Judicialización de la convivencia escolar y blindaje judicial Docente: Desafíos en la calidad y gestión educativa del Ecuador 2025

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la judicialización de la convivencia escolar y ausencia de una normativa legal que se enmarque en la protección al docente en su gestión pedagógica en las instituciones educativas públicas del Ecuador con el fin de mantener un alto estándar de calidad educativa en su quehacer cotidiano durante el año 2025. Esta investigación, metodológicamente se fundamentó en un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y explicativo, bajo un diseño no experimental, transversal y de campo. En la recolección de los datos empíricos, se estructuró y aplicó un cuestionario a una muestra probabilística aleatoria estratificada compuesta por 300 docentes activos de forma legal en el magisterio público ecuatoriano. El proceso de análisis de la información recolectada se amparó en la estadística descriptiva univariante y de pruebas estadísticas inferenciales no paramétricas aplicando el coeficiente de correlación de Spearman y modelos de regresión lineal múltiple. Estos resultados de carácter empírico revelaron una asociación estadística de alto aporte entre las variables, denotando en el análisis dimensional del instrumento estructurado acerca de la judicialización, donde se expone que el 27.50% de la varianza total de la pérdida de calidad organizativa e institucional de las centros educativos, postulándose el grado de blindaje al docente y sus prácticas profesionales en busca de su propia defensa como el predictor predictivo más potente de la propuesta. El desarrollo propio de esta investigación deja de manifiesto y concluye que la presión legal de los representantes legales y/o padres de familia ante las prácticas docentes de sus profesionales, degrada la gobernanza de los centros educativos e instaura la novedosamente denominada “pedagogía del miedo”, forzando al magisterio a promover en sus prácticas burocráticas la autoprotección documental y la flexibilización reactiva de la evaluación en perjuicio del rigor académico y estándares óptimos de la excelencia académica institucional, confirmando un vacío estructural en el marco legal ecuatoriano que argumenta la necesidad de crear lineamientos normativos de blindaje en favor del profesional de la educación basados en la legislación comparada internacional.