión
se
encuentra
además
atravesada
por
la
incorporación de la perspectiva de género en la
actuación
de
los
órganos
jurisdiccionales.
La
obligación
estatal
de
prevenir,
investigar
y
sancionar la violencia contra las mujeres exige
que
los
operadores
jurídicos
reconozcan
las
particularidades
de
este
fenómeno
y
eviten
razonamientos
basados
en
estereotipos
o
patrones discriminatorios.
En este sentido, la jurisprudencia constitucional
ecuatoriana
ha
reconocido
la
necesidad
de
incorporar
una
perspectiva
de
género
en
la
administración
de
justicia
y
de
evitar
que
los
estereotipos
condicionen
la
valoración
de
los
hechos
y
la
respuesta
judicial.
Esta
exigencia
debe, sin
embargo, ser
examinada
juntamente
con
las
garantías
procesales
de
la
persona
denunciada, puesto que la perspectiva de género
no
debería
interpretarse
como
una
sustitución
de
las
reglas
de
razonamiento
probatorio
ni
como
una
presunción
automática
de
responsabilidad. Las referencias bibliográficas
revisadas evidencian precisamente la existencia
de
una
discusión
en
torno
al
valor
que
debe
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atribuirse
al
testimonio
de
la
víctima
en
los
casos
de
violencia
de
género.
Arena
(2020)
analiza
el
testimonio
único
en
situaciones
de
violencia de género y plantea la necesidad de
abordar su valoración desde criterios racionales
de razonamiento probatorio. Fernández (2012)
por
su
parte,
estudia
la
fuerza
probatoria
del
testimonio
de
la
víctima
en
procesos
por
violencia contra la mujer.
Fuentes
(2019)
examina
la
relación
entre
perspectiva de género y proceso penal, mientras
que
Paz
y
Corvalán
(2025)
incorporan
una
perspectiva de justicia epistémica para analizar
el testimonio de la víctima como única prueba
en
delitos
de
violencia
sexual.
Estos
planteamientos
permiten
advertir
que
el
reconocimiento
de
las
particularidades
de
la
violencia de género no elimina la necesidad de
someter la información disponible a criterios de
valoración
racional
y
jurídicamente
controlables.
En
el
contexto
ecuatoriano,
diversas investigaciones también han abordado
los
problemas
relacionados
con
la
valoración
probatoria y las medidas de protección. Castillo
y
Ruiz
(2021)
estudian
la
eficacia
de
las
medidas
de
protección
en
casos
de
violencia
intrafamiliar;
Iglesias
(2023)
analiza
las
medidas
de
protección
frente
a
la
violencia
intrafamiliar hacia la mujer; Macas et al, (2023)
examinan las medidas de protección aplicadas a
mujeres
víctimas
de
violencia
de
género;
y
Zurita (2022) estudia la perspectiva de género
en la motivación de las medidas de protección
en casos de violencia psicológica.
Asimismo, Alvear y Mancero (2022) analizan el
estándar
de
prueba
en
delitos
de
violación
cuando el testimonio de la víctima constituye la
principal
fuente
probatoria,
mientras
que
Pesátez (2023) aborda el proceso probatorio en
los delitos sexuales en Ecuador. Estos estudios
aportan elementos relevantes para comprender
la
protección
de
las
víctimas,
la
valoración
testimonial
y
las
exigencias
probatorias
en
contextos de violencia; sin embargo, el análisis
conjunto de estos elementos permite identificar
la necesidad de profundizar en la relación entre
los
criterios
utilizados
para
justificar
medidas
de
protección
y
las
garantías
derivadas
de
la
presunción de inocencia.
Desde esta perspectiva, el problema no puede
reducirse
a
establecer
si
debe
prevalecer
la
protección
de
la
víctima
o
la
garantía
de
presunción de inocencia, como si se tratara de
derechos
necesariamente
incompatibles.
El
verdadero desafío consiste en determinar en qué
condiciones pueden coexistir ambas exigencias
dentro
de
un
sistema
constitucional
de
garantías. La protección frente a una situación
de
violencia
puede
requerir
una
intervención
estatal inmediata, pero dicha intervención debe
encontrarse
sustentada
en
una
justificación
racional que permita identificar el riesgo que se
pretende prevenir, la relación existente entre los
elementos disponibles y dicho riesgo, así como
la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la
medida
adoptada.
De
esta
manera,
la
motivación
judicial
adquiere
una
función
esencial como mecanismo de articulación entre
la
obligación
de
protección
y
las
garantías
procesales de la persona denunciada.
La
jurisprudencia
interamericana
también
ha
contribuido
a
desarrollar
obligaciones
reforzadas
de
protección
frente
a
la
violencia
contra las mujeres, particularmente respecto de
la debida diligencia y la necesidad de que las
autoridades judiciales actúen considerando las
condiciones específicas en las que se producen
estos hechos. El caso Fernández Ortega y otros
vs. México (Corte Interamericana de Derechos
Humanos,
2010),
así
como
los
desarrollos
posteriores sobre debido proceso y valoración
probatoria,
constituyen
referentes
relevantes
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Edición Especial XI 2026
Página 356
para
examinar
la
forma
en
que
los
sistemas
judiciales deben responder frente a situaciones
de violencia de género.
Estos
estándares
internacionales
deben
ser
articulados con las garantías reconocidas en el
ordenamiento
constitucional
ecuatoriano,
evitando
que
la
protección
reforzada
sea
entendida
como
una
excepción
general
a
las
exigencias
de
racionalidad,
motivación
y
control judicial. En consecuencia, la revisión de
la
literatura
académica,
la
normativa
y
la
jurisprudencia seleccionada permite identificar
una cuestión central: la necesidad de diferenciar
el
estándar
probatorio
aplicable
a
la
determinación de responsabilidad penal de los
criterios de justificación que pueden sustentar
una
medida
de
protección
de
naturaleza
preventiva.
Esta
diferenciación
resulta
necesaria
para
determinar
si
expresiones
como
“sospecha
razonable”
o
“riesgo
inminente”
constituyen
verdaderos
estándares
de
prueba,
criterios
de
valoración preliminar o categorías destinadas a
justificar una intervención preventiva; y permite
examinar si la aplicación de la perspectiva de
género
puede
integrarse
con
la
presunción
de
inocencia
sin
transformar
la
protección
de
la
víctima en una presunción
de responsabilidad
contra la persona denunciada. A partir de esta
problemática, el presente artículo desarrolla una
revisión
cualitativa
de
fuentes
académicas,
normativas y jurisprudenciales relacionadas con
la
presunción
de
inocencia,
la
perspectiva
de
género, los estándares probatorios y las medidas
de protección en el ordenamiento ecuatoriano.
La
revisión
comprende
la
Constitución
de
la
República
del
Ecuador,
el
Código
Orgánico
Integral Penal, la Ley para Prevenir y Erradicar
la
Violencia
contra
las
Mujeres,
instrumentos
internacionales,
jurisprudencia
de
la
Corte
Constitucional
y
de
la
Corte
Nacional
de
Justicia, así como literatura especializada sobre
razonamiento probatorio, violencia de género y
garantías
procesales,
con
el
propósito
de
identificar convergencias, diferencias y vacíos
en
las
posiciones
académicas
y
jurisprudenciales
revisadas.
En
este
marco,
la
pregunta que orienta el estudio es: ¿Cuál es el
estándar de justificación probatoria aplicable a
la
adopción
de
medidas
de
protección
por
violencia
de
género
en
Ecuador
y
cómo
se
relaciona con la presunción de inocencia de la
persona denunciada?
En
correspondencia
con
esta
interrogante,
el
objetivo general consiste en analizar, desde la
literatura
académica,
la
normativa
y
la
jurisprudencia,
los
criterios
de
justificación
utilizados
para
la
adopción
de
medidas
de
protección en casos de violencia de género y su
relación
con
la
presunción
de
inocencia.
De
manera
específica,
se
busca
examinar
los
fundamentos constitucionales y conceptuales de
la
presunción
de
inocencia;
identificar
los
criterios desarrollados en torno a la valoración
probatoria
y
la
adopción
de
medidas
de
protección en contextos de violencia de género;
y
determinar
las
condiciones
bajo
las
cuales
dichos criterios pueden generar una afectación
a
las
garantías
procesales
de
la
persona
denunciada.
La
relevancia
de
esta
revisión
radica
en
que
permite
abordar
el
problema
desde
una
perspectiva
que
no
plantea
una
oposición
absoluta entre protección y garantías, sino que
busca identificar las condiciones jurídicas que
permitan
armonizarlas.
En
este
sentido,
el
análisis se orienta a examinar las condiciones
bajo
las
cuales
la
perspectiva
de
género
y
la
presunción
de
inocencia
pueden
articularse,
siempre
que
la
adopción
de
medidas
de
protección responda a una finalidad preventiva
legítima
y
se
encuentre
sustentada
en
una
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motivación suficiente, racional y proporcional.
El aporte de la revisión consiste, por tanto, en
sistematizar la discusión en torno a la diferencia
entre
el
estándar
de
prueba
requerido
para
establecer
responsabilidad
y
los
criterios
de
justificación
necesarios
para
adoptar
medidas
preventivas,
destacando
la
importancia
del
razonamiento
judicial
como
elemento
de
equilibrio entre la protección efectiva frente a la
violencia de género y las garantías procesales.
Materiales y Métodos
El presente estudio corresponde a un artículo de
revisión jurídica, desarrollado desde un enfoque
cualitativo y mediante un proceso de revisión
documental
de
fuentes
normativas,
jurisprudenciales
y
académicas
relacionadas
con la presunción de inocencia, la perspectiva
de
género,
los
estándares
probatorios,
la
valoración
de
la
prueba
y
las
medidas
de
protección
frente
a la violencia de género. El
análisis se orientó desde el método dogmático-
jurídico y un enfoque descriptivo-analítico, con
el
propósito
de
sistematizar
las
principales
posiciones
académicas
y
jurídicas
existentes,
identificar
sus
puntos
de
convergencia
y
divergencia
y
reconocer
los
vacíos
interpretativos
relacionados
con
el
problema
objeto de estudio.
El conjunto de documentos estuvo constituido
por fuentes jurídicas y académicas vinculadas
con
el
objeto
de
investigación.
En
el
ámbito
normativo
se
consideraron
principalmente
la
Constitución
de
la
República
del
Ecuador
(2008),
el
Código
Orgánico
Integral
Penal
(2014),
la
Ley
para
Prevenir
y
Erradicar
la
Violencia
contra
las
Mujeres
(2018)
y
las
disposiciones relacionadas con la presunción de
inocencia,
la
valoración
probatoria,
los
derechos
de
las
víctimas
y
las
medidas
de
protección.
Asimismo,
se
incorporaron
instrumentos
internacionales
de
derechos
humanos y fuentes provenientes de organismos
jurisdiccionales,
atendiendo
a
su
pertinencia
para
el
análisis
de
las
obligaciones
estatales
frente a la violencia de género y las garantías
procesales.
En
cuanto
a
las
fuentes
jurisprudenciales, se revisaron decisiones de la
Corte Constitucional y de la Corte Nacional de
Justicia
del
Ecuador
relacionadas
con
la
violencia de género, las medidas de protección,
la
valoración
probatoria,
la
perspectiva
de
género,
la
motivación
judicial
y
las
garantías
procesales.
La
selección
de
estas
fuentes
respondió
a
criterios
de
pertinencia
temática,
relevancia
jurídica,
vigencia
y
relación
directa
con
las
categorías
centrales
de
la
investigación,
particularmente
aquellas
decisiones
que
permitieran identificar criterios utilizados para
justificar medidas de protección y su relación
con
la
presunción
de
inocencia.
También
se
consideraron
referentes
de
la
jurisprudencia
interamericana
relacionados con la protección
de
las
mujeres
frente
a
la
violencia
y
las
obligaciones
de
debida
diligencia
de
los
Estados.
La revisión bibliográfica comprendió artículos
científicos,
libros
especializados,
ensayos
académicos
y
trabajos
de
investigación
relacionados con la presunción de inocencia, los
estándares
probatorios,
la
perspectiva
de
género, la violencia de género, el testimonio de
la víctima y las medidas de protección, tanto en
el contexto ecuatoriano como latinoamericano y
comparado.
Entre
las
fuentes
bibliográficas
consideradas
se
encuentran
los
trabajos
de
Lucchini
(1895),
Ferrajoli
(2001),
Igartua
(2001),
Higa
Silva
(2013),
Stumer
(2018),
Arena
(2020),
Fernández
(2012),
Fuentes
(2019),
Castillo
y
Ruiz
(2021),
Alvear
y
Mancero (2022), Zurita (2022), Iglesias (2023),
Macas,
et
al,
(2023),
Pesátez
(2023)
y
Paz
y
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 11.1
Edición Especial XI 2026
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Corvalán
(2025),
entre
otros
autores
incorporados en la revisión. La identificación de
las
fuentes
se
realizó
mediante
un
muestreo
bibliográfico
intencional,
orientado
a
seleccionar
referencias
de
autores
cuya
producción
resultara
directamente
pertinente
para
el
problema
de
investigación,
así
como
fuentes
institucionales
oficiales
del
Ecuador,
particularmente
el
Registro
Oficial,
la
Corte
Constitucional, la Corte Nacional de Justicia y
el Consejo de la Judicatura.
La selección privilegió la relación temática de
cada referencia con las categorías centrales del
estudio, sin restringir la búsqueda a un período
de
publicación
determinado.
Asimismo,
se
incorporaron
obras
clásicas
como
las
de
Lucchini (1895) y Ferrajoli (2001) por su valor
conceptual
para
la
construcción
del
marco
teórico de la investigación. Para la localización
de las referencias bibliográficas se emplearon
como descriptores de búsqueda las expresiones
“presunción
de
inocencia”,
“perspectiva
de
género”,
“defensas”,
“estándar
de
prueba”,
“violencia
de
género”
y
“duda
razonable”,
utilizadas
de
manera
individual
y
mediante
combinaciones lógicas, tanto en español como
en inglés.
La
selección
de
las
fuentes
se
efectuó
considerando
su
correspondencia
con
el
problema
de
investigación,
su
relevancia
jurídica o académica, su respaldo institucional y
su
aporte
al
desarrollo
conceptual
de
las
categorías analizadas. Por ende, se priorizaron
referencias bibliográficas de autores de Ecuador
y
América
Latina,
complementadas
con
literatura
comparada
de
Europa
y
otros
contextos
jurídicos
cuando
resultó
pertinente
para el análisis. Como técnica de investigación
se
utilizó
la
revisión
documental,
entendida
como
un
proceso
ordenado
de
búsqueda,
selección, lectura, comparación y análisis de las
fuentes
identificadas.
Para
organizar
la
información
se
la
estructuró
a
partir
de
las
principales
categorías
derivadas
del
problema
de investigación: (a) presunción de inocencia;
(b)
perspectiva
de
género;
(c)
medidas
de
protección;
(d)
estándares
probatorios;
(e)
valoración
del
testimonio
de
la
víctima;
(f)
motivación judicial; y (g) garantías procesales
de la persona denunciada. Esta sistematización
permitió
comparar
los
planteamientos
de
los
diferentes
autores
y
las
reglas
o
criterios
contenidos
en
las
fuentes
normativas
y
jurisprudenciales.
El
análisis
de
la
información
se
desarrolló
mediante una lectura descriptiva, comparativa y
crítica
de
las
fuentes
seleccionadas.
En
una
primera
etapa,
se
identificaron
los
principales
conceptos,
argumentos
y
criterios
jurídicos
presentes
en
la
literatura
revisada;
posteriormente,
se
compararon
las
posiciones
académicas y jurisprudenciales para establecer
coincidencias,
diferencias
y
posibles
contradicciones.
Finalmente,
se
realizó
una
síntesis
interpretativa
orientada
a
determinar
cómo se relacionan la perspectiva de género, la
protección frente a la violencia y la presunción
de
inocencia,
diferenciando
el
estándar
de
prueba
requerido
para
establecer
responsabilidad
penal
de
los
criterios
de
justificación aplicables a medidas de naturaleza
preventiva.
Los
criterios
de
inclusión
estuvieron
determinados por la pertinencia directa de las
fuentes
respecto
del
objeto
de
estudio,
su
relevancia
jurídica
o
académica,
su
verificabilidad y su contribución al análisis de
las
categorías
investigadas.
Se
excluyeron
aquellas
fuentes
que
carecieran
de
respaldo
institucional o académico verificable, así como
aquellas
cuyo
contenido
no
guardara
relación
suficiente
con
la
presunción
de
inocencia,
la
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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Página 359
perspectiva
de
género,
los
estándares
probatorios,
la
violencia
de
género
o
las
medidas
de
protección.
En
consecuencia,
la
metodología adoptada permitió integrar fuentes
normativas,
jurisprudenciales
y
académicas
desde
una
perspectiva
cualitativa,
con
el
propósito
de
sistematizar
críticamente
el
conocimiento jurídico existente, identificar las
principales
posiciones
respecto
de
la
tensión
entre protección de las víctimas y garantías de
las
personas
denunciadas,
y
establecer
los
elementos
que
permiten
analizar
la
compatibilidad entre la perspectiva de género,
las medidas de protección y la presunción
de
inocencia
dentro
del
ordenamiento
jurídico
ecuatoriano.
Resultados y Discusión
El derecho a la presunción de inocencia es un
estado
jurídico
que
ampara
a
toda
persona
sometida
a
imputación
penal,
orientando
la
actuación
del
tribunal
competente,
independiente
e
imparcial
preestablecido
por
ley, hasta que dicha presunción sea desvirtuada
mediante
prueba
objetiva,
suficiente
y
legalmente
obtenida
que
permita
formar
convicción sobre la participación culpable del
acusado en los hechos constitutivos de delito, a
través
de
una
sentencia
firme,
motivada
y
conforme a derecho (Gonzáles, 2015).
Desde una perspectiva conceptual, se concibe a
la presunción de inocencia como una regla que
garantiza, en primer término, el tratamiento del
imputado
como
inocente
durante
todo
el
proceso,
impidiendo
la
imposición
de
consecuencias
jurídicas
propias
de
la
culpabilidad antes de una declaración
judicial
definitiva y, en segundo lugar, como una regla
probatoria
que
condiciona
la
condena
a
la
acreditación de la responsabilidad más allá de
toda duda razonable (Higa, 2013). Por su parte,
Igartua
(2001)
destaca
que
la
presunción
de
inocencia cumple una doble función esencial en
el
proceso
penal,
asignando
la
carga
de
la
prueba
al
acusador,
quien
debe
demostrar
la
culpabilidad del acusado, y fijando el estándar
probatorio
exigible,
el
cual
impone
que
la
responsabilidad penal quede acreditada más allá
de toda duda razonable.
En consecuencia, no corresponde al imputado
probar
su
inocencia,
sino
al
órgano
acusador
desvirtuarla
mediante
prueba
suficiente,
coherente y concluyente. En esta misma línea
garantista,
Lucchini
(1895)
sostuvo
que
la
presunción de inocencia constituye un corolario
lógico del fin racional asignado al proceso penal
y, al mismo tiempo, la primera y fundamental
garantía
que
el
enjuiciamiento
asegura
al
ciudadano,
configurándose
como
una
presunción iuris tantum, es decir, vigente hasta
que
exista
prueba
en
contrario
obtenida
conforme
a
derecho
y
valorada
por
un
juez
competente.
En la misma línea, Ferrajoli (2001) afirma que
la
presunción
de
inocencia
encierra
al
menos
dos significados esenciales: por un lado, como
regla de tratamiento del imputado, que impone
excluir
o
restringir
al
máximo
cualquier
limitación
anticipada
de
la
libertad
personal
antes de la sentencia condenatoria; y, por otro,
como
regla
de
juicio,
que
atribuye
a
la
acusación
la
carga
de
la
prueba
y
exige
la
absolución
cuando
subsista
duda
razonable
sobre la responsabilidad penal. En igual sentido,
esta concepción hunde sus raíces en la tradición
humanista del derecho romano, ya presente en
Ulpiano
en
el
Corpus
Juris
Civilis,
donde
se
afirmaba
que
nadie
puede
ser
condenado
por
mera
sospecha,
pues
resulta
preferible
dejar
impune
el
delito
de
un
culpable
antes
que
condenar a un inocente (Montañés, 1999, pág.
29). Por consiguiente, Stumer (2018) menciona
que este derecho fundamental es una garantía
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Página 360
estructural
de
la
libertad
y
dignidad
de
la
persona,
en
tanto
impide
la
imposición
de
sanciones cuando subsista duda razonable sobre
la autoría o participación en el hecho imputado.
La
condena
de
un
inocente
produce
un
daño
irreparable
tanto
en
su
libertad
como
en
su
reputación y esfera personal, razón por la cual
el juzgador únicamente puede dictar sentencia
condenatoria
cuando
la
hipótesis
acusatoria
constituya la única explicación razonable de los
hechos
probados
en
el
proceso,
debiendo
absolver en caso contrario, con independencia
de
consideraciones
de
política
criminal
o
presión
social.
En
el
marco
constitucional,
el
principio
implica
que
el
acusador
asume
la
carga de probar la culpabilidad y que el proceso
penal
solo
puede
desarrollarse
respetando
la
dignidad
humana,
lo
que
excluye
cualquier
forma
de
castigo
basada
en
sospechas
o
conjeturas. Así, la presunción de inocencia no
solo opera como garantía individual, sino como
límite material
al
ejercicio
del
poder punitivo
del
Estado,
consolidándose
como
uno
de
los
pilares esenciales del Estado constitucional de
derechos y justicia (Tisnés, 2012).
La perspectiva de género se ha consolidado en
el ordenamiento jurídico ecuatoriano como un
criterio
de
interpretación
y
aplicación
de
la
norma,
orientado
a
corregir
desigualdades
estructurales,
eliminar
discriminaciones
y
garantizar
la
igualdad
real
entre
mujeres
y
hombres,
especialmente
en
contextos
de
vulnerabilidad como la violencia de género. La
Constitución
de
la
República
del
Ecuador
(2008) incorpora el enfoque de género de forma
expresa
en
el
artículo
11,
numeral
2,
que
consagra
el
principio
de
igualdad
y
prohíbe
expresamente la discriminación por motivos de
sexo, identidad de género y orientación sexual,
entre otras categorías. Igualmente, el artículo
66, numeral 3, literal b), consagra el derecho de
todas las personas a una vida libre de violencia
en el ámbito público y privado, disponiendo que
el Estado adoptará las medidas necesarias para
prevenir,
eliminar
y
sancionar
toda
forma
de
violencia,
en
especial
la
ejercida
contra
las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas
adultas mayores, personas con discapacidad y
toda
persona
en
situación
de
desventaja
o
vulnerabilidad.
A
ello
se
suma
el
artículo
70,
que
obliga
al
Estado
a
formular
y
ejecutar
políticas
para
alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a
través
del
mecanismo
especializado,
lo
que
convierte
a
la
perspectiva
de
género
en
un
estándar
normativo,
no
solo
en
un
criterio
de
política
social.
Por
otro
lado,
en
el
ámbito
procesal,
la
literatura
jurídica
ecuatoriana
destaca
que
juzgar
con
perspectiva
de
género
implica
una
reconfiguración
tanto
de
la
fundamentación fáctica como de la normativa,
de manera que el juez interpreta los hechos y la
prueba considerando la subordinación histórica
de
las
mujeres,
la
dinámica
de
poder
en
las
relaciones
de
violencia
y
la
dificultad
de
denunciar agresiones íntimas, además de aplicar
el texto legal de forma coherente con el bloque
de
constitucionalidad
y
con
tratados
internacionales
como
la
Convención
sobre
la
Eliminación
de
Todas
las
Formas
de
Discriminación
contra
la
Mujer
(1979)
y
la
Convención
Interamericana
para
Prevenir
la
Violencia Contra la Mujer (2005).
Dicho enfoque exige que la motivación de las
resoluciones judiciales refleje la consideración
de factores de género, evitando interpretaciones
neutrales
que,
en
la
práctica,
perpetúen
estereotipos y discriminaciones jurídicas, como
suponer
la
“falsedad”
de
la
denuncia
por
la
condición de género de la víctima. Zurita (2022)
sostiene
que
la
perspectiva
de
género
no
constituye un estándar probatorio diferenciado,
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Página 361
sino un criterio de interpretación normativa y un
modo
distinto
de
leer
los
hechos
y
valorar
la
prueba, que exige al juez reconstruir el contexto
social, cultural, laboral y familiar de la víctima,
identificar mecanismos de control coercitivo y
factores
de
interseccionalidad,
así
como
descartar
estereotipos
de
género
en
la
motivación de la resolución.
Para el autor previamente citado, este enfoque
obliga a que la motivación de las medidas de
protección exprese de forma explícita cómo se
ha considerado la subordinación estructural de
la mujer, la dinámica de poder en la relación de
violencia y la dificultad de denunciar, sin que
ello
implique
menoscabo
de
la
presunción
de
inocencia ni una valoración discrecional de la
prueba, sino una interpretación armónica con el
bloque
de
constitucionalidad
y
con
la
Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos.
Desde
esta
perspectiva,
se
define
la
perspectiva
de
género
como
una
herramienta
jurídica
de
transformación que conecta el texto normativo
con las realidades estructurales de desigualdad,
garantizando que la tutela de los derechos de las
mujeres
se
traduzca
en
decisiones
judiciales
concretas, no solo en declaraciones abstractas.
Desde una mirada autónoma, puede afirmarse
que, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la
perspectiva de género ha adquirido un estatus
normativo
mixto:
se
reconoce
formalmente
como criterio de igualdad y no discriminación,
pero en la práctica su aplicación puede presentar
diferencias,
especialmente
en
el
ámbito
procesal.
La
Carta
Magna
consagra
principios
relacionados
con
la
igualdad
y
la
no
discriminación,
aunque
no
define
de
manera
específica el concepto de perspectiva de género,
lo que ha dejado su construcción en manos de la
literatura
académica
y
la
jurisprudencia,
generando
dispersión
y
matices
que
pueden
dificultar
su
aplicación
por
parte
de
los
operadores de justicia. En la práctica, cumple
funciones interpretativa, valorativa y correctiva:
exige
que
el
juez
lea
la
norma
a
la
luz
de
la
desigualdad estructural, valore el testimonio de
la
víctima
y
los
informes
interdisciplinarios
como
reflejo
de
la
realidad
de
la
violencia
íntima,
y
elimine
estereotipos
de
género
que
históricamente han debilitado la efectividad de
la justicia.
Sin
embargo,
la
falta
de
una
definición
legal
unificada y de protocolos claros puede generar
aplicaciones
diferenciadas
de
este
enfoque,
reproduciendo decisiones que, aunque respeten
formalmente
la
presunción
de
inocencia,
podrían
no
considerar
adecuadamente
el
contexto
de
violencia.
En
este
sentido,
la
perspectiva de género no debe entenderse como
un contrapeso a la presunción de inocencia, sino
como
una
condición
de
posibilidad
de
su
ejercicio
efectivo,
al
exigir
que
el
proceso
se
desarrolle en un contexto de igualdad real, sin
dejar
a
la
víctima
al
margen
del
poder
del
victimario
ni
convertir
al
presunto
agresor
en
una figura abstracta.
Las
medidas
de
protección
constituyen
instrumentos jurídicos de naturaleza preventiva
mediante los cuales el juez o jueza competente
dispone
acciones
inmediatas
destinadas
a
salvaguardar la integridad física, psicológica y
patrimonial
de
las
víctimas
de
violencia
intrafamiliar, debiendo ser adoptadas de manera
oportuna desde el momento en que la autoridad
jurisdiccional tiene conocimiento de los hechos,
en
atención
a
su
finalidad
primordial
de
prevenir
daños
adicionales
y
garantizar
la
efectividad
de
los
derechos
fundamentales
(Castillo
y
Ruiz
2021).
En
el
ámbito
académico,
López
(2012)
sostiene
que
las
medidas de prevención se orientan a identificar
y
comprender
las
causas
y
efectos
de
las
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situaciones de riesgo que enfrentan las víctimas
o posibles víctimas de violencia de género, así
como a impedir que tales riesgos se concreten
en afectaciones reales, enfatizando su carácter
anticipatorio
y
protector.
Por
su
parte,
Díaz
(2009)
define
como
decisiones
y
actuaciones
adoptadas por el Estado, a través de sus distintas
instituciones, con el propósito de materializar el
cuidado
y
protección
de
la
persona
agredida,
configurándose
como
mecanismos
destinados
no solo a brindar apoyo inmediato, sino también
a evitar la reiteración de conductas violentas.
En
el
contexto
procesal
ecuatoriano,
la
intervención estatal comprende un seguimiento
por parte del juez especializado para verificar su
cumplimiento, tanto por la víctima como por el
presunto agresor, articulando la cooperación de
entidades como la Policía Nacional, a través del
Departamento
de
Violencia
Intrafamiliar,
el
Ministerio de Inclusión Económica y Social y el
Ministerio de Salud Pública, mediante sus áreas
de psicología y trabajo social, lo que evidencia
un
enfoque
integral
orientado
a
la
protección
efectiva
y
no
meramente
declarativa
(Castillo
Ruiz, 2021). No obstante, si bien las medidas de
protección tienen como eje central la tutela de
la víctima, su naturaleza garantista no autoriza
un uso abusivo o indebido de las mismas, pues
su aplicación debe ajustarse estrictamente a lo
dispuesto por la autoridad judicial.
En la práctica, se han presentado situaciones en
las
que
la
boleta
de
auxilio
prevista
en
el
artículo 558, numeral 4, del Código Orgánico
Integral Penal (2014) es invocada para exigir la
salida
del
presunto
agresor
del
domicilio
cuando
dicha
medida
específica
no
ha
sido
ordenada por el juez, siendo que la separación
del
hogar
constituye
una
medida
distinta
contemplada expresamente en el numeral 5 del
mismo artículo. Esto evidencia la necesidad de
delimitar con claridad el alcance y contenido de
cada disposición para evitar distorsiones en su
ejecución
y
preservar
el
equilibrio
entre
protección efectiva y respeto al debido proceso.
Las
medidas
de
protección
tienen
como
finalidad
salvaguardar
la
integridad
física,
psicológica y sexual de la persona en situación
de
riesgo,
por
lo
que
poseen
carácter
eminentemente
preventivo
e
inmediato.
De
conformidad con la Ley Orgánica para Prevenir
y
Erradicar
la
Violencia
contra
las
Mujeres
(2018), pueden ser otorgadas tanto por jueces
especializados
como
por
autoridades
administrativas, tales como tenientes Políticos y
Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
Entre las previstas en el artículo 558 del Código
Orgánico
Integral
Penal
(2014),
la
más
solicitada es la boleta de auxilio,
instrumento
que
faculta
a
la
víctima
a
requerir
la
intervención
inmediata
de la Policía Nacional
ante una nueva agresión, pudiendo el presunto
agresor ser aprehendido si transgrede la medida
impuesta; y su incumplimiento puede acarrear
una pena privativa de libertad de uno a tres años,
conforme
al
artículo
282
del
mismo
cuerpo
normativo.
No
obstante,
cuando
las
medidas
son
dispuestas
por
autoridad
judicial,
su
emisión
y
aplicación
quedan
bajo
criterio
del
juez o jueza que conoce la causa, lo cual exige,
como
señala
Barragán
(2017),
una
adecuada
preparación técnica, sensibilidad y enfoque en
derechos
humanos
para
garantizar
decisiones
oportunas y proporcionales.
En este contexto, resulta pertinente vincular el
análisis con el principio de eficacia desarrollado
por Norberto Bobbio, entendido como el grado
en que la norma es efectivamente cumplida por
sus destinatarios. Por tanto, la Constitución de
la República del Ecuador (2008), en su artículo
227, establece que la administración pública se
rige, entre otros, por los principios de eficacia y
eficiencia, lo que implica que el Estado, a través
Ciencia y Educación
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Edición Especial XI 2026
Página 363
de
sus
instituciones,
debe
asegurar
el
cumplimiento
real
de
las
disposiciones
judiciales.
Por
ello,
el
seguimiento
de
las
medidas
de
protección
se
vuelve
indispensable
para
garantizar
su
efectividad
y
evitar
tanto
su
incumplimiento como su uso indebido; y debe
precisarse
que
la
adopción
de
medidas
de
protección
no
implica
una
declaración
de
culpabilidad
del
presunto
agresor,
pues
su
naturaleza
es preventiva, orientada a
evitar la
reiteración
de
actos
de
violencia
mientras
se
sustancia el proceso correspondiente (Iglesias,
2023). Los sistemas procesales modernos han
superado el modelo de prueba tasada o legal, en
el cual la determinación de los hechos respondía
a
un
esquema
rígido
que
convertía
la
reconstrucción
fáctica
en
un
cálculo
predeterminado por la ley.
Tal tránsito hacia el sistema de libre valoración
de
la
prueba
no
implica
discrecionalidad
absoluta
del
juez,
sino
que
exige
que
su
convicción se encuentre guiada por criterios de
racionalidad,
coherencia
y
fundamentación
objetiva,
desarrollados
tanto
por
la
literatura
especializada
como
por
la
práctica
jurisprudencial como mecanismos de control de
la decisión judicial (Alvear y Mancero, 2022).
En
este
marco,
la
valoración
probatoria
se
encuentra limitada por garantías procesales que
permiten a las partes controlar la motivación de
la
sentencia,
pues
la
racionalidad
en
la
determinación de los hechos impone al juez el
deber de reconstruir una versión lo más cercana
posible a la verdad, aunque no pueda aspirarse
a
una
verdad
absoluta
u
objetiva
en
sentido
metafísico,
sino
a
una
conclusión
razonada,
sustentada
en
prueba
válida
y
analizada
conforme
a
parámetros
lógicos
y
de
experiencia. Dentro de este análisis probatorio,
adquieren
particular
relevancia
la
declaración
del
testigo
y
la
declaración
del
imputado,
figuras
que
poseen
distinta
entidad
jurídica.
Mientras
el
testigo
tiene
el
deber
de
comparecer,
declarar
y
decir
la
verdad
bajo
juramento,
el
imputado
goza
del
derecho
a
guardar silencio sin que ello le genere perjuicio
alguno, y su eventual falta de veracidad no es
sancionada penalmente.
Tal diferencia ha generado debate académico,
pues
algunos
sostienen
que
ambas
declaraciones
deben
valorarse
en
igualdad
de
condiciones,
a
fin
de
no
desnaturalizar
el
derecho
del
imputado
a
no
declarar
bajo
juramento ni convertirlo indirectamente en un
elemento
en
su
contra
(Huaman,
2023).
Más
allá de esta discusión, la literatura especializada
identifica
tres
momentos
esenciales
en
la
valoración
del
testimonio:
la
percepción
del
hecho,
la
memoria
del
acontecimiento
y
su
comunicación en el proceso judicial.
De
modo
que
la
percepción
puede
estar
condicionada
por
factores
físicos
o
contextuales; la memoria puede verse afectada
por
el
paso
del
tiempo
o
por
la
intensidad
emocional
del
suceso;
y
la
comunicación
depende de la capacidad narrativa y expresiva
del declarante. En particular, se reconoce que
situaciones
traumáticas
pueden
generar
imprecisiones
en
aspectos
secundarios
del
relato,
sin
que
ello
afecte
necesariamente
su
credibilidad cuando los elementos sustanciales
permanecen
firmes
y
coherentes
(Quintero,
2025).
En
cuanto
a
la
comunicación
del
testimonio, su valoración se apoya en máximas
de
la
experiencia
y
criterios
de
racionalidad
práctica, ya que la jurisprudencia ha establecido
que
la
credibilidad
puede
inferirse
de
la
coherencia interna del relato, su persistencia en
el
tiempo
y
el
grado
de
detalle
ofrecido,
sin
perder de vista las condiciones personales y el
contexto
individual
del
declarante.
En
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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Página 364
consecuencia,
la
fuerza
del
testimonio
incriminatorio
no
depende
únicamente
de
su
consistencia lógica, sino también de un análisis
integral
que
considere
las
circunstancias
particulares
del
caso,
garantizando
así
una
valoración
probatoria
respetuosa
de
los
principios
de
razonabilidad,
motivación
y
debido
proceso
(Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos,
2010).
En
el
ámbito
interno,
la
Corte
Nacional
de
Justicia
del
Ecuador,
mediante
la
Resolución
No.
1855-
2018,
dictada
dentro
del
Juicio
No.
17269-
2006-0034,
desarrolló
una
metodología
de
verificación
judicial
del
testimonio
de
la
víctima
estructurada
en
dos
esferas
complementarias:
una
interna,
referida
a
la
coherencia,
persistencia
y
verosimilitud
del
propio
relato,
y
otra
externa,
relativa
a
la
existencia
de
elementos
periféricos
que
permitan
corroborar
razonablemente
lo
declarado.
Esta
resolución
constituye
un
criterio
de
referencia
para
determinar
la
suficiencia
probatoria del testimonio en delitos que, por su
naturaleza,
suelen
cometerse
sin
testigos,
y
aporta un parámetro objetivo
para articular la
protección de la víctima con las exigencias de
motivación
propias
del
debido
proceso.
Para
efectuar
una
adecuada
valoración
de
la
declaración
de
la
víctima,
los
órganos
jurisdiccionales
deben
despojarse
de
todo
prejuicio,
entendido
como
aquel
preconcepto
que puede conducir a una decisión fundada en
criterios
equivocados
o
discriminatorios.
En
este ámbito, los estereotipos de género, como
las
categorías
de
“mujer
honesta”,
“mujer
mendaz”,
“mujer
instrumental”,
“mujer
corresponsable” o “mujer fabuladora”, pueden
incidir
negativamente
en
la
imparcialidad
judicial,
por
lo
que
resulta
indispensable
erradicarlos
del
razonamiento
probatorio.
De
manera que un análisis riguroso de la relevancia
jurídica de la prueba permite excluir aquellos
elementos
destinados
únicamente
a
reforzar
prejuicios discriminatorios, particularmente en
casos de violencia sexual, donde aspectos como
la
forma
de
vestir,
la
ocupación,
la
relación
previa con el agresor o la vida sexual anterior de
la víctima no constituyen criterios válidos para
determinar
credibilidad
ni
responsabilidad
(Alvear y Mancero, 2022). En síntesis, dentro
del proceso penal, la credibilidad del testimonio
de
la
víctima
puede
evaluarse
con
base
en
parámetros
objetivos
que
atiendan
a
su
naturaleza
jurídica,
a
la
integridad
de
la
percepción
y
memoria
analizadas
en
su
contexto, a la coherencia interna del relato y a
los
posibles
factores
de
presión
internos
o
externos que pudieran influir en su declaración.
En todo caso, dicha valoración debe realizarse
libre de estereotipos y conforme a criterios de
racionalidad
y
motivación
suficiente
(Leiva,
2024).
Entre
los
medios
probatorios
complementarios
en
investigaciones
de
violencia de género se encuentran los informes
elaborados
por
equipos
interdisciplinarios.
La
prueba
pericial
resulta
pertinente
cuando
se
requiere
conocimiento
técnico
especializado
ajeno
a
la
experiencia
común
del
juzgador,
permitiendo
incorporar
al
proceso
elementos
clínicos,
psicológicos
o
sociales
que
faciliten
una comprensión integral del caso.
Así, médicos, psicólogos o trabajadores sociales
pueden aportar información sobre las secuelas
físicas o psíquicas derivadas de la agresión, lo
cual, aunque no siempre constituya un elemento
típico del delito, puede resultar relevante para
valorar
la
coherencia
y
verosimilitud
del
testimonio
(Flores,
2025).
La
objeción
consistente en afirmar que los informes médicos
o psicológicos derivan de la misma fuente, la
víctima, no implica necesariamente que se trate
de un supuesto de “testigo único”, puesto que
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Edición Especial XI 2026
Página 365
las pruebas poseen naturaleza diversa y aportan
perspectivas distintas de análisis. Idealmente, el
peritaje no debe limitarse a reproducir el relato
de
la
víctima,
sino
ofrecer
una
evaluación
técnica sobre su estado emocional, psíquico o
físico, verificando si este es compatible con los
hechos denunciados (Paladines et al, 2024). De
igual forma, los testigos de referencia no deben
ser convocados para reiterar lo que escucharon,
sino
para
describir
las
circunstancias
que
observaron al momento en que la víctima relató
lo
sucedido,
tales
como
su
estado
anímico
o
conductual.
La
antedicha
distinción,
aunque
sutil,
resulta
fundamental
para
preservar
la
calidad y autonomía de cada medio probatorio,
permitiendo
que
una
misma
declaración
sea
valorada
de
manera
diferenciada
según
su
contenido
y
su
función
dentro
del
proceso
(Pesátez, 2023).
La normativa ecuatoriana para la violencia de
género
se
encuentra
enmarcada
en
la
Ley
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia
contra
las
Mujeres
(2018),
que
establece
un
amplio
catálogo
de
medidas
de
protección
administrativa
y
judicial,
con
carácter cautelar y urgente. Esta norma busca la
tutela
efectiva
e
inmediata
de
la
presunta
víctima,
priorizando
la
prevención
de
daños
irreparables y la no revictimización.
La
Corte
Nacional
de
Justicia,
mediante
la
Resolución
No.
1446-P-CNJ-2024,
ha
precisado
que
estas
medidas
no
tienen
naturaleza
sancionatoria
y
que,
cuando
son
incumplidas
mediante
un
nuevo
acto
de
agresión,
la
persona
beneficiaria
adquiere
la
condición
de
víctima
del
delito
de
incumplimiento
de
decisiones
legítimas
de
autoridad competente previsto en el artículo 282
del Código Orgánico Integral Penal, pudiendo
constituirse
en
sujeto
procesal
junto
con
el
Estado y la Fiscalía. A nivel procesal, el Código
Orgánico
Integral
Penal
(2014)
regula
las
medidas de protección
en sus
artículos
558 y
558.1,
exigiendo
que
el
juzgador
valore
el
riesgo de manera integral.
En esta etapa, el
testimonio
de la víctima, en
contextos
de
violencia
intrafamiliar,
se
considera una prueba fundamental que goza de
una
presunción
de
veracidad
inicial,
dada
la
clandestinidad de estos actos. Esto implica que
el
estándar
probatorio
exigido
en
etapas
tempranas
se
aproxima
a
una
“sospecha
razonable” más que a una certeza absoluta, lo
que permite una adopción expedita de medidas
cautelares.
El
Consejo
de
la
Judicatura
ha
establecido protocolos de actuación judicial que
obligan a aplicar la perspectiva de género como
herramienta
técnica
de
interpretación.
En
particular,
la
Resolución
No.
158-2023,
publicada
en
el
Registro
Oficial
No.
406,
aprobó el conjunto de protocolos especializados
en
materia
de
violencia
contra
las
mujeres
y
estableció
mecanismos
de
seguimiento
y
directrices de celeridad procesal aplicables a las
judicaturas especializadas.
Estos protocolos buscan corregir las asimetrías
de
poder
históricas,
asegurando
que
la
administración de justicia no ignore el contexto
de dominación en casos de violencia contra la
mujer.
La
Corte
Constitucional
del
Ecuador,
mediante la Sentencia No. 2933-19-EP/24, ha
reforzado esta interpretación, determinando que
el Estado tiene una “obligación reforzada” de
protección,
lo
que
implica
un
estándar
probatorio de riesgo inminente por encima del
estándar
de
responsabilidad
penal.
En
la
Sentencia
No.
3107-21-EP/25,
el
mismo
organismo dispuso que las causas penales por
violencia
contra
la
mujer
sean
resueltas
por
juezas y jueces especializados en perspectiva de
género, al constatar que la intervención de un
operador
no
especializado,
existiendo
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Página 366
alternativas disponibles, vulnera la garantía de
juez competente y la seguridad jurídica; y, en la
Sentencia
No.
363-15-EP/21,
la
Corte
Constitucional
fijó
estándares
orientados
a
garantizar el debido proceso, la presunción de
inocencia
y
la
motivación
judicial
en
estos
casos,
precisando
que
la
protección
de
la
víctima
y
la
prevención
de
la
revictimización
deben
articularse
con
una
fundamentación
suficiente de la decisión.
Posteriormente, la Constitución de la República
del Ecuador (2008), en su artículo 81, establece
procedimientos
especiales
y
expeditos
para
sancionar delitos de violencia intrafamiliar, lo
que se complementa con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional. Esta ha determinado que
las
normas
y
protocolos
vigentes
deben
interpretarse siempre a favor de la integridad de
la presunta víctima, estableciendo un estándar
probatorio
que
reconoce
el
riesgo
inminente
como
fundamento suficiente para la adopción
de medidas de protección, aunque no se haya
determinado
la
responsabilidad
penal.
La
normativa
y
los
protocolos
ecuatorianos
vigentes
en
materia
de
violencia
de
género
ofrecen
un
respaldo
institucional
claro
a
la
adopción
de
medidas
de
protección,
al
reconocer la urgencia de la tutela y la obligación
reforzada del Estado frente al riesgo inminente.
Sin embargo, esta misma estructura formal pone
de
relieve
el
conflicto
central
de
la
investigación:
cómo
mantener
el
equilibrio
entre
la
protección
inmediata
de
la
presunta
víctima
y
las
garantías
procesales
del
denunciado,
especialmente
la
presunción
de
inocencia. La hipótesis de que la aplicación del
estándar probatorio en estas medidas se realiza
con criterios poco definidos resulta planteada en
la práctica cuando la celeridad y la perspectiva
de
género,
aunque
justificadas,
pueden
traducirse
en
decisiones
insuficientemente
motivadas
o
basadas
en
indicios
mínimos,
lo
que
puede
tensionar,
en
hechos
concretos,
el
núcleo esencial del debido proceso.
El
conflicto
entre
protección
y
garantías
procesales
surge
cuando
la
adopción
de
medidas
de
protección
se
basa
casi
exclusivamente
en
el
relato
de
la
víctima,
restringiendo
derechos
fundamentales
del
denunciado,
como
la
libertad
personal,
la
libertad de tránsito o el derecho a la propiedad.
En
este
punto
se
tensiona
el
principio
de
presunción de inocencia, pues la restricción de
derechos puede efectuarse antes de que exista
una
plena
prueba
de
responsabilidad
penal.
Ferrajoli (2001) sostiene que la presunción de
inocencia
es
un
derecho
nuclear
del
debido
proceso,
que
no
admite
matices
ni
grados,
y
advierte
que
las
medidas
cautelares
no
deben
convertirse
en
una
“pena
anticipada”
que
sustituya
el
juicio
penal
por
una
sanción
práctica
anticipada.
En
la
práctica
judicial
ecuatoriana, el estándar probatorio para dictar
medidas de protección suele ser mínimo, lo que
puede
derivar
en
un
uso
abusivo
o
desproporcionado
de
la
tutela.
Aunque
la
protección de la presunta víctima es prioritaria,
la ausencia de un control de revisión efectivo o
de exigencia de indicios mínimos concurrentes
puede
vaciar
de
contenido
el
derecho
a
la
defensa,
generando
decisiones
automáticas
y
poco motivadas.
Esta
discrecionalidad
judicial
configura
una
colisión
normativa
entre
la
protección
inmediata
y
la
necesidad
de
garantizar
un
proceso justo, pues la celeridad puede terminar
prevaleciendo
sobre
la
proporcionalidad
y
la
motivación de la medida (Macas et al, 2023).
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(2021)
ha
señalado
que
los
Estados
deben
equilibrar la debida diligencia con las garantías
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(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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Página 367
judiciales
del
acusado.
Macas
y
otros
autores
(2023)
explican
que
la
aplicación
de
la
perspectiva
de
género
no
debe
significar
la
eliminación de la presunción de inocencia, sino
una
valoración
de
la
prueba
libre
de
estereotipos.
La
resolución
de
este
conflicto
mediante
la
ponderación exige que el juzgador motive por
qué
el
riesgo
a
la
vida
de
la
mujer
prevalece
temporalmente
sobre
las
restricciones
impuestas
al
investigado.
En
el
debate
sobre
violencia de género y estándares de prueba, se
ha planteado si estos casos requieren un modelo
probatorio más flexible que el aplicable a otros
delitos.
La
Convención
Interamericana
para
Prevenir,
Sancionar
y
Erradicar
la
Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará,
1994)
no
consagra
un
estándar
probatorio
diferenciado
para
la
determinación
de
responsabilidad penal; su artículo
7 impone a
los
Estados
parte
el
deber
de
actuar
con
la
debida
diligencia
para
prevenir,
investigar
y
sancionar
la
violencia
contra
la
mujer,
obligación
que
se
proyecta
principalmente
sobre la fase de investigación y sobre el diseño
institucional de la respuesta estatal.
Por tanto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
ha
precisado,
en
casos
como
González
y
otras
(“Campo
Algodonero”)
vs.
México (2009), que el incumplimiento de este
deber
de
diligencia
genera
responsabilidad
internacional
del
Estado,
diferenciándolo
del
estándar
de
prueba
exigible
para
condenar
penalmente a una persona determinada, pues el
deber
de
debida
diligencia
orienta,
así,
la
actuación
investigativa
y
la
calidad
de
la
respuesta
judicial
frente
a
la
violencia
de
género,
mientras
que
la
exigencia
probatoria
para
la
condena
continúa
rigiéndose
por
el
estándar de responsabilidad penal más allá de
toda duda razonable, propio de las garantías del
debido proceso y de la presunción de inocencia.
Aunque estos delitos suelen ocurrir sin testigos
directos, esta característica no es exclusiva de la
violencia
de
género
y
no
justifica
relajar
el
estándar
probatorio.
En
el
proceso
penal
predominan
las
pruebas
indirectas,
cuya
valoración conjunta puede generar convicción
suficiente
sin
afectar
las
garantías
del
debido
proceso
(Paz
y
Corvalán,
2025).
La
idea
de
flexibilizar
los
estándares
puede
interpretarse
como una afectación al principio de presunción
de inocencia. No obstante, en la práctica judicial
las
sentencias
suelen
sustentarse
en
múltiples
indicios que complementan la declaración de la
víctima.
En
consecuencia,
no
se
trata
de
disminuir
el
estándar
de
prueba,
sino
de
fortalecer
la
investigación
y
la
valoración
racional,
garantizando
tanto
los
derechos
de
la
víctima
como
las
garantías
del
imputado
(Fernández,
2012). No resulta evidente que la adopción de
estándares
probatorios
más
flexibles
para
determinar la culpabilidad en casos de violencia
contra las mujeres sea una estrategia adecuada
para combatir la discriminación de género. Lo
que
sí
se
justifica,
desde
una
perspectiva
de
género, es cuestionar los sesgos históricos que
han afectado la valoración de la prueba, tales
como la admisión de indagaciones sobre la vida
sexual
de
la
víctima
o
la
reproducción
de
estereotipos que presumen falta de credibilidad
en las mujeres (Arena, 2020).
El Código Orgánico Integral Penal (2014), en su
artículo 11, numeral 5, reconoce el derecho de
la víctima a no ser revictimizada, especialmente
en la obtención y valoración de la prueba y en
la
recepción
de
su
versión,
pudiendo
incluso
emplearse mecanismos tecnológicos para evitar
su
exposición
reiterada.
De
igual
forma,
el
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Página 368
artículo 78 de la Constitución de la República
del
Ecuador
(2008)
garantiza
protección
especial
a
las
víctimas,
asegurando
su
no
revictimización y su derecho a una reparación
integral.
En
concordancia
con
este
mandato
constitucional,
el
artículo
558.1
del
Código
Orgánico Integral Penal incorpora un conjunto
de
medidas
de
protección
orientadas
a
salvaguardar
de
manera
inmediata
a
las
víctimas de violencia de género. De ahí que la
efectividad de estas medidas se vea reforzada
por la tipificación penal del incumplimiento de
decisiones legítimas de autoridad competente,
aplicable
cuando
el
agresor
desobedece
las
medidas
dispuestas
en
favor
de
la
víctima,
evidenciando así la intención del legislador de
garantizar
una
tutela
judicial
efectiva
y
una
protección real frente a la reiteración de actos
de violencia.
En Argentina, la Ley N.º 26.485 de Protección
Integral a las Mujeres regula, en sus artículos 16
y 26, la facultad de las juezas y los jueces para
disponer
medidas
preventivas
urgentes
ante
situaciones de riesgo, así como un principio de
amplitud
probatoria
que
obliga
a
valorar
los
hechos
denunciados
considerando
las
circunstancias especiales en que se produce la
violencia
de
género.
La
Corte
Suprema
de
Justicia de la Nación, en el caso “Leiva, María
Cecilia
s/homicidio
simple”
(2011),
dejó
sin
efecto
una
condena
que
había
descartado
la
legítima defensa sin considerar el contexto de
violencia sufrido por la imputada, y precisó que
dicho
principio
de
amplitud
probatoria
rige
tanto
para
acreditar
los
hechos
denunciados
como para resolver sobre ellos, por lo que los
jueces deben apreciar los indicios disponibles a
la luz de la dinámica propia de la violencia de
género antes de descartar los presupuestos que
sustentan
la
protección
de
la
víctima.
En
Colombia, la Ley 1257 de 2008 y su normativa
reglamentaria
facultan
a
las
comisarías
de
familia y a los jueces civiles municipales para
dictar
medidas
de
protección
de
carácter
provisional
o
definitivo
frente
a
la
violencia
intrafamiliar, sujetas a un procedimiento breve
orientado por el enfoque de género.
La Corte Constitucional, en la Sentencia T-172
de
2023,
determinó
que
todas
las
autoridades
judiciales tienen el deber constitucional y legal
de
administrar
justicia
con
perspectiva
de
género
cuando
conocen
casos
de
violencia
intrafamiliar o sexual, lo que exige argumentar
la decisión desde una hermenéutica de género,
identificar
los
estereotipos
y
la
relación
desequilibrada
de
poder
entre
las
partes,
y
garantizar la efectiva participación de la víctima
en el
trámite; la Corte precisó
además que la
omisión
de
estos
criterios
por
parte
de
la
autoridad
competente
puede
constituir,
en
sí
misma, una forma de violencia institucional.
En
Perú,
la
Ley
N.º
30364
regula
el
proceso
especial
para
el
otorgamiento
de
medidas
de
protección y cautelares, y dispone en su artículo
16 que, cuando la ficha de valoración de riesgo
determine
un
riesgo
severo,
el
juzgado
de
familia
debe
evaluar
el
caso
y
emitir
las
medidas
correspondientes
dentro
de
las
veinticuatro
horas
siguientes,
pudiendo
prescindir de la audiencia cuando la urgencia lo
justifique.
La
Corte
Suprema
de
Justicia,
a
través de la Segunda Sala Penal Transitoria, en
el
Recurso
de
Nulidad
N.º
3303-2015-Lima
(2017),
estableció
que
el
principio
de
no
revictimización
no
es
un
derecho
absoluto
y
que, por tanto, no puede anteponerse al derecho
constitucional a la presunción de inocencia del
imputado, en especial cuando se controvierte la
calidad
de
víctima
de
la
persona
declarante.
Este criterio exige a los jueces peruanos motivar
la
adopción
de
medidas
de
protección
sin
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Página 369
renunciar a un examen crítico de los elementos
disponibles en el caso concreto. El examen de
estos
tres
ordenamientos
evidencia
elementos
coincidentes:
la
normativa
regula
la
facultad
judicial de disponer medidas de protección de
manera expedita ante el riesgo, mientras que la
jurisprudencia
de
las
respectivas
cortes
superiores
ha
introducido,
en
cada
caso,
criterios orientados a evitar que dicha amplitud
degenere
en
automatismo:
la
exigencia
de
apreciar el contexto de violencia en Argentina,
el
deber
de
motivar
la
decisión
desde
una
hermenéutica
de
género
en
Colombia
y
la
salvaguarda
expresa
de
la
presunción
de
inocencia
frente
al
principio
de
no
revictimización en Perú.
Estos
referentes
resultan
pertinentes
para
el
caso ecuatoriano en la medida en que permiten
examinar
la
relación
entre
la
perspectiva
de
género
y
las
garantías
procesales
del
denunciado, cuya articulación depende de una
motivación
suficiente
en
cada
resolución
judicial.
No
obstante,
la
aplicación
de
estas
garantías debe armonizarse con los derechos del
acusado,
particularmente
con
el
derecho
a
la
defensa y a la contradicción. Si bien las normas
citadas
responden
a
un
enfoque
de
derechos
humanos, su implementación no puede generar
un estado de indefensión ni impedir el análisis
crítico de la prueba, ya que el desafío consiste
en equilibrar la protección de la víctima con el
respeto al debido proceso, de modo que se evite
tanto la revictimización como la afectación de
las garantías fundamentales del imputado.
El
examen
conjunto
de
la
normativa,
la
jurisprudencia
ecuatoriana
y
los
referentes
de
derecho comparado revela que la tensión entre
la presunción de inocencia y la perspectiva de
género
no
constituye,
en
rigor,
un
conflicto
entre
dos
derechos
antagónicos,
sino
que
evidencia una dificultad dogmática relacionada
con
la
delimitación
de
los
criterios
de
justificación cautelar aplicables a la fase previa
al
juicio,
distintos
del
estándar
de
prueba
exigible
para
la
condena.
Mientras
el
ordenamiento
ecuatoriano
cuenta
con
un
desarrollo relativamente consolidado en torno a
la valoración del testimonio y a la motivación
de
la
sentencia
condenatoria,
se
advierte
la
necesidad de precisar, con un nivel equivalente
de
detalle,
qué
grado
de
verosimilitud,
qué
indicios
mínimos
y
qué
extensión
temporal
deben
sustentar
una
medida
de
protección,
lo
que deja a cada juez la tarea de resolver, caso
por
caso,
una
cuestión
cuya
delimitación
normativa resulta relevante.
Dicha dificultad no es exclusiva de Ecuador: los
tres
ordenamientos
comparados
abordan
el
mismo problema mediante soluciones distintas,
entre
las
cuales
se
encuentran
la
amplitud
probatoria en Argentina, la obligatoriedad de la
hermenéutica
de
género
en
Colombia
y
los
límites expresos a la no revictimización en Perú.
Sin
embargo,
ninguno
de
ellos
ha
logrado
establecer
una
fórmula
que
elimine
por
completo el margen de discrecionalidad judicial
en
esta
fase.
Ello
sugiere
que
la
tensión
identificada
se
encuentra
vinculada
a
la
necesidad de combinar medidas de protección
de
adopción
urgente
con
garantías
procesales
robustas, y que su atenuación depende menos de
reformular el estándar probatorio de la condena
que
de
desarrollar,
de
manera
autónoma,
criterios
de
justificación
para
las
medidas
de
protección,
cuestión
que
la
literatura
jurídica
ecuatoriana revisada comienza a abordar.
La
aplicación
del
estándar
probatorio
en
la
adopción
de
medidas
de
protección
por
violencia
de
género
en
Ecuador
presenta
criterios poco definidos, lo que en algunos casos
genera tensiones con el derecho constitucional
y humano a la presunción de inocencia. Aunque
Ciencia y Educación
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la legislación
y la jurisprudencia reafirman la
compatibilidad
entre
la
protección
de
las
mujeres y las garantías procesales, las fuentes
examinadas
muestran
que,
en
la
etapa
de
medidas cautelares, la ponderación entre ambas
exigencias puede resultar desequilibrada y poco
motivada,
favoreciendo
la
celeridad
sobre
la
proporcionalidad
y
el
debido
proceso.
En
la
práctica, el estándar probatorio aplicable a las
medidas
de
protección
se
aproxima
a
una
“sospecha
razonable”
o
riesgo
inminente,
en
lugar de un estándar cercano al de “más allá de
toda
duda
razonable”,
propio
del
juicio
condenatorio.
Esta situación, en el plano técnico-jurídico, no
es
en
sí
inconstitucional,
pero
puede
resultar
problemática cuando se
traduce
en decisiones
poco
fundamentadas,
basadas
casi
exclusivamente
en
el
relato
de
la
presunta
víctima. La jurisprudencia de la Corte Nacional
de
Justicia
y
de
la
Corte
Constitucional
ha
reiterado que estas medidas son de naturaleza
cautelar
y
no
sancionatoria,
pero
la
falta
de
pautas
claras
sobre
qué
tipo
y
qué
grado
de
indicios
deben
acompañar
el
testimonio
de
la
víctima puede permitir que la discrecionalidad
judicial se amplíe, generando tensiones con la
presunción
de
inocencia.
Entre
las
implicaciones
más
relevantes
se
encuentra
la
asimetría
de
poder
procesal:
la
víctima
de
violencia
de
género
goza
de
una
serie
de
garantías
especiales
(no
revictimización,
especial
protección,
medios
tecnológicos
para
su
declaración),
mientras
que
el
presunto
agresor
puede
ver
restringidas
su
libertad
de
tránsito, su acceso al domicilio y su reputación,
con base en medidas adoptadas sin un análisis
riguroso
de
la
cadena
de
indicios
o
sin
un
efectivo
control
de
revisión.
La
normativa
internacional
analizada
exige
que
el
Estado
equilibre la debida diligencia con las garantías
judiciales
del
imputado,
pero
en
las
fuentes
examinadas
esta
ponderación
no
siempre
se
traduce
en
razonamientos
suficientemente
fundamentados en las resoluciones judiciales.
Los hallazgos evidencian que la aplicación de
criterios
poco
definidos
para
la
adopción
de
medidas de protección puede generar tensiones
con
el
derecho
a
la
presunción
de
inocencia.
Esto no se debe a la existencia de un estándar de
protección
en
aumento,
conforme
a
los
instrumentos
internacionales
de
derechos
humanos,
sino
a
la
falta
de
motivación
y
orientación claras en las decisiones judiciales.
Así,
el
estudio
permite
sostener
que
la
aplicación de los criterios de justificación en la
práctica ecuatoriana depende en buena medida
del razonamiento judicial y de la motivación de
las decisiones, además de las normas formales.
El presente artículo presenta un contraste entre
la
literatura
académica
que
reclama
la
compatibilidad entre la perspectiva de género y
la
presunción
de
inocencia
sin
sacrificar
ninguna de las dos garantías, frente a las fuentes
jurisprudenciales
ecuatorianas
examinadas,
en
las que dicha armonía presenta dificultades de
aplicación.
A
diferencia
de
investigaciones
anteriores centradas en la fase de defensa o en
el
testimonio
de
la
víctima,
este
estudio
se
concentra
en
la
fase
de
prevención
previa
al
juicio
y
sostiene
que
el
equilibrio
entre
protección y garantías procesales requiere, más
que una modificación del estándar de prueba, un
razonamiento judicial claro, la identificación de
pruebas
paralelas
y
un
control
efectivo
de
proporcionalidad,
elementos
cuya
aplicación
requiere
mayor
precisión
dentro
del
marco
judicial ecuatoriano.
Conclusiones
La investigación permite concluir que la tensión
identificada entre la presunción de inocencia y
la protección frente a la violencia de género en
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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Ecuador tiene su origen, principalmente, en la
forma
en
que
ambas
garantías
se
articulan
durante la fase previa al juicio, antes que en una
incompatibilidad
estructural
entre
ellas.
El
marco normativo y jurisprudencial ecuatoriano,
así como los referentes de derecho comparado
examinados,
permiten
sostener
que
la
protección
inmediata
de
la
víctima
y
las
garantías procesales de la persona denunciada
pueden coexistir cuando la decisión judicial se
sustenta en una motivación suficiente respecto
del
riesgo
identificado,
los
indicios
considerados
y
la
proporcionalidad
de
la
medida adoptada.
El
principal
aporte
del
estudio
consiste
en
distinguir
el
estándar
de
prueba
exigible
para
determinar
la
responsabilidad
penal
de
los
criterios de justificación propios de una medida
preventiva,
diferenciación
que
presenta
un
desarrollo limitado en la literatura ecuatoriana
revisada,
predominantemente
centrada
en
la
fase de juicio. Esta distinción permite sostener
que
la
protección
efectiva
de
las
víctimas
depende,
principalmente,
de
una
adecuada
motivación, de la identificación del riesgo y del
control
de
proporcionalidad
en
la
fase
preventiva, antes que de una modificación del
estándar probatorio propio de la condena.
En consecuencia, se recomienda que el Consejo
de la Judicatura y los órganos jurisdiccionales
establezcan lineamientos técnicos que orienten
la
explicación
del
riesgo
inminente
y
de
la
proporcionalidad de las restricciones impuestas
a la persona denunciada. Asimismo, se sugiere
fortalecer
la
capacitación
de
juezas,
jueces,
fiscales
y
defensores
en
derechos
humanos,
perspectiva de género y estándares probatorios,
así
como
promover
mecanismos
efectivos
de
seguimiento
y
revisión
de
las
medidas
de
protección,
de
manera
que
la
tutela
de
las
víctimas
quede
garantizada
sin
desatender
las
garantías
procesales
de
las
personas
denunciadas.
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Bolívar.
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/106
44/9044/1/T3959-MDPE-Zurita-
La%20perspectiva.pdf
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Creative Commons Reconocimiento-No Comercial
4.0
Internacional.
Copyright
©
Nury
Liliana
Huilcarema
García,
Luis
Enrique
Rugel
Riofrio,
Holger
Geovannny
García
Segarra
y
Luz
Marina
Castillo López.
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 11.1
Edición Especial XI 2026
Página 375
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Declaraciones éticas y editoriales del artículo
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Contribución de los autores (Taxonomía CRediT).
Nury Liliana Huilcarema García: formulación de los objetivos de la investigación, análisis crítico de la normativa y la jurisprudencia aplicable,
redacción, revisión y validación de las conclusiones jurídicas.
Luis Enrique Rugel Riofrio: conceptualización del estudio, búsqueda y recopilación de antecedentes normativos, redacción de secciones
específicas del borrador y análisis crítico de la información.
Holger Geovanny García Segarra: curación y organización de las fuentes documentales, análisis doctrinal y jurisprudencial, sistematización de la
información, revisión del contenido jurídico, discusión de los resultados y revisión editorial del manuscrito antes de su publicación.
Luz Marina Castillo López: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, revisión de la literatura jurídica, análisis normativo y
jurisprudencial, sistematización de los resultados, redacción del borrador original del manuscrito y revisión crítica del contenido.
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Declaración de conflicto de intereses
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación con la investigación presentada, la autoría del manuscrito ni la publicación del
presente artículo.
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Declaración de financiamiento
La presente investigación no recibió financiamiento específico de agencias públicas, comerciales o de organizaciones sin fines de lucro. En caso de
existir financiamiento institucional o externo, este deberá ser declarado explícitamente por los autores en esta sección.
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Declaración del editor
El editor responsable certifica que el proceso editorial del presente artículo se desarrolló conforme a los principios de integridad científica,
transparencia y buenas prácticas editoriales. El manuscrito fue sometido a un proceso de evaluación mediante revisión por pares doble ciego,
garantizando la confidencialidad de la identidad de los autores y revisores durante todo el proceso de dictamen académico. Asimismo, el editor
declara que el artículo cumple con los criterios científicos, metodológicos y éticos establecidos por la revista.
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Declaración de los revisores
Los revisores externos que participaron en la evaluación del presente manuscrito declaran haber realizado el proceso de revisión de manera
objetiva, independiente y confidencial. Asimismo, manifiestan que no mantienen conflictos de interés con los autores ni con la investigación
evaluada, y que sus observaciones y recomendaciones se fundamentan exclusivamente en criterios científicos, metodológicos y académicos.
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Declaración ética de la investigación
Los autores declaran que la investigación se desarrolló respetando los principios éticos de la investigación científica, garantizando la
confidencialidad de los datos y el respeto a los participantes del estudio. En los casos en que la investigación involucre seres humanos, los
procedimientos deben ajustarse a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y a las normativas institucionales
correspondientes.
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Declaración sobre el uso de inteligencia artificial
Los autores declaran que el uso de herramientas de inteligencia artificial, en caso de haberse utilizado durante el proceso de investigación o
redacción del manuscrito, se realizó únicamente como apoyo técnico para mejorar la claridad del lenguaje o el análisis de información,
manteniendo siempre la responsabilidad intelectual sobre el contenido del artículo. Las herramientas de inteligencia artificial no fueron utilizadas
como autoras del manuscrito ni sustituyen la responsabilidad académica de los investigadores.
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Disponibilidad de datos
Los datos que respaldan los resultados de esta investigación estarán disponibles previa solicitud razonable al autor de correspondencia, respetando
las normas éticas y de confidencialidad establecidas por la investigación.
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Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 11.1
Edición Especial XI 2026
Página 376