ALCANCE INTERPRETATIVO DEL CONCEPTO DE “DECISIONES LEGÍTIMAS DE
AUTORIDAD COMPETENTE” EN EL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL
INTERPRETIVE SCOPE OF THE CONCEPT OF “LEGITIMATE DECISIONS BY A
COMPETENT AUTHORITY” UNDER ARTICLE 282 OF THE COMPREHENSIVE ORGANIC
CRIMINAL CODE
Autores: ¹Bosco Fabián Mieles Intriago y ²Silvana Isabel Caicedo Ante.
¹ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0008-0289-0947
²ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0008-7870-8734
¹E-mail de contacto:
bosco.mielesintriago5268@upse.edu.ec
²E-mail de contacto:
scaicedo8744@upse.edu.ec
Afiliación: ¹*²*Universidad Estatal Península de Santa Elena, (Ecuador).
Artículo recibido: 3 de Octubre del 2026.
Artículo revisado: 5 de Noviembre del 2026.
Artículo aprobado: 5 de Noviembre del 2026.
¹Estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, (Ecuador).
²Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, graduada de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Magíster en Derecho, mención Derecho
Constitucional,
graduada
de
la
Universidad Estatal
Península
de
Santa
Elena,
(Ecuador).
Magíster
en
Derecho
Argumentación Judicial,
graduada de la Universidad Católica de Cuenca, (Ecuador).
Resumen
El
objetivo
del
estudio
fue
analizar
el
alcance
interpretativo del concepto “decisiones legítimas
de autoridad competente” previsto en el artículo
282, inciso primero, del Código Orgánico Integral
Penal
del
Ecuador,
a
partir
de
los
principios
de
legalidad,
tipicidad
y
seguridad
jurídica.
Se
desarrolló
una
investigación
cualitativa,
de
tipo
jurídico-dogmático
y
documental,
con
alcance
descriptivo-explicativo y diseño no experimental.
Se
aplicaron
los
métodos
jurídico-dogmático,
exegético,
analítico
y
comparado
sobre
una
muestra intencional integrada por cuatro cuerpos
normativos,
seis
pronunciamientos
de
la
Corte
Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia y
veinticinco trabajos científicos y académicos. La
información
se
procesó
mediante
análisis
documental
y
jurisprudencial,
con
fichas
de
lectura
y
una
matriz
de
consistencia.
Los
resultados
mostraron
que
los
dos
elementos
normativos del tipo no están definidos en la ley y
que
su
contenido
solo
puede
determinarse
mediante
la
integración
con
el
Derecho
Administrativo
y
el
Derecho
Constitucional,
integración
que
la
jurisprudencia
no
ha
uniformado.
Se
identificó,
además,
una
divergencia entre la percepción mayoritaria de los
operadores, que admite sancionar sin notificación
previa de la orden, y el criterio no vinculante de la
Corte
Nacional
de
Justicia,
que
exige
su
conocimiento efectivo. Se concluye que el alcance
del
concepto
depende
de
cuatro
criterios
concurrentes:
competencia
del
órgano
emisor,
validez
del
acto,
comunicación
efectiva
de
la
orden
y
conformidad
de
su
contenido
con
los
derechos constitucionales, y que su integración no
puede ampliar la conducta punible por analogía.
Palabras
clave:
Alcance
interpretativo,
Decisiones
legítimas,
Autoridad
competente,
Principio de legalidad, Seguridad jurídica.
Abstract
The
aim
of
the
study
was
to
analyse
the
interpretive
scope
of
the
concept
of
“legitimate
decisions
of
competent
authority”
set
out
in
Article
282,
first
paragraph,
of
Ecuador’s
Comprehensive
Organic
Criminal
Code,
on
the
basis
of
the
principles
of
legality
,
typicity
and
legal certainty. A qualitative, legal
-
dogmatic and
documentary
study
was
conducted,
with
a
descriptive
-
explanatory
scope
and
a
non
-
experimental design. Dogmatic
-
legal, exegetical,
analytical and comparative methods were applied
to
a
purposiv
e
sample
made
up
of
four
legal
instruments,
six
pronouncements
of
the
Constitutional
Court
and
the
National
Court
of
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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Justice,
and
twenty
-
five
scientific
and
academic
works.
The
information
was
processed
through
documentary and case
-
law analysis, using reading
records
and
a
consistency
matrix.
The
results
showed
that
the
two
normative
elements
of
the
offence
are
not
defined
by
law
and
that
their
content
can
only
be
determined
through
integration with administrative and constitutional
law,
an
integration
that
case
law
has
not
standardised.
A
divergence
was
a
lso
identified
between
the
majority
perception
of
legal
practitioners,
who
accepted
punishment
without
prior notification of the order, and the non
-
binding
criterion of the National Court of Justice, which
requires effective knowledge of it. It is conclude
d
that
the
scope
of
the
concept
depends
on
four
concurrent
criteria:
competence
of
the
issuing
body, validity of the act, effective communication
of the order, and conformity
of its content with
constitutional
rights,
and
that
this
integration
cannot exten
d punishable conduct by analogy.
Keywords:
Interpretative
scope,
Legitimate
decisions,
Competent
authority,
Principle
of
legality, Legal certainty.
Sumário
O
objetivo
do
estudo
foi
analisar
o
alcance
interpretativo do conceito de “decisões legítimas
de autoridade competente” previsto no artigo 282,
parágrafo primeiro, do Código Orgânico Integral
Penal
do
Equador,
a
partir
dos
princípios
da
legalidade, da tipi
cidade e da segurança jurídica.
Desenvolveu
-
se uma pesquisa qualitativa, de tipo
jurídico
-
dogmático
e
documental,
com
alcance
descritivo
-
explicativo
e
desenho
não
experimental. Aplicaram
-
se os métodos jurídico
-
dogmático,
exegético,
analítico
e
comparado
a
uma
amostra
intencional
composta
por
quatro
diplomas
normativos,
seis
pronunciamentos
da
Corte
Constitucional
e
da
Corte
Nacional
de
Justiça
e
vinte
e
cinco
trabalhos
científicos
e
acadêmicos.
A
informação
foi
processada
por
meio de análise documental e ju
risprudencial, com
fichas de leitura e uma matriz de consistência. Os
resultados
mostraram
que
os
dois
elementos
normativos do tipo não estão definidos na lei e que
seu conteúdo só pode ser determinado mediante a
integração
com
o
Direito
Administrativo
e
o
Direito
Constitucional,
integração
que
a
jurisprudência
não
uniformizou.
Identificou
-
se,
ainda,
uma
divergência
entre
a
percepção
majoritária dos operadores, que admite sancionar
sem notificação prévia da ordem, e o
critério não
vinculante da Corte Nacional de Justiça, que exige
seu
conhecimento
efetivo.
Conclui
-
se
que
o
alcance
do
conceito
depende
de
quatro
critérios
concorrentes:
competência
do
órgão
emissor,
validade do ato, comunicação efetiva da ordem e
conformid
ade
de
seu
conteúdo
com
os
direitos
constitucionais,
e
que
essa
integração
não
pode
ampliar a conduta punível por analogia.
Palavras
-
chave:
Alcance
interpretativo,
Decisões
legítimas,
Autoridade
competente,
Princípio da legalidade, Segurança jurídica.
Introducción
La determinación de los tipos penales constituye
una exigencia
común
a los
sistemas penales del
Estado
constitucional.
La
discusión
comparada
sobre el mandato de lex certa muestra que ninguna
descripción típica alcanza una precisión absoluta,
pero que la validez de una norma penal depende
de que su enunciado permita al destinatario prever
razonablemente la punibilidad de su conducta, sea
a
partir
del
texto
legal
o
de
una
interpretación
judicial
accesible
y
previsible
(Truu,
2022).
Vukušić
(2023)
demuestra,
desde
un
análisis
comparado
de
los
sistemas
estadounidense,
británico, de la Unión Europea y del Consejo de
Europa, que la exigencia de certeza opera como un
estándar
graduable
y
no
como
una
regla
de
precisión literal absoluta.
Este marco permite situar el problema local en una
discusión
que
trasciende
el
ordenamiento
ecuatoriano: qué grado de indeterminación resulta
constitucionalmente
tolerable
en
un
elemento
normativo del tipo y qué criterios deben guiar al
intérprete cuando el legislador no los ha fijado. En
el
ordenamiento
jurídico ecuatoriano, el
artículo
282
del
Código
Orgánico
Integral
Penal
Ciencia y Educación
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(Asamblea Nacional de la República del Ecuador,
2014),
en
adelante
COIP,
tipifica
el
incumplimiento
de
decisiones
legítimas
de
autoridad
competente
y
establece
una
pena
privativa de libertad de uno a tres años para quien
incumpla
órdenes
o
prohibiciones
específicas
o
legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad
competente en el marco de sus facultades legales.
Sin
embargo,
la
norma
no
define
qué
debe
entenderse por “decisiones legítimas” ni delimita
qué
órganos
o
servidores
públicos
ostentan
la
condición de “autoridad competente” a efectos de
activar
el
tipo
penal.
Su
contenido
debe
ser
completado
por
el
intérprete
en
cada
caso
concreto, y la propia Corte Nacional de Justicia
(CNJ), en una absolución de consulta, reconoció
que
se
trata
de
un
tipo
penal
abierto
en
el
que
corresponde a los jueces determinar la adecuación
de la conducta al delito (CNJ, 2019).
Para
comprender
el
alcance
de
esta
indeterminación
es
preciso
delimitar,
en
primer
término,
la
categoría
dogmática
en
la
que
se
inscribe el concepto analizado. La tipicidad es la
adecuación
de
la
conducta
humana
a
la
descripción que la ley penal establece como delito,
y su verificación el denominado juicio de tipicidad
exige
examinar
tanto
el
tipo
objetivo,
que
comprende la conducta, el resultado, la causalidad
y los elementos descriptivos y normativos, como
el tipo subjetivo, integrado por el dolo o la culpa
(Velasco et al., 2021).
Dentro del tipo objetivo, Vega (2016) distingue los
elementos
descriptivos,
que
pueden
entenderse
con la simple utilización
de los
sentidos, de los
elementos normativos, que no son susceptibles de
ser
comprendidos
de
ese
modo
y
ameritan
una
especial
valoración
jurídica
o
extrajurídica
por
parte
del
operador.
Las
expresiones
“decisiones
legítimas” y “autoridad competente” pertenecen a
esta segunda clase: su contenido no se obtiene de
la observación de los hechos, sino de un juicio de
valor que remite a otras normas del ordenamiento.
Este
rasgo
tiene,
además,
una
explicación
histórica. Barcos y Escobar (2020) recuerdan que
la
figura
del
artículo
282
sustituyó
al
delito
de
desacato del derogado Código Penal, después de
que
la
Organización
de
las
Naciones
Unidas
recomendara al Ecuador, en el segundo Examen
Periódico
Universal
de
2012,
eliminar
esa
infracción; los mismos autores califican la nueva
descripción como un tipo penal abierto, en el que
corresponde a los jueces fijar los parámetros de su
aplicación.
Por
consiguiente,
el
elemento
“autoridad
competente”
no
puede
completarse
desde el propio Derecho Penal y exige acudir al
Derecho Administrativo.
En ese ámbito, el Código Orgánico Administrativo
(Asamblea Nacional de la República del Ecuador,
2017),
en
adelante
COA,
define
la
competencia
como la medida en la que la Constitución y la ley
habilitan
a
un
órgano
para
obrar
y
cumplir
sus
fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo
y el grado (art. 65), y dispone que es irrenunciable
y
se
ejerce
por
los
órganos
señalados
en
el
ordenamiento jurídico (art. 68). En concordancia,
el artículo 226 de la Constitución de la República
del
Ecuador
(Asamblea
Constituyente
del
Ecuador,
2008),
en
adelante
CRE,
limita
la
actuación
de
las
instituciones
y
servidores
públicos a las competencias y facultades que les
atribuyen la Constitución y la ley.
La calificación de “legítimas”, por su parte, añade
una exigencia que no se agota en la competencia
del emisor. Barcos Arias y Escobar Rivadeneira
(2020) advierten que el inciso primero del artículo
282
no
especifica
qué
autoridad
queda
comprendida en el tipo, vacío que termina siendo
colmado
por
la
interpretación
de
los
propios
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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operadores.
De
ahí
que
la
legitimidad
de
la
decisión se presente como un concepto relacional:
solo
puede
afirmarse
después
de
contrastar
la
orden con el ordenamiento que la habilita, tanto en
su
origen
(quién
la
emite
y
con
qué
atribución)
como
en
su
contenido
(qué
impone
y
con
qué
fundamento), contraste que el COA facilita al fijar
los requisitos de validez del acto administrativo y
sus causales de nulidad. La segunda categoría que
estructura el estudio es el principio de legalidad
penal en su dimensión de taxatividad, vinculado
con el derecho a la seguridad jurídica. Desde la
perspectiva
garantista,
Cornejo
(2016)
ubica
la
estricta
legalidad
y
la
taxatividad
entre
las
garantías penales sustanciales de un derecho penal
mínimo, junto con la lesividad, la materialidad y
la
culpabilidad,
y
concluye
que
en
el
COIP
el
punitivismo supera al garantismo, pese al carácter
garantista de la Constitución.
En el ordenamiento ecuatoriano, esa exigencia se
expresa
en
el
artículo
76,
numeral
3,
de
la
Constitución,
según
el
cual
nadie
puede
ser
juzgado ni sancionado por un acto u omisión que,
al momento de cometerse, no esté tipificado en la
ley como infracción penal; y en el artículo 82, que
funda
la
seguridad
jurídica
en
el
respeto
a
la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas
previas,
claras,
públicas
y
aplicadas
por
las
autoridades competentes. Como se anticipó, esta
certeza no exige una precisión literal absoluta, sino
que la punibilidad sea razonablemente previsible a
partir
del
texto
legal
y
de
la
jurisprudencia
accesible (Truu, 2022; Vukušić, 2023).
La
interacción
entre
ambas
categorías
define
el
núcleo
del
problema.
Cuando
el
tipo
penal
incorpora
elementos
normativos
cuyo
contenido
depende de normas extrapenales, la vigencia del
principio
de
legalidad
pasa
a
depender
de
la
calidad de esas normas complementarias y de la
manera en que el juez las integra. Si la integración
es
rigurosa,
el
elemento
normativo
se
vuelve
determinable
y
el
ciudadano
puede
prever
qué
órdenes le obligan bajo amenaza de pena; si no lo
es,
la
valoración
del
operador
sustituye
a
la
decisión
del
legislador,
en
detrimento
de
la
taxatividad y de la seguridad jurídica. A ello se
suma
que
el
artículo
13,
numeral
2,
del
COIP
ordena
interpretar
los
tipos
penales
en
forma
estricta, respetando el sentido literal de la norma,
lo
que
impide
suplir
la
indeterminación
del
artículo 282 por vía extensiva (García et al., 2025).
En
consecuencia,
precisar
el
alcance
de
“decisiones legítimas de autoridad competente” no
es una cuestión meramente terminológica, sino la
condición para que el tipo penal resulte compatible
con
la
Constitución.
Esta
tensión
no
se
ha
mantenido en el plano teórico. La revisión de la
literatura
evidencia
que
la
indeterminación
se
traduce en una aplicación judicial heterogénea. En
este sentido, Barcos y Escobar (2020) constataron
que
el
artículo
282
se
ha
utilizado
en
el
fuero
laboral
para
perseguir
penalmente
el
incumplimiento
de
sentencias
ejecutoriadas,
práctica
que,
a
su
juicio,
priva
de
libertad
por
deudas
en
contra
del
artículo
66,
numeral
29,
literal c, de la Constitución.
Asimismo, Merchán (2023) confirmó, en el cantón
Azogues,
que
la
dificultad
interpretativa
se
reproduce
con
independencia
del
contexto
geográfico. De igual modo, Zapata et al. (2026)
verificaron
que,
en
la
práctica,
el
tipo
penal
se
aplica
ante
la
desobediencia
de
medidas
de
protección
dictadas
a
favor
de
mujeres
y
otros
miembros del núcleo familiar, ámbito en el que la
indeterminación
produce
consecuencias
más
directas
sobre
los
derechos
de
las
víctimas.
El
problema
se
profundiza
porque
ni
la
Corte
Constitucional
ni
la
CNJ
han
adoptado
una
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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interpretación sistematizada del concepto, como lo
muestran
tres
referentes
que,
examinados
en
conjunto, revelan avances parciales, pero no una
línea uniforme. Así, la Sentencia 1364-17-EP/23
de la Corte Constitucional (2023) fija estándares
sobre la interpretación conforme a la Constitución
de
normas
penales
con
elementos
normativos
abiertos y sobre la prohibición de interpretación
extensiva,
pero
no
resuelve
la
indeterminación
estructural del artículo 282. En la misma línea, la
sentencia
de
casación
del
proceso
16281-2019-
00931 de la CNJ (2022) delimitó los presupuestos
de
tipicidad
en
un
caso
concreto,
sin
constituir
doctrina
jurisprudencial
vinculante
de
alcance
general. Por su parte, las absoluciones de consulta
de
la
CNJ
(2019)
introdujeron
el
conocimiento
efectivo de la orden como presupuesto adicional,
aunque
se
trata
de
criterios
no
vinculantes.
En
suma, ninguno de estos pronunciamientos ofrece,
por sí solo, una definición general del concepto.
Esta
falta
de
uniformidad
tensiona,
en
consecuencia, las exigencias de legalidad penal y
de seguridad jurídica que imponen los artículos 76,
numeral 3, y 82 de la CRE. Conviene precisar el
alcance de esta afirmación: el estudio no sostiene
que el artículo 282 sea inaplicable ni que carezca
de
contenido,
sino
que
su
contenido
es
determinable
solo
mediante
una
integración
con
normas
extrapenales
que
la
ley
no
ordena
de
manera
expresa
y
que
la
jurisprudencia
no
ha
uniformado. Cuando esa integración falta o varía
entre
operadores,
la
ambigüedad
puede
generar
tanto impunidad, cuando el tipo no se aplica por
excesiva
indeterminación,
como
criminalización
desproporcionada
de
conductas
que
no
merecen
respuesta
penal.
A
partir
de
este
problema,
la
investigación se orientó por la siguiente pregunta:
¿cuál
es
el
alcance
interpretativo
del
concepto
“decisiones
legítimas
de
autoridad
competente”
establecido en el artículo 282 del COIP, conforme
a
los
principios
de
legalidad
penal,
tipicidad
estricta
y
seguridad
jurídica
del
ordenamiento
jurídico ecuatoriano?
En correspondencia, el objetivo general consistió
en
analizar
el
alcance
interpretativo
de
dicho
concepto
a partir de los principios de legalidad,
tipicidad
y
seguridad
jurídica
del
ordenamiento
jurídico ecuatoriano. Para alcanzarlo, se consideró
pertinente
declarar
los
siguientes
objetivos
específicos:
a)
examinar
los
fundamentos
doctrinarios y normativos de la tipicidad penal y
del
principio
de
legalidad
aplicables
a
la
interpretación
del
artículo
282
del
COIP;
b)
determinar el contenido jurídico de los conceptos
“decisiones legítimas” y “autoridad competente” a
partir de la doctrina, la normativa administrativa y
la jurisprudencia ecuatoriana; y c) establecer los
límites interpretativos del tipo penal frente a los
principios de proporcionalidad, seguridad jurídica
y
garantismo
penal
en
el
sistema
jurídico
ecuatoriano.
Para ello, se desarrolló un estudio cualitativo de
tipo jurídico-dogmático y documental, sustentado
en
el
análisis
de
normas,
pronunciamientos
judiciales
y
literatura
científica
nacional
e
internacional. Como resultado, el artículo presenta
los fundamentos que explican la indeterminación
del
tipo
penal,
una
sistematización
de
criterios
interpretativos concurrentes y los límites que las
garantías
constitucionales
imponen
a
esa
interpretación,
con
los
referentes
peruano
y
colombiano como elementos de contraste.
Materiales y Métodos
La
investigación
adoptó
un
enfoque
cualitativo,
porque
su
objeto
(el
significado
jurídico
de
dos
elementos
normativos
de
un
tipo
penal)
exigía
describir,
comprender
e
interpretar
textos
normativos, jurisprudenciales y doctrinarios, y no
medir
variables.
Nizama
y
Nizama
(2020)
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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explican que, en el Derecho, el enfoque cualitativo
emplea
conocimientos
propios
de
la
disciplina,
como la hermenéutica, y analiza teóricamente los
problemas
jurídicos,
mientras
que
el
enfoque
cuantitativo se orienta a la medición y al cálculo
de probabilidades.
El tipo de investigación fue jurídico-dogmático y
documental.
Obando
(2024)
señala
que
la
investigación
jurídica
dogmática,
también
denominada documental o teórica, utiliza fuentes
como leyes, normas, tratados y otros documentos
para
el
estudio
del
Derecho.
El
alcance
fue
descriptivo-explicativo:
descriptivo,
porque
identificó y sistematizó los
criterios normativos,
doctrinarios y jurisprudenciales existentes sobre el
tipo
penal;
y
explicativo,
porque
estableció
los
factores
que
generan
la
falta
de
uniformidad
interpretativa
del
artículo
282
(la
ausencia
de
definición legal de sus elementos normativos, su
dependencia de normas administrativas y la falta
de un precedente vinculante) y sus efectos sobre la
vigencia del principio de legalidad.
El diseño fue no experimental y documental: no se
manipularon
variables,
no
se
realizó
trabajo
de
campo ni se aplicaron instrumentos a personas, por
lo
que
el
estudio
no
requirió
aprobación
de
un
comité de ética ni tratamiento de datos personales.
La población
documental
estuvo constituida por
las
normas,
los
pronunciamientos
judiciales
e
institucionales
y
las
publicaciones
científicas
relativas al artículo 282 del COIP y a los principios
de
legalidad,
tipicidad
y
seguridad
jurídica.
La
muestra fue intencional, no probabilística, y quedó
integrada
por:
a)
cuatro
cuerpos
normativos:
la
CRE (arts. 76.3, 82, 98, 226 y 227), el COIP (arts.
5.1, 13, 29, 30 y 282), el COA (arts. 65, 68, 98, 99,
101,
104
y
105)
y,
para
el
contraste,
el
Código
Penal
colombiano
(art.
454);
b)
seis
pronunciamientos:
una
sentencia
de
la
Corte
Constitucional, dos sentencias de casación
de la
CNJ
y
tres
absoluciones
de
consulta
de
la
Presidencia de la CNJ, estas últimas de carácter no
vinculante; y c) veinticinco trabajos doctrinarios,
de los cuales veinticuatro son artículos científicos
y uno es un trabajo de titulación.
Se incluyeron las fuentes que abordaban de forma
expresa el artículo 282 o alguna de las categorías
del
estudio
y
cuyo
texto
completo
podía
consultarse;
se
excluyeron
los
textos
de
divulgación
sin
arbitraje
y
las
versiones
duplicadas de un mismo
trabajo.
Las normas se
obtuvieron de los portales oficiales de la Asamblea
Nacional, del Ministerio de Defensa Nacional, de
la Organización de los Estados Americanos y del
Senado
de
la
República
de
Colombia;
las
sentencias,
del
buscador
de
la
Corte
Constitucional
y
del
Sistema
Automático
de
Trámite
Judicial
Ecuatoriano
(SATJE);
las
absoluciones de consulta, del portal de la CNJ; y
los
artículos,
de
Dialnet,
SciELO,
Redalyc,
Latindex
y
de
los
sitios
web
de
las
revistas.
Se
priorizó
la
producción
publicada
entre
2021
y
2026, sin excluir trabajos anteriores de referencia
para
las
categorías
analizadas.
Se
emplearon
cuatro métodos de manera articulada. El método
jurídico-dogmático
permitió
estudiar
las
categorías del tipo penal (tipicidad, legalidad, acto
administrativo,
seguridad
jurídica
y
garantismo)
dentro del sistema jurídico ecuatoriano, a partir de
las fuentes del Derecho objetivo (Obando, 2024).
El método exegético orientó
la lectura del
texto
normativo
conforme
a
su
tenor
literal
y
a
su
estructura
gramatical,
siguiendo
los
criterios
de
Vega
Arrieta
(2016),
y
se
aplicó
en
orden
jerárquico
sobre
la
base
normativa
del
estudio:
primero la CRE, después el COIP y, finalmente, el
COA. El método analítico permitió descomponer
el
concepto
estudiado
en
sus
dos
elementos
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(“decisiones legítimas” y “autoridad competente”)
y
examinar
cada
uno
a
la
luz
de
la
literatura
revisada. El método comparado, entendido como
la
confrontación
rigurosa
de
elementos
para
discernir
sus
similitudes
y
diferencias
(Obando,
2024), permitió contrastar el artículo 282 del COIP
con el artículo 368 del Código Penal peruano, a
partir del estudio de Juárez Muñoz (2017), y con
el artículo 454 del Código Penal colombiano. Las
técnicas utilizadas fueron el análisis documental y
el análisis jurisprudencial. El análisis documental
se
realizó
mediante
fichas
de
lectura
que
registraron,
para
cada
fuente,
los
siguientes
indicadores:
autor,
año,
tipo
de
fuente,
base
de
datos
o
repositorio,
categoría
jurídica,
aporte
específico, página de la cita y enlace verificado. El
análisis
jurisprudencial
siguió
una
ruta
de
cinco
pasos
para
cada
decisión:
1)
identificación
del
órgano, número de proceso, fecha y ponente; 2)
descripción
de
los
hechos
relevantes
y
del
problema
jurídico;
3)
extracción
de
la
regla
o
criterio aplicado; 4) determinación de su carácter
vinculante o no vinculante; y 5) valoración de su
aporte
para
delimitar
cada
elemento
del
tipo.
Como
instrumento
se
elaboró
una
matriz
de
consistencia teórico-metodológica que vincula los
objetivos específicos, las categorías jurídicas y las
unidades de análisis, cuya estructura se presenta en
la Tabla 1.
Tabla 1.
Matriz de consistencia entre objetivos específicos, categorías jurídicas y unidades de análisis.
|
Objetivo específico
|
Categoría jurídica
|
Unidades de análisis
|
|
a) Examinar los fundamentos doctrinarios y
normativos de la tipicidad y la legalidad
|
Tipicidad penal; principio de legalidad y
taxatividad; elementos normativos del
tipo
|
Art. 282 y arts. 5.1, 13, 29 y 30 del COIP; art. 76.3 CRE;
Sentencia 1364-17-EP/23; absoluciones de consulta CNJ
(2019a, 2019b, 2020)
|
|
b) Determinar el contenido de “decisiones
legítimas” y “autoridad competente”
|
Acto administrativo, competencia,
validez y eficacia
|
Arts. 65, 68, 98, 99, 101, 104 y 105 del COA; arts. 226 y 227
CRE; sentencias de casación 01283-2018-01637 y 16281-
2019-00931
|
|
c) Establecer los límites interpretativos
frente a la proporcionalidad, la seguridad
jurídica y el garantismo
|
Seguridad jurídica; garantismo penal;
proporcionalidad; referentes
comparados
|
Arts. 82 y 98 CRE; art. 368 del Código Penal peruano (Juárez
Muñoz, 2017); art. 454 del Código Penal colombiano;
literatura sobre lex certa y garantismo
|
Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la Tabla 1, los objetivos a) y
b)
descansaron
principalmente
en
fuentes
normativas
y
jurisprudenciales
ecuatorianas,
mientras que el objetivo c) incorporó, además, los
referentes comparados, utilizados como contraste
y no como solución trasladable al ordenamiento
nacional. Esta correspondencia permitió trazar la
relación entre cada objetivo, sus categorías y las
fuentes efectivamente procesadas, y organizar los
resultados en el mismo orden. La información se
procesó mediante análisis de contenido cualitativo
en cinco fases: a) lectura reiterada del corpus; b)
identificación
y
codificación
de
los
segmentos
vinculados con cada
categoría de la Tabla 1;
c)
contrastación
entre
doctrina,
normativa
y
jurisprudencia;
d)
comparación
con
los
ordenamientos
peruano
y
colombiano;
y
e)
integración
de
convergencias
y
divergencias
en
una propuesta de criterios interpretativos. El rigor
se fortaleció mediante la trazabilidad entre fuente,
categoría y hallazgo, la triangulación entre los tres
tipos
de
fuentes
y
la
búsqueda
deliberada
de
posiciones discrepantes.
Resultados y Discusión
Una
vez
expuestos
el
marco
teórico
en
la
Introducción y la ruta metodológica en Materiales
y
Métodos,
los
hallazgos
se
presentaron
en
tres
apartados
que
siguen
el
orden
de
los
objetivos
específicos y se discutieron frente a la literatura
revisada: los fundamentos de tipicidad y legalidad
que explican la indeterminación del artículo 282
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del
COIP;
el
contenido
jurídico
de
“autoridad
competente” y “decisión legítima”; y los límites
interpretativos
frente
a
la
proporcionalidad,
la
seguridad jurídica y el garantismo, con el derecho
comparado como referente.
Como eje de lectura de estos resultados, el análisis
permitió establecer que es autoridad competente
aquella a la que la Constitución y la ley atribuyen
la
facultad
de
emitir
la
orden
en
razón
de
la
materia, el territorio, el tiempo y el grado (arts. 65
y
68
del
COA;
art.
226
de
la
CRE),
y
que
es
legítima la decisión que, además de provenir de
esa autoridad, reúne los requisitos de validez del
acto
previstos
en
el
artículo
99
del
COA
y
es
compatible con los derechos constitucionales; su
incumplimiento, a su vez, solo puede reprocharse
penalmente
cuando
la
decisión
llegó
a
conocimiento
de
su
destinatario.
El
análisis
del
artículo
282
del
COIP
reveló
que
sus
dos
elementos normativos no se encuentran definidos
en la ley: el texto no precisa qué se entiende por
“decisiones legítimas” ni qué órganos ostentan la
condición
de
“autoridad
competente”,
de
modo
que
su
contenido
debe
completarse
con
normas
extrapenales.
Se
constató
que
esta
falta
de
definición no impide aplicar el tipo, pero traslada
a cada operador la delimitación de su alcance. Este
rasgo no fue percibido del mismo modo por todos
los operadores.
Caiza et al. (2025), en un estudio mixto aplicado a
383
jueces,
fiscales
y
defensores
seleccionados
mediante
muestreo
probabilístico
estratificado,
encontraron que el 96,6 % estuvo totalmente de
acuerdo
en
que
el
artículo
282
establece
claramente
cuáles
decisiones
constituyen
incumplimiento
penal,
y
que
el
84,9
%
estuvo
totalmente de acuerdo en que el tipo determina con
exactitud qué autoridades son competentes. Sin
embargo,
el
94,0
%
consideró
que
la
norma
permite sancionar aun cuando la decisión no haya
sido notificada al infractor, lectura que contrastó
con el criterio no vinculante de la CNJ (2019b),
según
el
cual,
si
las
órdenes
no
llegaron
a
conocimiento del infractor, no se le puede atribuir
el ilícito. Los propios autores advirtieron que el
alto
porcentaje
de
respuestas
favorables
“no
implica necesariamente que el tipo penal cumpla
con
el
mandato
de
lex
certa,
pues
la
claridad
subjetiva
no
sustituye
la
precisión
normativa
objetiva” (Caiza et al., 2025, p. 2678).
Estos datos obligaron a matizar el diagnóstico. Se
identificó una lectura según la cual la norma no
presenta vacío alguno: la legitimidad de la orden
dependería de que quien la emite tenga la potestad
y
la
competencia
para
hacerlo,
y
la
falta
de
notificación se resolvería en el tipo subjetivo, por
ausencia de dolo. En una línea próxima, Román et
al.
(2024)
no
cuestionaron
la
vigencia
del
tipo,
sino
que
propusieron
que
su
aplicación
esté
matizada por los principios de proporcionalidad,
error justificable y protección de derechos, porque
“no
todo
incumplimiento
de
órdenes
debe
ser
necesariamente sancionado penalmente” (p. 43).
El
presente
estudio
compartió
que
el
tipo
es
aplicable y que su contenido es determinable; lo
que sostuvo es que esa determinación depende de
una integración con el Derecho Administrativo y
el Derecho Constitucional que la ley no ordena de
manera
expresa
y
que
la
jurisprudencia
no
ha
uniformado, como lo mostró la divergencia entre
la percepción mayoritaria de los operadores sobre
la notificación y el criterio de la CNJ. Los criterios
no
vinculantes
de
la
CNJ
reforzaron
el
diagnóstico. La absolución de consulta en materia
de infracción penal reconoció expresamente que el
artículo
282
es
un
tipo
penal
abierto
y
que
corresponde a los jueces determinar la adecuación
de
la
conducta
al
delito
(CNJ,
2019a);
la
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absolución
relativa
a
infracciones
de
violencia
contra
la
mujer
o
miembros
del
núcleo
familiar
estableció
que,
si
las
órdenes
no
llegaron
a
conocimiento del infractor, no se le puede atribuir
el ilícito (CNJ, 2019b); y la absolución 094-AJ-
CNJ-2020 extendió el
análisis a la ejecución
de
sentencias ejecutoriadas (CNJ, 2020). Se observó
que
estos
criterios
delimitaron
negativamente
el
concepto, pero no lo definieron.
La
consecuencia
más
grave
de
esta
indeterminación
fue
el
desajuste
entre
vigencia
formal y eficacia real del tipo penal documentado
por
Zapata
et
al.
(2026):
el
elevado
número
de
alertas de violencia registradas por el sistema ECU
911 contrastó con el reducido número de procesos
y
sentencias
por
incumplimiento
de
decisiones
legítimas. Este hallazgo se interpretó con cautela,
pues
la
brecha
entre
alertas
y
procesos
admite
explicaciones concurrentes (subregistro, criterios
de archivo fiscal, desistimiento de las víctimas) y
no
pudo
atribuirse
exclusivamente
a
la
indeterminación del tipo. Desde los fundamentos
de la interpretación penal, Vega (2016) estableció
que
el
punto
de
partida
de
todo
proceso
interpretativo
es
el
tenor
literal
de
la
norma,
completado
por
la
interpretación
sistemática,
teleológica e histórica.
En
el
artículo
282,
la
interpretación
gramatical
resultó
insuficiente
porque
los
términos
“legítimas”
y
“competente”
no
tienen
un
significado
unívoco
en
el
lenguaje
jurídico
ecuatoriano;
el
método
sistemático
condujo
entonces a integrar el concepto con los requisitos
de
competencia
del
COA
y
con
los
límites
constitucionales
al
ejercicio
del
poder
público.
Monar
et
al.
(2024)
confirmaron,
desde
una
revisión
sistemática,
que
los
principios
del
derecho
penal
ecuatoriano
están
formalmente
establecidos,
pero
presentan
desafíos
de
aplicación práctica, y San Andrés (2023) agregó
que, cuando el tipo penal opera como ley penal en
blanco
como
ocurre
con
el
artículo
282
al
depender de disposiciones extrapenales, la norma
complementaria
debe
brindar
condiciones
de
exactitud que eviten interpretaciones extensivas.
El análisis sistemático permitió establecer que el
concepto
“autoridad
competente”
no
puede
determinarse
exclusivamente
desde
el
Derecho
Penal,
sino
que
requiere
integración
con
el
régimen
del
acto
administrativo
regulado
en
el
COA.
Sánchez
et
al.
(2019)
explicaron
que
la
competencia es un requisito de esencia, pues “para
que
el
acto
administrativo
sea
válido,
necesariamente debe ser expedido por el titular del
órgano
facultado
legalmente
para
exteriorizar
la
voluntad administrativa” (p. 74), de modo que, en
caso contrario, ninguna persona estaría obligada a
cumplirlo.
Se
constató
que
este
requisito
es
condición
necesaria,
pero
no
suficiente,
para
calificar
la
decisión
como
legítima
en
sentido
jurídico-penal.
Pérez
(2002),
tras
revisar
la
legislación,
la
jurisprudencia
y
la
doctrina
ecuatorianas
de
su
época, concluyó que el acto administrativo es “la
declaración
de
un
órgano
competente
que
crea,
modifica
o
extingue
una
situación
jurídica
individual” (p. 81), y advirtió que tales actos “se
convierten
en
simples
actos
o
vías
de
hecho
si
carecen
de
legitimidad”
(p.
79).
Dado
que
ese
estudio
se
circunscribió
a
la
noción
del
acto
y
excluyó expresamente el examen de sus requisitos
y elementos (p. 76), los requisitos de validez se
tomaron del artículo 99 del COA, que enumera la
competencia,
el
objeto,
la
voluntad,
el
procedimiento y la motivación, y del artículo 105,
que declara nulo el acto contrario a la Constitución
y a la ley o dictado sin competencia. Desde esta
perspectiva,
se
encontró
que
el
concepto
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Página 40
“decisiones
legítimas”
añade
una
dimensión
valorativa:
no
toda
orden
de
autoridad
formalmente
competente
es
legítima
en
sentido
jurídico-penal.
En sentido convergente, Manobanda et al, (2021),
al
estudiar
la
causa
de
exclusión
de
la
antijuridicidad prevista en el artículo 30 del COIP,
mostraron que los límites del cumplimiento de una
orden legítima y expresa de autoridad competente
dependen de términos
vagos (el uso progresivo,
proporcional y racional de la fuerza) que deben ser
concretados sucesivamente por el legislador, por
el servidor policial y por el juez, y que cada uno
de ellos puede interpretar de manera distinta según
su
posición
frente
a
los
hechos.
Esa
misma
estructura de concreción sucesiva, sin un referente
normativo
común,
permitió
explicar
la
ambigüedad
observada
en
el
artículo
282
del
COIP.
La
sentencia
de
casación
del
proceso
16281-2019-00931
(CNJ,
2022b)
ofreció
la
delimitación
más
precisa
disponible:
estableció
que
las
órdenes
deben
ser
específicas,
claras,
precisas y concretas, y dirigidas directamente al
procesado; que la boleta de auxilio prevista en el
artículo 558, numeral 4, del COIP no configura el
delito porque no impone realizar ni abstenerse de
realizar una acción concreta; y que el artículo 643,
numeral 7, del COIP no crea una presunción legal
de responsabilidad. Por su parte, en la sentencia de
casación
del
proceso
01283-2018-01637
(CNJ,
2022a), la Sala distinguió dos niveles de análisis:
la
existencia
de
la
decisión
legítima,
que
el
tribunal de apelación dio por satisfecha respecto
de una medida de protección, y el incumplimiento
efectivo de la orden, que no se tuvo por probado.
Sobre
esta
base
fue
posible
sistematizar
cuatro
criterios concurrentes, expuestos en la Tabla 2.
Como
se
aprecia
en
la
Tabla
2,
los
criterios
se
propusieron como concurrentes y no alternativos:
en la lectura planteada, la ausencia de cualquiera
de
ellos
impediría
afirmar
la
tipicidad.
Los
criterios
1
y
2
descansaron
directamente
en
el
COA; el criterio 3 se obtuvo como inferencia del
estudio a partir de los pronunciamientos de la CNJ
(2019b,
2022b),
que
no
constituyen
precedente
vinculante; y
el
criterio
4 se formuló como
una
propuesta dogmática que debe leerse, además, en
relación con el derecho de resistencia reconocido
en el artículo 98 de la CRE.
Tabla
2.
Criterios
concurrentes
para
determinar
el
alcance
del
concepto
“decisiones
legítimas
de
autoridad competente”.
|
Criterio
|
Fundamento normativo
|
Consecuencia sobre la tipicidad
|
|
1. Competencia formal del órgano
emisor
|
Arts. 65 y 68 COA; arts. 226 y 227 CRE
|
La orden emitida por autoridad incompetente no puede
activar el tipo penal
|
|
2. Validez material del acto
administrativo
|
Art. 99 COA: competencia, objeto, voluntad,
procedimiento y motivación; arts.
104 y 105
COA
|
El acto nulo o carente de motivación no constituye
decisión legítima
|
|
3. Comunicación efectiva de la orden al
destinatario
|
Art. 101 COA; CNJ (2019b, 2022b)
|
Sin conocimiento efectivo de la orden no puede afirmarse
el dolo de incumplimiento (inferencia del estudio)
|
|
4. Conformidad del contenido con los
derechos constitucionales
|
Arts. 76.3, 82 y 98 CRE
|
La orden manifiestamente inconstitucional no genera un
deber de obediencia penalmente exigible (propuesta del
estudio)
|
Fuente: Elaboración propia.
La contrastación de la literatura sobre legalidad,
seguridad
jurídica
y
garantismo
mostró
una
convergencia mayoritaria en torno a la exigencia
de precisión de los elementos normativos del tipo
y una divergencia en el plano de la percepción de
los operadores. La Tabla 3 sistematiza las posturas
de los autores y su relación con el artículo 282 del
COIP. Como se aprecia en la Tabla 3, los autores
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Página 41
coincidieron
en
tres
puntos:
la
taxatividad
se
proyecta sobre los elementos normativos del tipo
y
no
solo
sobre
la
conducta;
la
previsibilidad
depende
tanto
del
texto
legal
como
de
una
jurisprudencia accesible; y la imprecisión de esos
elementos dificulta el examen de proporcionalidad
de la pena de uno a tres años. La divergencia se
ubicó
en
el
plano
empírico:
la
percepción
mayoritaria
de
claridad
entre
los
operadores
(Caiza
et
al.,
2025)
no
se
correspondió
con
la
aplicación
heterogénea
registrada
en
la
práctica
judicial (Barcos et al, 2020; Merchán, 2023). De
ello se desprendió que el déficit del artículo 282
no
reside
únicamente
en
su
redacción,
sino
también en la ausencia de una línea jurisprudencial
vinculante que la precise. En el plano comparado,
el artículo 368 del Código Penal peruano sanciona
a quien “desobedece o resiste la orden legalmente
impartida
por
un
funcionario
público
en
el
ejercicio
de
sus
atribuciones”
(Juárez,
2017,
p.
265). Juárez (2017) precisó que la orden debe ser
legal, expresa, clara y de posible ejecución, y que
debe
ser
de
cabal
conocimiento
del
sujeto
obligado,
lo
que
evidenció
una
restricción
funcional
de
la
autoridad
y
un
requisito
de
conocimiento
que
el
texto
ecuatoriano
no
contiene.
Tabla 3.
Contraste de autores sobre legalidad, seguridad jurídica y garantismo frente al artículo 282 del
COIP.
|
Autor(es)
|
Postura o aporte
|
Relación con el art. 282 del COIP
|
|
Arroyo-Baltán et al. (2018)
|
La taxatividad exige leyes penales precisas e
impide que la Función Ejecutiva o los jueces
creen normas penales.
|
Convergencia: los elementos normativos del tipo deben ser
determinables sin acudir a la analogía.
|
|
Corte Constitucional (2023, párr. 60)
|
La taxatividad suprime la aplicación de la ley
penal a supuestos no contemplados e implica la
interdicción de la interpretación extensiva.
|
Convergencia: fija el estándar constitucional que el tipo
debe satisfacer.
|
|
Truu (2022)
|
En el ámbito europeo, la previsibilidad se
evalúa según el texto legal y la jurisprudencia
accesible al momento del hecho.
|
Complemento: el déficit no reside solo en la redacción,
sino en la falta de línea jurisprudencial vinculante.
|
|
García Vélez et al. (2025)
|
El art. 13 del COIP presenta una dualidad:
prima la interpretación gramatical en delitos y
penas y la extensiva en derechos del procesado.
|
Convergencia: refuerza la exigencia de precisión de los
elementos normativos.
|
|
Tixi Torres et al. (2021)
|
El juicio de tipicidad debe basarse en criterios
claros y predecibles; sus errores generan penas
desproporcionadas.
|
Convergencia: la indeterminación afecta el primer filtro de
control punitivo.
|
|
Villacres-López y Pazmay-Pazmay
(2021); Rodríguez-Diestra (2024)
|
Las normas indeterminadas vulneran la
previsibilidad del art. 82 de la CRE; el
ciudadano debe conocer de antemano los
requisitos de una orden vinculante.
|
Convergencia: sustenta los criterios de validez y de
conocimiento de la orden.
|
|
Barcos Arias y Escobar Rivadeneira
(2020); Merchán Ávila (2023)
|
El carácter abierto del tipo deja a los jueces la
fijación de sus parámetros; se registra falta de
uniformidad en las sanciones.
|
Evidencia empírica: la exigencia de seguridad jurídica no
se satisface en la práctica judicial.
|
|
Vanegas Fernández (2023); Cornejo
Aguiar (2016); Zambrano Solórzano et
al. (2024)
|
Existe tensión entre el garantismo constitucional
y tendencias punitivistas del sistema penal
ecuatoriano.
|
Convergencia: sitúa la indeterminación del tipo en un
contexto de expansión punitiva.
|
|
Beltrán Ruiz (2025); Villacreses Briones
(2018)
|
La proporcionalidad exige verificar idoneidad,
necesidad y proporcionalidad en sentido
estricto, también en sede legislativa.
|
Convergencia: la imprecisión dificulta el examen de la
pena de uno a tres años.
|
|
Caiza Miño et al. (2025)
|
La mayoría de operadores percibe que el tipo es
claro, aunque los autores advierten que la
claridad subjetiva no sustituye la precisión
normativa.
|
Divergencia parcial: la percepción de claridad contrasta
con la heterogeneidad aplicativa.
|
Fuente: Elaboración propia.
El artículo 454 del Código Penal colombiano, por
su parte, sanciona a quien “por cualquier medio se
sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta
en resolución judicial o administrativa de policía”
(Congreso de la República de Colombia, 2000),
con
lo
que
delimita
el
tipo
por
la
clase
de
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resolución
incumplida
y
no
por
una
referencia
genérica
a
la
autoridad
competente.
Se
advirtió
que
estos
referentes
no
son
directamente
trasladables, dado que responden a arquitecturas
normativas distintas, pero mostraron dos técnicas
legislativas
compatibles
con
la
taxatividad:
la
restricción funcional expresa y la enumeración de
las clases de decisiones cuyo incumplimiento se
sanciona. La integración de los resultados permitió
sostener
que
la
aplicación
del
artículo
282
del
COIP se encontró determinada por la interacción
entre
tres
factores:
la
precisión
del
enunciado
legal, la existencia de una línea jurisprudencial que
lo concrete y la formación dogmática del operador
que lo aplica.
La evidencia acumulada desde la investigación de
Barcos y Escobar (2020) y el análisis territorial de
Merchán (2023) hasta las investigaciones de Caiza
et al. (2025) y Zapata et al. (2026) confirmó que la
indeterminación
del
tipo
no
constituye
un
problema
académico,
sino
una
dificultad
que
afecta
cotidianamente
la
seguridad
jurídica.
Los
cuatro
criterios
sistematizados
en
la
Tabla
2
se
propusieron
como
un
estándar
de
motivación
verificable que no sustituye la reforma legislativa,
pero reduce el margen de arbitrariedad mientras
aquella no se produzca.
Conclusiones
El análisis de la evidencia judicial disponible y el
examen
comparado
permiten
concluir
que
las
expresiones
«decisiones
legítimas»
y
«autoridad
competente»
constituyen
elementos
normativos
cuyo contenido no está definido expresamente en
el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal
(COIP). Para determinar su alcance, es necesario
interpretar el tipo penal en relación con el Código
Orgánico Administrativo (COA) y la Constitución
de la República del Ecuador (CRE). La ausencia
de
un
criterio
uniforme
para
integrar
estas
disposiciones
hace
que
la
delimitación
de
la
conducta punible dependa de la interpretación de
cada
operador
jurídico,
lo
que
afecta
la
previsibilidad de su aplicación. La competencia
de la autoridad se determina a partir de la facultad
que
la
Constitución
y
la
ley
le
atribuyen
para
emitir la orden en razón de la materia, el territorio,
el tiempo y el grado, conforme a los artículos 65 y
68 del COA y al artículo 226 de la CRE.
La legitimidad de la decisión exige, además, que
el
acto
reúna
los
requisitos
de
validez
y
que
su
contenido
sea
compatible
con
los
derechos
constitucionales.
El
conocimiento
efectivo
de
la
orden por parte de su destinatario
constituye un
presupuesto
para
afirmar
el
dolo
de
incumplimiento. La divergencia entre la posición
mayoritaria
de
los
operadores
jurídicos
y
el
criterio
no
vinculante
de
la
Corte
Nacional
de
Justicia sobre este aspecto justifica la necesidad de
un
pronunciamiento
vinculante
que
unifique
su
interpretación.
Asimismo,
la
prohibición
de
analogía y de interpretación extensiva, junto con
los
principios
de
seguridad
jurídica
y
proporcionalidad,
limita
la
integración
del
tipo
penal con normas extrapenales. En consecuencia,
dicha integración no puede ampliar el ámbito de la
conducta
punible
hasta
comprender
órdenes
genéricas
o
que
no
hayan
sido
dirigidas
directamente al destinatario.
El
examen
de
los
ordenamientos
peruano
y
colombiano
permitió
identificar
dos
técnicas
legislativas
que
podrían
orientar
una
eventual
reforma del artículo 282 del COIP. Una consiste
en
delimitar
la
autoridad
según
la
función
que
ejerce
al
emitir
la
orden.
La
otra
consiste
en
precisar
las
clases
de
decisiones
cuyo
incumplimiento
puede
generar
responsabilidad
penal.
El
estudio
se
circunscribió
al
análisis
de
fuentes
documentales
y
de
la
jurisprudencia
publicada
y
accesible.
Quedaron
fuera
de
su
Ciencia y Educación
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alcance
los
expedientes
no
digitalizados
y
las
entrevistas
a
operadores
judiciales.
Futuras
investigaciones
podrían
examinar
una
muestra
amplia
de
sentencias
de
primera
instancia
para
determinar en qué medida los órganos judiciales
aplican los criterios interpretativos propuestos.
Agradecimientos
Los autores agradecen a la Carrera de Derecho de
la Universidad Estatal Península de Santa Elena
(UPSE) por el apoyo institucional brindado en el
marco del proceso de titulación.
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Ecuador,
Presidencia.
(2019a,
21
de
noviembre).
Absolución
de
consultas.
Criterio
no
vinculante.
Materia
penal:
Infracción
penal
–
aplicación
del
incumplimiento
de
decisiones
legítimas de autoridad competente (Oficio N.º
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Nacional
de
Justicia
del
Ecuador,
Presidencia.
(2019b,
4
de
diciembre).
Absolución
de
consultas.
Criterio
no
vinculante.
Materia
penal:
Infracciones
de
violencia
contra
la
mujer
o
miembros
del
núcleo familiar
– cuando no se ha notificado
sobre
las
medidas
dictadas
por
el
juez
no
procede el art. 282 del COIP (Oficio N.º 919-P-
Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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Nacional
de
Justicia
del
Ecuador,
Presidencia.
(2020, 17 de enero). Absolución
de
consultas.
Criterio
no
vinculante.
Materia
contencioso
administrativo
y
tributario:
Ejecución
de
sentencias
que
se
encuentran
ejecutoriadas por el ministerio de la ley (Oficio
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Sala
Especializada
de
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7
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febrero).
Sentencia
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casación.
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y Silvana Isabel Caicedo Ante.
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Bosco Fabián Mieles Intriago: conceptualización de la investigación, diseño metodológico, desarrollo del proceso investigativo, análisis formal de
los datos, redacción del borrador original del manuscrito, revisión crítica del contenido científico y supervisión general del estudio.
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obtenidos y elaboración de representaciones gráficas y visualización de los datos.
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confidencialidad de los datos y el respeto a los participantes del estudio. En los casos en que la investigación involucre seres humanos, los
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