ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS INDÍGENAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD

ACCESS TO JUSTICE AND HUMAN RIGHTS OF INDIGENOUS PERSONS DEPRIVED
OF LIBERTY

Autora:
1
Deysi Yaneth Cano De La Cruz.

¹ORCID ID:
https://orcid.org/0009-0000-4768-484X

¹E-mail de contacto:
yanethcano93799@gmail.com

Afiliación: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, (México).

Artículo recibido: 5 de Octubre del 2026.

Artículo revisado: 15 de Noviembre del 2026.

Artículo aprobado: 15 de Noviembre del 2026.

¹Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, (México).

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar
el acceso a la justicia desde la perspectiva de los
derechos
humanos,
a
partir
de
su
conceptualización
y del
reconocimiento de su
importancia
en
el
marco
de
una
sociedad
democrática.
Este
derecho
constituye
un
elemento
fundamental
del
Estado
de
derecho,
toda
vez
que
garantiza
a
las
personas
la
posibilidad
de
acudir
ante
las
instancias
competentes para solicitar la protección de sus
derechos frente a cualquier acto u omisión que
pudiera
vulnerarlos.
Su
reconocimiento
se
encuentra previsto tanto en el ámbito nacional,
particularmente en la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
como
en
diversos
instrumentos
internacionales
de
los
que México es parte. En este sentido, el Estado
tiene
la
obligación
de
respetar,
proteger
y
garantizar
su
ejercicio
efectivo,
sin
distinción
alguna.
Asimismo,
se
aborda
la
situación
de
vulnerabilidad
que
enfrentan
las
personas
indígenas
privadas
de
la
libertad,
particularmente
ante
las
barreras
lingüísticas,
culturales
e
institucionales
que
pueden
obstaculizar
el
ejercicio
de
sus
derechos
y
el
acceso
a
una
defensa
adecuada.
Desde
esta
perspectiva,
se
destaca
la
importancia
de
garantizar
una
impartición
de
justicia
con
enfoque de derechos humanos, que respete su
identidad cultural, asegure el debido proceso y
evite
cualquier
forma
de
discriminación
o
vulneración de sus derechos fundamentales.

Palabras clave: Justicia, Derechos humanos,
Estado
de
derecho,
Legalidad,
Pueblos
indígenas.

Abstract

This
paper
aims
to
analyze
access
to
justice
from a human rights perspective, starting with
its
conceptualization
and
recognizing
its
importance
within
a
democratic
society.
This
right is a fundamental element of the rule of law,
as
it
guarantees
individuals
the
possibility
of
appealing to the competent authorities to seek
protection
of
their
rights
against
any
act
or
omission that could violate them. Its recognition
is
enshrined
both
at
the
national
level,
particularly in the Political Constitution of the
United
Mexican
States,
and
in
various
international instruments to which Mexico is a
party. In this regard, the State has the obligation
to respect, protect, and guarantee its effective
exercise,
without
any
distinction.
The
paper
also addresses the vulnerable situation faced by
indigenous
people
deprived
of
their
liberty,
particularly
in
light
of
the
linguistic,
cultural,
and
institutional
barriers
that
can
hinder
the
exercise of their rights and access to adequate
legal representation. From this perspective, the
importance of guaranteeing the administration
of
justice
with
a
human
rights
approach
is
emphasized,
one
that
respects
their
cultural
identity, ensures due process, and prevents any
form
of
discrimination
or
violation
of
their
fundamental rights.

Keywords:
Justice,
Human
rights,
Rule
of
law, Legality, Indigenous peoples.

Sumário

Este artigo visa analisar o acesso à justiça sob a
perspectiva dos direitos humanos, partindo de
sua
conceituação
e
reconhecendo
sua
importância
em
uma
sociedade
democrática.

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Esse
direito
é
um
elemento
fundamental
do
Estado de Direito, pois garante aos indivíduos a
possibilidade
de
recorrer
às
autoridades
competentes
para
solicitar
a
proteção
de
seus
direitos
contra
qualquer
ato
ou
omissão
que
possa
violá-los.
Seu
reconhecimento
está
consagrado
tanto
em
âmbito
nacional,
particularmente
na
Constituição
Política
dos
Estados Unidos Mexicanos, quanto em diversos
instrumentos internacionais dos quais o México
é
signatário.
Nesse
sentido,
o
Estado
tem
a
obrigação de respeitar, proteger e garantir seu
exercício
efetivo,
sem
distinção.
O
artigo
também
aborda
a
situação
de
vulnerabilidade
enfrentada
pelos
povos
indígenas
privados
de
sua liberdade, especialmente no que diz respeito
às
barreiras
linguísticas,
culturais
e
institucionais que podem dificultar o exercício
de seus direitos e o acesso a uma representação
legal adequada. Sob essa perspectiva, destaca-
se a importância de assegurar a administração
da
justiça
com
uma
abordagem
baseada
nos
direitos
humanos,
respeitando
sua
identidade
cultural, garantindo o devido processo legal e
evitando
qualquer
forma
de
discriminação
ou
violação de seus direitos fundamentais.

Palavras-chave:
Justiça,
Direitos
humanos,
Estado
de
direito,
Legalidade,
Povos
indígenas.

Introducción

El
acceso
a
la
justicia
constituye
uno
de
los
pilares
fundamentales
de
todo
Estado
democrático
de
derecho,
al
representar
el
mecanismo
mediante
el
cual
las
personas
pueden
hacer
valer
sus
derechos,
resolver
controversias y obtener una respuesta efectiva
por
parte
de
las
instituciones
encargadas
de
impartir justicia. Sin embargo, para comprender
su
alcance
y
trascendencia
jurídica,
resulta
necesario
partir
de
la
conceptualización
de
la
justicia, entendida no solamente como un valor
que orienta la convivencia social, sino también
como
un
principio
que
busca
garantizar
condiciones de igualdad, equidad y respeto a la
dignidad
humana.
Desde
esta
perspectiva,
la
justicia
ha
sido
objeto
de
diversas
interpretaciones filosóficas y jurídicas a lo largo
de la historia. Platón, en
La República
, plantea
que la justicia consiste en dar a cada uno lo que
le corresponde (Platón, s. f., p. 438), mientras
que
Rawls
(1997)
la
concibe
a
partir
de
principios
que
permiten
establecer
una
distribución equitativa de los derechos, deberes,
beneficios
y
cargas
dentro
de
la
sociedad.
Ambas perspectivas permiten reconocer que la
justicia
no
puede
desvincularse
de
las
condiciones
sociales,
históricas,
culturales
y
económicas
en
las
que
se
desarrolla
el
ser
humano.

En este sentido, el acceso a la justicia adquiere
especial
relevancia
como
un
derecho
humano
que debe garantizarse a todas las personas sin
distinción
alguna.
Su
reconocimiento
implica
no solamente la posibilidad de acudir ante los
órganos
jurisdiccionales,
sino
también
contar
con
mecanismos
adecuados,
instituciones
accesibles
y
procedimientos
que
permitan
obtener una tutela efectiva de los derechos. En
el
orden
jurídico
mexicano,
este
derecho
encuentra sustento en los artículos 1.º y 17 de la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos, que establecen, respectivamente, el
reconocimiento
y
protección
de
los
derechos
humanos, así como el derecho de toda persona
a
que
se
le
administre
justicia
por
tribunales
expeditos e imparciales.

No obstante, el reconocimiento formal de este
derecho no garantiza, por sí mismo, que todas
las personas puedan ejercerlo en condiciones de
igualdad. Existen sectores de la población que,
debido
a
circunstancias
económicas,
sociales,
culturales,
lingüísticas
o
históricas,
enfrentan
mayores
obstáculos
para
acceder
a
las
instituciones de justicia. En este contexto, los
grupos en situación de vulnerabilidad requieren
especial atención por parte del Estado, toda vez
que
las
condiciones
de
desigualdad
pueden

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limitar el ejercicio efectivo de sus derechos y
colocarlos en una posición de desventaja frente
al sistema de impartición de justicia.

Dentro de estos grupos destacan los pueblos y
comunidades
indígenas,
cuya
composición
pluricultural
constituye
un
elemento
fundamental de la identidad nacional mexicana.
Sus
particularidades
culturales,
lingüísticas,
sociales
y
normativas
exigen
que
las
instituciones
encargadas
de
impartir
justicia
adopten
medidas
que
garanticen
una
atención
adecuada, respetuosa de su identidad y de sus
sistemas
normativos.
Por
consiguiente,
el
acceso a la justicia para estos pueblos no debe
limitarse a permitirles acudir ante los tribunales,
sino que debe asegurar que puedan participar en
los
procedimientos
en
condiciones
reales
de
igualdad,
con
pleno
respeto
a
su
dignidad,
cultura y derechos humanos.

Por lo anterior, el presente apartado aborda los
fundamentos conceptuales de la justicia y del
acceso a la justicia, así como las condiciones de
vulnerabilidad
que
enfrentan
determinados
sectores
de
la
población,
particularmente
los
pueblos
indígenas.
Lo
anterior
permitirá
establecer
las
bases
para
comprender
que
el
acceso
a
la
justicia
no
debe
concebirse
únicamente
como
una
garantía
jurídica
reconocida en los ordenamientos legales, sino
como
una
condición
indispensable
para
alcanzar una sociedad democrática, incluyente
e
igualitaria,
en
la
que
ninguna
persona
vea
limitado el ejercicio de sus derechos por razones
de
origen,
condición
social
o
pertenencia
cultural.

Materiales y Métodos

La
presente
investigación
adopta
un
enfoque
cualitativo
como
orientación
epistemológica
principal. Este enfoque permite la comprensión
e
interpretación
profunda
de
los
fenómenos
jurídicos,
sociales
y
educativos
vinculados
al
objeto
de
estudio,
posibilitando
una
aproximación
hermenéutica
a
las
normas,
principios, valores y realidades empíricas que
configuran
la
problemática
del
acceso
a
la
justicia. Por lo que el presente artículo seguirá
un
enfoque
cualitativo,
aplicando
el
método
etnográfico
que
aborda
la
perspectiva
de
los
actores directamente involucrados y el método
inductivo
que
permite
partir
de
un
caso
en
específico
para
arribar
a
conclusiones
de
alcance general.

Resultados y Discusión

Uno
de
los
sectores
de
la
población
que
históricamente
ha
enfrentado
mayores
obstáculos
para
acceder
a
la
justicia
son
los
pueblos
y
comunidades
indígenas.
México
se
caracteriza
por
su
composición
pluricultural,
sustentada
originalmente
en
sus
pueblos
indígenas, tal como lo reconoce el artículo 2.º
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
Estos
pueblos
conservan
sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales
y
políticas,
así
como
sus
lenguas,
tradiciones
y
sistemas
normativos,
elementos
que
forman
parte
de
la
identidad
y
riqueza
cultural de la nación.

Sin
embargo,
a
pesar
de
su
reconocimiento
constitucional,
las
personas
pertenecientes
a
pueblos
y
comunidades
indígenas
continúan
enfrentando
condiciones
de
desigualdad
que
repercuten directamente en el ejercicio de sus
derechos
humanos.
Entre
estas
circunstancias
destacan
las
barreras
lingüísticas,
las
diferencias culturales, la situación económica,
el limitado acceso a la educación y la ubicación
geográfica
de
algunas
comunidades.
Estos
factores pueden colocarlas en una posición de
desventaja frente a las instituciones encargadas
de procurar e impartir justicia. La importancia
de
abordar
esta
problemática
radica
en
que

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dichas
condiciones
no
solamente
representan
obstáculos
sociales,
sino
que
pueden
convertirse en barreras concretas para ejercer el
derecho de acceso a la justicia. Por ejemplo, una
persona indígena que enfrenta un procedimiento
judicial y no comprende el idioma español, o
que
no
recibe
asistencia
de
un
intérprete
o
traductor
que
conozca
su
lengua
y
cultura,
puede
encontrarse
imposibilitada
para
comprender adecuadamente los hechos que se
le
atribuyen,
expresar
su
versión
de
los
acontecimientos
o
ejercer
plenamente
su
derecho de defensa. De igual manera, la falta de
recursos económicos y de orientación jurídica
especializada puede dificultar que conozca los
mecanismos
legales
disponibles
para
hacer
valer sus derechos.

Esta
situación
adquiere
particular
relevancia
cuando
se
analizan
los
casos
de
personas
indígenas
privadas
de
su
libertad,
pues
las
barreras lingüísticas y culturales, aunadas a una
posible
falta
de
asistencia
jurídica
adecuada,
pueden comprometer el respeto de sus garantías
procesales y el debido proceso. En este sentido,
resulta pertinente examinar las cifras y los datos
documentados por la Comisión Nacional de los
Derechos
Humanos
(CNDH),
particularmente
los relacionados con la situación de las personas
indígenas
privadas
de
la
libertad,
como
un
referente para dimensionar la problemática, por
lo que a continuación se inserta una tabla sobre
el
Informe
de
actividades
2020
Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

Tabla 1.
Estadística de Población Indígena en Reclusión.

Sexo

Fuero Común

Fuero Federal

Total

Hombres

7,491

635

8,126

Mujeres

237

49

286

TOTAL

7,728

684

8,412

Fuente: Elaboración propia.

Las cifras presentadas permiten contextualizar
la
situación
de
las
personas
indígenas
que
se
encuentran privadas de la libertad y la necesidad
de
analizar
las
condiciones
en
las
que
se
desarrollan
sus
procedimientos
judiciales.
No
obstante,
es
importante
precisar
que
la
existencia de personas indígenas encarceladas
no demuestra, por sí sola, que todas hayan sido
víctimas de violaciones a sus derechos; por ello,
resulta
indispensable
examinar
si
durante
los
procedimientos
se
respetaron
las
garantías
de
legalidad,
defensa
adecuada,
asistencia
de
intérpretes y pertinencia cultural.

En
consecuencia,
las
autoridades
tienen
la
obligación
de
adoptar
medidas
que
permitan
garantizar un acceso a la justicia en condiciones
de igualdad, considerando las particularidades
lingüísticas
y
culturales
de
cada
persona.
No
basta
con
reconocer
formalmente
los
mismos
derechos
para
todos,
sino
que
es
necesario
generar
condiciones
reales
que
permitan
ejercerlos.
De
lo
contrario,
la
pobreza,
la
marginación,
el
aislamiento
geográfico
y
las
barreras lingüísticas continuarán reproduciendo
desigualdades
que
limitan
la
posibilidad
de
obtener una tutela judicial efectiva.

Por
tanto,
el
análisis
de
la
situación
de
los
pueblos
indígenas
permite
advertir
que
el
acceso a la justicia debe construirse desde una
perspectiva de igualdad sustantiva, en la que las
diferencias culturales y sociales no representen
un
impedimento
para
el
ejercicio
de
los
derechos humanos, sino circunstancias que las
instituciones
deben
considerar
para
garantizar
una
impartición
de
justicia
incluyente,
imparcial y respetuosa de la dignidad humana.
n
la
siguiente
tabla
se
presenta
información
relativa
a
la
población
indígena
que
se

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encontraba
privada
de
la
libertad
en
centros
penitenciarios del país, desglosada por pueblo o
grupo indígena de pertenencia. Para efectos de
esta
exposición,
se
incluyen
únicamente
aquellos
grupos
que
registraban
más
de
cien
personas
en
dicha
situación.
Estos
datos
permiten identificar la presencia de integrantes
de
distintos
pueblos
indígenas
dentro
del
sistema
penitenciario
y
dimensionar
la
importancia de analizar las condiciones en las
que se desarrolla su acceso a la justicia:

Tabla 2.
Población indígena en reclusión por grupo étnico.

Grupo étnico

Internos

Náhuatl

1,849

Zapoteco

639

Mixteco

527

Tsotsil

499

Tseltal

491

Otomí

412

Maya

403

Mazateco

361

Totonaca

356

Tarahumara

334

Chol

219

Tepehuano

216

Chinanteco

212

Cora

196

Huasteco

179

Mixe

173

Mayo

172

Tlapaneco

158

Mazahua

152

Huichol

116

Fuente: Elaboración propia.

Como señala Batris de la Cruz (2024), la justicia
social no posee un significado único, sino que
debe comprenderse desde distintos principios,
entre
ellos
la
dignidad
humana,
el
bienestar
común, la igualdad, la solidaridad y el valor del
trabajo
humano
.
Esta
perspectiva
permite
advertir
que
la
justicia
social
comprende
diversos principios que deben estar presentes en
la
organización
y
actuación
del
Estado.
En
consecuencia, garantizar el acceso a la justicia
implica reconocer que las personas no siempre
se
encuentran
en
las
mismas
condiciones
sociales,
económicas
y
culturales,
por
lo
que
resulta necesario adoptar medidas que permitan
superar
las
desigualdades
existentes.
Esto
adquiere
especial
relevancia tratándose de los
pueblos
indígenas,
cuyas
particularidades
requieren una atención institucional que respete
su
dignidad,
identidad
cultural
y
derechos
humanos. Asimismo, el acceso a la justicia se
estructura de diversos principios, como lo son:
La
buena
gobernanza
se
refiere
al
proceso
mediante
el
cual
las
instituciones
públicas
administran los asuntos y recursos públicos con
la finalidad de promover el Estado de derecho y
garantizar el ejercicio de los derechos humanos,
tanto
civiles
y
políticos
como
económicos,
sociales y culturales (Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC],
s. f.). Este principio alude a un ideal regulativo
sobre el ejercicio del poder, conforme al cual la
legitimidad
de
las
actuaciones
de
las
autoridades
depende
de
su
adecuación
a
las
normas jurídicas previamente establecidas. Sin
embargo, el concepto presenta cierto grado de
indeterminación,
debido
a
la
amplitud
de
las
nociones de ley y Derecho. En este sentido, el
imperio
de
la
ley
no
solamente
implica
establecer
las
condiciones
bajo
las
cuales
se
crean las normas jurídicas, sino también regular

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y
limitar
el
ejercicio
del
poder
encargado
de
aplicarlas
(Marcilla,
2014).
El
principio
de
limitación establece un marco que delimita el
ejercicio
del
poder
del
Estado
y
de
los
particulares, con el propósito de evitar abusos
en el ejercicio de sus facultades y derechos. En
este sentido, el
poder no puede quedar sujeto
únicamente a la voluntad de quien lo ejerce ni
depender de mecanismos de
autocontrol,
sino
que requiere límites y mecanismos de control de
carácter
constitucional
que
garanticen
su
legitimidad y legalidad (Zambrano, s. f.).

El principio de legalidad constituye una regla de
competencia y de control, pues determina quién
está facultado para realizar determinados actos
y bajo qué condiciones debe llevarlos a cabo. En
este sentido, Tamayo y Salmorán (2005) aborda
la
relación
entre
las
facultades
de
las
autoridades y su necesaria fundamentación en el
orden jurídico, de manera que las actuaciones
estatales
deben
encontrar
sustento
en
las
disposiciones
normativas
correspondientes
(p.
54). Asimismo, este principio establece que las
autoridades únicamente pueden ejercer aquellas
facultades
que
les
han
sido
expresamente
conferidas por la Constitución y las leyes. Por
tanto,
los
servidores
públicos
no
cuentan
con
atribuciones ilimitadas, sino con competencias
jurídicas
que
deben
ejercerse
dentro
de
los
límites
establecidos
por
el
ordenamiento
jurídico
y
con
respeto
a
los
derechos
fundamentales de las personas (Corral, 2017).

La
seguridad
jurídica
constituye
un
valor
fundamental
del
Estado
de
derecho,
ya
que
proporciona certeza respecto de las normas que
integran
el
ordenamiento
jurídico
y
de
su
aplicación
por parte de
las autoridades. Pérez
Luño
(2000)
explica
que
este
principio
comprende
dos
dimensiones:
una
objetiva,
relacionada con la correcta formulación de las
normas
y
su
cumplimiento,
y
otra
subjetiva,
vinculada con la certeza que tienen las personas
respecto de sus derechos y de las consecuencias
jurídicas de sus actos (p. 28).

Por
su
parte,
Carbonell
(2021)
señala
que
la
seguridad
jurídica
mantiene
una
estrecha
relación
con
el
Estado
de
derecho
en
sentido
formal, pues exige que las autoridades respeten
las
reglas
que
regulan
su
organización,
funcionamiento y relación con los particulares.
De
esta
manera,
se
busca
evitar
actuaciones
arbitrarias y garantizar que las personas tengan
certeza sobre el ejercicio y la protección de sus
derechos.
Los
principios
anteriormente
desarrollados
permiten
comprender
que
el
Estado de derecho no se materializa únicamente
mediante
la
existencia
de
un
conjunto
de
normas
jurídicas,
sino
a
través
de
su
cumplimiento
efectivo
por
parte
de
las
autoridades y de la posibilidad real de que las
personas ejerzan los derechos que les han sido
reconocidos.

El principio de legalidad establece los límites y
las
condiciones
para
el
ejercicio
de
las
atribuciones
públicas;
la
seguridad
jurídica
proporciona certeza respecto de los derechos y
procedimientos; la limitación del poder impide
que
las
autoridades
actúen
arbitrariamente,
mientras
que
la
buena
gobernanza
exige
instituciones
capaces
de
responder
de
manera
eficaz
a
las
necesidades
de
la
población.
En
conjunto,
estos
principios
constituyen
elementos
indispensables
para
garantizar
el
acceso
a
la
justicia.
Sin
embargo,
su
cumplimiento
debe
analizarse
desde
una
perspectiva
de
igualdad
sustantiva,
pues
reconocer
que
todas
las
personas
son
iguales
ante la ley no significa que todas se encuentren
en
las
mismas
condiciones
para
ejercer
sus
derechos.
Esta
distinción
resulta
particularmente importante cuando se trata de
los
pueblos
indígenas,
quienes
históricamente

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han
enfrentado
barreras
económicas,
lingüísticas, culturales y sociales que dificultan
su relación con las instituciones de justicia.

Por tanto, un verdadero Estado de derecho debe
garantizar
que
las
diferencias
existentes
entre
las
personas
no
se
conviertan
en
motivos
de
exclusión o discriminación. La obligación del
Estado no consiste únicamente en permitir que
cualquier
individuo
acuda
ante
los
tribunales,
sino en asegurar que cuente con las condiciones
necesarias
para
participar
en
los
procedimientos,
comprender
las
actuaciones,
ejercer
una
defensa
adecuada
y
obtener
una
resolución
conforme
a
derecho.
En
consecuencia, el acceso a la justicia representa
una condición indispensable para la existencia
de
un
Estado
de
derecho
efectivo,
ya
que
permite
transformar
el
reconocimiento
formal
de los derechos humanos en una protección real.
Cuando
las
instituciones
no
garantizan
este
derecho
en
condiciones
de
igualdad,
los
principios que sustentan el orden constitucional
pierden
efectividad
frente
a
quienes
más
necesitan la protección del Estado.

El
acceso
a
la
justicia
constituye
un
derecho
humano
fundamental
cuyo
reconocimiento
y
desarrollo
en
el
ámbito
internacional
adquirieron
especial
relevancia
ante
las
constantes violaciones a los derechos humanos
y
la
necesidad
de
establecer
mecanismos
efectivos
para
su
protección.
Históricamente,
diversas
personas
y
grupos
sociales
han
enfrentado situaciones en las que sus derechos
fueron
vulnerados
sin
contar
con
recursos
jurídicos adecuados para exigir su restitución o
reparación, ya sea por la falta de respuesta de
las instituciones nacionales o por la ausencia de
mecanismos efectivos de protección. Ante esta
problemática,
la
comunidad
internacional
impulsó
el
reconocimiento
de
garantías
y
mecanismos jurídicos orientados a asegurar que
toda persona pudiera acudir ante las autoridades
competentes para reclamar la protección de sus
derechos. De esta manera, el acceso a la justicia
comenzó a consolidarse como un componente
esencial del sistema internacional de protección
de
los
derechos
humanos,
mediante
su
incorporación
en
diversos
instrumentos
internacionales
que
establecen
obligaciones
para los Estados.

En
este
sentido,
resulta
importante
identificar
los principales instrumentos internacionales que
reconocen y protegen el derecho de acceso a la
justicia, así como las garantías que de ellos se
desprenden, particularmente en lo relativo a la
igualdad ante la ley, el derecho a ser oído por un
tribunal competente, independiente e imparcial,
el
acceso
a
recursos
efectivos
y
el
respeto
al
debido proceso.

Además
de
los
instrumentos
internacionales
anteriormente
mencionados,
existen
diversas
resoluciones
y
directrices
emitidas
por
organismos internacionales que han contribuido
al desarrollo y fortalecimiento del derecho de
acceso
a
la
justicia.
Su
evolución
refleja
el
reconocimiento de que este derecho no puede
depender
de
la
condición
económica,
social,
cultural o jurídica de las personas, sino que debe
garantizarse
de
manera
universal,
bajo
el
principio de igualdad y no discriminación. En
consecuencia,
los
Estados
tienen
la
responsabilidad
de
adoptar
medidas
legislativas,
institucionales
y
administrativas
que permitan hacerlo efectivo.

En
este
sentido,
la
Organización
de
las
Naciones Unidas aprobó la Resolución 67/187,
denominada
Principios
y
Directrices
de
las
Naciones
Unidas
sobre
el
Acceso
a
la
Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia
Penal
,
mediante
la
cual
se
reconoce
que
la
asistencia
jurídica
constituye
un
elemento

Ciencia y Educación
(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
Vol. 7 No. 11
Noviembre del 2026
Página 166

esencial para garantizar
un proceso justo y el
adecuado
funcionamiento
del
sistema
de
justicia
penal.
Este
instrumento
establece
directrices dirigidas a los Estados para asegurar
que
las
personas
detenidas,
sospechosas
o
acusadas
de
cometer
un
delito
tengan
acceso
oportuno
y
efectivo
a
la
asistencia
jurídica,
particularmente
cuando
carezcan
de
recursos
económicos
para
contratar
una
defensa
particular. Asimismo, destaca la importancia de
respetar las garantías procesales, proporcionar
información
comprensible
sobre
los
derechos
de
las
personas
y
asegurar
que
la
asistencia
jurídica se encuentre disponible en las distintas
etapas
del
procedimiento
penal
(Asamblea
General de las Naciones Unidas, 2012).

Tabla 3.
Población indígena en reclusión por grupo étnico.

Instrumentos
Internacionales

Artículos

Declaración Universal
de Derechos Humanos

ART. 8; Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante tribunales nacionales competentes, que le ampare, contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.

Pacto Internacional de
Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP)

ART.14; Todas las personas son iguales ante los Tribunales y las Cortes de Justicia, tendrán derecho a ser oídas
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,
en la substanciación de cualquier acusación.

Convenio Europeo para
la protección de
Derechos Humanos y
Libertades
Fundamentales (CEDH)

ART.6; Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por
un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de
carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella…

2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente
declarada…

Convención Americana
Sobre Derechos
Humanos “Pacto De
San José”

ART.7; DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley
para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad,
sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia
en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida,
sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales…

ART.8; GARANTIAS JUDICIALES

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter…

ART.25; PROTECCION JUDICIAL

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales…

Convención
Interamericana Para
Prevenir y Sancionar la
Tortura

ART.6;
los Estados parte tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

Los Estados parte se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan
delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su
gravedad.

Igualmente, los Estados parte tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción.

ART.8;
Los Estados parte garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su
jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su
jurisdicción, los Estados parte garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a
realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser
sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado.

ART.9; Los Estados parte se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una
compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura…

Fuente: Elaboración propia.

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Vol. 7 No. 11
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Por
su
parte,
en
el
ámbito
regional,
la
Organización
de
los
Estados
Americanos
(OEA)
ha
emitido
diversas
resoluciones
encaminadas a fortalecer el acceso a la justicia
mediante
la
defensa
pública.
Entre
ellas
se
encuentra la Resolución AG/RES. 2656 (XLI-
O/11), denominada
Garantías para el acceso a
la
justicia:
el
rol
de
los
defensores
públicos
oficiales
, aprobada el 7 de junio de 2011. En ella
se reconoce que el acceso a la justicia constituye
un derecho humano
fundamental
y, al
mismo
tiempo, un medio para restablecer el ejercicio
de otros derechos que hayan sido desconocidos
o
vulnerados.
De
igual
manera,
destaca
la
importancia
de
los
servicios
de
asistencia
letrada gratuita, especialmente para las personas
que
se
encuentran
en
condiciones
de
vulnerabilidad, así como la necesidad de que las
defensorías públicas cuenten con independencia
y
autonomía
funcional
(Organización
de
los
Estados Americanos, 2011).

En
continuidad
con
lo
anterior,
la
Asamblea
General
de
la
OEA
aprobó
la
Resolución
AG/RES.
2714
(XLII-O/12),
titulada
Defensa
pública
oficial
como
garantía
de
acceso
a
la
justicia
de
las
personas
en
condiciones
de
vulnerabilidad
,
el
4
de
junio
de
2012.
Esta
resolución reafirma la obligación de los Estados
de
eliminar
los
obstáculos
que
impidan
o
limiten el acceso a la defensa pública y señala
que el
acceso a la justicia no se agota con la
posibilidad
de
acudir
ante
un
órgano
jurisdiccional,
sino
que
comprende
todas
las
etapas del procedimiento. Por ello, la defensa
pública debe constituir un mecanismo efectivo
para garantizar los derechos de quienes, por sus
condiciones económicas, sociales o personales,
enfrentan
mayores
dificultades
para
obtener
protección
jurídica
(Organización
de
los
Estados
Americanos,
2012).
Es
importante
precisar que las resoluciones y directrices antes
mencionadas
no
tienen
la
misma
naturaleza
jurídica
que
los
tratados
internacionales;
sin
embargo, constituyen referentes relevantes para
orientar la actuación de los Estados y fortalecer
las políticas públicas destinadas a garantizar el
acceso
a
la
justicia.
En
conjunto,
estos
instrumentos permiten advertir que la asistencia
jurídica, la defensa adecuada y la eliminación
de
barreras
institucionales
son
elementos
indispensables
para
que
este
derecho
pueda
ejercerse en condiciones de igualdad.

En el ámbito nacional, el derecho de acceso a la
justicia
encuentra
uno
de
sus
principales
fundamentos en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
establece:
Ninguna
persona
podrá
hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para
reclamar
su
derecho.
Toda
persona
tiene
derecho
a
que
se
le
administre
justicia
por
tribunales que estarán expeditos para impartirla
en
los
plazos
y
términos
que
fijen
las
leyes,
emitiendo sus
resoluciones de manera
pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito,
quedando,
en
consecuencia,
prohibidas
las
costas judiciales.

Este precepto constitucional establece, por una
parte,
la
prohibición
de
que
las
personas
recurran
a
mecanismos
de
justicia
por
propia
mano y, por otra, la obligación del Estado de
garantizar
instituciones
jurisdiccionales
que
impartan justicia de manera pronta, completa,
imparcial y gratuita. De esta forma, el Estado
asume
la
responsabilidad
de
resolver
las
controversias
mediante
órganos
legalmente
establecidos y procedimientos que respeten los
derechos
de
las
partes.
En
este
contexto,
el
acceso
a
la
justicia
representa
una
alternativa
frente
a
la
justicia
privada
o
la
resolución
violenta de los conflictos, pues deposita en las
instituciones del Estado la función de impartir
justicia
conforme
al
orden
jurídico.
No
obstante,
esta
atribución
no
debe
entenderse

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(L-ISSN: 2790-8402 E-ISSN: 2707-3378)
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únicamente como la facultad estatal de resolver
controversias, sino
también como
el
deber de
proporcionar
a
todas
las
personas
los
medios
necesarios
para
acudir
ante
las
autoridades,
hacer valer sus derechos y obtener una respuesta
efectiva, sin distinción alguna.

A pesar de su reconocimiento constitucional, la
administración de justicia en México enfrenta
diversos
desafíos
que
repercuten
en
la
posibilidad real de ejercer este derecho. Entre
ellos pueden identificarse la carga de trabajo de
los órganos jurisdiccionales, la insuficiencia de
recursos humanos y materiales, los retrasos en
la
tramitación
de
los
procedimientos
y
las
dificultades para acceder a una defensa jurídica
adecuada.
Estas
circunstancias
pueden
afectar
la
oportunidad
y
eficacia
de
las
resoluciones,
particularmente cuando se trata de personas que
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

En
materia
penal,
por
ejemplo,
la
implementación del sistema procesal acusatorio
y oral representó una transformación importante
en la procuración e impartición de justicia en
México.
Sin
embargo,
la
modificación
del
modelo procesal
no
elimina por sí
misma los
problemas estructurales que pueden presentarse
en
su
funcionamiento.
La
congestión
institucional,
las
limitaciones
presupuestarias,
la
falta
de
personal
especializado
y
las
deficiencias en la prestación de los servicios de
defensa pueden obstaculizar el cumplimiento de
los
principios
de
prontitud,
imparcialidad
y
debido proceso.

Por
tanto,
el
reconocimiento
del
acceso
a
la
justicia en la Constitución y en los instrumentos
internacionales constituye un punto de partida,
pero
no
garantiza
por
sí
solo
su
ejercicio
efectivo. Para que este derecho trascienda del
plano
normativo
a
la
realidad,
resulta
indispensable
que
las
instituciones
estatales
cuenten
con
las
condiciones
necesarias
para
atender
las
demandas
de
justicia
y
que
sus
procedimientos
sean
accesibles,
oportunos
y
respetuosos
de
la
dignidad
humana.
Esta
exigencia
adquiere
especial
relevancia
tratándose
de
los
pueblos
y
comunidades
indígenas,
cuyos
integrantes
pueden
enfrentar
obstáculos
adicionales
derivados
de
las
diferencias lingüísticas, culturales, económicas
y geográficas, aspectos que serán abordados en
los apartados siguientes.

Para
concluir,
es
necesario
retomar
lo
que
establece
la
Declaración
Americana
de
los
Derechos y Deberes del Hombre constituye uno
de
los
instrumentos
internacionales
que
reconocen
la
igualdad
y
la
dignidad
como
principios fundamentales para la protección de
los
derechos
humanos.
En
su
artículo
II
establece
que
todas
las
personas
son
iguales
ante
la
ley
y
tienen
los
derechos
y
deberes
consagrados
en
dicha
Declaración,
sin
distinción
alguna.
Asimismo,
su
artículo
I
reconoce el derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad
de
la
persona.
Estos
principios
encuentran
expresión
en
su
artículo
primero,
que señala:

“Todos los hombres nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están por
naturaleza
de
razón
y
conciencia,
deben
conducirse
fraternalmente
los
unos
con
los
otros”.

Este reconocimiento establece que la dignidad
humana
y
la
igualdad
no
pueden
encontrarse
condicionadas por el origen étnico, la posición
económica,
la
condición
social,
la
lengua
o
cualquier otra característica de las personas. En
consecuencia,
ninguna
distinción
puede
justificar que determinados individuos reciban
un
trato
privilegiado
en
detrimento
de
los
derechos
de
los
demás.
Por
el
contrario,

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corresponde a los Estados garantizar que todas
las
personas
puedan
ejercer
sus
derechos
en
condiciones de igualdad y sin discriminación.
En
este
sentido,
el
principio
de
interdependencia
de
los
derechos
humanos
permite comprender que el acceso a la justicia
no
constituye
un
derecho
aislado,
sino
que
mantiene una relación estrecha con el ejercicio
y
la
protección
de
otros
derechos
fundamentales.
Su
garantía
resulta
indispensable
para
que
las
personas
puedan
reclamar la protección de su integridad, salud,
alimentación,
libertad,
desarrollo
de
la
personalidad y demás derechos reconocidos en
el orden jurídico. Por tanto, cuando una persona
encuentra
obstáculos
para
acceder
a
los
mecanismos de justicia, no solamente se limita
su
posibilidad
de
obtener
una
resolución
judicial,
sino
que
también
pueden
verse
comprometidos otros derechos necesarios para
alcanzar una vida digna.

Esta
relación
adquiere
especial
relevancia
tratándose
de
los
pueblos
y
comunidades
indígenas, cuyos integrantes requieren que las
instituciones
de
procuración
e
impartición
de
justicia
reconozcan
y
respeten
sus
particularidades
culturales
y
lingüísticas.
En
particular, las personas indígenas privadas de su
libertad deben contar con condiciones que les
permitan comprender los procedimientos que se
siguen en su contra, comunicarse efectivamente
con
las
autoridades
y
ejercer
una
defensa
adecuada,
sin
que
su
origen
étnico
o
el
desconocimiento
del
idioma
español
se
conviertan en obstáculos para la protección de
sus derechos.

Conclusiones

El
acceso
a
la
justicia
constituye
uno
de
los
pilares fundamentales del Estado de derecho y
una condición indispensable para la protección
y garantía de los derechos humanos. A lo largo
del presente trabajo se ha podido advertir que no
basta
con
que
los
derechos
se
encuentren
reconocidos
en
las
constituciones,
leyes
y
tratados
internacionales;
es
necesario
que
existan
instituciones,
procedimientos
y
mecanismos efectivos que permitan a todas las
personas
ejercerlos,
exigir
su
cumplimiento
y
obtener
una
respuesta
oportuna
frente
a
cualquier
vulneración.
En
este
sentido,
el
acceso
a
la
justicia
no
debe
entenderse
únicamente como la posibilidad de acudir ante
los
tribunales,
sino
como
el
derecho
de
toda
persona
a
recibir
una
atención
institucional
efectiva,
en
condiciones
de
igualdad,
sin
discriminación
y
con
pleno
respeto
a
su
dignidad humana.

El
reconocimiento
de
este
derecho
en
instrumentos
internacionales,
como
la
Declaración
Universal
de
los
Derechos
Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, entre
otros,
demuestra
la
importancia
que
ha
adquirido
la
obligación
de
los
Estados
de
garantizar mecanismos de protección judicial.

Asimismo,
las
resoluciones
emitidas
por
organismos
internacionales
han
permitido
destacar la relevancia de la asistencia jurídica,
la
defensa
pública
y
la
atención
especial
que
requieren
las
personas
que
se
encuentran
en
condiciones
de
vulnerabilidad.
Por
tanto,
el
acceso
a
la
justicia
representa
una
obligación
estatal
que
no
puede
limitarse
a
su
reconocimiento
formal,
sino
que
debe
materializarse mediante acciones concretas que
aseguren su ejercicio. Esta obligación adquiere
una importancia particular cuando se trata de los
pueblos
y
comunidades
indígenas,
cuyos
integrantes
históricamente
han
enfrentado
obstáculos
estructurales
para
acceder
a
los

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sistemas de justicia. Las diferencias lingüísticas
y
culturales,
las
condiciones
económicas,
la
ubicación
geográfica
de
sus
comunidades,
la
falta de información sobre sus derechos y, en
determinados casos, la insuficiencia de personal
capacitado
en
materia
de
diversidad
cultural,
pueden convertirse en barreras que dificultan o
impiden el ejercicio efectivo de sus derechos.
Estas circunstancias evidencian que la igualdad
ante la ley no puede limitarse a brindar un trato
idéntico
a
todas
las
personas,
sino
que
exige
reconocer las condiciones particulares de cada
individuo
y
adoptar
medidas
que
permitan
superar las desigualdades existentes.

La
problemática
se
vuelve
aún
más
delicada
cuando se trata de personas indígenas privadas
de su libertad, debido a que su situación jurídica
y
personal
puede
colocarlas
frente
a
mayores
dificultades
para
defenderse,
comprender
los
procedimientos
que
se
siguen
en
su
contra
y
hacer valer sus derechos ante las autoridades.
La privación de la libertad no implica la pérdida
de la dignidad humana ni la suspensión de los
derechos
que
no
hayan
sido
legalmente
restringidos. Por el contrario, coloca al Estado
en
una
posición
de
especial
responsabilidad,
pues
las
personas
que
se
encuentran
bajo
su
custodia
dependen
de
las
instituciones
penitenciarias y de las autoridades competentes
para
ejercer
y
proteger
sus
derechos
fundamentales.

En consecuencia, resulta indispensable que las
personas
indígenas
privadas
de
su
libertad
cuenten
con
una
defensa
jurídica
adecuada,
asistencia
de
intérpretes
y
traductores
cuando
sea necesario, información comprensible sobre
su
situación
jurídica
y
procedimientos
que
consideren
sus
características
culturales
y
lingüísticas.
De
igual
manera,
las
autoridades
encargadas de la procuración e impartición de
justicia
deben
garantizar
que
estas
personas
comprendan
las
actuaciones
procesales
y
puedan
ser
comprendidas
por
quienes
intervienen
en
ellas.
No
se
trata
de
otorgar
privilegios,
sino
de
establecer
condiciones
reales de igualdad para que puedan ejercer sus
derechos
y
participar
efectivamente
en
los
procedimientos que les conciernen.

Desde
esta
perspectiva,
el
debido
proceso,
la
presunción
de
inocencia,
el
derecho
a
una
defensa adecuada, la tutela judicial efectiva y el
acceso
a
recursos
sencillos
y
eficaces
constituyen garantías indispensables para evitar
que
las
diferencias
culturales,
lingüísticas
o
económicas
se
traduzcan
en
situaciones
de
indefensión.
La
actuación
de
las
autoridades
debe
encontrarse
sujeta
al
principio
de
legalidad, a la seguridad jurídica y a los límites
que impone el respeto a los derechos humanos.
Asimismo,
la
existencia
de
instituciones
de
defensa pública y de mecanismos de asistencia
jurídica resulta fundamental para que ninguna
persona vea limitado su acceso a la justicia por
carecer
de
recursos
económicos
o
por
encontrarse
en
una
situación
de
especial
vulnerabilidad.

Por otra parte, el análisis del sistema de justicia
permite
advertir
que
el
reconocimiento
constitucional e internacional de estos derechos
no
garantiza,
por
sí
solo,
su
cumplimiento
efectivo. Persisten desafíos relacionados con la
capacidad
institucional,
la
disponibilidad
de
recursos
humanos
y
materiales,
la
carga
de
trabajo
de
las
autoridades,
la
duración
de
los
procedimientos y la necesidad de fortalecer la
capacitación
de
quienes
participan
en
la
administración
de
justicia.
Estas
condiciones
pueden afectar la oportunidad y eficacia de las
respuestas
institucionales,
por
lo
que
resulta
necesario
continuar
impulsando
medidas
que
permitan mejorar el funcionamiento del sistema
y
asegurar
que
sus
servicios
respondan
a
las

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necesidades de la población. En el caso de las
personas indígenas privadas de su libertad, estos
desafíos requieren una atención prioritaria, pues
cualquier
deficiencia
en
la
defensa,
interpretación,
comunicación
o tramitación
de
sus asuntos puede tener consecuencias directas
en el ejercicio de sus derechos y en su situación
jurídica.
Por
ello,
las
instituciones
deben
adoptar
una
perspectiva
intercultural
y
de
derechos
humanos
que
permita
identificar
las
barreras
existentes
y
atenderlas
de
manera
diferenciada, sin perder de vista los principios
de
imparcialidad,
independencia,
legalidad
y
justicia.

Puede concluirse que el verdadero alcance del
acceso
a
la
justicia
se
demuestra
cuando
es
posible
garantizarlo
a
todas
las
personas,
especialmente
a
quienes
enfrentan
mayores
obstáculos
para
ejercer
sus
derechos.
En
una
sociedad
democrática,
la
justicia
no
debe
depender de la condición económica, el origen
étnico,
la
lengua,
la
cultura
o
la
situación
jurídica de una persona. Por el contrario, debe
constituir
un
servicio
público
accesible,
imparcial
y
efectivo,
orientado
a
proteger
la
dignidad
humana
y
a
evitar
que
las
desigualdades sociales se reproduzcan dentro de
las instituciones encargadas de impartir justicia.

Por tanto, garantizar el acceso a la justicia de las
personas indígenas privadas de su libertad no
representa únicamente el cumplimiento de una
obligación
jurídica
nacional
e
internacional,
sino
también
un
compromiso
ético
e
institucional
con
la
dignidad
humana,
la
igualdad
y
la
no
discriminación.
El
reto
del
Estado
mexicano
consiste
en
transitar
del
reconocimiento
formal
de
los
derechos
a
su
protección
efectiva,
mediante
instituciones
capaces
de
comprender
la
diversidad
cultural
del país y de ofrecer respuestas adecuadas a las
necesidades
de
quienes
acuden
al
sistema
de
justicia.
Solo
cuando
las
personas
indígenas
privadas
de
su
libertad
puedan
ejercer
plenamente
sus
derechos,
comprender
sus
procesos,
contar
con
una
defensa
adecuada
y
obtener resoluciones justas y oportunas, podrá
hablarse
de
un
acceso
a
la
justicia
verdaderamente incluyente y de una protección
efectiva de los derechos humanos.

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