EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
ECUATORIANO: EFICACIA MATERIAL, VACÍOS NORMATIVOS Y DESAFÍOS
INSTITUCIONALES

ENFORCEMENT OF RULINGS BY ECUADOR’S ELECTORAL CONTENTIOUS
TRIBUNAL: MATERIAL EFFECTIVENESS, NORMATIVE GAPS AND INSTITUTIONAL
CHALLENGES

Autores:
¹Jenny
Alexandra
Loyo
Pacheco,
²Gabriela
Cecibel
Rodríguez
Jaramillo,
³Edward
Fabricio Freire Gaibor y ⁴Luz Marina Castillo López.

¹ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0006-0530-2114

²ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0008-5422-9966

³ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0009-2913-8445

⁴ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0008-0588-4251

¹E-mail de contacto:
jennyloyo@hotmail.com

²E-mail de contacto:
gabrielarodriguezj@hotmail.com

³E-mail de contacto:
effreireg@ube.edu.ec

⁴E-mail de contacto:
lmcastillol@ube.edu.ec

Afiliación:
1*2*3*4*
Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

Artículo recibido: 18 de Octubre del 2026.

Artículo revisado: 25 de Octubre del 2026.

Artículo aprobado: 25 de Octubre del 2026.

¹Abogada, graduada de la Universidad Central del Ecuador, (Ecuador). Estudiante de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad
Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

²Abogada, graduada de la Universidad Nacional de Loja, (Ecuador). Estudiante de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad
Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

³Docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

⁴Docente de la Universidad Bolivariana del Ecuador, (Ecuador).

Resumen

La ejecución de las sentencias emitidas por el
Tribunal Contencioso
Electoral
constituye un
componente esencial para garantizar la efectiva
protección de los derechos político-electorales
en
el
Ecuador.
Aunque
estas
decisiones
son
definitivas y de cumplimiento inmediato, en la
práctica
su
ejecución
enfrenta
vacíos
normativos,
ausencia
de
mecanismos
coercitivos
específicos
en
la
legislación
electoral
y
dependencia
respecto
de
instituciones
administrativas
y
autoridades
políticas para la materialización de sus efectos.
Tales limitaciones del marco normativo pueden
generar
retrasos,
incumplimientos
parciales
o
resistencia institucional, lo que plantea desafíos
para
la
plena
tutela
judicial
efectiva
y
la
confianza
ciudadana
en
la
justicia
electoral.
Metodológicamente,
se
emplea
un
enfoque
jurídico-dogmático para analizar la normativa
vigente
sobre
ejecución
de
sentencias
electorales,
complementado
con
un
método
analítico-contextual que examina los patrones
de
cumplimiento
observados
en
resoluciones
jurisdiccionales.
La
investigación
incorpora,
además,
una
interpretación
hermenéutica
de
categorías
teóricas
como
eficacia
jurisdiccional,
justicia
electoral
y
vacíos
normativos,
vinculando
el
marco
regulatorio
con
su
aplicación
práctica.
Los
resultados
evidencian
que
la
ausencia
de
previsiones
normativas
suficientes
dificulta
que
las
sentencias
produzcan
plenamente
los
efectos
para
los
cuales
fueron
dictadas,
lo
que
compromete
la
integridad
del
sistema
democrático.
Se
concluye
que
fortalecer
los
mecanismos
de
ejecución
y
la
coordinación
interinstitucional
resulta
indispensable
para
garantizar
que
las
decisiones
de
este
tribunal
logren resultados efectivos y oportunos en la
protección de los derechos políticos.

Palabras
clave:
Ejecución
de
sentencias
electorales,
Justicia
electoral,
Eficacia
jurisdiccional, Vacíos normativos, Tribunal
Contencioso Electoral.

Abstract

The
enforcement
of
rulings
issued
by
the
Electoral Contentivos Tribunal is an essential

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component in ensuring the effective protection
of
political
and
electoral
rights
in
Ecuador.
Although these decisions are final and require
immediate
compliance,
their
enforcement
in
practice faces normative gaps, the absence of
specific
coercive
mechanisms
in
electoral
legislation, and dependence on administrative
institutions
and
political
authorities
to
give
effect
to
the rulings.
These limitations in
the
legal
framework
may
cause
delays,
partial
noncompliance
or
institutional
resistance,
posing
challenges
to
effective
judicial
protection
and
public
confidence
in
electoral
justice. Methodologically, a juridical-dogmatic
approach is
used to
analyze the current
legal
framework
governing
the
enforcement
of
electoral
rulings,
complemented
by
an
analytical-contextual
method
that
examines
compliance
patterns
observed
in
judicial
decisions.
The
research
also
incorporates
a
hermeneutic
interpretation
of
theoretical
categories such as jurisdictional effectiveness,
electoral
justice
and
normative
gaps,
linking
the
regulatory
framework
to
its
practical
application. The findings show that insufficient
legal
provisions
hinder
rulings
from
fully
producing
their
intended
effects,
compromising the integrity of the democratic
system. The study concludes that strengthening
enforcement mechanisms and interinstitutional
coordination
is
essential
to
ensure
that
the
decisions of this tribunal achieve effective and
timely
results
in
the
protection
of
political
rights.

Keywords:
Enforcement
of
electoral
judgments, Electoral
justice, Jurisdictional
effectiveness,
Normative
gaps,
Electoral
Contentious Tribunal.

Sumário

A
execução
das
sentenças
emitidas
pelo
Tribunal
Contencioso
Electoral
constitui
um
componente
essencial
para
garantir
a
efetiva
proteção
dos
direitos
político-eleitorais
no
Equador.
Embora
essas
decisões
sejam
definitivas
e
de
cumprimento
imediato,
na
prática
sua
execução
enfrenta
vazios
normativos,
ausência
de
mecanismos
coercitivos específicos na legislação eleitoral e
dependência
em
relação
a
instituições
administrativas
e
autoridades
políticas
para
a
materialização de seus efeitos. Tais limitações
do
marco
normativo
podem
gerar
atrasos,
descumprimentos
parciais
ou
resistência
institucional, o que coloca desafios para a plena
tutela judicial efetiva e a confiança cidadã na
justiça eleitoral. Metodologicamente, adota-se
uma
abordagem
jurídico-dogmática
para
analisar o ordenamento vigente sobre execução
de sentenças eleitorais, complementada por um
método
analítico-contextual
que
examina
os
padrões
de
cumprimento
observados
em
decisões jurisdicionais. A pesquisa incorpora,
ademais,
uma
interpretação
hermenêutica
de
categorias teóricas como eficácia jurisdicional,
justiça
eleitoral
e
vazios
normativos,
vinculando o marco regulatório à sua aplicação
prática.
Os
resultados
evidenciam
que
a
ausência
de
previsões
normativas
suficientes
dificulta
que
as
sentenças
produzam
plenamente
os
efeitos
para
os
quais
foram
proferidas, o que compromete a integridade do
sistema democrático. Conclui-se que fortalecer
os mecanismos de execução e a coordenação
interinstitucional é indispensável para garantir
que
as
decisões
desse
tribunal
alcancem
resultados efetivos e oportunos na proteção dos
direitos políticos.

Palavras-chave:
Execução
de
sentenças
eleitorais,
Justiça
eleitoral,
Eficácia
jurisdicional, Lacunas normativas, Tribunal
Contencioso Eleitoral.

Introducción

La
justicia
electoral
protege
los
derechos
político-electorales,
la
regularidad
de
los
procesos
democráticos
y
el
control
jurisdiccional
de
las
actuaciones
del
sistema
electoral
(Orozco,
2013;
Ríos,
2015).
En
Ecuador,
el
Tribunal
Contencioso
Electoral
(TCE)
ejerce
esta
función
especializada
y
resuelve controversias, recursos e infracciones
electorales
conforme
al
marco
constitucional.
Sin
embargo,
la
emisión
de
una
sentencia
no
garantiza
por
sí
sola
la
materialización
del
derecho
reconocido:
su
eficacia
depende
del

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cumplimiento
real,
íntegro
y
oportuno
de
lo
decidido. La tutela judicial efectiva comprende
el acceso a la justicia, la resolución motivada y
la ejecución del fallo. Una decisión que enfrenta
retrasos,
interpretaciones
contradictorias
o
mecanismos
insuficientes
de
cumplimiento
compromete la eficacia procesal y la seguridad
jurídica
(Ferrajoli,
2004;
Picó,
2012).
En
materia
electoral,
estas
dificultades
adquieren
especial
relevancia
porque
los
derechos
se
ejercen dentro de calendarios perentorios; una
reparación tardía puede perder su utilidad aun
cuando
la
sentencia
conserve
plena
validez
jurídica (Nohlen et al., 2007).

El
sistema
ecuatoriano
reconoce
la
obligatoriedad
de
las
decisiones
electorales,
pero la producción de ciertos efectos depende
de
actuaciones
administrativas
de
otras
entidades.
La
actualización
de
registros,
la
ejecución
de
sanciones
y
la
restitución
de
derechos requieren coordinación institucional y
claridad
sobre
las
responsabilidades
de
cada
organismo.
La
distancia
entre
autoridad
jurisdiccional
y
capacidad
material
de
cumplimiento constituye, por ello, un problema
procesal que debe analizarse desde las normas y
desde
las
prácticas
de
ejecución
(Ríos,
2017;
Quinde, 2024). La investigación pregunta si la
ejecución de las sentencias del TCE garantiza
una
eficacia
material
suficiente
para
el
cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales
electorales. Su objetivo es examinar los vacíos
normativos
y
los
desafíos
institucionales
que
condicionan esa eficacia, mediante el contraste
del
marco
jurídico
con
causas
relevantes.
El
estudio se concentra en la fase ejecutiva y en la
relación
entre
el
tribunal
y
las
entidades
encargadas de materializar sus decisiones. Esta
perspectiva
permite
identificar
oportunidades
de
reforma
sin
confundir
la
firmeza
de
una
sentencia
con
la
satisfacción
efectiva
del
derecho tutelado.

Materiales y Métodos

La investigación adopta un enfoque cualitativo
y jurídico-dogmático, con alcance descriptivo-
explicativo.
Describe
las
características
del
modelo
de
ejecución
electoral
y
examina
los
factores
normativos
e
institucionales
que
condicionan
sus
resultados.
El
análisis
interpretativo de normas, doctrina y decisiones
jurisdiccionales
resulta
congruente
con
la
naturaleza del problema y permite relacionar las
disposiciones formales con sus efectos en casos
concretos
(Creswell,
2013;
Hernández
et
al.,
2014).

Se emplearon los métodos de análisis-síntesis e
inductivo-deductivo para integrar las categorías
de
tutela
judicial
efectiva,
ejecución
de
sentencias y eficacia jurisdiccional. El método
exegético permitió interpretar las disposiciones
constitucionales,
electorales
y
procesales;
el
hermenéutico
se
utilizó
para
examinar
el
alcance de las decisiones y las dificultades de su
aplicación.
La
revisión
documental
sistematizada constituyó la técnica principal y
se apoyó en fichas analíticas para organizar la
información
normativa,
doctrinal
y
jurisprudencial (Gadamer, 1977; Larenz, 1994).

Las
unidades
de
análisis
fueron
el
corpus
constitucional
y
legal
aplicable,
la
doctrina
especializada
y
las
sentencias
seleccionadas
intencionalmente
por
su
relevancia
jurídico-
procesal
y
complejidad
ejecutiva.
El
examen
jurisprudencial
comprende
las
causas
109-
2023-TCE,
002-2025-TCE,
058-2025-TCE,
060-2025-TCE,
631-2021-TCE
y
046-2026-
TCE, junto con sus actuaciones de aclaración,
sustanciación y cumplimiento. Se contrastaron
las
obligaciones
impuestas,
los
organismos
intervinientes, las controversias sobre el alcance
de
los
fallos
y
las
respuestas
adoptadas
ante
dificultades
de
ejecución.
El
análisis
de
coherencia
normativa
cotejó
las
disposiciones

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aplicables con los efectos materiales descritos
en
los
expedientes,
siguiendo
una
lectura
estructural
del
sistema
jurídico
(Alexy,
1993;
Dworkin,
1984).
La
selección
intencional
permite
reconocer
mecanismos
y
problemas
relevantes, pero no estimar su frecuencia en el
universo de sentencias del TCE. Asimismo, las
restricciones de publicidad de ciertas causas de
violencia
política
impidieron
incorporarlas
como objeto directo del análisis. Los resultados
deben
interpretarse
dentro
de
estos
límites
documentales.

Resultados y Discusión

La
doctrina
procesal
sitúa
la
ejecución
como
parte del contenido de la tutela judicial efectiva.
La
resolución
favorable
debe
traducirse
en
el
cumplimiento de la obligación reconocida; de lo
contrario, la protección permanece incompleta
(Couture, 1958; Ferrajoli, 2004; Picó i Junoy,
2012).
Esta
exigencia
distingue
la
validez
jurídica de una sentencia de su eficacia material.
La
primera
expresa
su
pertenencia
al
ordenamiento
y
su
fuerza
obligatoria;
la
segunda remite a la producción efectiva de los
resultados que ordena, distinción vinculada con
el
planteamiento
de
Kelsen
(1960).
En
la
justicia
electoral,
la
oportunidad
del
cumplimiento es decisiva. La restitución de una
candidatura, la modificación de resultados o la
actualización de una inhabilidad pueden perder
utilidad cuando se ejecutan fuera del momento
institucional
pertinente.
Por
ello,
los
mecanismos
generales
del
proceso
deben
examinarse a la luz de la temporalidad y de los
efectos
públicos
de
las
decisiones
electorales
(Ríos
Vega,
2015,
2017).
El
problema
comprende
tanto
la
disponibilidad
de
medios
coercitivos
como
la
capacidad
de
coordinar
actuaciones
entre
entidades
con
competencias
diferentes.

Los
estándares
internacionales
relacionan
la
efectividad
de
la
justicia
electoral
con
la
posibilidad de ejecutar las decisiones de manera
oportuna.
La
existencia
de
un
órgano
especializado debe acompañarse de condiciones
que
permitan
el
cumplimiento
de
sus
resoluciones
(Comisión
de
Venecia,
2002;
Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
2011). En Ecuador, la separación entre el TCE
y
el
Consejo
Nacional
Electoral
(CNE)
distingue
la
función
jurisdiccional
de
la
administración
electoral;
al
mismo
tiempo,
exige
mecanismos
de
articulación
cuando
los
efectos
del
fallo
requieren
actuaciones
del
organismo
administrativo
(Jaramillo
León,
2007; Pachano, 2014).

Tabla 1.
Marco normativo aplicable a la ejecución de sentencias electorales en Ecuador.

Instrumento

Disposición relevante

Contenido normativo

CRE (2008)

Arts. 76(7)(j) y 168(6)

Garantiza la tutela judicial efectiva y la ejecución de resoluciones judiciales; establece la
administración de justicia por principio de seguridad jurídica.

CRE (2008)

Art. 217

Reconoce al Tribunal Contencioso Electoral como órgano de justicia electoral con
competencia definitiva y obligatoria.

LOGJCC (2009)

Arts. 21-25

Regula la ejecución de sentencias en garantías constitucionales; contempla medidas de
apremio y sanciones por incumplimiento.

COFJ (2009)

Art. 130(11)

Faculta a los jueces a utilizar los medios de apremio necesarios para ejecutar sus
providencias.

Código de la
Democracia
(LOEOP)

Arts. 263-267 (ejecución de
sentencias); Art. 284.1
reform. R.O.S. No. 88, 24-
VII-2025

Arts. 263-267: ejecutoria e inmediato cumplimiento de sentencias; notificación al CNE y
Fiscalía por incumplimiento. Art. 284.1 (agregado 2025): en causas de violencia política de
género, el incumplimiento de sentencia se notifica a la Fiscalía. No existe procedimiento
ejecutivo genérico y detallado.

Reglamento TCE

Arts. 42, (...) innumerado s/
Art. 42, 44 y 50 (reform. Res.
No. 2, R.O.S. No. 141, 8-X-
2025)

Art. 42: ejecutoria de la sentencia (inciso segundo derogado, oct. 2025). Art. (...)
innumerado: asigna competencia de ejecución al juez de instancia o sustanciador; no
establece procedimiento autónomo ni plazos. Art. 44: jurisprudencia electoral de inmediato
cumplimiento. Art. 50: devolución de expediente y ejecución por órganos administrativos
electorales.

Fuente: Elaboración propia.

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La
Constitución
de
la
República
del
Ecuador
reconoce la tutela judicial efectiva y establece
la posición institucional del TCE. El marco de
ejecución
se
integra,
además,
por
la
Ley
Orgánica
de
Garantías
Jurisdiccionales
y
Control
Constitucional
(LOGJCC),
el
Código
Orgánico
de
la
Función
Judicial
(COFJ),
el
Código de la Democracia, el Código Orgánico
General de Procesos (COGEP) y el Reglamento
de Trámites del TCE. La tabla 1 sintetiza los
instrumentos examinados.

El análisis normativo identifica una diferencia
entre la obligación de cumplir y el desarrollo del
procedimiento
necesario
para
hacerlo.
El
Código
de
la
Democracia
dispone
la
notificación de la sentencia ejecutoriada a los
organismos
competentes,
contempla
actuaciones
de
ejecución
y
prevé
la
comunicación del incumplimiento a la Fiscalía.
Sin embargo, el modelo no desarrolla de manera
uniforme
un
procedimiento
autónomo
para
todas
las
tipologías
de
decisiones.
Esta
insuficiencia
obliga
a
recurrir
a
disposiciones
supletorias cuya adecuación al proceso electoral
puede resultar discutida (García, 2011; Quinde,
2024). La Resolución No. 2 del TCE, publicada
en el Registro Oficial Suplemento No. 141 de 8
de
octubre
de
2025,
incorporó
un
artículo
innumerado
después
del
artículo
42
del
Reglamento de Trámites. La disposición asigna
la ejecución al juez de instancia en las causas de
doble instancia y al juez sustanciador del Pleno
en
las
de
única
instancia.
Aunque
aclara
la
competencia,
no
desarrolla
un
régimen
completo
de
plazos,
apremios
y
coordinación
interinstitucional.
La
reforma
representa,
por
tanto, un avance organizativo cuyo alcance debe
distinguirse de la creación de un procedimiento
ejecutivo integral.

Las
sentencias
del
TCE
no
constituyen
un
conjunto
homogéneo
desde
la
perspectiva
ejecutiva.
La
tabla
2
distingue
decisiones
declarativas-constitutivas,
sancionatorias,
de
tutela
política,
cautelares
y
de
cumplimiento.
Cada
categoría
plantea
exigencias
distintas
y
permite
comprender
por
qué
un
mecanismo
único resulta insuficiente.

Tabla 2.
Tipología de sentencias del TCE y desafíos de ejecución material.

Tipo de decisión

Contenido

Desafíos de ejecución identificados

Declarativas-constitutivas

Reconocimiento o anulación de actos electorales

Dependencia del CNE para materializar efectos; riesgo de vacíos
de representación.

Sancionatorias

Multas, suspensión de derechos políticos,
inhabilitación

Ausencia de procedimiento coercitivo autónomo; coordinación
con Registro Civil y CNE.

De tutela política

Protección de derechos de participación vulnerados

Temporalidad electoral crítica; ejecución tardía equivale a
denegación práctica del derecho.

Cautelares

Suspensión provisional de actos o candidaturas

Eficacia inmediata comprometida por canales de comunicación
interinstitucional lentos.

De cumplimiento

Órdenes a entidades administrativas

Resistencia institucional; ausencia de mecanismos de apremio
expresos.

Fuente: Elaboración propia.

Las
decisiones
declarativas-constitutivas
dependen
de
actuaciones
del
CNE
para
materializar efectos registrales o electorales; las
sancionatorias
requieren
coordinación
para
producir
consecuencias
sobre
derechos
de
participación, registros y función pública. Las
decisiones
de
tutela
y
cautelares
están
especialmente
condicionadas
por
la
oportunidad:
una
ejecución
tardía
puede
equivaler a la denegación práctica del derecho.
Por
su
parte,
las
órdenes
de
cumplimiento
exigen instrumentos de seguimiento y reacción
ante
resistencias
institucionales.
Estas
diferencias
justifican
procedimientos
proporcionales
al
tipo
de
obligación
y
a
su
urgencia
(Jaramillo,
2007;
Ríos,
2017).
Se

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Página 790

identifican
cinco
problemas
relacionados.
El
primero
es
la
ausencia
de
un
procedimiento
ejecutivo autónomo que contemple las distintas
decisiones
electorales.
Las
reglas
de
notificación,
remisión
de
expedientes
y
comunicación del incumplimiento no resuelven
por
sí
solas
todas
las
actuaciones
necesarias
para
hacer
efectivo
el
fallo.
El
segundo
es
la
insuficiencia de medios de apremio adaptados a
las
obligaciones
electorales:
la
aplicación
supletoria
de
instrumentos
generales
puede
generar
controversias
cuando
la
actuación
exigida corresponde a organismos públicos y no
a obligaciones civiles ordinarias (García, 2011;
Quinde, 2024).

El tercero es la falta de previsiones específicas
sobre
ejecución
provisional
en
situaciones
de
urgencia electoral. El cuarto es la ausencia de
un mecanismo sistemático que permita registrar
y verificar el cumplimiento, identificar retrasos
y
activar
respuestas
institucionales.
El
quinto
consiste
en
el
alcance
limitado
de
la
reforma
reglamentaria de 2025: asignar competencia al
juez
ejecutor
no
establece,
por
sí
mismo,
los
instrumentos
con
los
que
debe
conducir
esa
fase.
Estos
vacíos
se
vinculan
con
las
dificultades de ejecución examinadas por Ojeda
Montecinos (2021) y Llerena et al. (2025) en el
ámbito constitucional.

La
dependencia
interinstitucional
atraviesa
estos
problemas.
El
tribunal
puede
ordenar
actuaciones
cuya
materialización
corresponde
al CNE, al Ministerio de Trabajo, al Registro
Civil o a otras entidades. Entre la decisión y sus
efectos se forma una cadena de comunicación,
interpretación y cumplimiento que puede fallar
en cualquiera de sus etapas. Las discrepancias
sobre el alcance de una sanción y la ausencia de
información verificable dificultan que el TCE
conozca
oportunamente
si
su
orden
fue
ejecutada. Esta brecha entre diseño institucional
y
capacidad
operativa
debe
analizarse
sin
equiparar
la
remisión
de
un
oficio
con
la
satisfacción material del fallo (Grande, 2022).

La causa por inasistencia a un debate electoral
obligatorio muestra la interacción entre sanción,
aclaración
y
coordinación
administrativa.
En
sentencia de segunda instancia de 29 de junio de
2023,
el
Pleno
revocó
la
decisión
inicial
e
impuso una multa de USD 9.450 y la suspensión
de derechos de participación por dos años. La
ejecución requirió comunicaciones al CNE y al
Ministerio
de
Trabajo
para
materializar
los
efectos
correspondientes.
La
sanción
jurisdiccional no produjo automáticamente las
modificaciones
administrativas
necesarias
(TCE, Causa 109-2023-TCE, sentencia de 29 de
junio de 2023).

El
auto
de
aclaración
de
5
de
julio
de
2023
precisó que la suspensión afectaba los derechos
previstos en el artículo 61 de la Constitución y
no
el
ejercicio
del
cargo
que
el
sancionado
desempeñaba. Durante la ejecución, se requirió
a
las
entidades
información
sobre
el
cumplimiento con sustento en el artículo 42 del
Reglamento
de
Trámites.
La
necesidad
de
aclarar el
alcance de la sanción
y de solicitar
reportes
evidencia
dos
dimensiones
del
problema:
la
precisión
del
mandato
y
la
verificación de sus efectos. Las actuaciones de
sustanciación también registraron correcciones
documentales
sobre
la
ejecutoria,
lo
que
muestra la importancia de contar con protocolos
de
gestión
de
expedientes
(TCE,
Causa
109-
2023-TCE, autos de 5 y 27 de julio de 2023).

Causa 002-2025-TCE

La
causa
por
campaña
anticipada
permite
examinar la ejecución pecuniaria y los límites
de
modificación
de
una
sanción
firme.
La
sentencia de primera instancia de 2 de julio de
2025
impuso
una
multa
equivalente
a
veinte

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salarios
básicos
unificados.
El
Pleno,
el
7
de
agosto de 2025, redujo la sanción a diez salarios
en aplicación del principio de favorabilidad por
la reforma legal de julio de ese año. El auto de
20 de octubre ordenó al CNE proceder con el
cobro,
trasladando
a
ese
organismo
la
materialización
del
efecto
económico
(TCE,
Causa 002-2025-TCE, sentencias de 2 de julio
y 7 de agosto y auto de 20 de octubre de 2025).

El 27 de noviembre de 2025, el juez requirió
documentación sobre un convenio de pago, el
abono
informado
y
la
tabla
de
amortización,
pues
la
información
remitida
no
permitía
verificar
el
cumplimiento.
Posteriormente,
el
auto
de
10
de
diciembre
negó
una
nueva
aplicación
de
favorabilidad:
la
sentencia
de
segunda
instancia
ya
había
considerado
la
reforma y se encontraba ejecutoriada. El caso
revela que la fase ejecutiva exige información
comprobable
y
reglas
sobre
el
alcance
de
la
competencia del juez. También muestra que la
existencia
de
una
obligación
de
pago
no
equivale
a la disponibilidad de un sistema de
seguimiento accesible al tribunal (TCE, Causa
002-2025-TCE, autos de 27 de noviembre y 10
de diciembre de 2025).

Causa 058-2025-TCE

La causa por inducción al voto de un servidor
público
expone
dificultades
especialmente
intensas
de
interpretación
y
resistencia
institucional. La sentencia de 5 de septiembre
de 2025 impuso la suspensión de derechos de
participación
por
tres
meses.
En
ejecución
se
dispuso
el
registro
de
la
sanción
ante
las
entidades
competentes;
sin
embargo,
se
identificaron
certificados
contradictorios
del
Ministerio
de
Trabajo
sobre
el
impedimento
para ejercer cargo público. Las diligencias de
verificación
atribuyeron
la
inconsistencia
al
empleo
de
plantillas
de
registro
diferentes
(TCE, Causa 058-2025-TCE, sentencia de 5 de
septiembre
y
autos
de
octubre
de
2025).
El
sancionado
cuestionó
que
el
registro
del
impedimento excediera el contenido del fallo.
El juez sostuvo que este efecto derivaba de la
suspensión de los derechos de participación y
rechazó
las
impugnaciones
contra
los
autos
ejecutivos.
Paralelamente,
las
actuaciones
documentaron
retrasos
y
decisiones
administrativas
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Provincial de Chimborazo que
dificultaron el cese y dieron lugar al posterior
reintegro
del
funcionario.
El
tribunal
remitió
antecedentes a la Fiscalía y a la Contraloría ante
los
posibles
incumplimientos
descritos
en
el
expediente.

El caso muestra una acumulación de obstáculos:
registros
contradictorios,
controversias
sobre
las consecuencias de la sanción y resistencia de
la entidad encargada de ejecutarla. La necesidad
de
recurrir
a
órganos
externos
de
control
evidencia los límites de la capacidad ejecutiva
directa
del
TCE.
La
respuesta
institucional
puede activar otras responsabilidades, pero no
asegura por sí sola la restitución inmediata de
los efectos ordenados (TCE, Causa 058-2025-
TCE, autos de 1, 3, 7, 17, 21 y 29 de octubre de
2025).

Causa 060-2025-TCE

La causa por incumplimientos en la rendición
de cuentas de campaña presenta un patrón de
ejecución
de
multas.
La
sentencia
de
19
de
agosto
de
2025
impuso
USD
9.000
a
cada
denunciado y estableció su pago en la cuenta del
CNE dentro de seis meses desde la ejecutoria;
la decisión fue confirmada en apelación el 22 de
septiembre. El auto de 20 de octubre dispuso la
ejecución y el cobro por el organismo electoral
(TCE, Causa 060-2025-TCE, sentencias de 19
de agosto y 22 de septiembre y auto de 20 de
octubre de 2025). La obligación económica se
canaliza mediante el CNE y queda sujeta a los

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mecanismos de cobro previstos en el Código de
la Democracia. El interés del caso reside en la
separación
entre
el
órgano
que
sanciona
y
la
entidad
que
recibe
y
gestiona
el
pago.
La
comprobación de la satisfacción del fallo exige
información
oportuna
sobre
depósitos
y
actuaciones de cobro, por lo que la coordinación
administrativa integra el contenido práctico de
la ejecución.

Causa 631-2021-TCE

La causa por incumplimiento de una resolución
con fuerza de sentencia ilustra la complejidad
interorgánica
del
sistema.
La
decisión
de
primera
instancia
de
4
de
octubre
de
2021
sancionó
al
exalcalde
de
Quito
y
a
otros
intervinientes por actuaciones relacionadas con
la
permanencia
en
el
cargo
pese
a
una
resolución
del
TCE.
La
sentencia
de
segunda
instancia
de
19
de
agosto
de
2022
modificó
parcialmente
las
sanciones.
El
expediente
documentó incidentes de recusación, excusas y
recursos
que
prolongaron
la
sustanciación
y
coincidieron con la continuidad del ejercicio de
la
alcaldía
(TCE,
Causa
631-2021-TCE,
sentencias
de
4
de
octubre
de
2021
y
19
de
agosto de 2022).

Las
controversias
se
extendieron
a
la
independencia
judicial,
la
integración
del
tribunal y el alcance de las aclaraciones. El auto
de
25
de
agosto
de
2023
resolvió
veintitrés
puntos
de
aclaración,
mientras
los
votos
disidentes
plantearon
cuestiones
sobre
identidad de hechos y sujetos respecto de otra
causa.
Estas
actuaciones
muestran
que
los
conflictos
procesales
e
interorgánicos
pueden
afectar
la
oportunidad
de
la
respuesta
jurisdiccional y dificultar la identificación del
estado
definitivo
de
las
obligaciones
(TCE,
Causa 631-2021-TCE, auto de 25 de agosto de
2023). El caso permite distinguir dos planos: la
tutela
frente
al
incumplimiento
previo
y
el
tiempo
requerido
para
resolver
el
nuevo
procedimiento
sancionatorio.
Su
interacción
puede
prolongar
los
efectos
de
la
conducta
cuestionada.
El
análisis
también
señala
la
utilidad
de
registros
que
permitan
advertir
conexiones
entre
expedientes
y
prevenir
controversias sobre duplicidad, sin convertir la
eficacia
ejecutiva
en
una
justificación
para
restringir garantías procesales.

Causa 046-2026-TCE

La
causa
sobre
democracia
interna
del
movimiento Renovación Total, RETO, amplía
el
análisis
a
obligaciones
de
supervisión
y
control disciplinario. La sentencia de 8 de mayo
de 2026 declaró la nulidad del proceso interno
desde
su
convocatoria
por
irregularidades
competenciales
y
procedimentales.
También
dispuso
remitir
antecedentes
al
Consejo
de
la
Judicatura
sobre
la
conducta
de
una
abogada
interviniente. El Pleno negó la apelación el 22
de
mayo
y
ordenó
continuar
la
ejecución
conforme
al
Código
de
la
Democracia
(TCE,
Causa 046-2026-TCE, sentencias de 8 y 22 de
mayo de 2026).

El
27
de
mayo
se
remitieron
las
copias
certificadas
correspondientes.
El
auto
de
verificación de 29 de mayo declaró cumplidos
varios puntos resolutivos, pero mantuvo abierta
la comprobación del cuarto, relacionado con la
supervisión
del
nuevo
proceso
interno.
Para
ello, requirió al CNE y al órgano electoral de la
organización
informes,
documentación
y
cronogramas.
La
ejecución
distinguió
así
actuaciones de cumplimiento inmediato, como
una
remisión
documental,
y
obligaciones
continuadas
cuya
satisfacción
dependía
de
conductas posteriores (TCE, Causa 046-2026-
TCE, autos de 27 y 29 de mayo de 2026). Esta
diferencia es relevante porque acreditar el envío
de documentos no permite dar por ejecutadas
todas
las
consecuencias
de
la
sentencia.
El

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tribunal puede verificar sus propias actuaciones,
pero
requiere
información
de
otras
entidades
para
comprobar
la
supervisión
ordenada.
La
intervención del Consejo de la Judicatura añade
otra
relación
institucional
cuya
activación
formal debe distinguirse de los
resultados del
procedimiento
correspondiente.
El
caso
confirma la necesidad de definir indicadores de
cumplimiento
según
la
naturaleza
de
cada
obligación.

Los
casos
examinados
muestran
una
brecha
entre la fuerza obligatoria de las sentencias y la
capacidad
de
producir
oportunamente
sus
efectos. Las dificultades no son idénticas: unas
se concentran en el cobro y su comprobación;
otras,
en
la
actualización
de
registros,
la
interpretación
del
alcance
del
fallo
o
la
resistencia
de
la
entidad
ejecutora.
La
coincidencia
relevante
es
que
la
eficacia
depende de una secuencia de actuaciones que el
tribunal
no
controla
de
manera
directa.
Esta
observación concuerda con la distinción entre
validez y eficacia y con la exigencia procesal de
que el reconocimiento del derecho cuente con
garantías de ejecución (Kelsen, 1960; Ferrajoli,
2004).

La supletoriedad normativa ofrece instrumentos
para resolver situaciones no reguladas, pero no
sustituye
una
regulación
especializada.
El
COGEP y la LOGJCC responden a contextos
procesales
que
no
siempre
reproducen
las
exigencias
temporales
e
institucionales
del
contencioso
electoral.
Cuando
el
juez
debe
construir
el
procedimiento
caso
a
caso,
aumentan los márgenes de interpretación y se
dificulta
la
previsibilidad.
El
problema
no
consiste en rechazar toda aplicación supletoria,
sino
en
evitar
que
se
convierta
en
el
único
soporte de una fase decisiva para la tutela de
derechos
(García,
2011;
Quinde,
2024).
La
reforma reglamentaria de 2025 debe valorarse
dentro
de
ese
marco.
Precisar
quién
ejecuta
resuelve una cuestión de competencia, pero deja
pendientes
el
procedimiento,
los
plazos,
los
medios
de
apremio
y
la
verificación
de
resultados.
La
causa
046-2026-TCE
muestra
que,
aun
después
de
la
reforma,
persiste
la
necesidad de diferenciar obligaciones y requerir
información
sucesiva
a
las
instituciones.
Por
ello,
el
fortalecimiento
de
la
ejecución
exige
articular
la
competencia
judicial
con
mecanismos
operativos
y
responsabilidades
institucionales explícitas.

La
experiencia
comparada
examinada
en
la
doctrina
aporta
referencias
para
esa
articulación.
Los
estudios
sobre
México
destacan instrumentos específicos de ejecución
y
coordinación,
mientras
el
modelo
costarricense
concentra
funciones
que
en
Ecuador
se
encuentran
separadas
(Ackerman,
2009;
Sobrado
González,
2009;
Zovatto
&
Orozco Henríquez, 2008). Estas experiencias no
son
trasladables
automáticamente:
cualquier
reforma debe respetar el diseño constitucional
ecuatoriano
y
garantizar
la
independencia
del
TCE.
Su
utilidad
reside
en
mostrar
que
la
eficacia ejecutiva puede fortalecerse mediante
regulación
especializada,
seguimiento
verificable y coordinación formalizada.

Los
hallazgos
también
tienen
una
dimensión
democrática.
La
persistencia
de
decisiones
incumplidas
o
ejecutadas
tardíamente
puede
debilitar la confianza en las instituciones y en la
igualdad ante la ley (Norris, 2014). No obstante,
la selección documental no permite establecer
una tasa general de incumplimiento ni atribuir
todos los retrasos a una misma causa. El aporte
del
estudio
es
identificar
mecanismos
problemáticos
y
orientar
una
agenda
de
investigación que contraste estos patrones con
evidencia empírica más amplia, como proponen
las revisiones sobre ejecución constitucional de

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Ojeda Montecinos (2021) y Llerena Ocaña et al.
(2025).

Conclusiones

El
modelo
ecuatoriano
de
ejecución
de
sentencias
electorales
presenta
limitaciones
para
convertir
la
autoridad
formal
de
las
decisiones en resultados materiales oportunos.
El
análisis
identifica
vacíos
procedimentales,
medios de apremio insuficientemente adaptados
y
dependencia
de
entidades
externas
para
ejecutar o verificar obligaciones. La intensidad
y
la
manifestación
de
estos
problemas
varían
según
la
naturaleza
del
fallo,
por
lo
que
no
resulta
adecuado
tratarlos
mediante
una
respuesta
uniforme.
La
reforma
reglamentaria
de octubre de 2025 aclara la competencia del
juez ejecutor, pero no configura por sí sola un
procedimiento integral. Los casos muestran que
siguen
siendo
necesarias
reglas
sobre
coordinación,
plazos,
alcance
de
las
obligaciones y acreditación del cumplimiento.
La
distinción
entre
actuaciones
documentales
inmediatas
y
obligaciones
continuadas
resulta
especialmente
útil
para
evitar
que
una
notificación o remisión se considere equivalente
a la ejecución completa.

Fortalecer la fase ejecutiva requiere combinar
regulación
especializada
y
capacidad
institucional de seguimiento. La tutela judicial
efectiva
exige
que
las
decisiones
puedan
cumplirse dentro del tiempo en que conservan
utilidad
para
los
derechos
políticos.
Esta
conclusión
se
circunscribe
a
los
patrones
observados en las causas analizadas y no supone
que todas las sentencias del TCE enfrenten las
mismas
dificultades
ni
que
toda
demora
constituya
resistencia
institucional.
Se
recomienda
incorporar
al
Código
de
la
Democracia
una
regulación
de
ejecución
diferenciada
según
el
tipo
de
decisión,
con
plazos
proporcionales
a
la
urgencia
electoral,
medios de apremio expresos y previsiones para
situaciones
que
requieran
protección
provisional.
La
regulación
debe
precisar
las
competencias del juez y las obligaciones de las
entidades ejecutoras, manteniendo las garantías
procesales y la seguridad jurídica.

El
TCE
y
el
CNE
deberían
formalizar
protocolos de comunicación y seguimiento que
incluyan
transmisión
de
decisiones,
identificación
de
responsables,
reportes
documentados y procedimientos
para
resolver
discrepancias sobre el alcance de los mandatos.
Estos
acuerdos
deben
contemplar
la
participación de las demás entidades cuando la
ejecución
dependa
de
sus
registros
o
actuaciones.

Se propone implementar un sistema de registro
del cumplimiento que distinga entre sentencia
emitida,
notificada,
en
ejecución
y
materialmente
satisfecha,
con
información
sobre
obligaciones
pendientes.
La
formación
especializada
de
operadores
jurídicos
y
el
desarrollo de estudios empíricos sobre tiempos,
obstáculos y resultados permitirían evaluar las
reformas y ampliar la evidencia disponible. Las
mejoras
normativas
y
administrativas
deben
orientarse a verificar efectos concretos, además
de documentar actuaciones formales.

Referencias Bibliográficas

Ackerman, J. (2009). Organismos autónomos y
la
nueva
división
de
poderes
en
México
y
América Latina. Instituto de Investigaciones
Jurídicas,
UNAM.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bj
v/libros/6/2834/5.pdf

Alexy,
R.
(1993).
Teoría
de
los
derechos
fundamentales
(E.
Garzón
Valdés,
trad.).
Centro
de
Estudios
Constitucionales.
https://www.pensamientopenal.com.ar/syste
m/files/2014/12/doctrina37294.pdf

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador.
(2008).
Constitución
de
la
República
del

Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 11.1
Edición Especial XI 2026
Página 795

Ecuador. Registro Oficial No. 449, de 20 de
octubre
de
2008.
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4
_ecu_const.pdf

Asamblea
Nacional
del
Ecuador.
(2009).
Código
Orgánico
de
la
Función
Judicial
[COFJ].
Registro
Oficial
Suplemento
No.
544,
de
9
de
marzo
de
2009.
https://www.puertodemanta.gob.ec/wp-
content/uploads/2021/02/C%C3%93DIGO-
ORG%C3%81NICO-DE-LA-
FUNCI%C3%93N-JUDICIAL.pdf

Asamblea
Nacional
del
Ecuador.
(2009).
Ley
Orgánica
de
Garantías
Jurisdiccionales
y
Control Constitucional [LOGJCC]. Registro
Oficial Suplemento No. 52, de 22 de octubre
de
2009.
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic
4_ecu_org2.pdf

Asamblea
Nacional
del
Ecuador.
(2009).
Ley
Orgánica
Electoral
y
de
Organizaciones
Políticas
de
la
República
del
Ecuador,
Código
de
la
Democracia
[LOEOP].
Registro Oficial Suplemento No. 578, de 27
de abril de 2009 (con reformas hasta Registro
Oficial Suplemento No. 88, de 24 de julio de
2025).
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-
content/uploads/2020/02/Ley-
Org%C3%A1nica-Electoral-
C%C3%B3digo-de-la-Democracia.pdf

Asamblea
Nacional
del
Ecuador.
(2015).
Código
Orgánico
General
de
Procesos
[COGEP]. Registro Oficial Suplemento No.
506,
de
22
de
mayo
de
2015.
https://www.ces.gob.ec/lotaip/2021/Marzo/a
2/C%C3%B3digo%20Org%C3%A1nico%2
0General%20de%20Procesos,%20COGEP.
pdf

Comisión de Venecia (Comisión Europea para
la Democracia a través del Derecho). (2002).
Código
de
buenas
prácticas
en
materia
electoral: Directrices e informe explicativo.
Consejo de Europa.
https://www.venice.coe.
int/

Couture, E. (1958). Fundamentos del derecho
procesal civil (3.ª ed.). Ediciones Depalma.
https://www.academia.edu/39259120/FUN
DAMENTOS_DEL_DERECHO_PROCES
AL_CIVIL

Creswell,
J.
(2013).
Research
design:
Qualitative, quantitative, and mixed methods
approaches
(4th
ed.).
SAGE
Publications.
https://www.amazon.com/s?k=introduction
+to+qualitative+research+methods&adgrpid
=197114679582&hvadid=825034060794&
hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=1005373
&hvnetw=g&hvocijid=1018349379956125
725--5

Dworkin, R. (1984). Los derechos en serio (M.
Guastavino,
trad.).
Ariel.
https://img.lpderecho.pe/wp-
content/uploads/2021/09/Descargue-en-
PDF-Los-derechos-en-serio-de-Ronald-
Dworkin-LP.pdf

Ferrajoli, L. (2004). Derechos y garantías: La
ley del más débil (P. A. Ibáñez & A. Greppi,
trad.,
4.ª
ed.).
Trotta.
https://www.te.gob.mx/formulario/media/fil
es/4cd91799f6a2a69.pdf

Gadamer,
H.
(1977).
Verdad
y
método:
Fundamentos de una hermenéutica filosófica
https://andgar222.wordpress.com/wp-
content/uploads/2011/10/gadamer-verdad-
y-metodo-vol-1.pdf

García, J. (2011). Manual de derecho procesal
constitucional
ecuatoriano.
Rodín.
https://biblioteca.asambleanacional.gob.ec/c
gi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=19057&shelfbrowse
_itemnumber=19019

Grande
Montalvo,
A.
M.
(2022).
Estudio
del
diseño institucional de la justicia electoral:
una
propuesta
teórica
y
metodológica.
Revista
Especializada
Justicia
Electoral
y
Democracia, 5(6).
https://revista.tce.gob.ec/
index.php/rjed/article/view/63

Hernández
Sampieri,
R.,
Fernández
Collado,
C.,
&
Baptista
Lucio,
M.
P.
(2014).
Metodología
de
la
investigación
(6.ª
ed.).
McGraw-Hill.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codig
o=775008

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
[IIDH].
(2011).
Guía
para
el
diseño
de
sistemas
de
justicia
electoral.
IIDH
/

Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 11.1
Edición Especial XI 2026
Página 796

Tribunal Electoral
del
Poder Judicial de la
Federación.
https://www.iidh.ed.cr/

Jaramillo, J. (2007). Los tribunales electorales
en Ecuador: Entre la independencia formal y
la
dependencia
política.
En
D.
Nohlen,
D.
Zovatto,
J.
Orozco
&
J.
Thompson
(Eds.),
Tratado de derecho electoral comparado de
América Latina (2.ª ed., pp. 810-832). Fondo
de
Cultura
Económica
/
IIDH
/
UNAM.
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocb
ib/con2_uibd.nsf/469AD3BA01B29A6C05
2575A6007B473E/$FILE/1compar.pdf

Kelsen, H. (1960). Teoría pura del derecho (R.
J.
Vernengo,
trad.).
UNAM.
https://etica.uazuay.edu.ec/sites/etica.uazua
y.edu.ec/files/public/Teor%C3%ADa%20p
ura%20del%20Derecho%20-
%20Kelsen.pdf

Larenz,
K.
(1994).
Metodología
de
la
ciencia
del derecho (M. Rodríguez Molinero, trad.,
4.ª ed.). Ariel.

Llerena, V., Coronel, C., Santana, C., Alverca,
M., Zambrano, M., Vaca, S., & Sotomayor,
P.
(2025).
Ejecución
de
sentencias
de
la
Corte Constitucional en derechos humanos:
Revisión
bibliográfica.
SAGA:
Revista
Científica
Multidisciplinar,
2(4),
578-590.
https://revistasaga.org/index.php/saga/
article/view/303

Nohlen,
D.,
Zovatto,
D.,
Orozco,
J.,
&
Thompson,
J.
(Eds.).
(2007).
Tratado
de
derecho
electoral
comparado
de
América
Latina
(2.ª
ed.).
Fondo
de
Cultura
Económica
/
IIDH
/
UNAM.
https://www.idea.int/sites/default/files/publi
cations/tratado-de-derecho-electoral-
comparado-de-america-latina.pdf

Norris,
P.
(2014).
Why
electoral
integrity
matters.
Cambridge
University
Press.
https://assets.cambridge.org/97811070/5280
2/frontmatter/9781107052802_frontmatter.p
df

Ojeda,
H.
(2021).
La
fase
de
ejecución
en
sentencias
y
dictámenes
emitidos
por
la
Corte Constitucional del Ecuador. Polo del
Conocimiento,
6(3),
1249-1272.
https://
www.polodelconocimiento.com/ojs/index.
php/es/article/view/4802

Orozco,
J.
(2013).
Justicia
electoral
y
garantismo
jurídico.
Porrúa
/
UNAM.
https://ru.dgb.unam.mx/items/6f29ae12-
7494-42a8-8ca2-199b1e5e0f37

Pachano,
S.
(2014).
El
sistema
político
ecuatoriano:
Gobierno,
partidos
e
instituciones.
FLACSO
Ecuador.
https://www.simonpachano.com/uploads/2/
1/4/3/21439124/freidenberg-
pachano_el_sistema_politico.pdf

Picó, J. (2012). Las garantías constitucionales
del
proceso
(2.ª
ed.).
Bosch.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codi
go=205840

Quinde, L. (2024). Ejecución de sentencias en
el
marco
de
la
tutela
judicial
efectiva
en
Ecuador: Desafíos y oportunidades. Revista
Andina
de
Investigaciones
en
Ciencias
Jurídicas,
(1),
173-192.
https://revista.uasb.
edu.bo/ciencias-juridicas/article/view/44

Ríos, L. (2015). Justicia electoral: El estado de
la
cuestión.
Tribunal
Electoral
del
Poder
Judicial de la Federación.

Ríos,
L.
(2017).
El
cumplimiento
de
las
sentencias
en
materia
electoral.
Justicia
Electoral, 1(19), 179-231. ISSN 0188-7998.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=7136047

Sobrado, L. (2009). La jurisprudencia electoral
como factor de profundización democrática
en
América
Latina.
Revista
de
Derecho
Electoral (TSE Costa Rica), (7), 1-19.
https:/
/www.tse.go.cr/revista/art/7/sobrado.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2021).
Sentencia
Causa
Nro.
631-2021-
TCE,
de
04
de
octubre
de
2021
(Primera
Instancia).
Infracción
electoral
muy
grave
por incumplimiento de resolución con fuerza
de
sentencia,
art.
279,
num.
12
LOEOP.
Suspensión de derechos de participación por
tres
años
y
multa
equivalente
a
cincuenta
SBU.
Despacho
Dr.
Ángel
Torres
Maldonado.
https://vlex.ec/vid/sentencia-n-
631-tribunal-896756304

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2022).
Sentencia
Causa
Nro.
631-2021-
TCE,
de
19
de
agosto
de
2022
(Segunda
Instancia — Pleno). Concede parcialmente el
recurso
de
apelación;
modifica
sanciones;

Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 11.1
Edición Especial XI 2026
Página 797

voto salvado por non bis in ídem (González
Dávila y Peña Aguirre). Pleno del TCE.

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2023). Auto de Aclaración Causa Nro. 109-
2023-TCE, de 5 de julio de 2023. Alcance de
la
suspensión
de
derechos
de
participación
(art.
61
CRE).
https://apps.tce.gob.ec/jml/
bajar/Sentencias/ebe7ad_SENTENCIA-
109-23-050723_ACLARA.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2023).
Auto
de
Aclaración
y
Ampliación
Causa Nro. 631-2021-TCE, de 25 de agosto
de
2023.
Resuelve
veintitrés
puntos
de
aclaración; votos salvados de conjueces Peña
Aguirre
y
Ballesteros
Jiménez.
Pleno
del
TCE.
https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/
Notificaciones/86feeb_NOTIFICACION-
631-21-040923.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2023).
Auto
de
Sustanciación
(Ejecución)
Causa Nro. 109-2023-TCE, de 27 de julio de
2023.
Requerimiento
de
informe
de
cumplimiento
al
CNE
y
Ministerio
de
Trabajo; Fe de Erratas en razón de ejecutoria.
https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/
eae654_NOTIFICACION-109-23-270723_
AUTO_EJECUCION.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2023).
Sentencia
Causa
Nro.
109-2023-
TCE,
de
29
de
junio
de
2023
(Segunda
Instancia — Pleno). Infracción electoral por
inasistencia
a
debate
obligatorio,
art.
279,
num.
11
LOEOP.
https://apps.tce.gob.ec/
jml/bajar/Sentencias/ecf361_SENTENCIA-
109-23-190523.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2025).
Auto
de
Sustanciación
(Ejecución)
Causa
Nro.
002-2025-TCE,
de
10
de
diciembre
de
2025.
Negativa
de
nueva
aplicación de favorabilidad en fase ejecutiva;
cosa juzgada y agotamiento de competencia.
Despacho Dr. Joaquín Viteri Llanga.
https://
apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Notificaciones/
b33284_NOTIFICACION-002-25-101225.
pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2025).
Auto
de
Sustanciación
(Ejecución)
Causa Nro. 002-2025-TCE, de 20 de octubre
de 2025. Orden de ejecución al CNE; inicio
de
fase
de
cobro
de
multa.
Despacho
Dr.
Joaquín
Viteri
Llanga.
https://apps.tce.gob.
ec/jml/bajar/Notificaciones/0352a3_
NOTIFICACION-002-25-201025.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2025).
Auto
de
Sustanciación
(Ejecución)
Causa
Nro.
002-2025-TCE,
de
27
de
noviembre
de
2025.
Ausencia
de
documentación
sobre
convenio
de
pago;
requerimiento
de
información
al
CNE.
Despacho Dr. Joaquín Viteri Llanga.
https://
apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Notificaciones/
d1b694_NOTIFICACION-002-25-271125.
pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2025).
Auto
de
Sustanciación
(Ejecución)
Causa Nro. 060-2025-TCE, de 20 de octubre
de 2025. Orden de ejecución al CNE; cobro
de multas impuestas por no presentación de
cuentas de campaña. Despacho Dr. Joaquín
Viteri
Llanga.
https://apps.tce.gob.ec/jml/
bajar/Notificaciones/4311ec_
NOTIFICACION-060-25-201025.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2025). Autos de Sustanciación (Ejecución)
Causa Nro. 058-2025-TCE, de 01, 03, 07, 17
y 21 de octubre de 2025; 29 de octubre de
2025.
Registros
contradictorios
del
Ministerio
de
Trabajo;
resistencia
institucional
del
GAD
Provincial
de
Chimborazo; remisión a la Fiscalía General
del
Estado
y
a
la
Contraloría
General
del
Estado. Despacho Dr. Joaquín Viteri Llanga
/ Ab. Richard González Dávila, Juez (S).

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2025).
Resolución
No.
2
[Reforma
al
Reglamento
de
Trámites
del
TCE:
deroga
inciso
segundo
del
art.
42
e
incorpora
art.
innumerado sobre ejecución de sentencias].
Registro Oficial Suplemento No. 141, de 8
de octubre de 2025.

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2025).
Sentencia
Causa
Nro.
002-2025-
TCE,
de
02
de
julio
de
2025
(Primera
Instancia). Infracción electoral por campaña
anticipada,
art.
278,
num.
7
LOEOP.
Despacho Dr. Joaquín Viteri Llanga.
https://
apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/
c6b567_SENTENCIA-002-25-020725.pdf

Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 11.1
Edición Especial XI 2026
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Licencia de Creative Commons

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2025).
Sentencia
Causa
Nro.
002-2025-
TCE,
de
07
de
agosto
de
2025
(Segunda
Instancia
—
Pleno).
Niega
recurso
de
apelación;
reduce
sanción
a
diez
SBU
en
aplicación del principio de favorabilidad por
reforma
al
art.
278
LOEOP
(julio
2025).
Pleno
del
TCE.
https://apps.tce.gob.ec/jml/
bajar/Sentencias/e965c9_SENTENCIA-
002-25-070825.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2025).
Sentencia
Causa
Nro.
058-2025-
TCE, de 05 de septiembre de 2025 (Primera
Instancia). Infracción electoral por inducción
al voto de servidor público, art. 278, num. 3
LOEOP.
Suspensión
de
derechos
de
participación por tres meses. Despacho Ab.
Richard González Dávila, Juez (S).

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2025).
Sentencia
Causa
Nro.
060-2025-
TCE,
de
19
de
agosto
de
2025.
Infracción
electoral por no presentación de cuentas de
campaña, art. 281, num. 1 LOEOP. Multa de
USD
$9.000,00
a
cada
denunciado.
Despacho Dr. Joaquín Viteri Llanga.
https://
apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/
dcd3b8_SENTENCIA-060-25-190825.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2025).
Sentencia
Causa
Nro.
060-2025-
TCE, de 22 de septiembre de 2025 (Segunda
Instancia
—
Pleno).
Resolución
en
apelación;
confirmación
de
la
sanción
impuesta
en
primera
instancia.
Pleno
del
TCE.
https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/
Sentencias/02d8c3_SENTENCIA-060-25-
220925.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2026).
Auto
de
Sustanciación
(Ejecución)
Causa Nro. 046-2026-TCE, de 27 de mayo
de 2026. Remisión certificada al Consejo de
la
Judicatura
y
al
Consejo
Nacional
Electoral; inicio de fase ejecutiva. Despacho
Abg.
Ivonne
Coloma
Peralta.
https://apps.
tce.gob.ec/jml/bajar/Notificaciones/48460c_
NOTIFICACION-046-26-270526.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2026).
Auto
de
Verificación
de
Cumplimiento
Causa
Nro.
046-2026-TCE,
de 29 de mayo de 2026. Declara cumplidos
los
puntos
resolutivos
primero,
segundo
y
tercero; mantiene abierta la verificación del
cuarto; plazo de tres días al CNE y al Órgano
Electoral
Central
para
remitir
informe
y
cronograma. Despacho Abg. Ivonne Coloma
Peralta.
https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/
Notificaciones/0041ad_NOTIFICACION-
046-26-290526.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2026).
Sentencia
Causa
Nro.
046-2026-
TCE,
de
08
de
mayo
de
2026
(Primera
Instancia).
Nulidad
del
proceso
de
democracia
interna
del
movimiento
Renovación Total – RETO, Lista 33, desde
la
convocatoria;
remisión
al
Consejo
de
la
Judicatura
por
conducta
de
abogada
patrocinadora.
Despacho
Abg.
Ivonne
Coloma
Peralta.
https://apps.tce.gob.ec/jml/
bajar/Sentencias/511157_SENTENCIA-
046-26-080526.pdf

Tribunal
Contencioso
Electoral
del
Ecuador.
(2026).
Sentencia
Causa
Nro.
046-2026-
TCE,
de
22
de
mayo
de
2026
(Segunda
Instancia
—
Pleno).
Niega
recurso
de
apelación
interpuesto
por
la
presidenta
del
Órgano Electoral Central; dispone ejecución
conforme al Código de la Democracia. Pleno
del
TCE.
https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/
Sentencias/ccc455_SENTENCIA-046-26-
220526.pdf

Zovatto,
D.,
&
Orozco
Henríquez,
J.
(Eds.).
(2008).
Reforma
política
y
electoral
en
América Latina 1978-2007. IIDH / UNAM.
https://www.idea.int/publications/catalogue/
reforma-politica-y-electoral-en-america-
latina-1978-2007?lang=es

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©
Jenny
Alexandra
Loyo
Pacheco,
Gabriela
Cecibel
Rodríguez
Jaramillo,
Edward
Fabricio
Freire
Gaibor
y
Luz
Marina Castillo López.

Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 11.1
Edición Especial XI 2026
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Declaraciones éticas y editoriales del artículo

Contribución de los autores (Taxonomía CRediT).

Jenny Alexandra Loyo Pacheco: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de
los datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio.

Gabriela Cecibel Rodríguez Jaramillo: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis
formal de los datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio.

Edward Fabricio Freire Gaibor: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de
los datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio.

Luz Marina Castillo López: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de los
datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación con la investigación presentada, la autoría del manuscrito ni la publicación del
presente artículo.

Declaración de financiamiento

La presente investigación no recibió financiamiento específico de agencias públicas, comerciales o de organizaciones sin fines de lucro. En caso de
existir financiamiento institucional o externo, este deberá ser declarado explícitamente por los autores en esta sección.

Declaración del editor

El
editor
responsable
certifica
que
el
proceso
editorial
del
presente
artículo
se
desarrolló
conforme
a
los
principios
de
integridad
científica,
transparencia
y
buenas
prácticas editoriales.
El
manuscrito
fue
sometido
a
un
proceso
de
evaluación
mediante
revisión
por
pares
doble
ciego,
garantizando la confidencialidad de la identidad de los autores y revisores durante todo el proceso de dictamen académico. Asimismo, el editor declara
que el artículo cumple con los criterios científicos, metodológicos y éticos establecidos por la revista.

Declaración de los revisores

Los revisores externos que participaron en la evaluación del presente manuscrito declaran haber realizado el proceso de revisión de manera objetiva,
independiente y confidencial. Asimismo, manifiestan que no mantienen conflictos de interés con los autores ni con la investigación evaluada, y que
sus observaciones y recomendaciones se fundamentan exclusivamente en criterios científicos, metodológicos y académicos.

Declaración ética de la investigación

Los autores declaran que la investigación se desarrolló respetando los principios éticos de la investigación científica, garantizando la confidencialidad
de los datos y el respeto a los participantes del estudio. En los casos en que la investigación involucre seres humanos, los procedimientos deben
ajustarse a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y a las normativas institucionales correspondientes.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Los autores declaran que el uso de herramientas de inteligencia artificial, en caso de haberse utilizado durante el proceso de investigación o redacción
del manuscrito, se realizó únicamente como apoyo técnico para mejorar la claridad del lenguaje o el análisis de información, manteniendo siempre la
responsabilidad intelectual sobre el contenido del artículo. Las herramientas de inteligencia artificial no fueron utilizadas como autoras del manuscrito
ni sustituyen la responsabilidad académica de los investigadores.

Disponibilidad de datos

Los datos que respaldan los resultados de esta investigación estarán disponibles previa solicitud razonable al autor de correspondencia, respetando las
normas éticas y de confidencialidad establecidas por la investigación.

Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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Edición Especial XI 2026
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