Análisis sobre la incorrecta interpretación y aplicación del artículo 125 del COGEP. Un reto probatorio en la protección de los derechos del acreedor

Resumen

El objetivo del artículo científico es analizar la incorrecta interpretación y aplicación del artículo 125 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) en el sistema procesal ecuatoriano, enfocándose en su impacto directo sobre la carga probatoria exigida al acreedor para las providencias preventivas, como el secuestro y la retención de bienes. Aunque dicha norma tiene como finalidad proteger el equilibrio procesal entre las partes, en la práctica judicial, su aplicación rígida y formalista ha generado obstáculos probatorios que colocan al acreedor en una situación de desventaja, lo que genera una vulnerabilidad hacia los principios constitucionales como la tutela judicial efectiva y el debido proceso. La presente investigación se desarrolla mediante una metodología deductiva, basada en el análisis normativo y doctrinario del artículo 125 del COGEP, sustentada con entrevistas a jueces y abogados en ejercicio. Los resultados evidencian la falta de criterios uniformes en la interpretación judicial de esta disposición, así como la exigencia de pruebas que, en muchos casos, se encuentran fuera del alcance razonable del acreedor, especialmente en lo relativo al estado de los bienes del deudor. Con lo mencionado podemos concluir que el problema no radica en el contenido literal de la norma, sino en su aplicación inadecuada, que desconoce principios como la carga dinámica de la prueba y el rol activo del juez. Finalmente, se propone una reforma al artículo 125 del COGEP que permita la valoración de indicios razonables y circunstancias objetivas, con el fin de garantizar una protección más efectiva de los derechos del acreedor sin menoscabar las garantías del deudor.